La Argentina atraviesa un punto de quiebre en su tejido productivo que ya sobrepasa los números de la peor crisis sanitaria global de las últimas décadas. Mientras durante la pandemia de COVID-19 desaparecieron poco más de 14.000 empresas pequeñas y medianas, el período comprendido entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 acumula el cierre de más de 25.000 unidades productivas, según datos que surgen de relevamientos especializados. Este dato, casi el doble del impacto que dejó la emergencia sanitaria, se convirtió en el detonante de una movilización que derivó en enfrentamientos callejeros y puso nuevamente en primer plano la fractura que divide a la sociedad argentina en torno a las medidas económicas implementadas desde el ejecutivo nacional.

La concentración de manifestantes se produjo en la intersección de la avenida General Paz y San Martín, donde convergieron trabajadores, empresarios pequeños, estudiantes y referentes sindicales en un reclamo por la supervivencia de un segmento económico que históricamente ha sido considerado columna vertebral del empleo en el territorio nacional. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ubicado estratégicamente en esa zona geográfica, constituyó un punto de confluencia simbólico toda vez que en esa institución pública se prevén nuevos ajustes presupuestarios que colocarían en riesgo aproximadamente 700 puestos de trabajo. La movilización, que convocó a un estimado de 500 personas, reunió a sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones estudiantiles y referentes políticos ligados a distintas fuerzas de oposición, quienes firmaron un documento de carácter programático estableciendo demandas concretas al Estado nacional.

El impacto económico: cuando la destrucción supera la pandemia

Los registros que emanan de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo revelan una tendencia que se ha sostenido durante 17 meses consecutivos sin interrupción: la disminución del universo de empleadores y unidades productivas. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2025, la base de datos contabiliza la desaparición de 24.437 empleadores, lo que representa una contracción equivalente al 4,8% del total del sector. En febrero último, el número total de empleadores registrados alcanzaba 487.920, con una merma mensual de 257 firmas, cifra que da cuenta de la persistencia del fenómeno. Los números trascienden la mera estadística: representan negocios familiares de varias generaciones que cerraron sus puertas, trabajadores que perdieron sus fuentes de ingreso y comunidades económicas locales que vieron contraerse su capacidad de consumo y reinversión.

La comparación con el período de la crisis sanitaria mundial adquiere especial relevancia cuando se considera que la pandemia implicó interrupciones forzadas de la actividad, restricciones de circulación, clausuras temporales de comercios y una incertidumbre de corta duración que se esperaba fuese transitoria. En cambio, el presente escenario se caracteriza por una descomposición gradual pero acelerada del tejido empresarial pequeño y mediano, donde los cierres responden a dinámicas de insolvencia, imposibilidad de acceso al crédito y presión fiscal. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, caracterizó la situación en términos tajantes, afirmando que el impacto económico de las políticas gubernamentales ha sido superior en sus efectos destructivos a lo que provocó la emergencia epidemiológica. La pérdida de puestos de empleo registrados en los últimos veinticuatro meses alcanza los 300.000, mientras que la capacidad productiva instalada ha caído por debajo del 50%, comparado con niveles que rondaban entre 55 y 60 por ciento durante la etapa de confinamiento y aislamiento obligatorio.

Las demandas concretas y el diagnóstico compartido

El pliego de peticiones que fue suscrito durante la manifestación enumera una serie de medidas que los participantes consideran necesarias para revertir la tendencia hacia la contracción. Solicitan la implementación de líneas de crédito específicamente diseñadas para el segmento pyme, ya que actualmente únicamente una de cada tres empresas pequeñas y medianas logra acceder al sistema financiero formal. Complementariamente, demandan programas de regularización tributaria que consideren la particularidad de esa población empresarial, cuya capacidad de pago se ha visto comprometida por la inflación, la contracción del consumo interno y la competencia con importaciones. Asimismo, reclaman una revisión de la estructura de precios relativos y costos fijos que actualmente penaliza la producción nacional; una orientación inteligente de la política comercial exterior que facilite la incorporación de bienes de capital necesarios sin desmantelar la capacidad productiva local; y una transformación en el esquema de política de ingresos que considere la capacidad real de generación de empleo.

Gabriel Katopodis, titular de la cartera de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, quien quedó inserto en el centro del enfrentamiento entre los manifestantes y la fuerza de seguridad, expresó públicamente que la movilización se desarrollaba en términos pacíficos hasta que intervino la represión policial. Afirmó que empresarios, trabajadores del INTI, estudiantes e industriales se estaban expresando dentro del marco de sus derechos constitucionales, cuando la respuesta estatal fue la dispersión mediante el empleo de agentes químicos irritantes. Agregó que existe convicción respecto de que la salida argentina depende de la preservación y el fortalecimiento del empresariado pyme como generador de empleo y dinamizador económico territorial. Oscar de Isasi, referente de la organización estatal ATE y vinculado a la conducción de la CTA bonaerense, se ubicó en la primera línea de los enfrentamientos, visibilizando su posición en defensa de los trabajadores del sector público que se verían afectados por nuevos recortes presupuestarios.

La respuesta de la fuerza de seguridad consistió en la utilización de gas pimienta y otras medidas de control de multitudes para impedir que los manifestantes cortaran el tránsito en las arterias viales mencionadas. Los efectivos policiales evitaron así que la interrupción del transporte se concretara, aunque al costo de una confrontación directa con los participantes de la movilización. Este enfrentamiento adquiere una dimensión simbólica particular en tanto refleja la ruptura entre quienes reclaman por políticas de reactivación económica y fortalecimiento del aparato productivo, y la orientación que desde el gobierno nacional se ha privilegiado, centrada en ajuste fiscal, disciplina monetaria y restricción del gasto público.

Las perspectivas sobre las consecuencias de esta crisis del sector pyme y la escalada de conflictividad social que la acompaña resultan diversas según la posición desde la cual se analice. Desde sectores que apoyan las políticas de austeridad fiscal se sostiene que el ajuste es necesario para estabilizar la macroeconomía y que en el mediano plazo el control inflacionario permitirá una recomposición de la demanda interna y la inversión privada. Desde la óptica de los manifestantes y sus aliados políticos se argumenta que la magnitud de los cierres empresariales y la destrucción de empleo sugieren un rumbo insostenible que profundiza las desigualdades. Lo cierto es que los números —más allá de las interpretaciones— indican una tendencia de contracción del tejido productivo pequeño y mediano que persiste sin interrupciones hace más de un año y medio, con implicancias que trascienden lo meramente económico y tocan aspectos de cohesión social, distribución del ingreso y capacidad del Estado para responder a demandas crecientes de protección social.

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