Hay una grieta en la arquitectura institucional de la provincia de Buenos Aires que lleva más de seis años sin cerrarse. La Suprema Corte de Justicia bonaerense, el órgano máximo del Poder Judicial del distrito más poblado del país, funciona con apenas tres de los siete integrantes que manda la Constitución provincial. Cuatro sillas vacías. Y esa situación, que ya bordea lo inadmisible desde el punto de vista jurídico, escaló esta semana a un reclamo público y formal que no tiene antecedentes en la historia del tribunal. Lo que cambió no es solo el tono del reclamo, sino su naturaleza: los propios jueces del máximo tribunal salieron a denunciar públicamente la parálisis del Ejecutivo provincial, algo que rompe con décadas de silencio institucional.
Un tribunal al límite de la funcionalidad
La Suprema Corte bonaerense está integrada hoy por Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, quien ocupa la presidencia del cuerpo. Fue Torres el encargado de poner en palabras la gravedad del momento durante una presentación realizada en el Palacio de Tribunales de La Plata, ante magistrados, camaristas, abogados y representantes del ministerio público. El acto tuvo como excusa formal la presentación de un proyecto de autarquía financiera y funcional del Poder Judicial, pero derivó en algo más contundente: una interpelación directa al gobernador Axel Kicillof y al Senado provincial para que terminen con una dilación que, según los jueces, ya tiene carácter inconstitucional.
"Los ministros de este tribunal debiéramos ser siete. Este tribunal se encuentra inéditamente desintegrado", afirmó Torres ante el auditorio. La palabra "inéditamente" no es casual: ninguna Corte provincial había llegado a este nivel de vaciamiento sin que el Ejecutivo tomara medidas. Las cuatro vacantes se acumularon a lo largo de varios años, pero la última se produjo en 2024 con la renuncia del juez Luis Genoud. La Constitución provincial establece un plazo de quince días para que el gobernador proponga candidatos al Senado una vez producida una vacante. Ese mandato, según denunció el propio Torres, fue ignorado de manera sistemática.
El mecanismo de designación requiere que el gobernador eleve nombres al Senado bonaerense, donde los candidatos deben obtener una mayoría especial de dos tercios de los votos para ser confirmados. El problema político es concreto: Kicillof no cuenta con ese respaldo en la Cámara alta, lo que convierte cada designación en una negociación compleja con bloques opositores. Sin embargo, desde la perspectiva del Poder Judicial, esa ecuación legislativa no puede ser excusa para el incumplimiento de una obligación constitucional. "Postergar las designaciones es debilitar el sistema", advirtió Torres, apuntando tanto al Ejecutivo como al Senado como responsables de la situación.
Más de 200 vacantes en todo el sistema judicial provincial
El problema no se agota en los tres pisos del Palacio de Tribunales. Torres aprovechó el acto para poner sobre la mesa una cifra que dimensiona la crisis más allá de la Corte: en todo el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires hay más de 200 vacantes pendientes de cobertura. Juzgados sin titulares, fiscalías acéfalas, tribunales que funcionan con subrogantes o directamente sobrecargados. Esta situación impacta de manera directa en la administración de justicia cotidiana: causas que se demoran, audiencias que se postergan, ciudadanos que esperan respuestas que el sistema no puede garantizar con eficiencia cuando opera por debajo de su capacidad mínima.
En perspectiva histórica, la justicia provincial bonaerense arrastra problemas estructurales desde hace décadas. La provincia tiene el sistema judicial más grande del país en términos de volumen de causas y de territorio cubierto, con más de 17 millones de habitantes bajo su jurisdicción. Sin embargo, la inversión en infraestructura judicial y la cobertura de cargos han sido históricamente insuficientes. La falta de autarquía financiera es parte del mismo diagnóstico: el Poder Judicial depende del Ejecutivo para definir su presupuesto, lo que genera tensiones crónicas entre los tres poderes del Estado provincial. No es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años se agravó.
Fue en ese contexto que Torres anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que busca dotar al Poder Judicial de autarquía económica y funcional. El texto cuenta con el respaldo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los distintos colegios de abogados del distrito. Además, se sumaron al apoyo múltiples poderes judiciales del interior del país y la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), que reúne a los máximos tribunales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firmaron el proyecto junto a Torres el presidente del CMFBSAS, Matías Rappazzo; la presidenta de la Comisión de Funcionarios de esa entidad, Erika Rodríguez Merino; el titular del Colegio de Abogados provincial, Bienvenido Rodríguez Basalo; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo. También estuvo presente en el acto el procurador general Julio Conte Grand.
El reclamo que no admite demora
La autarquía judicial no es una idea nueva en la Argentina. Varias provincias ya cuentan con mecanismos que garantizan la independencia presupuestaria de sus poderes judiciales respecto del Ejecutivo. En algunos casos, la Constitución provincial fija un porcentaje mínimo del presupuesto que debe destinarse al Poder Judicial, blindándolo de recortes discrecionales. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el Judicial depende de partidas que fija el gobernador y aprueba la Legislatura, lo que lo expone a presiones y negociaciones que pueden comprometer su autonomía real. El proyecto que presentó Torres apunta a cambiar esa ecuación.
Torres fue explícito al delimitar el alcance del problema: "La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión de política menor. Es una condición constitucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial y el ejercicio pleno de las competencias que manda la Constitución". La formulación es técnica pero su sentido es político: un tribunal que no puede sesionar con quórum pleno, que no puede dictar ciertos fallos o que debe abstenerse en determinadas materias por falta de integración, no es un poder del Estado en plenitud de funciones. Es una institución disminuida, y esa disminución tiene consecuencias reales para miles de causas y ciudadanos.
Las implicancias de este escenario admiten distintas lecturas. Para quienes defienden la posición del Ejecutivo, el escollo está en el Senado: sin votos suficientes para imponer candidatos propios, cualquier postulación se convierte en una negociación política que puede terminar mal. Desde ese punto de vista, el problema es de gobernabilidad legislativa, no de voluntad. Para quienes sostienen la posición del tribunal, en cambio, la obligación constitucional no admite excusas: el gobernador debe proponer y negociar, y la falta de mayorías no puede convertirse en un argumento para el incumplimiento indefinido. Lo cierto es que el tiempo pasa, las vacantes se acumulan, los expedientes esperan y la Justicia bonaerense opera en un estado de precariedad que, tarde o temprano, algún fallo o alguna crisis pondrá en el centro de la escena de manera inevitable.
