En las próximas semanas, los legisladores de la Cámara Baja podrían darle estatus normativo a dos herramientas que funcionan desde hace años en el terreno operativo pero sin respaldo legal formal: el programa de movilización ciudadana que se dispara ante desapariciones de menores y el entramado federal que gestiona la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas. La iniciativa adquiere relevancia porque implica convertir en mandatos vinculantes para todas las jurisdicciones provinciales aquello que actualmente depende de resoluciones administrativas y voluntad política de cada gobierno local. En otras palabras, lo que hoy es discrecional podría transformarse en obligatorio. Esto importa porque cada minuto cuenta cuando alguien desaparece, y los protocolos dispersos generan demoras que pueden resultar determinantes.

La Comisión de Seguridad Interior de Diputados, bajo la conducción de la legisladora María Florencia De Senci, ha puesto en marcha un proceso de audiencias y análisis de múltiples proyectos orientados hacia ese objetivo. Aunque ya existe una sanción previa del Senado con 61 votos afirmativos, la Cámara baja no simplemente homologará ese texto, sino que lo someterá a revisión y potencialmente a reformulaciones. El trabajo parlamentario en comisión ha convocado a funcionarios del Ejecutivo, coordinadores de sistemas operativos y legisladores de distintos bloques para construir una propuesta robusta.

Un consenso transversal que reclama estructura legal

Lo notable del proceso es el grado de acuerdo que existe más allá de las líneas partidarias. Legisladores peronistas como José Glinski han coincidido públicamente en señalar que se trata de una cuestión donde existe "consenso total" y donde "es evidente que es un problema que a los legisladores les interesa trabajar". Esta confluencia de voluntades contrasta con la fragmentación que caracteriza otros debates parlamentarios. De Senci, por su parte, ha enfatizado que tanto el oficialismo como la oposición desean que estos mecanismos funcionen de manera efectiva. La diputada explicitó que "cada vez que desaparece una persona, un niño, un adolescente, cada minuto cuenta, por eso el Estado tiene que tener la capacidad de actuar de manera rápida y coordinada".

Este respaldo transversal no es casual. Detrás hay un problema concreto que afecta a familias sin distinciones ideológicas: la incapacidad del Estado para movilizar sus recursos de forma simultánea y coordinada cuando ocurre una desaparición. Las provincias no siempre cuentan con los mismos protocolos, ni todas alimentan la información en las mismas bases de datos. Algunas ni siquiera reportan sus casos al sistema federal. De ahí que la estructuración legal sea percibida como necesaria: para garantizar que el procedimiento sea uniforme y que ninguna jurisdicción pueda optar por no participar.

Los números detrás del sistema: registros incompletos y casos en aumento

Los números revelados durante las audiencias legislativas ponen en perspectiva la dimensión del problema. Actualmente, en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) figuran 123.013 casos de búsqueda de personas extraviadas, cargados por distintas jurisdicciones. El promedio anual ronda los 13.300 casos, aunque coordinadores del sistema reconocen que la cifra real es probablemente superior. Paula Sánchez Ayala, responsable de coordinar el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), fue explícita al respecto: hay provincias que no cargan todos los casos en el sistema. Algunos desaparecidos reaparecen rápidamente y nunca ingresan formalmente a los registros. Otros simplemente no son reportados. Esto genera un registro que, aunque sustancial, es incompleto. La institucionalización mediante ley buscaría establecer protocolos vinculantes que aseguren que toda desaparición sea registrada a nivel federal, más allá de dónde ocurra.

La funcionaria Sánchez Ayala subrayó en su exposición ante los legisladores que "detrás de cada persona desaparecida hay familias, allegados, personas que sufren y que padecen uno de los sentimientos más espantosos que puede tener el ser humano, que es la incertidumbre, con lo cual una respuesta estatal es obligada". Desde el Ministerio de Seguridad, María Ximena Albornoz, directora Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata contra la Integridad Sexual, arguyó que "la gestión diaria de la búsqueda de personas exige herramientas normativas diseñadas por quienes desde la praxis operativa llevan adelante el área sustantiva". Su posición fue clara: los operadores necesitan leyes que respalden y unifiquen sus acciones, no solo resoluciones que pueden ser modificadas o ignoradas.

