Las provincias del norte argentino llegaron a un punto de quiebre en sus negociaciones con el gobierno nacional. Hace apenas días, ocho gobernadores regionales convergieron en la ciudad de Posadas para plantear de manera coordinada un dilema que atraviesa sus economías: carecen de infraestructura energética básica mientras se les pide que respalden legislativamente iniciativas que favorecen a otras regiones. La reunión de la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande se convirtió en el escenario donde estos mandatarios volcaron años de reclamos acumulados, transformando lo que pudo haber sido un encuentro de rutina en un acto de presión política donde los compromisos incumplidos quedaron expuestos con crudeza.
El jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, fue quien escuchó directamente los planteos. Sin embargo, en su papel de negociador, se limitó a prometer gestiones sin cerrar acuerdos específicos. La tensión subyacente en Posadas reflejaba un patrón que se repite en la política argentina reciente: promesas electorales que no se transforman en beneficios concretos para territorios que históricamente enfrentan menor desarrollo relativo. Los ocho gobernadores presentes —exceptuando a los dos referentes peronistas, Gildo Insfrán de Formosa y Ricardo Quintela de La Rioja, ambos en conflicto abierto con la Casa Rosada desde el año anterior— decidieron vincular su apoyo político a cambios tangibles en materia de energía.
El síntoma más evidente: provincias que funcionan como en el siglo XIX
La descripción más gráfica de la realidad energética del norte provino del anfitrión de la jornada, Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones. Con una frase que sintetizaba décadas de postergación infraestructural, señaló que su provincia funciona "a leña como en el siglo diecinueve" justamente porque carece de gas. La afirmación no era una exageración retórica sino el reflejo de una geografía energética desigual: Misiones es la única provincia argentina sin un solo metro de gasoducto en su territorio. Situación similar, aunque con matices diferentes, enfrentan Corrientes y amplias zonas de Chaco, donde la cobertura de ductos es prácticamente nula o mínima.
Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes —quien asumió hace poco más de ocho meses tras reemplazar a su hermano en el cargo—, amplió el diagnóstico. Señaló que donde la red de gas existe, su cobertura es tan baja que las industrias regionales deben recurrir a alternativas como la quema de leña y otros combustibles para sostener sus operaciones. Esta carencia infraestructural tiene consecuencias directas sobre la competitividad de productos que generan cientos de miles de empleos. La yerba mate de Misiones y Corrientes, así como los cítricos y la industria sucroalcoholera de Tucumán, dependen de energía confiable y económica para mantener sus cadenas productivas. Cuando esa energía no llega o llega a costos prohibitivos, los sectores se contraen y los trabajadores pagan el costo.
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, expresó con preocupación que la falta de suministro de gas durante el año generó interrupciones en líneas de producción citrícola y sucroalcoholera, sectores que explican más de cien mil empleos directos en su provincia. El problema no es únicamente la escasez, sino el costo de acceso. Desde que Bolivia dejó de proveer gas a Argentina —hace más de una década—, la región norte debe depender de suministros que viajen más de 1.600 kilómetros desde Vaca Muerta, en Neuquén. Ese viaje encarece radicalmente el producto, sacando de competencia a los productores locales frente a competidores internacionales. Los limones tucumanos destinados a mercados de exportación pierden competitividad cuando el costo energético se eleva por falta de infraestructura regional adecuada.
El cuestionamiento a promesas incumplidas y la exigencia de leyes blindadas
La estrategia de los gobernadores incluyó un reproche implícito al manejo de negociaciones anteriores. Habían brindado su apoyo en Diputados para la derogación de beneficios tarifarios en "zonas frías" —que favorecen principalmente a provincias de la Patagonia—, bajo la expectativa de que recibirían a cambio subsidios eléctricos diferenciados para "zonas cálidas". El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, había realizado promesas directas en ese sentido. Pero cuando llegó el momento de la implementación, los beneficios no se materializaron. Esta experiencia de incumplimiento llevó a los mandatarios a cambiar de táctica: cuando la iniciativa de zonas frías llegó al Senado, retiraron su respaldo. Ahora exigen algo más firme: legislación que convierta en ley, no en promesas de funcionarios, los beneficios diferenciados para sus territorios.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, actuó como vocero del encuentro y explicó a la prensa esta nueva posición con claridad: "Queremos que sea por ley y no que quede librado a la buena voluntad de alguien que te dice hoy te reconozco, y mañana no". La frase resume la frustración de territorios que se sienten rehenes de discrecionalidades administrativas. En una federación, la confianza institucional requiere que compromisos de envergadura se materialicen mediante marcos legales que trasciendan voluntades personales de funcionarios. También estuvieron presentes en Posadas Gustavo Sáenz de Salta, Carlos Sadir de Jujuy, Elías Suárez de Santiago del Estero y Leandro Zdero de Chaco, formando un bloque prácticamente unánime en la región.
