Una compleja trama de operaciones financieras que habrían circulado por "cuevas" de la ciudad porteña, oficinas privadas y compañías radicadas en el extranjero es el eje de una nueva acusación que agita el mundo del fútbol argentino. La denuncia, presentada recientemente, señala supuestos movimientos de fondos provenientes de los sponsors de la AFA que habrían seguido un circuito irregular antes de llegar a destinos finales vinculados con la institución. El documento plantea interrogantes sobre cómo operaría una estructura de traslado de dinero que, según quienes la presentan, habría funcionado durante años sin control aparente. La acusación también abre un frente paralelo: el análisis de las declaraciones patrimoniales de altos funcionarios, donde los números revelan variaciones que demandan explicación.

Según el escrito presentado ante la justicia, la maniobra respondería a un patrón específico. Depósitos realizados en una empresa llamada Tourprodenter habrían sido trasladados a una firma constituida en Miami. Desde allí, el dinero habría ingresado nuevamente al territorio nacional, esta vez en efectivo. Una vez en la Argentina, los fondos fueron trasladados a distintos puntos de la capital, específicamente a "cuevas financieras" radicadas en la Avenida Corrientes 456. El paso siguiente, según la acusación, incluía su llegada a un estudio jurídico ubicado en la calle Lavalle, en el piso 4°, departamento C. Desde ese lugar, los fondos habrían seguido dos caminos posibles: uno rumbo a Montevideo, el otro hacia la sede central de la AFA en Viamonte 1366. Esta estructura de movimiento de dinero, de ser confirmada, revelaría un sistema deliberado de circulación de recursos que evitaría controles tradicionales.

El circuito del efectivo y los actores identificados

La denuncia menciona a varios individuos cuyas funciones dentro de esta cadena habrían sido diferenciadas. Se señala a una persona identificada como Juan Pablo Beacon, descripto como examigo y colaborador de otro de los acusados, en la función de intermediario clave. Según el documento, Beacon habría participado en distintas ocasiones en tareas de conteo de dólares, una función que fue supuestamente registrada mediante grabaciones de audio. Por su parte, otro individuo, identificado como Cristian Brian Prendes, habría sido quien materialmente transportaba bolsos y mochilas con dinero desde las financieras de Corrientes hasta el estudio jurídico y posteriormente hacia otros destinos. Un tercer personaje, Fabián Krunfli (apodado Fiño), aparece vinculado a operaciones similares. Además, se menciona a Diego Pasztor, caracterizado como financista que operaba desde las mismas oficinas de la Avenida Corrientes 456 donde funcionaban las "cuevas". La denuncia sostiene que Pasztor habría participado de manera reiterada en estas operaciones, lo cual constituiría responsabilidad por lavado de activos.

Quienes presentan la acusación incluyeron como prueba referencias a un audio en el que uno de los mencionados describiría la maniobra. Asimismo, afirman haber aportado datos y registro fotográfico de presuntos envíos de dinero hacia las dependencias de la AFA. El denunciante solicita que dos de los individuos mencionados sean citados a declarar en su carácter de partícipes en las operaciones investigadas. Este pedido busca que sus testimonios sean registrados bajo juramento, lo que permitiría a la justicia indagar en los detalles de cómo funcionaba el sistema y quiénes daban las órdenes que lo ponían en movimiento.

Las cifras que no cierran: del patrimonio mínimo al millonario

Paralela a la acusación sobre traslado de fondos, la denuncia dedica extenso análisis a las declaraciones patrimoniales de uno de los máximos funcionarios de la AFA. El documento compara documentos presentados ante autoridades en años diferentes, encontrando variaciones tan dramáticas que sugieren, según quienes denuncian, la existencia de enriquecimiento no explicado. En 2017, las declaraciones juradas informaban sobre cuatro propiedades con valuación fiscal aproximada de 17 millones de pesos, un vehículo, y activos líquidos menores a 1,5 millones de pesos, equivalentes en esa época a aproximadamente 43.000 dólares. Dos años después, en 2019, el panorama cambiaría radicalmente. Nuevas propiedades fueron incorporadas al patrimonio declarado: una casa de 315 metros cuadrados en Beccar, valuada en 15 millones de pesos; un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito; una propiedad de 280 metros cuadrados en Cardales, valuada en 12 millones de pesos y ubicada próxima a un complejo hotelero de envergadura; y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana, adquirido mediante crédito hipotecario y valuado en poco más de 10 millones de pesos.