Alerta Sofía: de un caso particular a un mecanismo nacional

El programa Alerta Sofía tiene un origen específico. Lleva el nombre de una niña que desapareció en 2008 en Tierra del Fuego. Su caso se convirtió en símbolo de la necesidad de una respuesta más rápida y masiva ante desapariciones de menores. Años después, en 2019, durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, el programa se formalizó mediante resolución ministerial. Desde entonces funciona como un mecanismo de alerta urgente que dispara notificaciones a través de telefonía celular, redes sociales, medios de comunicación y sistemas de fuerzas federales. El mecanismo opera con similitud a estándares internacionales de alerta temprana.

La propuesta que lleva adelante la Comisión de Seguridad Interior busca que Alerta Sofía tenga jerarquía de ley. Esto implica varios cambios: primero, que su existencia y procedimiento no dependan de la voluntad de un ministro o gestión particular, sino que estén blindados constitucionalmente. Segundo, que se establezcan plazos específicos: según el proyecto que ya aprobó el Senado, la alerta debe activarse dentro de las seis horas posteriores a una denuncia formal de desaparición o extravío de un menor de 18 años en situación de extrema gravedad y urgencia. Tercero, que se cree un Registro Nacional centralizado bajo órbita del Ministerio de Seguridad. De Senci enfatizó que es fundamental que el programa sea conocido a nivel nacional, que las provincias sepan con quién contar ante una desaparición y qué protocolos activar, porque "las primeras horas son fundamentales cuando una persona desaparece".

El contenido del proyecto también apunta a sistematizar no solo la búsqueda de vivos, sino también la identificación de cuerpos sin identidad. Esto es relevante porque muchas provincias carecen de mecanismos uniformes para registrar y procesar hallazgos de personas fallecidas que no pueden ser identificadas de inmediato. La ley buscaría establecer procedimientos comunes, evitando que un cadáver sin papeles sea tratado de formas diferentes en Misiones que en La Pampa.

Diálogos entre poder ejecutivo y legislativo para una normativa operativa

Una característica del trabajo en comisión es que no se trata de legisladores escribiendo en el escritorio, sino de escucha directa a quienes operan estos sistemas. De Senci comentó que desde la Comisión "escuchamos las necesidades del Poder Ejecutivo, principalmente del ministerio de Seguridad, que es quien aplica ese protocolo". El diálogo ha incluido preguntas específicas: qué conflictos encuentran en la práctica, cómo trabajan con las bases de datos, qué impide que un protocolo se active de manera fluida. Funcionarios como Rocío Cosiansi y Germán Pugnaloni han participado en estas audiencias, aportando perspectiva sobre cómo los textos legales pueden ser funcionales o contraproducentes para la operatoria diaria.

Este enfoque contrasta con legislaciones que se escriben sin consulta operativa y luego generan dificultades en su implementación. En este caso, los legisladores están intentando blindar jurídicamente una práctica que ya existe, refinándola a partir de lo que funciona y lo que falla. La meta es producir una ley que sea simultáneamente rigurosa en sus mandatos pero flexible en su implementación territorial.

Posibles escenarios tras la sanción: avances y desafíos pendientes

Si la Cámara de Diputados sanciona estas leyes en los próximos meses, el panorama cambiaría sustancialmente. Las provincias tendrían obligaciones explícitas de reportar desapariciones al sistema federal. Los protocolos de activación de alertas serían vinculantes. El registro centralizado tendría potestades claras. Sin embargo, la institucionalización legal no garantiza automáticamente mejor eficiencia operativa. La historia muestra que existe distancia entre lo que prescriben las leyes y lo que ocurre en el territorio. Provincias con capacidades institucionales limitadas podrían enfrentar dificultades para cumplir; otras podrían resistirse a compartir información que consideran sensible. La aplicación uniforme dependerá de fiscalización, capacitación, financiamiento y voluntad política sostenida en el tiempo. Lo que sí cambiará es que las familias de desaparecidos tendrán un marco legal para exigir al Estado que actúe según protocolos específicos, no según discrecionalidad. Eso, en términos de garantías ciudadanas, supone un avance significativo respecto a la situación actual donde todo depende de resoluciones administrativas mudables.