Un mes de lunes problemáticos y decisiones sin coordinación
La tercera semana de mayo trajo consigo uno de los momentos más complejos para la administración libertaria desde que asumiera el poder hace poco más de un año. No se trata de un solo episodio sino de una acumulación de tensiones que exponen fracturas en la maquinaria de gobierno: un recorte presupuestario de casi $2,5 billones, anunciado sin una estrategia comunicacional clara y justo en la antesala de la marcha universitaria más convocante del año. Las propias autoridades admitieron posteriormente que se trató de una torpeza más que de una provocación deliberada, resultado de la descoordinación entre áreas y la ausencia de un plan integral que evaluara el impacto político y social de la medida.
Lo que sucedió en los despachos ministeriales durante las semanas previas al anuncio refleja una desconexión profunda entre la intención declarada y la ejecución final. El ministro de Economía había solicitado meses atrás a cada cartera que presentara propuestas de ahorro equivalentes al 20% en gastos corrientes y 2% en gastos de capital. Algunos funcionarios cumplieron meticulosamente la tarea; otros optaron por esquivar la asignación de restricciones a sus propios presupuestos. Sin embargo, cuando llegó el momento de instrumentar los recortes, las propuestas que habían sido elevadas quedaron prácticamente irrelevantes. La decisión final fue elaborada por la estructura técnica del Ministerio de Economía, aplicando criterios que la mayoría de los funcionarios afirma desconocer. "Vino el recorte empaquetado", se quejaron en una de las carteras más perjudicadas, evidenciando que el proceso fue opaco y unilateral.
Este modus operandi dejó expuesta una realidad incómoda: el Gobierno carece de mecanismos de decisión compartida o al menos consultiva. Las voces ministeriales que participaron en el proceso de formulación terminaron siendo ignoradas, generando un resentimiento que se propaga en los pasillos de Casa Rosada. Algunos funcionarios esperaban que ciertos gastos fueran preservados y vieron cómo fueron eliminados mientras otros rubros que consideraban dispensables fueron mantenidos. La falta de explicación respecto de los criterios aplicados alimenta la sospecha de que existen prioridades políticas que no están siendo comunicadas con transparencia.
Indicios de recuperación en el horizonte económico
Más allá de las turbulencias administrativas, el mes de mayo comenzó a ofrecer señales que el Gobierno interpreta como síntomas de una posible salida del ciclo recesivo más agudo. Después de diez meses consecutivos de aumento, la inflación cayó a 2,6%, un quiebre que posee una relevancia simbólica y macroeconómica simultáneamente. Para el relato oficial, este dato representa la validación de que el enfoque de equilibrio fiscal como herramienta de contención inflacionaria está produciendo resultados. Sin inflación en descenso, es prácticamente imposible acomodar el resto de las variables económicas. Los primeros indicios sugieren que el próximo mes podría consolidar esta tendencia, aunque será necesario absorber los efectos del incremento anunciado en transporte y combustibles.
El comportamiento de la recaudación en las primeras quincenas de mayo también apunta en una dirección favorable, al menos comparativamente. Los números preliminares que circulan en los espacios de toma de decisiones indican una suba del 11% respecto del mismo período de abril. Después de meses de caídas pronunciadas, este incremento es interpretado como un indicador de que la actividad económica deja de contraerse o al menos comienza a estabilizarse. Simultáneamente, los datos laborales del mes de febrero —recientemente difundidos por la Secretaría de Trabajo— mostraron un desempeño ligeramente mejor al exhibido en meses anteriores. El empleo registrado sumó 11.600 puestos comparado con enero, impulsado principalmente por el sector público (que creció 0,2%), el trabajo doméstico (0,4%) y los independientes (0,1%). El empleo privado se mantuvo sin cambios significativos.
Estos tres indicadores convergen en un único mensaje: la curva descendente que ha caracterizado la economía real durante los últimos veinticuatro meses podría estar encontrando un piso. No se trata necesariamente de un anuncio de crecimiento inminente, sino más bien de la posibilidad de que lo peor ya haya pasado. Para una administración que ha basado su legitimidad en la capacidad de estabilizar las variables macroeconómicas tras el colapso fiscal anterior, este punto de inflexión es crítico. Si la economía continúa cayendo sin perspectivas de recuperación, el tejido social que aún sostiene al Gobierno podría comenzar a resquebrajarse, incluso con la paciencia inédita que ha caracterizado el comportamiento del electorado hasta ahora.
El costo provincial y la paradoja de las herramientas de negociación
El impacto del recorte presupuestario no se distribuye equitativamente entre todas las áreas del Estado. Existe una línea clara de ganadores y perdedores en esta ecuación fiscal. El Ministerio del Interior, que administra gran parte de las transferencias a las provincias, sufrió un recorte del 38,4%, la cifra más elevada entre todos los ministerios. Este número cobra mayor relevancia al considerarse que también incluye recortes en programas de Salud y Educación que tienen alcance provincial. Calculan en los despachos de los gobernadores que las transferencias corrientes hacia las provincias se reducirán en más de $1,3 billones. Solo en la cartera de Salud, de los $63.000 millones de ajuste anunciados, $20.000 millones impactarán directamente sobre programas que involucran a las provincias.
