Un nuevo episodio de tensión interna en la estructura judicial federal volvió a poner en evidencia las fracturas que atraviesan los estrados desde hace años. Esta vez, el protagonismo lo ocupó una querella presentada por una magistrada de alto perfil contra su par en la provincia de Buenos Aires, luego de una serie de contactos que la afectada caracterizó como perturbadores y sistemáticos. La denuncia, radicada hace poco más de una semana en los pasillos de Comodoro Py, abre interrogantes sobre los límites del comportamiento entre colegas y las dinámicas interpersonales que operan en la cúpula del Poder Judicial.
María Servini, jueza federal con una extensa trayectoria en causas de alto impacto político, decidió formalizar una denuncia contra Federico Villena, su colega en el juzgado número uno de Lomas de Zamora. Según el relato de Servini plasmado en la presentación ante la Cámara Federal, durante los días 11 y 12 de mayo, recibió una batería de mensajes y llamadas que describe como "incesantes" y que le generaron sensaciones de temor y persecución. El escrito que la magistrada elevó a los tribunales especifica que estos contactos no se limitaron al canal telefónico o digital, sino que escalaron a una acción física: el 13 de mayo alrededor de las 7 de la mañana, alguien tocó repetida e insistentemente el portero eléctrico de su residencia, un hecho que la denunciante integra como un nuevo episodio de acoso a su tranquilidad personal.
Las diferencias históricas y el contexto de la disputa
Lo que llama la atención en este caso es que ambos magistrados comparten una historia común que se extiende por dos décadas. No se trata de desconocidos en la burocracia judicial, sino de profesionales que han transitado distintos escenarios de la política judicial argentina. Villena accedió a su cargo de juez en Moreno en 2015 a través de un decreto que llevaba las firmas de Cristina Kirchner y del entonces ministro de Justicia Julio Alak. Posteriormente, fue trasladado a su actual asiento en Lomas de Zamora bajo la administración de Mauricio Macri, en coordinación con el funcionario Germán Garavano. Este historial de designaciones durante gobiernos de signo político opuesto es emblemático de cómo la judicatura argentina ha sido moldeada por sucesivos equilibrios de poder.
Desde el ambiente cercano a Villena emerge una versión alternativa de los hechos. Sus allegados niegan categóricamente la visita a la domicilio de Servini, pero sí reconocen que existieron contactos telefónicos. La explicación que ofrecen es que estos intentos de comunicación respondían a un propósito reconciliador: después de dos décadas de conocerse en el quehacer judicial, Villena buscaba zanjar algunas diferencias acumuladas a lo largo de los años. Más aún, según sus cercanos, los mensajes intercambiados contenían un matiz afectuoso, lejos de la intención intimidatoria que denuncia Servini. Esta divergencia en las interpretaciones de un mismo fenómeno refleja una problemática común en disputas judiciales: la subjetividad en la percepción de las conductas.
Las causas de fondo y la red de conexiones
Pero detrás de este conflicto interpersonal laten cuestiones de significancia mayor. En su presentación, Servini sugirió explorar posibles vínculos entre los contactos incesantes y otras causas que transitan por la jurisdicción federal. Una de ellas adquiere particular relevancia: la investigación sobre presunto espionaje ilegal perpetrado por exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la presidencia de Macri. Este expediente tiene un itinerario complicado. Originó en Lomas de Zamora bajo la supervisión de Villena, pero la Cámara de La Plata lo apartó del caso y la carpeta fue trasladada a Comodoro Py, donde ahora la conduce Marcelo Martínez de Giorgi. La causa involucra a personajes relevantes de la estructura de inteligencia macrista, entre ellos Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y apunta a operaciones de vigilancia clandestina dirigidas contra políticos, sindicalistas, empresarios, periodistas y otros sectores identificados como objetivos.
Villena alcanzó mayor visibilidad pública precisamente en 2020, cuando quedó al frente de esa causa de espionaje. Sin embargo, su paso por el expediente dejó marcas: su apartamiento posterior por decisión de la instancia superior evidenció desacuerdos sobre cómo conducir la investigación. Existe, asimismo, otra denuncia que complica el panorama alrededor del magistrado de Lomas: un exasesor del Servicio Penitenciario lo denunció en 2023 por presunta violación de deberes y prevaricato. Estas capas superpuestas—el conflicto personal, las causas de espionaje, los cuestionamientos sobre el desempeño judicial—configuran un escenario donde resulta difícil deslindar qué es interpersonal y qué responde a enfrentamientos de orden político o institucional.
La magnitud de las implicancias debe evaluarse en perspectiva histórica. La AFI fue una herramienta de vigilancia bajo Macri que generó uno de los mayores escándalos de monitoreo ilegal en la historia judicial contemporánea argentina. Los magistrados que asumieron responsabilidad sobre estos expedientes cargan con el peso de investigar prácticas que, de confirmarse, representan violaciones graves a derechos fundamentales. Los tensionamientos, rivalidades y divergencias entre jueces que tramitan estas causas no son anécdotas administrativas, sino eventos que impactan directamente en la capacidad del sistema para procesar la verdad y la justicia.
Las consecuencias y los interrogantes abiertos
Lo que emerge de este episodio es un tejido complejo donde confluyen dinámicas personales, rivalidades profesionales y disputas sobre el control de causas de relevancia política. La denuncia de Servini, cualquiera sea su desenlace, plantea preguntas sobre cómo se relacionan los magistrados bajo presión, cómo canalizan sus conflictos y si existen mecanismos adecuados para resolverlos. También interpela a la Cámara Federal sobre su capacidad para evaluar las circunstancias sin dejarse influenciar por los antecedentes políticos o las causas pendientes. La versión de Villena—que buscaba reconciliación después de veinte años—contrasta agudamente con la percepción de Servini de acoso sistemático. Ambas narrativas no pueden ser simultáneamente ciertas, pero tampoco es trivial que coexistan. Las investigaciones que sigan deberán determinar si se registran efectivamente las comunicaciones alegadas y qué intención portaban. Mientras tanto, el caso refleja las fricciones persistentes dentro de una institución que debe mantener un estándar de objetividad e imparcialidad en momentos en que esos valores están bajo escrutinio público.