Pero la verdadera explosión patrimonial aparece en la declaración jurada correspondiente al año 2024. El documento registra un cambio de magnitud incomparable con años anteriores. Según la acusación, aparecen más de 102 millones de pesos depositados en distintas cuentas bancarias, incluyendo una cuenta corriente con más de 517 millones de pesos. Se declaran además más de 39 millones de pesos en efectivo y 246.206 dólares en una caja de ahorro. La liquidez total ascendería, de acuerdo con estos números, a aproximadamente un millón de dólares, lo que representa un crecimiento superior al 1000% en términos reales respecto de 2017. Este salto patrimonial demanda explicación sobre su origen: ¿cuáles serían las fuentes de ingreso que permitieron tal acumulación? ¿Existieron inversiones intermedias que expliquen el crecimiento? La denuncia sostiene que estos interrogantes permanecen sin respuesta adecuada.

Lo que complica aún más el panorama es lo ocurrido posteriormente. Apenas meses después, en julio de 2025, el mismo funcionario presentó una nueva declaración patrimonial en su carácter de presidente de una entidad estatal. En este documento, la liquidez declarada cae a cero: sin dinero en efectivo, sin depósitos bancarios. Sin embargo, el mismo escrito informa la percepción de 130 millones de pesos en rendimientos financieros provenientes de intereses y diferencias de cambio. Para quienes presentan la acusación, esta cifra de rendimientos constituye una paradoja: ¿cómo puede haber intereses y ganancias de operaciones financieras si no existen fondos colocados en instrumentos financieros? La desaparición de la liquidez entre una declaración y otra, sin registros de transferencias, inversiones o compras que la justifiquen, plantea interrogantes sobre dónde fueron dirigidos esos fondos y bajo qué mecanismo.

Los ingresos declarados y su insuficiencia aparente

La denuncia también analiza los ingresos que el funcionario acusado declara percibir. Según el documento, obtiene 100 millones de pesos anuales por su cargo en una entidad estatal de gestión ambiental, equivalentes a unos 8 millones mensuales. Adicionalmente, en su función de vicepresidente de un organismo deportivo internacional, registra ingresos anuales por 718 millones de pesos, aproximadamente 60 millones mensuales. En cuanto a su presidencia en la AFA, la acusación sostiene que la ejerce ad honorem, sin remuneración alguna. Aun sumando estos ingresos, la pregunta fundamental permanece: ¿permitirían tales percepciones la acumulación de liquidez cercana al millón de dólares entre 2017 y 2024?

Los denunciantes presentan un cálculo específico. Afirman que los honorarios provenientes del organismo deportivo internacional no estaban acreditados como ingresos estables y constantes antes de 2025, lo cual significa que no explicarían por sí solos el salto patrimonial registrado en 2019, cuando aún no aparecían estos ingresos de manera consolidada. Incluso considerando esos honorarios como permanentes desde 2017, sostienen que la liquidez acumulada en 2024 superaría ampliamente aquello que razonablemente pudo haberse ahorrado durante el período, considerando gastos de vida, impuestos y otras obligaciones financieras. Esta brecha entre ingresos declarados y patrimonio acumulado constituye, para quienes denuncian, el núcleo de la sospecha de enriquecimiento ilícito.

La presentación solicita a la justicia diversas medidas probatorias que permitirían esclarecer los movimientos financieros. Entre ellas, el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del funcionario acusado y de cualquier persona jurídica que pudiera estar vinculada, cubriendo el período desde 2015 hasta la fecha de denuncia. También pide información a organismos de recaudación tributaria sobre declaraciones juradas, tributos pagados, relaciones de contribuyentes, y registros sobre bienes inmuebles, vehículos, aeronaves y embarcaciones. Se solicita a la unidad de información financiera que informe sobre eventuales reportes de operaciones sospechosas. Finalmente, la acusación pide allanamientos para secuestrar dispositivos móviles y documentación, así como determinación sobre la existencia de aeronaves que pudieran estar registradas.

La acumulación de señalamientos sobre operaciones de traslado de dinero por un lado, y discrepancias patrimoniales de funcionarios por el otro, configura un escenario que demanda respuestas. Si los hechos presentados fueran confirmados, revelarían canales de movimiento de fondos que operaron sin supervisión aparente durante años. Si las cifras patrimoniales fueran verificadas en sus inconsistencias, plantearian cuestiones sobre la efectividad de los controles sobre funcionarios de entidades públicas y privadas. Las diversas perspectivas sobre estos hechos pueden enfocarse en múltiples direcciones: algunas orientadas a analizar fallas en los mecanismos de control institucional; otras centradas en la capacidad investigativa de la justicia para acceder a información reservada; y otras dirigidas a evaluar cómo operan realmente los circuitos de dinero en organizaciones deportivas de envergadura internacional.