La justicia federal cerró hoy un capítulo decisivo en la historia de los escándalos de corrupción que marcaron al gobierno kirchnerista. Después de casi dos décadas de investigación, repleta de obstáculos procesales, reveses y debates sobre la validez de pruebas, un tribunal sentó a juicio a dos de las figuras más influyentes de aquel período: Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal, y José López, quien se desempeñaba como secretario de Obras Públicas. Ambos recibieron la misma condena: cinco años de cárcel por haber participado en un entramado de coimas y fraudes estatales vinculado con la ampliación de infraestructura gasífera. Lo que reviste importancia en este veredicto no es solo el castigo en sí, sino lo que representa: la primera gran condena por corrupción administrativa de ese ciclo político, después de una odisea judicial que incluyó sobreseimientos revocados, pruebas desechadas y rehabilitadas, y una compleja batalla sobre qué elementos de evidencia podían utilizarse para condenar.

Un expediente que casi muere en el camino

La causa que hoy llegó a sentencia tiene raíces profundas. Hace aproximadamente veinte años, denuncias efectuadas por la Coalición Cívica encendieron las alarmas sobre posibles irregularidades en los contratos para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Las sospechas iniciales apuntaban hacia la existencia de un tejido de empresas sin sustancia real, utilizadas presuntamente por la constructora sueca Skanska—ahora rebautizada como Pecom—para evadir impuestos y distribuir pagos ilícitos a funcionarios. Sin embargo, el expediente enfrentó un escollo mayúsculo cuando la Cámara Federal decidió, en 2011, sobreseer a los implicados y revocar los procesamientos. En ese momento, ni De Vido ni López figuraban siquiera entre los acusados. Aquella decisión congelaba efectivamente la investigación, que quedó prácticamente dormida durante años.

El punto de quiebre llegó cuando la justicia de casación revalidó una prueba que había sido descartada años atrás. Se trataba de una grabación de audio en la que Javier Azcárate, gerente comercial de Skanska, reconocía ante un auditor interno de la empresa el pago de sobornos destinados a asegurar la adjudicación de obras. El audio había sido registrado sin el conocimiento de Azcárate como parte de una auditoría interna corporativa, lo que originalmente llevó a rechazarlo como material probatorio. No obstante, la Cámara de Casación consideró que su contenido era lo suficientemente relevante como para ser admitido nuevamente. Con esta grabación recuperada en la mesa de debate, el fiscal solicitó la nulidad de los sobreseimientos anteriores, y la causa resurgió con nueva energía.

Lo que confesó la voz en la cinta

En esos audios recuperados, Azcárate exponía los detalles de la operación con un lenguaje que combinaba cinismo y pragmatismo empresarial. Afirmaba que "somos prolijos y lo hacemos bien, o no laburamos", lo cual parecía una declaración de principios sobre cómo ejecutaban sus negocios. Pero los fragmentos más incriminadores surgían cuando abordaba directamente los números: reconocía que ya antes de formular sus propuestas técnicas, sabían que se llevarían el contrato, cuyo valor rondaba los 100 millones de dólares. Luego desglosaba la estructura de los pagos ilegales: un cinco por ciento del total de contratos, dividido en tres puntos porcentuales dirigidos a funcionarios del Enargas y dos puntos porcentuales hacia estructuras de Nación Fideicomisos, más los costos operativos derivados de mantener ese esquema funcionando. Estas admisiones, registradas en una cinta que circuló dentro de la empresa sin que el interlocutor lo supiera, terminaron siendo el andamiaje probatorio sobre el cual se construyó la acusación.

La investigación reveló que la maniobra incorporaba múltiples capas de ilegalidad. Según el fiscal Abel Córdoba, existía un gran esquema de corrupción diseñado para orientar las contrataciones públicas hacia Skanska. Ese esquema incluía no solo los pagos directos a funcionarios, sino también la generación de facturas falsas para justificar las salidas de dinero que financiaban los sobornos. Las propias obras ejecutadas presentaban sobrepreciados, es decir, se cobraba más de lo que realmente costaba realizar los trabajos. De Vido y López ocupaban entonces las posiciones de máxima responsabilidad en lo que respecta a obras públicas a nivel nacional, lo que los colocaba en la cúspide de esa pirámide de decisiones.

