En medio de un proceso investigativo sobre posibles irregularidades patrimoniales, Francisco Adorni presentó una declaración jurada rectificativa el 14 de mayo que modificó sustancialmente los datos que había informado meses antes. El funcionario, quien ocupa la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros (IAF) desde junio, incorporó en esta nueva versión una herencia de $21 millones que no constaba en su presentación original y reformuló el panorama de sus obligaciones financieras. El documento fue presentado ante la Oficina Anticorrupción bajo la denominación de "Rectificativa 1", apenas semanas después de que el fiscal Guillermo Marijuan solicitara acceso a información bancaria, fiscal e impositiva del funcionario.
Los cambios no son menores. Si se comparan ambas declaraciones, emerge un cuadro donde los números principales se transforman de manera significativa. Adorni reportó un patrimonio total de $102,7 millones al cierre del período, cifra que contrasta drásticamente con los $62,3 millones que había declarado al inicio del ejercicio fiscal. Ese salto de aproximadamente 65 por ciento en apenas unos meses encendió las alertas de quienes realizan seguimiento sobre el enriquecimiento de funcionarios públicos. El incremento patrimonial se produce en un contexto donde la diputada Marcela Pagano había presentado una denuncia cuestionando precisamente la evolución de los bienes del funcionario, con especial énfasis en un crédito otorgado por el Banco Provincia que figuraba entre los puntos controvertidos.
Las deudas que se multiplicaron y desaparecieron de los papeles
Lo que ocurrió con las obligaciones financieras de Adorni resulta particularmente intrigante. En su declaración original, correspondiente al período 2025, consignó una deuda hipotecaria inicial de $130 millones que, según su propio reporte, logró reducir a $57 millones hacia el cierre del año. Esa diferencia de 73 millones de pesos era precisamente uno de los pilares sobre los que se sostenía la denuncia por presunto incremento patrimonial injustificado. El origen de esos fondos para cancelar tal magnitud de deuda no quedaba claro en aquella presentación inicial.
Sin embargo, en la declaración rectificativa los números cambiaron. Adorni modificó retroactivamente el dato de su deuda inicial: ahora afirmó que no era de $130 millones sino de $45 millones, mientras mantuvo en $57 millones la cifra de cierre. Con esta corrección, desaparece de la narrativa el desendeudamiento de 73 millones que había generado cuestionamientos. En su lugar, surge un aumento de obligaciones de apenas 12 millones de pesos durante el período. El cambio de cifras es tan dramático que invierte la historia que se contaba originalmente: de alguien que logró cancelar una deuda colosal pasó a ser alguien cuyas obligaciones financieras crecieron modestamente.
La herencia sin detalles y las propiedades que mudan de forma
La herencia de $21 millones que incorporó Adorni en la presentación rectificativa genera interrogantes por su falta de especificación. En la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción no consta ni el origen de esos fondos ni la identidad de la persona fallecida que los dejó. Se trata de un monto considerable que aparece de pronto en los papeles sin mayor contexto explicativo. Esta incorporación tardía de un bien significativo plantea preguntas sobre por qué no fue incluido en la declaración inicial y qué documentación respaldaba su existencia en el patrimonio del funcionario.
Además de la herencia, la composición de los bienes muebles de Adorni también sufrió transformaciones entre una declaración y otra. Durante 2025, dejó de informar la titularidad de una camioneta Chery Tiggo que había consignado previamente. Simultáneamente, comenzó a reportar el 50 por ciento de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. El cambio de vehículos entre declaraciones, aunque podría explicarse por una venta y posterior compra, vuelve a ilustrar la volatilidad de su situación patrimonial en el período bajo análisis. Respecto a bienes inmuebles, mantuvo la declaración del 50 por ciento de titularidad de una vivienda ubicada en City Bell, localidad bonaerense conocida por sus propiedades de alto valor.
El timing de la presentación rectificativa resulta especialmente relevante cuando se lo contextualiza dentro del cronograma de la investigación. La corrección llegó apenas un día después de que trascendieran públicamente las medidas solicitadas por el fiscal Marijuan. En su dictamen, el magistrado sostuvo que la investigación apunta a determinar si existió "un presunto incremento patrimonial no justificado" desde diciembre de 2023, fecha en que Adorni comenzó a ocupar cargos en el Ejecutivo nacional. Como parte de las diligencias investigativas, Marijuan solicitó a la ARCA —la administración tributaria— información comprensiva sobre declaraciones juradas, pagos, ganancias, bienes personales e IVA desde 2020. Paralelamente, requirió al Banco Central datos detallados sobre cuentas bancarias, transferencias, depósitos, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad del funcionario.
Francisco Adorni ingresó al gobierno libertario en diciembre de 2023 desempeñándose como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. En junio de 2025 fue ascendido a la presidencia del IAF, organismo previsional que gestiona retiros militares. Desde diciembre de 2025, además, comenzó a cumplir funciones como diputado bonaerense por La Libertad Avanza, lo que lo coloca en la esfera legislativa simultáneamente a su rol ejecutivo.
Implicancias y perspectivas sobre lo que viene
Los cambios introducidos en la declaración rectificativa generan distintas líneas de análisis según se las observe. Desde una perspectiva, la presentación de una corrección puede interpretarse como un acto de transparencia del funcionario que reconoce errores en su presentación inicial. Desde otra óptica, la magnitud de las correcciones y su timing —coincidiendo con el avance de la investigación fiscal— podría sugerir una reacción defensiva ante el escrutinio que ya estaba en marcha. Lo cierto es que la información que ahora descansa en poder de autoridades judiciales y de control permitirá cotejar estas cifras autorreclamadas con los registros bancarios, tributarios e impositivos que el fiscal solicitó. La divergencia entre lo que Adorni reporta y lo que esos registros evidencien será determinante para definir si existieron o no operaciones económicas que justifiquen el crecimiento patrimonial. Las próximas etapas de la investigación dependerán en gran medida de qué información arroje el análisis de las cuentas y transacciones del funcionario, un análisis que ahora cuenta con dos versiones distintas de los mismos períodos para comparar.
