El engranaje de la justicia federal penal funcionó nuevamente esta semana para inclinar la balanza hacia los intereses de quienes figuran como propietarios de una mansión campestre vinculada a la dirigencia del fútbol profesional argentino. La decisión recayó en dos magistrados que integran la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal de mayor envergadura en asuntos penales del país, donde confluyen las causas más intrincadas relacionadas con corrupción y poder político. Lo que tornó compleja esta resolución no fue únicamente el fallo en sí, sino los perfiles de quienes lo suscriben y las trayectorias que los vinculan con sectores cuyo control o influencia podría verse afectado por distintos expedientes en tramitación.
La mansión ubicada en Pilar regresará a la órbita de los juzgados con asiento en Campana luego de que Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky consensuaran una posición que beneficia directamente a quienes se presentan ante los tribunales como dueños del inmueble. Ambos personajes cuentan con trayectorias extensas dentro del sistema judicial nacional. Barroetaveña arribaría a Casación en 2018, previamente transitando por juzgados en San Isidro, la Capital Federal y San Martín. Su colega Borinsky ingresaría a este mismo tribunal años atrás, específicamente en 2011, tras desempeñarse como fiscal federal durante un lapso considerable de su carrera profesional, período en el cual formuló acusaciones de alto perfil, entre ellas la dirigida contra el ex mandatario Carlos Menem por operaciones comerciales de armas hacia naciones como Ecuador y Croacia.
Las complejidades de los vínculos: Barroetaveña y su relación con la AFA
Lo que reviste particular interés en torno a la participación de Barroetaveña en este expediente radica en la proximidad que mantuvo y mantiene con la institución del fútbol profesional cuya cúpula resulta investigada. Hasta hace poco más de un año, el magistrado formaba parte del Tribunal de Ética de la AFA, un organismo interno de la entidad. Su nombre continúa figurando en los registros públicos de la confederación en esa función. Cuando desde sectores opositores se solicitó formalmente su apartamiento de la causa argumentando conflicto de intereses, la propia Cámara rechazó el planteo basándose en una interpretación procesal: sostuvo que los denunciantes del caso, aunque provenían de fuerzas políticas, no poseían estatus formal de partes en el expediente, por lo cual carecían de legitimación para interponer una recusación.
Paralelamente, Barroetaveña ocupa un lugar central en la estructura que define los designios de la magistratura nacional: integra el Consejo de la Magistratura, órgano responsable de seleccionar, remover y evaluar a los jueces del país. En la actualidad, impulsa en diversas instancias judiciales su propia reelección para continuar en ese cargo. Con base en una interpretación de jurisprudencia emanada de la Corte, logró obtener un pronunciamiento favorable de parte del juez Enrique Lavie Pico, quien emitió una medida cautelar a su favor. No obstante, esa decisión enfrentó resistencia: la Cámara Contencioso Administrativa decidió recientemente suspender los efectos de aquella cautelar, dejando en suspenso sus aspiraciones reeleccionistas. Este conjunto de factores—su membresía en la AFA, su rol en el Consejo de la Magistratura y su lucha por continuar en ese puesto—crea una trama de intereses que invite al escrutinio.
Un historial judicial de decisiones de fuerte resonancia política
Ambos magistrados acumulan a lo largo de sus carreras una serie de fallos que generaron considerable impacto mediático y político. En el caso de Barroetaveña, sus votaciones se caracterizan por una particular incidencia en expedientes que involucran a figuras con considerable peso institucional. Hace años, en consonancia con sus pares Carlos Mahiques y Daniel Petrone, Barroetaveña resolvió que ciertos pagos efectuados por el empresario Angelo Calcaterra—vinculado por parentesco con un expresidente—a funcionarios de administraciones previas podían reclasificarse como contribuciones a campañas electorales no registradas antes que como presuntos sobornos. Esta sentencia permitía que el caso fuera analizado por instancias electorales en lugar de por tribunales criminales. La magnitud de la reacción desfavorable fue tal que meses después, Barroetaveña y Petrone optaron por desandar su propio voto, anulando la decisión anterior.