El reclamo por infraestructura de gas específicamente dirigido hacia el norte tiene un fundamento técnico concreto. Jaldo indicó que una obra clave sería la planta de reversión del gasoducto del Norte, que permitiría que el gas de Vaca Muerta fluya hacia el norte en lugar de hacia el sur, donde actualmente se dirige la producción. Actualmente, la lógica de los ductos existentes envía el gas hacia mercados del centro y sur del país, dejando fuera a provincias que históricamente usaban gas de importación desde Bolivia. Invertir esa lógica requiere inversión pública o privada significativa, pero abriría mercados más competitivos para la industria regional.
Negociación política más amplia: las PASO y el respaldo legislativo
Más allá de energía, subyace un juego político más vasto. Santilli viaja por las provincias en un rol que combina escucha y negociación en torno a temas legislativos. El gobierno nacional busca suspender las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para 2027, iniciativa que requiere respaldo legislativo. Los gobernadores que controlan bloques de diputados y senadores poseen poder de veto o de apoyo en esa materia. Al traer con fuerza reclamos de infraestructura energética, los mandatarios señalan implícitamente cuál podría ser el precio de su colaboración legislativa. Sin embargo, Santilli cuidó las formas en la reunión, descartando que "temas políticos" fueran tocados en el encuentro de Posadas.
También participó en la jornada Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organismo que actúa como intermediario entre provincias y financiamiento para obras de infraestructura. La presencia de este funcionario sugiere que existe intención de tramitar proyectos concretos, aunque sin fechas ni montos asignados en el comunicado posterior.
El encuentro se desarrolló en el Centro del Conocimiento de Posadas, donde funcionó un espectacular Teatro Lírico que Passalacqua exhibió a sus pares. La reunión incluyó también análisis técnico sobre eventos climáticos derivados de El Niño, fenómeno que afectará al norte con lluvias intensas y posibles evacuaciones en zonas ribereñas del Río Uruguay. Este aspecto climatológico añade urgencia a la agenda: provincias vulnerables a inundaciones requieren también inversión en infraestructura de contención, cuestión que no fue el foco central pero que quedó registrada.
Ausencias significativas y rupturas internas
La ausencia de Insfrán e Quintela no fue casual. Ambos gobernadores se negaron a firmar el "Pacto de Mayo" durante el primer año de gobierno, representando un desafío político más abierto hacia la Casa Rosada. Su no asistencia a Posadas señala que existen fracturas profundas en el bloque regional. Mientras ocho gobernadores buscan negociar dentro del sistema, dos optan por confrontación más directa. Passalacqua aprovechó la reunión para marcar su ruptura con Carlos Rovira, figura que dominó la política misionera durante más de dos décadas. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, expresó públicamente que "se terminaron los capangas", refiriéndose a Rovira de manera velada. Este aspecto mostró que Posadas fue también un escenario de reconfiguración de alianzas internas dentro del oficialismo.
Passalacqua recibió apoyo explícito de sus pares, en especial de Sáenz. Para el gobernador misionero, este encuentro funcionó como "presentación en sociedad" después de años de convivencia con Rovira en el aparato del poder provincial. La política regional, así, se entrelaza con la negociación nacional en torno a energía e infraestructura.
Respecto al compromiso de Santilli, su discurso fue cauteloso. Indicó que el gobierno viene "hablando uno a uno" con los mandatarios sobre "muchas obras", mencionando específicamente proyectos en San Juan, un tramo en Misiones y asuntos con Corrientes. Pero no presentó un plan integral de inversión en gasoductos hacia el norte ni confirmó plazos para la implementación de beneficios tarifarios diferenciados. Esta postura de escucha sin cierre de acuerdos deja abierta la puerta a negociaciones posteriores, estrategia que mantiene a los gobernadores en la mesa pero sin garantías.
Implicancias futuras: cómo puede redefinirse la relación entre provincias y nación
El encuentro de Posadas desnuda un patrón estructural en la Argentina contemporánea: provincias del norte con menor peso demográfico y económico relativo enfrentan déficits infraestructurales históricos que limitan su capacidad de crecimiento. Cuando estos territorios reclaman soluciones, se encuentran con funcionarios que escuchan pero no cierran compromisos. A su vez, cuando el gobierno nacional requiere apoyo legislativo, acude a los gobernadores esperando colaboración sin haber avanzado suficientemente en resolución de problemas básicos. Este círculo vicioso sugiere que cualquier acuerdo futuro probablemente requiera marcos más formales, como leyes específicas para "zonas cálidas" que equiparen en seriedad legal a las iniciativas ya aprobadas para "zonas frías". Desde perspectivas desarrollistas, invertir en infraestructura energética regional podría multiplicar empleos y productividad en sectores con potencial exportador. Desde ópticas fiscales restrictivas, nuevas inversiones en ductos y plantas requieren financiamiento que el presupuesto nacional actualmente no contempla. Desde análisis políticos, el respaldo legislativo de los gobernadores será clave para iniciativas futuras del gobierno, lo que sugiere que estas negociaciones continuarán ganando relevancia. Lo cierto es que la reunión de Posadas trasladó de la esfera privada de negociación a un espacio semipúblico demandas que llevan décadas pendientes, marcando un punto de inflexión donde los territorios olvidados comienzan a cobrar facturas con mayor coordinación.
