En la sede del Instituto Nacional de Estadísticas italiano, ubicada en un edificio que data de tiempos de régimen autoritario, existe una inscripción que sintetiza una aspiración política fundamental: "Los números son el fundamento de la República". Esa frase resume un ideal democrático profundo: que las decisiones colectivas descansen sobre hechos verificables, datos concretos, evidencia compartida. Es el sueño de una política racional, científica, despojada de pasiones. Sin embargo, la realidad política es otra. Está atravesada por ambiciones, deseos de poder, interpretaciones sesgadas. Y en estos tiempos, Argentina nuevamente se debate en una pregunta incómoda: ¿qué dicen realmente los números sobre la economía, y quién está autorizado para leerlos?

El presidente Javier Milei enfrenta hoy una situación económica compleja que lo acerca a un patrón histórico recurrente en el país. Tres de sus antecesores vivieron dilemas similares: Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Los tres llegaron al poder prometiendo dinamismo económico y enfrentaron realidades distintas a las esperadas. Menem atribuyó el desempleo persistente —que alcanzaba el 18,6% en junio de 1995, apenas un mes después de su reelección— a factores externos como el "efecto tequila" generado por la crisis mexicana. De la Rúa sostenía que faltaba solo que los argentinos realizaran el "click" psicológico necesario para que la economía despegara. Macri hablaba de "brotes verdes" y "cataratas de inversiones" que llegarían en el segundo semestre, mensaje que se repetía año tras año sin concretarse. Ninguno de los tres reconoció que sus propias estrategias económicas enfriaban el crecimiento. Milei, en cambio, va más allá en su lectura de lo que acontece.

La metodología como explicación: ¿error estadístico o negación de lo evidente?

Durante su paso por Nueva York, el mandatario argentino concedió dos entrevistas significativas. En una de ellas, dialogó con John Micklethwait, editor global de Bloomberg, quien le formuló preguntas incómodas sobre el desempeño económico. Más recientemente, en conversación con Luis Majul, Milei articuló una explicación novedosa respecto de por qué los indicadores económicos muestran deterioro. Según su interpretación, los números en sí mismos no son confiables porque la metodología empleada para medirlos se tornó anacrónica. Afirma que su programa de reformas transformó tan radicalmente la estructura económica argentina que las viejas herramientas estadísticas ya no sirven para captar la verdadera realidad. Es una argumentación curiosa viniendo de alguien con formación en economía. Si los cambios fueron tan profundos, ¿no debería reconocerse que esos cambios generan consecuencias medibles de alguna manera? ¿O acaso la propuesta es que la realidad se redefinió de tal modo que escapa a toda cuantificación convencional?

El Presidente introduce además otra línea argumentativa: sostiene que no debe observarse la economía "blanca" sino la "negra" o informal, que según su diagnosis "está volando". Durante la entrevista neoyorquina explicó que esto ocurre porque las personas toman decisiones provisionales, operan sin registro formal, motivadas por el miedo a lo que pueda ocurrir en el futuro. Con Majul fue más allá aún: atribuyó todos los problemas económicos negativos a un complot político, tanto de origen doméstico como internacional. Existe una tercera dimensión en su relación con los números: las cifras que maneja presentan inconsistencias notables. Hace poco afirmó que el presidente de Brasil, Lula da Silva, le habría transferido mil millones de dólares a Sergio Massa para favorecerlo electoralmente. Más recientemente habla de setenta mil millones de dólares en una corrida bancaria y de veinte mil "terroristas deportados" que él acusa de ser infiltrados por gobiernos extranjeros. Sin embargo, según registros del Ministerio de Seguridad y Migraciones, menos de mil setecientas personas tuvieron inconvenientes para ingresar al territorio. La discrepancia es sustancial. Como advirtió alguna vez el filósofo francés Jean-François Revel, cuando alguien maneja así los números sobre cuestiones verificables, surge la duda sobre cómo manejará cifras sobre asuntos menos transparentes.

