Un salto espectacular en la clasificación de un concurso judicial abierto hace más de cuatro años comienza a generar inquietud en sectores del poder judicial y entre quienes investigan irregularidades en la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. María Pérez Cárrega, secretaria letrada de un magistrado con reconocida sintonía con el kirchnerismo, ascendió desde el puesto 12 al podio de candidatos para ocupar un juzgado penal económico cuya relevancia política trasciende ampliamente los procedimientos convencionales. El cambio de posición ocurrió luego de entrevistas personales realizadas con considerable demora, en un proceso que se extendió a lo largo de casi tres años desde su inicio. Los cuestionamientos no provienen únicamente de círculos especulativos: personas directamente involucradas en denuncias contra funcionarios de la AFA han manifestado públicamente su preocupación sobre lo que consideran un blindaje institucional orquestado desde espacios del poder judicial.
Una carrera acelerada con cambios de reglas en el medio
El concurso público 430, convocado originalmente en 2019 para cubrir la vacante del Juzgado Penal Económico Número 10, atravesó un itinerario administrativo tan sinuoso como prolongado. La prueba escrita se desarrolló conforme a los cronogramas previstos durante ese año inicial, pero a partir de allí el proceso adquirió características inusitadas. La primera clasificación definitiva, basada en antecedentes académicos, experiencia profesional y desempeño en el examen teórico, no se aprobó hasta diciembre de 2020, cuando ya había transcurrido más de un año desde la evaluación. En esa oportunidad, el ordenamiento reflejaba un resultado consistente con las métricas utilizadas: Pérez Cárrega ocupaba la posición 12 con una calificación de 150,20 puntos, muy por debajo de quienes encabezaban la lista.
Sin embargo, los interrogantes sobre el proceso se multiplicaron a partir de las entrevistas personales. Estas conversaciones evaluativas, que deberían haberse ejecutado con celeridad tras la elaboración del primer ranking, recién se concretaron en septiembre de 2022, casi dos años después de la clasificación inicial. Durante ese prolongado intervalo, otros eventos del sistema judicial se desplegaron sin mayores demoras. El desfasaje temporal no fue casual ni tampoco explicado públicamente. Cuando finalmente se llevaron adelante las entrevistas ante la Comisión de Selección, algo extraordinario ocurrió: la candidata que ocupaba el duodécimo lugar experimentaría una transformación en su posición que desafiaba la lógica de los sistemas de evaluación convencionales.
El giro decisivo: de la posición 12 a la terna final
Diego Barroetaveña, consejero designado para elaborar el informe sobre la etapa de entrevistas personales, concluyó que Pérez Cárrega había desplegado "un perfil integral y actualizado", con énfasis particular en su capacitación respecto a perspectiva de género y ética pública. Según su evaluación, el desempeño exhibido durante esa instancia justificaba una reevaluación completa del orden de mérito original. El documento argumentaba que la candidata poseía "un conocimiento más acabado de los temas por los que fue preguntada" en comparación con otros participantes que, aunque habían demostrado corrección e idoneidad, no alcanzaban el mismo nivel de dominio técnico.
Con ese fundamento, Barroetaveña propuso integrar la terna definitiva con cuatro nombres: Ignacio Labadens en primer lugar, María Juliana Márquez en segundo, Matías Alejandro Latino en tercero, y María Pérez Cárrega en cuarto puesto, completando así una tanda de candidatos viables. El ascenso de once posiciones en la clasificación constituía un movimiento administrativo sin precedentes documentados en procesos similares de selección judicial. El informe obtuvo aprobación de la Comisión de Selección mediante votación, con respaldo de Alberto Lugones, quien ejerce liderazgo en la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, agrupación caracterizada por su proximidad al peronismo y sus alineamientos con las estrategias procesales del kirchnerismo.
La secuencia de hechos posteriores exhibe una sincronización de movimientos que acentúa la perplejidad de observadores del sistema. El 25 de junio, mediante Decreto 506 refrendado por el actual presidente y el ministro de Justicia, Labadens fue designado como juez del Juzgado Nacional de Menores Número 2, lo cual generó automáticamente una vacante en la terna original. Semanas después, otro decreto oficializó la nómina para la Juzgado Penal Económico Número 10, confirmando a Márquez, Latino y —decisivamente— a Pérez Cárrega como candidata válida. El mecanismo del artículo 48 del Reglamento de Concursos, que debería haber derivado a Pérez Cárrega hacia una lista complementaria debido a que Labadens integraba simultáneamente otras ternas en tramitación, no fue aplicado de manera que obstruyera su inclusión definitiva.
