En las últimas semanas se consolidó un movimiento político que reordena las jerarquías en Avellaneda, uno de los municipios más importantes del Gran Buenos Aires. Jorge Ferraresi dejó la intendencia hace menos de treinta días, cargo que ocupaba desde hace varios años, para que su esposa Magdalena Sierra asumiera el control ejecutivo del distrito. Lo que sucedió después constituye un nuevo capítulo en la trama política local: la propia Sierra lo incorporó nuevamente a la estructura administrativa mediante un decreto que formalizó su nombramiento como "jefe de Asesoramiento Institucional", un puesto creado específicamente para él. Esta decisión genera interrogantes sobre las implicancias de los cambios de poder en territorios donde confluyen lazos familiares y responsabilidades públicas.
Una renuncia que no fue definitiva
El exintendente ha permanecido en el radar de la política bonaerense desde su salida del cargo ejecutivo municipal. Lejos de alejarse de la vida pública, Ferraresi ha iniciado una gira territorial que lo lleva a recorrer diversos municipios de la provincia, donde participa en encuentros y charlas públicas. En estos espacios, utiliza un discurso comparativo en el cual examina la situación actual de cada territorio con la gestión que realizó durante su tiempo al frente de Avellaneda. Este movimiento sugiere una construcción política con miras a posicionarse en la competencia electoral que se avecinaba, alineándose con la estructura provincial liderada por Axel Kicillof.
Sin embargo, su presencia en estos espacios públicos generó fricciones políticas. Sectores de la oposición local cuestionaban que utilizara instalaciones y recursos municipales para actividades que claramente respondían a una agenda electoral personal. Hace poco menos de treinta días, miembros de la bancada opositora plantearon formalmente en el Concejo Deliberante de Avellaneda cuestionamientos sobre esta utilización de estructuras públicas por parte de alguien que ya no ocupaba cargo ejecutivo. La respuesta oficial no llegó en forma de explicaciones detalladas, sino a través de un mecanismo administrativo: la creación de un nuevo cargo en la estructura municipal.
La formalización institucional de una situación irregular
El documento oficial que formalizó el nombramiento de Ferraresi establece funciones de amplio espectro. El decreto que Sierra firmó describe las responsabilidades del nuevo puesto en términos que abarcaban "formulación, coordinación y asistencia técnica a las áreas ejecutivas en el análisis, diseño y seguimiento de políticas, programas y proyectos de gestión institucional, promoviendo la mejora continua de los procesos y la optimización de recursos". Se trata de competencias que, en su redacción, permiten una considerable flexibilidad interpretativa sobre qué actividades podrían considerarse dentro de sus funciones.
Pero lo verdaderamente significativo en el acto administrativo fue la justificación que acompañó el nombramiento. El decreto mencionaba la necesidad de modificar el escalafón salarial para "remunerar equitativamente" las nuevas funciones, equiparando la categoría del jefe de Asesoramiento Institucional a la categoría AJG, la más alta de la administración municipal. A este salario base se agregaron conceptos adicionales: bonificación por título universitario, dedicación exclusiva y un complemento computacional del 150%. El cálculo que realizó un concejal opositor arrojó un monto estimado de más de diez millones de pesos mensuales, cifra que superaba con holgura los salarios de otros funcionarios municipales.
La reconstrucción de una base operativa
Lo que emerge de esta secuencia de hechos es un patrón de reorganización institucional. Ferraresi, que había renunciado formalmente a la intendencia, se encontraba sin una ubicación oficial dentro del aparato estatal, pero permanecía activo en la arena política. Su esposa, que había ejercido funciones de jefa de Gabinete antes de asumir como intendenta, accedió al cargo máximo y, casi de inmediato, creó un puesto que permitiera reincorporar a su pareja en la nómina municipal con una remuneración de envergadura significativa. Simultáneamente, esta maniobra administrativa le permitiría a Ferraresi contar nuevamente con acceso a infraestructura oficial: una oficina en el edificio municipal y un automóvil oficial para sus desplazamientos. Estos recursos, aunque formalmente asignados para las tareas de asesoramiento, resultan igualmente disponibles para las actividades de campaña electoral que viene desarrollando.
Los críticos del movimiento sostuvieron que esto representaba una solución ante las interpelaciones que había sufrido en el Concejo Deliberante. Al carecer de un cargo oficial, Ferraresi se encontraba técnicamente fuera de la administración pero mantenía presencia activa en espacios públicos y usufructuaba bienes municipales. La creación del puesto de asesoramiento no solo regulariza su situación desde el punto de vista formal, sino que además la institucionaliza, proporcionándole un marco legal que cubre sus actividades previas y futuras. En términos políticos, es una estrategia que resuelve una contradicción: permite que el exintendente continúe su tarea de construcción política con recursos estatales, pero ahora bajo la cobertura de un cargo oficial que justifica su presencia y gastos.
Implicancias y perspectivas divergentes
Este episodio plantea tensiones significativas entre diferentes visiones sobre cómo debe funcionar la administración pública. Por un lado, están quienes ven en esta decisión un uso indebido de recursos del Estado, argumentando que se creó un cargo a medida para beneficiar a un funcionario que pretende utilizarlo como plataforma electoral. Desde esta perspectiva, los fondos públicos se desvían hacia funciones que, en la práctica, sirven intereses electorales privados. Por otro lado, quienes apoyan la decisión podrían argumentar que Ferraresi posee experiencia relevante para ocupar un puesto de asesoramiento institucional, que su remuneración corresponde a su categoría profesional y que la creación de cargos estratégicos en administraciones municipales es práctica habitual. También cabe considerar que la formación de candidaturas políticas es un proceso legítimo que requiere que los aspirantes dispongan de bases organizacionales y recursos para comunicar sus propuestas.
Lo que sí resulta innegable es que esta sucesión de eventos—la renuncia de Ferraresi, el ascenso de Sierra a la intendencia y el posterior nombramiento de Ferraresi en un cargo de nueva creación con remuneración elevada—genera percepciones públicas específicas sobre la relación entre poder político, recursos estatales y proyecciones electorales. Independientemente de cómo se evalúe la legalidad técnica de los actos administrativos, la operación política comunica un mensaje claro sobre las prioridades y mecanismos de decisión de la administración municipal actual. Los próximos meses definirán si esta estructura administrativa produce los resultados que su creación sugiere que debería generar, o si permanecerá como un dispositivo principalmente orientado a facilitar otras actividades políticas de alcance provincial.