Las sentencias y sus matices

El Tribunal Oral Federal Nº 4, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, condenó a De Vido y López por cohecho pasivo y defraudación al Estado. Sin embargo, la unanimidad no fue total: López Iñiguez votó en disidencia sobre la calificación legal de los delitos y el monto de la pena. Para ella, los acusados fueron culpables de negociaciones incompatibles con la función pública, una figura legal diferente que también prevé penas de hasta seis años de cárcel. La distinción entre cohecho y negociaciones incompatibles no es meramente semántica: mientras que el cohecho tipifica la conducta de quien recibe pagos en dinero o bienes como contraprestación directa de actos de su cargo, las negociaciones incompatibles se refieren a que el funcionario se haya interesado en un asunto en favor de terceros, como sería direccionar una licitación. López Iñiguez también discrepó en cuanto a la existencia de fraude, argumentando que un peritaje realizado por la Corte Suprema no había detectado sobrepreciados en las obras, contradiciendo la tesis de los otros dos magistrados.

El tribunal también condenó a nueve directivos de Skanska. Néstor Ulloa, funcionario responsable de la administración del fideicomiso que financió las ampliaciones, recibió cinco años por cohecho pasivo. Mario Piantoni, máximo responsable regional de la empresa, fue condenado a cuatro años por cohecho activo. Azcárate y Gustavo Vago, presidente de Skanska en el país, también recibieron cuatro años cada uno. Los exdirectivos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Alfredo Grecco y Roberto Zareba fueron condenados a tres años en forma condicional. Para diecisiete de los enjuiciados, sin embargo, el fiscal había solicitado la absolución, y aparentemente el tribunal accedió a ello. El tribunal también dispuso el decomiso de 48 millones de pesos actualizables desde 2005, distribuidos en 34 millones correspondientes al monto de las coimas y 14 millones por el fraude al Estado. Skanska/Pecom se presentó en el juicio para cuestionar estos montos, abriendo la puerta a futuras disputas.

De Vido presenció la lectura de la sentencia por Zoom desde su domicilio en un barrio cerrado de Zárate, donde cumple prisión domiciliaria debido a su estado de salud. López, que permanece privado de libertad, también siguió el acto por videoconferencia. Los fundamentos detallados del fallo serían comunicados el 22 de septiembre. De Vido ya carga con cuatro condenas en su historial judicial, aunque solo una de ellas se encuentra firme: la relacionada con la tragedia de Once, el accidente ferroviario que causó múltiples víctimas. Es precisamente por esa sentencia que se encuentra bajo régimen de arresto domiciliario. Esta nueva condena se suma a un expediente penal que continúa acumulándose sobre la gestión de ese gobierno.

Implicancias y perspectivas futuras

El veredicto de hoy marca un punto de inflexión en la judicialización de los casos de corrupción de la era kirchnerista, pero también abre una serie de interrogantes sobre cómo operará de aquí en adelante. En primer lugar, la condena sienta un precedente claro: los funcionarios de alto nivel pueden ser responsabilizados penalmente por conductas de enriquecimiento ilícito vinculadas con decisiones sobre gasto público. Las apelaciones que seguramente presentarán los condenados, así como las disputas en torno a los montos de decomiso, mantendrán el caso activo en los tribunales durante tiempo. Las diferencias entre los magistrados sobre la calificación legal de los delitos—cohecho versus negociaciones incompatibles—podrían llegar a instancias superiores y generar jurisprudencia relevante para otros casos similares. Además, la batalla por la validez de la grabación de Azcárate mostró cómo decisiones sobre admisibilidad de prueba pueden resultar decisivas: sin aquella cinta, probablemente el caso habría permanecido clausurado indefinidamente. Esto también plantea cuestiones sobre estándares de debido proceso y qué tan flexible puede ser el sistema judicial al momento de revalidar evidencia. Para algunos, el fallo representa la necesaria rendición de cuentas por decisiones que afectaron el patrimonio estatal; para otros, la complejidad procesal y los años transcurridos ilustran las limitaciones prácticas del sistema penal para lidiar con casos de corrupción compleja. Lo cierto es que la causa Skanska, desde su origen hace dos décadas hasta su resolución hoy, condensa muchas de las tensiones que atraviesan la justicia argentina.