El juzgado en cuestión: por qué importa esta designación
La relevancia de este juzgado penal económico específico se vincula directamente con investigaciones que tocan a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino. Claudio Tapia, presidente de la entidad, y Pablo Toviggino, tesorero de la organización, tienen interés directo en cómo se tramitan ciertas causas patrimoniales que resuelve este despacho judicial. En particular, la investigación sobre una mansión ubicada en Pilar atribuida a Toviggino constituye materia de trascendencia política y económica considerable. Hasta el presente, el juzgado ha estado subrogado por la jueza Verónica Straccia, quien mantiene el expediente bajo su responsabilidad sin que se haya hecho pública información sobre su evolución o estado procesal.
Los cuestionamientos formulados por Matías Yofe y Facundo del Gaiso, personas que han promovido denuncias contra funcionarios de la AFA, trascienden simples especulaciones. Estos actores han comunicado a través de plataformas públicas su preocupación respecto de lo que califican como una estrategia de "blindaje" institucional que buscaría neutralizar investigaciones mediante colocación de magistrados alineados con intereses políticos específicos. La conexión entre Pérez Cárrega y Alberto Lugones, quien votó la aprobación del informe que la elevó a la terna, añade una dimensión de potencial conflicto de intereses que resulta pertinente al análisis de independencia judicial. Lugones no solo integra la Comisión de Selección, sino que es figura reconocible dentro de estructuras de pensamiento judicial cercanas al peronismo, lo cual genera preguntas sobre imparcialidad en procesos que afectan a dirigentes identificados con esa tradición política.
El contexto temporal también merecería consideración. El proceso de entrevistas personales se ejecutó durante el transcurso de un período electoral nacional. El informe de Barroetaveña que propuso la reconfiguración del ranking fue aprobado en abril de este año y posteriormente ratificado por el plenario del Consejo de la Magistratura, momentos en los cuales la atención mediática se concentraba en otros asuntos de agenda pública. Ese desfasaje entre el calendario de eventos judiciales y la cobertura informativa pública contrasta con lo ocurrido en años precedentes, cuando controversias sobre designaciones judiciales generaban mayor escrutinio público.
Interpretaciones encontradas sobre el expediente
Dentro del ámbito judicial existen lecturas divergentes sobre los hechos que integran este expediente. Para quienes impulsan denuncias y para sectores críticos de la magistratura, el salto de Pérez Cárrega desde la posición 12 a la terna constituye evidencia de manipulación procesal orientada a proteger a funcionarios con vínculos políticos. Los argumentos técnicos presentados en el informe de Barroetaveña respecto a desempeño superior en las entrevistas son cuestionados como insuficientes para justificar un cambio de tal magnitud. La pregunta sin respuesta que emerge es por qué una candidata con tal distancia en la evaluación inicial podría haber sido sometida a un estándar considerablemente diferente durante la entrevista personal.
Desde perspectivas defensoras del proceso, se podría sostener que las entrevistas personales representan una instancia cualitativa que puede modificar apreciaciones originadas en pruebas escritas. El énfasis en perspectiva de género y ética pública podría considerarse, según esa óptica, como variable relevante en la selección de magistrados para el fuero penal económico. Sin embargo, esa argumentación no resuelve el interrogante sobre por qué el cambio de criterio se concentró en una sola candidata y no en otros participantes que, presuntamente, también mejoraron sus perfiles durante las entrevistas.
Implicancias y prospectiva: qué sucederá a partir de aquí
Las consecuencias de esta designación pueden evaluarse desde múltiples ángulos. Si Pérez Cárrega finalmente accede al juzgado correspondiente, los procedimientos que actualmente resuelve la subrogante Straccia pasarían a su consideración. Para quienes denuncian irregularidades en la AFA, ello representaría un punto de inflexión que podría acelerar, ralentizar, modificar o directamente modificar el curso de investigaciones patrimoniales sensibles. Para sectores que defienden a funcionarios cuestionados, una jueza vinculada a magistrados kirchneristas podría significar mayor equilibrio en el tratamiento de causas que sienten como persecutorias.
Desde la perspectiva institucional, los hechos narrados alimentan debates estructurales sobre independencia judicial, transparencia en procesos de selección de magistrados y mecanismos de control sobre decisiones del Consejo de la Magistratura. La extensión temporal del concurso, los cambios de posición sin precedentes y la sincronización de decretos presidenciales con decisiones administrativas del consejo generan un patrón que puede ser interpretado de distintas maneras según la posición política del observador. La ausencia de pronunciamientos públicos oficiales sobre estos aspectos contrasta con la circulación de análisis críticos en espacios judiciales e investigativos.
Los próximos meses dirán si el juzgado penal económico número 10 experimenta cambios de ritmo procesal, si las causas patrimoniales en tramitación avanzan o se estabilizan en estado de menor actividad, y cuál será la posición de la nueva magistrada respecto a investigaciones que involucran a funcionarios de la AFA. La estructura institucional del poder judicial argentino continúa bajo tensiones derivadas de estos procesos, mientras que la sociedad observa cómo decisiones tomadas en pasillos administrativos pueden incidir sobre investigaciones de relevancia pública y política.
