La cúpula del Partido Justicialista tomó una decisión que evidencia la profundidad de las tensiones internas que atraviesan la organización política: durante una asamblea convocada en su domicilio porteño, la estructura nacional resolvió nombrar nuevos cuadros dirigenciales para asumir como "normalizadores" en dos provincias del noroeste argentino donde, simultáneamente, órganos judicales federales ya han intervenido y designado sus propios funcionarios. Se trata de un movimiento de ajedrez político en el que el peronismo apunta a recuperar el control territorial mediante la vía de las apelaciones legales, pero que expone un enfrentamiento descarnado entre distintas corrientes del movimiento y gobiernos provinciales que navegan sus propias alianzas políticas.
La jornada de trabajo partidaria, llevada a cabo durante la tarde-noche del martes en la sede ubicada en Balvanera, contó con la participación de afiliados y delegados mediante un sistema que combinó asistencia presencial y conexión virtual. Durante esa sesión, que se extendió varias horas más allá del horario inicialmente previsto, se procedió a la aprobación de registros contables, se validaron actas de encuentros anteriores del consejo directivo y, en el punto de mayor conflictividad, se formalizaron los nombramientos de los cuatro dirigentes que tendrán a su cargo la "normalización" de las filiales salteña y jujeña del peronismo. Para Salta, fueron designados Pablo Kosiner, quien se desempeñó como diputado nacional en mandatos anteriores, y Nora Canunni, que también ostentó representación legislativa a nivel provincial. En el caso de Jujuy, recayeron en Teresa García, actual legisladora nacional, y Máximo Rodríguez, que fue concejal en el municipio bonaerense de Tres de Febrero.
Las intervenciones judiciales que abrieron la grieta
Lo que desencadenó esta maniobra de la conducción nacional tiene raíces en decisiones dictadas por magistrados federales especializados en cuestiones electorales. En el caso de Salta, hace apenas días, una jueza federal con competencia específica en materia electoral resolvió la intervención de la estructura provincial del peronismo e impuso como interventor judicial a José Luis Gambetta, un dirigente que mantiene vínculos cercanos con el gobernador provincial Gustavo Sáenz y el exsenador Juan Carlos Romero. Esta medida fue dispuesta bajo el argumento de que legisladores nacionales afiliados al peronismo salteño han acompañado iniciativas legislativas impulsadas por la administración de Javier Milei, particularmente el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. Antes del nombramiento de Gambetta, Kosiner y Canunni se desempeñaban como interventores del justicialismo salteño designados por la conducción nacional; sin embargo, esta asignación fue reemplazada por orden judicial.
En Jujuy, el escenario presenta complejidades aún mayores. La intervención judicial del peronismo provincial se remonta a julio de 2023, cuando fue inicialmente designada por la estructura nacional. La conducción nacional había colocado en esos roles al exministro de Seguridad Aníbal Fernández e Gustavo Menéndez, intendente del municipio bonaerense de Merlo. No obstante, a comienzos de abril del presente año, un juez federal dictaminó que correspondía reemplazar a estos interventores por un funcionario designado por la propia Justicia: Ricardo Villada, funcionario con arraigo en Salta que también posee cercanía con el gobernador Sáenz. Esta misma resolución judicial anuló una decisión anterior de Menéndez y Fernández que había dejado sin participación política a más de 300 afiliados del peronismo jujeño, quienes habían manifestado apoyo a opciones electorales alternativas dentro del partido o votado a favor de proyectos del gobierno nacional o provincial.
La apuesta por las apelaciones y las elecciones internas
La estrategia de la conducción nacional del peronismo, encabezada por Cristina Kirchner en su calidad de presidenta partidaria, parece orientada a ganar terreno mediante recursos legales. Tanto en Salta como en Jujuy, el partido ha presentado apelaciones contra las intervenciones judiciales dispuestas por los magistrados federales. La expectativa es que, si estas apelaciones prosperam en las instancias superiores, los nuevos normalizadores designados ayer en la asamblea nacional puedan asumir efectivamente sus funciones. Además, el partido impulsa la realización de elecciones internas que se prevé lleven a cabo el 25 de octubre, un calendario que busca reafirmar la autoridad de la estructura partidaria frente a las decisiones judiciales vigentes.
Sin embargo, los obstáculos para esta estrategia no son menores. Ramiro González, quien desempeña el cargo de fiscal nacional electoral, emitió una recomendación ante la Cámara Nacional Electoral instando a mantener la intervención judicial a cargo de Villada en el caso de Jujuy, lo que sugiere que existe posicionamiento desde órganos del Estado en contra de la pretensión nacional peronista. Las voces críticas dentro del propio peronismo salteño también se hicieron audibles tras la asamblea: Antonio Hucena, exsecretario general del PJ salteño, manifestó su preocupación argumentando que el congreso partidario incurrió nuevamente en lo que denominó "desobediencia judicial", al seguir insistiendo en sus interventores a pesar de lo resuelto por los juzgados federales. Hucena, además, señaló problemas de operatividad administrativa en la filial provincial, mencionando retrasos en el pago de sueldos a empleados y cortes en los servicios de energía eléctrica.
Por su lado, Guillermo Jenefes, exvicegobernador de Jujuy que fue apartado de funciones en el peronismo provincial a raíz de las intervenciones iniciales, cuestionó con dureza la decisión del congreso nacional. Jenefes caracterizó lo sucedido como una "payasada" y una "chicana" dirigida al juez federal, reiterando que la intervención judicial vigente mantiene plena validez. Este dirigente, de hecho, ha recurrido a los tribunales para solicitar la destitución de los interventores alineados con la corriente kirchnerista, lo que subraya la existencia de fracturas no resueltas dentro de la estructura peronista jujeña.
Los sucesos en Salta y Jujuy reflejan un patrón más amplio de tensiones dentro del movimiento peronista, donde la centralización de poder en ciertos sectores convive con la presencia de liderazgos territoriales con autonomía política propia. Las decisiones judiciales que intervienen estas estructuras partidarias se enmarcan en conflictos sobre la línea política a seguir, evidenciados en posicionamientos de legisladores respecto a iniciativas del gobierno nacional, así como en disputas sobre quién debe ejercer la conducción de las filiales provinciales. Mientras la conducción nacional apela a sus atribuciones estatutarias para designar normalizadores, la Justicia Federal sostiene la necesidad de garantizar procesos internos que no estén controlados por una única corriente política. El resultado de estas apelaciones, junto con los pronunciamientos que vayan realizando distintos órganos judiciales en los próximos meses, definirá el equilibrio de poder dentro del peronismo en estas provincias y podría sentar precedentes sobre los alcances de la intervención judicial en estructuras partidarias.
