El caso que no deja de rebotar entre los pasillos de Comodoro Py
Hace poco más de un mes que las pesquisas sobre la lujosa propiedad vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino comenzaron a generar movimientos sísmicos en la estructura judicial argentina. Lejos de encontrar una resolución definitiva sobre dónde debe tramitarse la investigación, los tribunales vuelven a enfrentarse a la misma pregunta: ¿quién tiene la potestad de juzgar lo que ocurrió en aquella quinta ubicada en el corazón del conurbano bonaerense? Esta interrogante, que parecería simple en apariencia, esconde bajo su superficie una compleja madeja de intereses, competencias territoriales e inquietantes vínculos personales entre operadores de la justicia y la dirigencia futbolística.
La Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal de lo penal en el país, recibió ayer una nueva apelación que reaviva una disputa que ya ha dejado cicatrices visibles en la estructura judicial. Los representantes legales de Luciano Pantano, monotributista, y Ana Lucía Conte, jubilada, quienes formalmente aparecen como dueños del predio investigado, vuelven a insistir en que el expediente debe derivarse hacia la justicia federal con asiento en Campana. Esta maniobra marca apenas el último capítulo de una saga que, según los registros, comenzó cuando la denuncia llegó a los tribunales penales en diciembre pasado. Desde entonces, cada decisión ha generado nuevas apelaciones, nuevos cuestionamientos y, sobre todo, nuevas preguntas incómodas sobre la independencia e imparcialidad de quienes deben administrar justicia.
El argumento territorial que divide agua: dónde está realmente el delito
Durante la audiencia oral celebrada en Comodoro Py, el abogado defensor Mario Morán desplegó el argumento que sostiene la posición de sus clientes con obsesiva repetición: el inmueble está en Pilar, por lo tanto, la competencia debe recaer en el juzgado federal de Campana, cuya jurisdicción abarca precisamente ese territorio donde se emplaza la propiedad conocida como Villa Rosa. Morán sostuvo que la propia AFA cambió su domicilio hacia Pilar a partir de 2024, lo que reforzaría la idea de que el caso debe ser atendido por los magistrados federales de esa ciudad. El letrado cuestionó además que los denunciantes originales hayan elegido radicarse en Comodoro Py de manera deliberada, acusándolos implícitamente de buscar un tribunal de su preferencia. Utilizó términos como "presión mediática" y "deformación" del objeto de la investigación para caracterizar lo que considera una manipulación de los alcances originales del caso.
Frente a este planteo, la posición del Ministerio Público se articula desde una lógica radicalmente distinta. Mario Villar, fiscal general ante la Casación, argumenta en sus presentaciones que la quinta constituye apenas una pieza —aunque sea llamativa— dentro de un rompecabezas vastamente más complejo. La trama investigativa, según su perspectiva, incluye operaciones económicas, movimientos de dinero, hipótesis de lavado y estructuras corporativas vinculadas a la AFA. Desde este enfoque, la ubicación de la propiedad resulta secundaria frente a la verdadera naturaleza de lo que se investiga. Villar enfatizó además que la sede social histórica de la AFA permanece en la calle Viamonte, independientemente de traslados administrativos que podrían considerarse formales o procedimentales. Su argumento sugiere que la mudanza a Pilar no constituye más que un cambio burocrático, no una alteración del centro neurálgico donde se toman decisiones.
Cuando los jueces quedan atrapados en la tela de araña
Lo que comenzó como una disputa sobre competencia territorial ha adquirido dimensiones mucho más inquietantes a medida que la causa avanzó. Los funcionarios judiciales que intervinieron en el expediente han empezado a mostrar grados sospechosos de vinculación con la AFA, situación que trascendió el debate técnico y se convirtió en un escándalo que tuerce la narrativa entera del caso. Carlos Mahiques, juez de la Sala I de Casación, se vio obligado a abandonar su rol cuando se hizo público que había festejado su cumpleaños en la misma quinta que ahora es objeto de investigación. Daniel Petrone, otro magistrado, pidió su apartamiento al reconocer que compartía espacios sociales con Javier Faroni, empresario ligado a estructuras a través de las cuales la entidad futbolística canalizaba sus ingresos. Ayer, la referente política Elisa Carrió, quien originó esta pesquisa con su denuncia, solicitó la recusación de Diego Barroetaveña argumentando su participación reciente como integrante del Tribunal de Ética de la AFA, donde habría intervenido en resoluciones relacionadas con Claudio "Chiqui" Tapia.
