El establishment judicial porteño atraviesa uno de sus momentos más turbulentos en años recientes. Una magistrada de reconocida trayectoria en materia electoral ha presentado una denuncia formal contra otro juez federal, acusándolo de conductas que incluyen hostigamiento sistemático, mensajes de contenido amenazante e incursiones domiciliarias que trascienden los límites de lo aceptable en cualquier profesión, pero especialmente en el ámbito del poder judicial. Lo que comenzó como una disputa entre colegas ha evolucionado hacia un escenario donde se cuestionan no solo las relaciones interpersonales entre magistrados, sino también los mecanismos de control y disciplina al interior de la estructura judicial federal.
María Romilda Servini, quien conduce el Juzgado Federal N°1 desde su ubicación en el corazón del complejo judicial porteño, presentó ayer ante la Cámara Federal un documento de cuatro páginas que detalla una secuencia de hechos ocurridos durante mediados de mayo. Según su relato, entre los días 11 y 12 recibió un total de 19 llamadas telefónicas originadas desde el número del juez Federico Villena, magistrado con jurisdicción en Lomas de Zamora. Estos contactos no respondían a asuntos protocolares o de índole laboral, sino que iban acompañados de mensajes de texto que, en palabras de Servini, adoptaban un tono claramente intimidatorio. Uno de ellos rezaba textualmente: "Atendeme, a mí me tenés que atender", una frase que evidencia una intención de ejercer presión sobre la magistrada para que recibiera la comunicación que Villena insistía en establecer.
La escalada de conductas problemáticas
Lo significativo del caso radica no solo en la cantidad de intentos de contacto, sino en su naturaleza progresiva. Servini actuó con prudencia al no responder ninguno de los llamados, pero simultáneamente resguardó sus derechos documentando cada uno de ellos ante escribano público. Esta decisión de generar constancia notarial de los hechos sugiere que la magistrada percibía la situación con la suficiente gravedad como para asegurar que existiera registro verificable de lo sucedido. La presentación que ingresó en la Cámara Federal incluye precisamente esas certificaciones notariales, transformando el relato en evidencia material susceptible de análisis judicial.
Sin embargo, el episodio no se limitó únicamente a comunicaciones telefónicas o textuales. En la madrugada del 13 de mayo, aproximadamente a las 7 de la mañana, alguien se presentó en el domicilio de Servini y accionó el portero eléctrico de manera reiterada e insistente. La magistrada no abrió, pero esta conducta profundizó su sensación de vulnerabilidad. En su presentación ante la justicia federal, Servini expresó con crudeza su estado emocional: "Me he sentido atemorizada y acosada, no solo por los mensajes sino además por los incesantes llamados". Esta declaración no constituye una exageración retórica, sino una descripción de cómo los eventos descritos impactaron en su bienestar físico y psicológico. Una magistrada federal, una profesional del derecho con décadas de experiencia, viéndose en la necesidad de presentar una denuncia por conductas que típicamente asociamos a situaciones de acoso personal, es un indicador del quiebre que se produjo en las relaciones entre estos colegas del poder judicial.
Los antecedentes que explican la tensión
Según consta en la documentación que Servini presentó, Villena habría expresado en sus mensajes una queja respecto de que la jueza federal "habría hablado mal de él". Este alegato constituye la génesis aparente del conflicto, aunque Servini señala explícitamente en su denuncia que desconoce el fundamento de tal reproche. En otras palabras: la acusación de Villena carece de especificación, de contexto claro que explique exactamente cuándo, dónde o ante quién habría Servini realizado comentarios desfavorables sobre su colega. Esta falta de precisión en el reclamo que motivó la cadena de comportamientos problemáticos sugiere que posiblemente se trate de interpretaciones erróneas, rumores amplificados o incluso confusiones sobre lo que efectivamente se dijo en espacios judiciales o sociales.
