El Poder Judicial santacruceño enfrentará un escrutinio sin precedentes sobre cómo gestiona sus recursos, a quién paga y cuánto tiempo demoran sus procesos. Esta auditoría administrativa y contable integral fue ordenada por los miembros del Tribunal Superior de Justicia que acaban de asumir funciones completas, después de que la Corte Suprema Nacional avalara la ley que expandió el cuerpo de magistrados. Lo relevante aquí no es solo que se vaya a revisar todo —desde fondos hasta expedientes congelados—, sino que esta decisión llega después de casi seis meses de parálisis judicial causada por un conflicto laboral que nadie había frenado hasta ahora. El cambio de composición del tribunal generó las condiciones políticas para que, finalmente, se tomaran medidas que hasta hace poco parecían impensadas.

El proceso comenzó anteayer, cuando ocho de los nueve miembros del tribunal renovado se reunieron y firmaron un acuerdo extraordinario que marca el punto de quiebre en la administración judicial de la provincia. Gabriel Nolasco Contreras Agüero fue designado presidente mediante votación, y desde ese momento quedó en evidencia que la configuración del tribunal había cambiado sustancialmente. La ampliación de cinco a nueve miembros —resultado de una ley que la Corte Suprema convalidó semanas atrás— permitió que quienes apoyaban intervenciones más decididas ganaran mayoría. Esto explica por qué la conciliación obligatoria, medida que requiere voluntad política para implementarse, finalmente pudo votarse cuando antes parecía bloqueada. La trama institucional se reconfiguró, y con ella, el margen de acción del tribunal.

Gastos, sueldos y contratos bajo lupa

El contador Fernando Ortiz de Zárate, administrador general del Poder Judicial, recibió el encargo de compilar un informe que tocará cada rincón de la hacienda judicial. No se trata de una revisión superficial: deberá documentar cómo se ejecutó el presupuesto asignado, qué créditos se utilizaron, cuáles quedaron pendientes, y qué ingresos generó el propio Poder Judicial mediante aranceles u otras fuentes. Pero el aspecto más delicado está en los números que reflejan quién cobra qué en los juzgados. El informe debe desmenuzar la estructura salarial completa: desde magistrados hasta empleados administrativos, pasando por funcionarios de categoría superior. Además, tendrá que detallar cuánto se destina mensualmente a impuestos, servicios, mantenimiento de inmuebles en alquiler, equipamiento informático y la flota de vehículos asignada a distintas dependencias.

Este último punto —el del parque automotor— no es menor. Junto con las licitaciones públicas y privadas, así como las contrataciones directas ejecutadas durante 2025 y 2026, se convierte en uno de los focos de mayor sensibilidad. La razón está en el contexto económico que atraviesa la provincia: caída de ingresos fiscales, ajuste sobre los salarios estatales, y un escenario donde los recursos escasean. En enero pasado, mientras el resto de los empleados públicos no recibía mejoras salariales, el tribunal aprobó aumentos de hasta el 50% para los magistrados, escalonados hasta octubre. Con esa mejora, un vocal del Tribunal Superior podría cobrar entre 20 y 24 millones de pesos mensuales, dependiendo de su antigüedad. Esa decisión fue tomada en plena feria judicial, cuando hay menos control público, y generó un choque frontal con el Ejecutivo provincial, que argumentó que al Poder Judicial solo le había enviado lo presupuestado. La solicitud de incremento llegó después del presupuesto sancionado.

Seis meses de conflicto y la conciliación que llega tarde

El gremio de empleados judiciales inició sus medidas de fuerza en febrero, hace ya casi medio año. La Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz salió a la calle reclamando una recomposición de sus haberes, paralizando prácticamente toda actividad en los tribunales. El conflicto también tiene otra arista: ese mismo gremio presentó una demanda ante la Corte Suprema pidiendo que declare inconstitucional la ley que amplió el tribunal, argumentando que la medida afectaba derechos de los trabajadores judiciales. La Corte Suprema rechazó esa impugnación hace poco más de una semana. Paradójicamente, el fallo que desautorizó el reclamo gremial fue el que liberó políticamente el camino para que el tribunal renovado se decidiera, finalmente, a decretar la conciliación obligatoria. Antes no había poder político para hacerlo; ahora, con otros vocales en la mesa, la votación pasó sin problemas, aunque con la resistencia de quienes se oponían a la ampliación.

La conciliación obligatoria es un mecanismo legal que congela las medidas de fuerza y obliga a ambas partes a negociar bajo supervisión de un tercero neutral. Su ausencia durante estos meses permite entender por qué los tribunales funcionan de manera casi vegetativa. Expedientes sin movimiento, causas congeladas, ciudadanos sin acceso a la justicia: la paralización ha sido total. Lo notable es que esta herramienta, que existe en el ordenamiento laboral, no había sido invocada por el tribunal anterior. La nueva configuración, en cambio, no dudó en usarla. Se ordena ahora que la Dirección de Gestión Administrativa y Recursos Humanos presente informes detallados sobre todos los ingresos al Poder Judicial desde 2025 hasta hoy, así como datos sobre funcionarios judiciales que cumplen tareas fuera de la provincia. Los plazos son acotados: dos y tres días, respectivamente.

En cuanto a los expedientes demorados, el tribunal tomó una decisión radical: requirió a todas las secretarías que reporten qué causas están en trámite, en qué estado se encuentran. Lo mismo se pidió a las Cámaras de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, además de los juzgados de Recursos y Cámaras en lo Criminal de ambas circunscripciones judiciales de la provincia. Un detalle crucial está en el pedido de información sobre personas privadas de la libertad: el tribunal quiere saber si hay procesados en cárceles cuyas causas están paralizadas. Este es un indicador de grave afectación de derechos, pues la demora en los procesos incide directamente en quienes están detenidos. Que el tribunal pida este dato sugiere que la situación podría ser severa.

El futuro incierto de una administración bajo escrutinio

Lo que sigue es un escenario abierto. Por un lado, los informes que se deben presentar en días u horas revelarán qué se hizo, cómo se gastó, quién fue contratado y con qué criterios. Esa información podría alimentar nuevas controversias o justificar decisiones tomadas. Por otro, la conciliación obligatoria puede abrir un canal de negociación que permit descongelar el conflicto laboral que lleva paralizando el Poder Judicial desde el inicio del año. Sin embargo, también es posible que el gremio resista y que el conflicto se enquiste aún más. La tensión entre un tribunal que acaba de aumentar sueldos de magistrados y un gremio de empleados judiciales sin recomposición salarial seguirá siendo el telón de fondo de todas estas decisiones. La auditoría ordenada podría servir para justificar ajustes posteriores, o para sustentar nuevos reclamos. Lo cierto es que después de meses de funcionamiento judicial de facto paralizado, las cosas comenzaron a moverse en una dirección diferente, aunque sus resultados concretos todavía están por verse.