Estos episodios plantean interrogantes profundos sobre la arquitectura del sistema judicial argentino y la capacidad de los tribunales para investigar de forma imparcial a una institución como la AFA, que durante décadas ha tejido relaciones con múltiples sectores de la sociedad, incluyendo el poder judicial. La sucesión de apartamientos y recusaciones no solo retarda el proceso, sino que genera un patrón que, aunque sea inconscientemente, podría estar alertando sobre la permeabilidad de la justicia frente a estructuras de poder con raíces profundas en la sociedad argentina. Cada recusación, cada retiro de un magistrado, cada nuevo cuestionamiento es un indicio de que el caso toca nervios sensibles que trascienden el ámbito estrictamente criminal.
Cinco días para una decisión que podría cambiar el rumbo
La Cámara de Casación cuenta ahora con un plazo de cinco días hábiles para resolver nuevamente cuál es el tribunal competente. Los jueces Mariano Borinsky, Alejandro Slokar y Diego Barroetaveña deberán decidir si ratifican la resolución anterior de la Cámara en lo Penal Económico —donde actualmente obra la jueza Verónica Straccia— o si aceptan el planteo de la defensa y derivan el caso hacia Campana. Es relevante recordar que esta misma Sala I ya había intervenido previamente cuando debió determinar qué tribunal resolvería la cuestión de competencia, en esa ocasión optando por la Cámara Penal Económica. Ahora, con otra conformación de magistrados que busca evitar los conflictos de interés señalados, debe revisar su propia línea de razonamiento.
El resultado de esta decisión tendrá implicancias prácticas inmediatas. Si prospera el argumento territorial, la causa se trasladaría a Campana, donde el juez Adrián González Charvay asume nuevamente el expediente. Si se mantiene el status quo, continuaría en el fuero Penal Económico bajo la dirección de Straccia. Pero más allá de estos aspectos procedimentales, la decisión también comunica un mensaje sobre cómo el poder judicial argentino entiende su propio rol cuando debe investigar a instituciones emblemáticas y transversales como la AFA. ¿Prevalece la lógica estrictamente territorial, o se reconoce la complejidad de estructuras que escapan a las divisiones geográficas?
Contexto histórico: la AFA como entidad que trasciende jurisdicciones
La Asociación del Fútbol Argentino no es una institución ordinaria. Durante más de un siglo, ha funcionado como un actor político y económico de primer nivel, influenciando decisiones gubernamentales, negociando con empresas multinacionales, interactuando con diplomáticos extranjeros y, naturalmente, cultivando relaciones profundas con sectores del poder judicial. Su sede tradicional en Viamonte no fue elegida al azar: ubicada en el corazón de San Nicolás, la ha mantenido próxima a los centros de poder político y empresarial de Buenos Aires. El reciente traslado a Pilar, aunque formalmente registrado en documentos administrativos, podría interpretarse desde múltiples ángulos: como una búsqueda de distancia del escrutinio público, como una inversión en infraestructura más moderna, o simplemente como una decisión gerencial de eficiencia. Lo cierto es que la movilidad de una institución de tales características no borra automáticamente sus nexos territoriales previos ni sus estructuras de influencia.
Las perspectivas en pugna y sus consecuencias potenciales
La resolución que adopte la Casación en los próximos días abrirá caminos distintos, cada uno con sus propias implicancias para la investigación y para la comprensión de cómo funciona la administración de justicia en la Argentina. Quienes respaldan la teoría territorial argumentarían que una decisión opuesta perpetuaría los "tribunales amigos" o la búsqueda de fueros especializados que, según su lectura, constituirían una forma de forum shopping judicial. Desde esta perspectiva, devolver el caso a Campana sería reafirmar el principio de competencia territorial como elemento estructurante del sistema. Por el contrario, quienes sostienen que la naturaleza económica y compleja del caso debe prevalecer sostendrían que trasladas lo expediente a Campana sería un retroceso hacia formas más primitivas de administración de justicia, desconociendo que en el siglo XXI los delitos de cuello blanco y los esquemas de corrupción sofisticados requieren fueros especializados y magistrados entrenados en estas materias. Ambas posiciones tienen su lógica interna, sus argumentos defensibles, su visión de cómo debería funcionar un sistema judicial moderno y justo. Lo que permanece como interrogante abierto es si existe un punto de encuentro entre ambas perspectivas o si la decisión que se tome, sea cual fuere, dejará cicatrices adicionales en la percepción de imparcialidad que los ciudadanos depositan en sus tribunales.