La decisión de Servini de llevar adelante la denuncia responde, según su propio testimonio, a lo que considera una obligación profesional y ética. A pesar de desconocer los fundamentos específicos de la queja de Villena, ella optó por no dejar pasar los hechos sin documentarlos oficialmente. Esta actitud refleja un entendimiento de que, independientemente de las causas subyacentes, la conducta descrita —acoso telefónico, mensajes amenazantes, presentismo domiciliario— trasciende cualquier disputa legítima entre colegas y se adentra en territorios que requieren intervención institucional. La documentación llegó a manos de Ariel Lijo, juez encargado de evaluar la denuncia en la Cámara Federal, quien de inmediato pidió verificar si existe conexión entre este expediente y otra investigación en la que Villena aparece mencionado, actualmente bajo supervisión del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Servini solicitó además que se certifiquen extensamente las causas radicadas en el Juzgado Federal N°8 de la Capital Federal, con el objetivo de desentrañar si existe alguna vinculación o patrón de conducta que pudiera esclarecer el panorama general. Estos pedimentos procesales indican que la magistrada no interpreta su denuncia como un hecho aislado, sino como parte potencial de una serie de incidentes que involucran al juez Villena. El agregamiento de todas las pruebas instrumentales certificadas ante escribano público constituye un esfuerzo por blindar el expediente contra posibles cuestionamientos sobre la autenticidad o procedencia de la evidencia.
Las implicancias para el sistema judicial
Este caso abre interrogantes que van más allá de la disputa personal entre dos magistrados. Cuando dos jueces federales se ven envueltos en situaciones de esta naturaleza, el impacto reverberates en múltiples direcciones: afecta la confianza en la independencia judicial, cuestiona los mecanismos de resolución interna de conflictos entre magistrados y expone potenciales vacíos en los protocolos de protección para funcionarios judiciales que se encuentran en posiciones de vulnerabilidad. Históricamente, el poder judicial argentino ha tendido a resolver sus controversias internas de manera reservada, pero casos como este presionan esa dinámica hacia mayor transparencia. Los litigantes, los abogados y la ciudadanía en general depositan confianza en que los jueces que dirimen sus causas operan bajo estándares éticos robustos y en ambientes de trabajo donde impera el respeto mutuo. Cuando esos presupuestos se ven comprometidos por conductas de acoso entre magistrados, la legitimidad del propio sistema se ve cuestionada.
Desde una perspectiva institucional, también surge la pregunta sobre cómo la estructura judicial federal gestiona este tipo de conflictividad. ¿Existen protocolos específicos para el tratamiento de denuncias de acoso entre magistrados? ¿Qué mecanismos de mediación o resolución alternativa se contemplan antes de llegar a estadios de denuncia formal? ¿Cómo se equilibra el derecho de cada juez a trabajar en un ambiente libre de hostigamiento con la preservación de la independencia judicial de sus colegas? Estos interrogantes no tienen respuestas simples, y su resolución requiere reflexión profunda sobre las estructuras de gobernanza al interior del poder judicial. El hecho de que una magistrada con el perfil y la trayectoria de Servini haya llegado al punto de presentar una denuncia formal sugiere que los canales previos —si es que existen— resultaron insuficientes para resolver la situación.
Las posibles consecuencias de estos hechos se desplegarán en múltiples planos. En el orden procesal inmediato, la investigación llevada adelante por Lijo y potencialmente coordinada con Martínez De Giorgi determinará si existe base fáctica para avanzar en acciones disciplinarias contra Villena, si se desestima la denuncia por insuficiencia probatoria, o si se detectan patrones de conducta que requieran medidas más amplias. Desde la perspectiva de Servini, la presentación de la denuncia representa tanto un acto de defensa personal como un mensaje institucional sobre los límites que considera inaceptables en las relaciones laborales judiciales. Para Villena, el proceso abierto supone la necesidad de responder formalmente a las acusaciones y de clarificar su versión de los hechos. En un nivel más amplio, el caso podría catalizador cambios en los protocolos internos de la justicia federal, generando mayor sensibilidad respecto de situaciones de acoso o presión entre magistrados, o simplemente confirmando que los mecanismos existentes funcionan adecuadamente cuando se los activa. Lo cierto es que el escenario que ahora se abre en los tribunales porteños será observado con atención, tanto por quienes integran la estructura judicial como por la ciudadanía que depende de su funcionamiento regular y confiable.