Su participación también fue central en el expediente vinculado a Hotesur-Los Sauces, donde conjuntamente con Petrone votó por revocar el sobreseimiento que había beneficiado a la ex mandataria Cristina Kirchner y a su hijo, obligando ambos a transitar un juicio oral por presunto delito de lavado de dinero. Similar orientación adoptó respecto de la causa originada en el Memorándum suscrito con la República Islámica de Irán: cuando un tribunal inferior había decidido el sobreseimiento de Kirchner, el voto de Barroetaveña resultó determinante para anular esa decisión y llevar el caso a juicio oral, proceso que finalmente no se materializó. En octubre de 2023, junto a Petrone, confirmó la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en una causa por presunto defraudación tributaria. La Corte Suprema revocó ese pronunciamiento y solicitó a Casación que revisara nuevamente. Cuando la composición del tribunal incluyó al juez Borinsky, la Casación volvió a absolver a ambos empresarios, esta vez con una mayoría integrada por Borinsky y Alejandro Slokar, demostrando que ambos magistrados convergieron en el mismo sentido en distintos momentos de un mismo caso.
Borinsky, por su parte, integró el tribunal que en 2023 confirmó la condena a Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Recientemente, él mismo avaló un pedido del empresario para otorgarle prisión domiciliaria, aunque su postura no prosperó en la votación. En la causa de Vialidad, que juzgó irregularidades en obras públicas de Santa Cruz, Barroetaveña y Borinsky votaron conjuntamente con Gustavo Hornos para confirmar la condena de seis años contra la expresidenta, pero los tres magistrados votaron por absolverla del delito de asociación ilícita, lo cual habría significado un incremento sustancial de su pena. Esta decisión contradijo explícitamente los requerimientos de los fiscales intervinientes y el voto de otro colega, evidenciando una posición divergente. Borinsky alberga aspiraciones de escalar hacia cargos de mayor jerarquía, tales como la Procuración General o una banca en la Corte Suprema, posiciones que requieren aprobación senatorial. En ese contexto, la absolución parcial de Kirchner en Vialidad despertó interpretaciones que señalaban la necesidad de mantener buenas relaciones con sectores legislativos aún influidos por kirchnerismo, ámbito donde cualquier candidatura judicial requería el visto bueno de la ex mandataria. Posteriormente, cuando la ejecución de la condena de Vialidad avanzó, Borinsky se mostró receptivo a los pedidos de flexibilización de las condiciones de prisión formulados por la expresidenta, aunque sus votos favorables resultaron insuficientes para introducir cambios sustanciales.
Borinsky se ha distinguido además como autor y coautor de numerosos trabajos académicos sobre derecho penal y procesal. Participó activamente en debates jurídicos de envergadura y fue actor relevante en la reforma integral del Código Penal impulsada durante la administración Macri. Su perfil técnico lo sitúa bajo consideración para ocupar una de las vacantes disponibles en la Corte Suprema, instancia máxima del poder judicial. En esa carrera, contaría con respaldo de sectores del gobierno actual, particularmente de la hermana y secretaria presidencial, cuya influencia en asuntos judiciales se consolidó tras el repliegue de otros asesores y la llegada de nuevo personal ministerial responsable de justicia.
Las consecuencias y los interrogantes que persisten
Lo que sucedió este viernes representó una encrucijada simbólica en la cual dos magistrados de alto rango, cada uno persiguiendo distintos objetivos institucionales o profesionales, convergieron en una decisión que favorece precisamente a quienes buscaban revertir la competencia territorial del expediente. El retorno del caso a Campana, conforme lo demandaban los sospechosos de actuar como testaferros, abre interrogantes respecto de cómo evolucionará la investigación en esa nueva jurisdicción. Las decisiones judiciales no existen en el vacío; se despliegan dentro de contextos donde los magistrados tienen intereses, aspiraciones y vínculos que pueden generar presiones implícitas o explícitas sobre sus resoluciones. Algunos observadores advertirán coincidencias que sugieren una pauta consistente; otros insistirán en que cada fallo debe evaluarse en sus propios términos técnicos y legales. Lo cierto es que la composición de tribunales, los antecedentes de sus integrantes y los beneficiarios de sus decisiones conforman un mapa que la ciudadanía y las instituciones de supervisión no pueden dejar de examinar, especialmente cuando se trata de la rama que se supone debe custodiar la imparcialidad y la equidad dentro del ordenamiento democrático.