Entre la negación y la realidad: el impacto electoral de una economía que no responde

El propio Milei reconoció en su última intervención pública que en la primera mitad del año actual hubo una contracción recesiva derivada de problemas políticos heredados del período anterior. Sin embargo, mientras esa contracción ocurría, mostraba irritación hacia quienes la mencionaban públicamente. Existe una dificultad observable para admitir cuál es el verdadero funcionamiento de la realidad. Micklethwait, durante el diálogo en Nueva York, advirtió al mandatario sobre algo central: si no reconoce los problemas económicos, podría enfrentar dificultades electorales en 2027. La respuesta de Milei fue vincular esos obstáculos no a fallas en su receta económica sino al riesgo de que su receta sea abandonada. No obstante, existe otra lectura circulando en el interior del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich, voz disidente dentro del Gobierno, pronunció recientemente una frase que llamó poderosamente la atención. Afirmó que el que debe ser reelegido es "el modelo", no necesariamente el presidente que lo implementa. Para Bullrich, la orientación económica pro-mercado, con menor participación estatal, mayor competitividad y modernización, debe preservarse en el tiempo. Esa formulación abre una fisura importante, aún no completamente expuesta: la posibilidad de que otro candidato garantice mejor la continuidad de esa orientación política. ¿Ella misma? La pregunta flota en el ambiente.

Los números electorales dan cuenta de la tensión. Según datos de la encuestadora MIDE, que dirige Gonzalo de Janín, cuando se pregunta sobre la dirección que lleva el país desde que Milei asumió, entre sus votantes el 69% responde que va en dirección correcta, mientras que el 31% coincide en que el rumbo es equivocado. En el caso de Bullrich, esos porcentajes se distribuyen en 60% y 40% respectivamente. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella para septiembre se ubicó en 1,94 dentro de una escala del 1 al 5. Respecto de agosto registró una caída de 5,9%, una variación importante que demuestra que la administración toca nuevamente un piso, tal como ocurrió en septiembre de 2025 y en julio pasado. Desde diciembre, la confianza cayó más de 21%. Este índice presenta una característica notable: mantiene una correlación casi perfecta con los votos que obtendría el oficialismo si hubiera elecciones en el día de su medición. De acuerdo a esto, si se votara hoy, el Gobierno alcanzaría 38,8% de los sufragios. Para ganar en primera vuelta bajo el sistema de balotaje vigente, se requiere entre 40% y 45%. La divergencia entre la percepción que tiene el Presidente de la realidad y la que comienza a desarrollar el electorado se amplía cada vez más.

La economía real: caídas que no son metodología sino comportamiento observable

Existe un malestar objetivo que trasciende las interpretaciones. Los salarios en términos reales cayeron, algo que el Presidente niega sistemáticamente. La inversión también se contrajo significativamente. Medida año a año en términos reales, la caída alcanza 11%. En algunos sectores la situación es más crítica: la fabricación de maquinaria retrocedió 15%, la construcción se redujo 0,1% y el equipamiento para transporte bajó 22%. Estos números no requieren metodologías novedosas para interpretarse; son caídas concretas, observables en la actividad económica efectiva. Simultáneamente, este clima de incertidumbre local se combina con turbulencias internacionales, provocando que el riesgo país —indicador que mide el costo de financiamiento del Estado— aumente de manera sostenida. En muchas naciones emergentes esta variable está en alza, pero en Argentina la suba es comparativamente más pronunciada. Uruguay, gobernado por la centroizquierda del Frente Amplio bajo la conducción del ministro de Economía Gabriel Oddone y con una revisión "excelente" del FMI, registra un riesgo país de 65 puntos. Perú está en 106, México en 196. Argentina alcanza 628 puntos. Esa cifra es problemática porque representa el costo del crédito; si el Gobierno quisiera acceder al mercado internacional de bonos, le cobrarían tasas muy elevadas.

Esta situación genera una paradoja incómoda: un gobierno cuyo presidente ha expresado su desprecio hacia la intervención estatal se ve obligado a recurrir permanentemente al Estado para obtener financiamiento. No al Estado argentino, cuya capacidad de garantizar créditos es limitada, sino a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CAF, y a instituciones estadounidenses como el EXIM Bank y la Corporación Financiera para el Desarrollo. Milei obtuvo veinte mil millones de dólares del gobierno de Trump el año pasado. Posteriormente logró recursos de los bancos multilaterales para respaldar créditos. La confianza se terceriza: los prestamistas privados depositan más fe en garantías de instituciones internacionales que en la palabra del Estado argentino. Esta estrategia se hizo evidente en el anuncio efectuado hace poco en Nueva York: un paquete de siete mil millones de dólares del EXIM Bank y la DFC para financiar un proyecto de licuefacción de gas que ejecuta YPF en asociación con Eni, la empresa italiana de energía, y con participación de Pumco, empresa estadounidense. El financiamiento es dirigido a respaldar créditos del sector privado que de otro modo sería difícil obtener. Horacio Marín, presidente de YPF, expresó su esperanza de que también lleguen fondos de un banco público internacional y de una empresa de Emiratos Árabes Unidos. Detrás de estos mecanismos se vislumbra una confrontación geopolítica: Occidente busca asegurar el acceso a hidrocarburos y minerales críticos en territorios que de otro modo podrían orientarse hacia China. Argentina accede a estas garantías porque está alineada con Estados Unidos. Hay precedentes similares en otros proyectos globales del mismo tipo, y en ellos los anuncios de dinero tardaron aproximadamente tres años en materializarse.

El Gobierno se traslada esta semana a París para una presentación de inversiones a cargo del embajador Ian Sielecki. Asistirán gobernadores, jueces federales con jurisdicción sobre Vaca Muerta, y empresarios europeos. Los presidentes de las empresas beneficiadas por el anuncio del EXIM Bank también estarán presentes. En París se formularán nuevos anuncios sobre proyectos de inversión. El esfuerzo por atraer capital es considerable, y quienes realmente invierten obtienen ventajas extraordinarias. Eduardo Eurnekian acaba de lograr una renovación de su convenio para administrar aeropuertos: deberá invertir seiscientos millones de dólares pero le renuevan el contrato hasta 2049, con opción de extensión hasta 2056. Anteriormente estuvo cerca de una renovación hasta 2066, bajo una maniobra firmada por Facundo Leal, funcionario que posteriormente fue hallado con dos millones de dólares y drogas en su departamento y actualmente se encuentra en prisión domiciliaria.

Perspectivas abiertas: el dilema de una política que no reconoce sus propios límites

La situación actual presenta dimensiones complejas que generan incertidumbre sobre los desarrollos futuros. Por un lado, existe una distancia creciente entre la lectura que hace el Presidente de la realidad económica y la que progresivamente desarrolla la ciudadanía. Milei interpreta los obstáculos como consecuencia de conspiración política e incompetencia metodológica en la medición estadística, mientras que los indicadores de confianza sugieren que amplios sectores electorales atribuyen los problemas a decisiones de política económica. Por otro, la dependencia de financiamiento externo —acompañada por la demora en la ejecución real de esos fondos anunciados— genera interrogantes sobre si la inversión llegará con la celeridad necesaria para dinamizar la economía antes de 2027. Simultáneamente, la emergencia de Bullrich como voz que distingue entre "el modelo" y "el presidente" abre un escenario donde podría reorganizarse la coalición gobernante. Las consecuencias de estas tensiones pueden variar significativamente según cómo evolucione la economía real en los próximos meses, cómo se materialice el flujo de inversiones externas, y cómo el electorado procese la brecha entre promesas iniciales y resultados verificables. Lo que permanece constante es que, sin importar las interpretaciones que se hagan sobre metodologías estadísticas o sobre conspiraciones internacionales, la gente experimenta directamente los cambios en sus ingresos, en el costo de vida, en la disponibilidad de empleo. Esa experiencia concreta es quizás el número más difícil de refutar.