Esta decisión expone una contradicción conceptual importante en el pensamiento estratégico del Gobierno. Hace poco más de un mes, en reuniones de gabinete ampliadas, el ministro de Economía había planteado la necesidad de avanzar hacia un acuerdo amplio con aproximadamente una decena de gobernadores clave. El propósito era evidente: fortalecer las señales de gobernabilidad y estabilidad que facilitaran la implementación del programa económico. Sin embargo, la decisión de recortar drasticamente los fondos que son utilizados como herramientas de negociación parece moverse en dirección opuesta. Los gobernadores, especialmente aquellos que mantienen una relación de apoyo con la administración nacional, son actores que responden fundamentalmente a la lógica de la contraprestación material. Cuando no hay fondos que distribuir, la capacidad de seducción se ve sustancialmente limitada.
El ministro del Interior enfrenta ahora una tarea de considerable envergadura: mantener el acompañamiento de un conjunto de gobernadores gravitantes utilizando un kit de herramientas significativamente más acotado que el disponible hace apenas semanas. Para lograrlo, ha circulado entre los mandatarios provinciales la promesa de que ciertas obras serán mantenidas mediante vías alternativas, recurriendo a mecanismos de prestidigitación administrativa que forman parte del arsenal tradicional de ese ministerio. Sin embargo, la credibilidad de tales promesas dependerá de la capacidad de hacerlas efectivas en el corto plazo. Si no se materializan, el resentimiento provincial podría transformarse en un factor de inestabilidad política que complique la gobernabilidad en territorios clave.
Justicia como campo de distribución de poder y favores
Mientras que el resto de las áreas estatales experimentó recortes más o menos severos, el sistema judicial nacional fue el único que recibió incrementos presupuestarios. El Ministerio de Justicia, bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques, obtuvo una suba del 16,9%, cifra que contrasta notablemente con los recortes generalizados. La Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, órganos encabezados por Horacio Rosatti, obtuvieron un incremento del 3,1%. Este patrón de asignación sugiere que el Gobierno está utilizando al Poder Judicial como una arena privilegiada para la distribución de recursos y, más significativamente, como un instrumento de construcción de lealtades políticas.
La estrategia se vuelve más evidente al examinar el rol que Mahiques está jugando en la relación con las provincias. Actualmente se encuentra en pleno proceso de envío de candidaturas de jueces al Senado, muchos de los cuales provienen del interior del país y son solicitados explícitamente por los gobernadores. El volumen de vacantes a cubrir es tal que el ministro puede permitirse una actitud ecuménica en la distribución de estos nombramientos, utilizándolos como mecanismo de gratificación hacia los mandatarios provinciales. De los últimos cuarenta y cinco pliegos enviados durante la semana en cuestión, dieciséis provenían del interior. El mensaje implícito hacia los gobernadores parece ser nítido: "jueces sí, plata no". En otras palabras, el Gobierno ofrece poder judicial a cambio de la lealtad política, mientras reduce los fondos de transferencia que históricamente han sido utilizados para fortalecer esas mismas relaciones.
Paralelamente, el ministerio ha estado enviando señales hacia la familia judicial mediante designaciones selectivas que refuerzan redes de lealtad preexistentes. Algunas de estas propuestas incluyen familiares de jueces prominentes, como el hijo de Rosatti y otros parientes directos de magistrados en posiciones de poder. Sin embargo, la designación más potente fue aprobada durante la votación de jueves en la noche del Senado: la extensión otorgada al padre del propio Mahiques, quien logró un aval mayúsculo para continuar ejerciendo como camarista hasta los 80 años. Este tipo de decisiones, aunque no violan marcos normativos, comunican un patrón de privilegio y familiaridad que puede interpretarse como distribución de favores dentro de círculos cerrados.
El Senado como escenario de la fragmentación kirchnerista
La votación que permitió la continuidad del padre de Mahiques en el Poder Judicial fue importante por razones que exceden la mera confirmación de un magistrado. Primero, porque exhibió de manera sin precedentes el achicamiento del bloque kirchnerista en la Cámara Alta. La oposición histórica al Gobierno apenas reunió 11 votos en contra de la continuidad del camarista, a pesar de que este magistrado representa simbólicamente todo aquello que el kirchnerismo rechaza en materia judicial: vínculos con el macrismo, Lago Escondido, y acusaciones sobre "lawfare". La debilidad de esa respuesta opositora puso en evidencia una fractura política que venía gestándose silenciosamente y que tiene como epicentro la pérdida de poder interno de Cristina Kirchner.
El segundo aspecto relevante es que el voto favorable del Senado (58 votos a favor, 10 más de los dos tercios necesarios) genera expectativas en el Ministerio de Justicia respecto de la posibilidad de retomar negociaciones para completar la Corte Suprema sin necesidad de buscar consenso con el residuo kirchnerista. Esta lectura del resultado senatorial abre perspectivas estratégicas que el Gobierno estaba considerando prácticamente cerradas hace apenas semanas. Sin embargo, esos ánimos fueron templados por un revés simultáneo que sufrió Mahiques cuando los hermanos Milei frenaron las designaciones de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, sus dos candidatos para la Cámara en lo Penal Económico, el tribunal encargado de revisar causas por presunta evasión y lavado de dinero que involucran a la AFA.
Los motivos esgrimidos fueron que ambos candidatos mantenían cercanía con figuras vinculadas a ese organismo deportivo. Aunque no fue mencionado directamente, circula en los espacios de poder la hipótesis de que las críticas de Santiago Caputo influyeron en la decisión presidencial. En la misma movida quedaron suspensas las candidaturas de Juan Manuel Mejuto (por presunta afinidad kirchnerista) y María Veronica Michelli (supuestamente por ser cuñada de un periodista). Estos vetos demuestran que el Poder Ejecutivo aún posee instrumentos para interferir en decisiones que formalmente corresponden a otros poderes, y que utiliza esa capacidad según criterios que no siempre son explícitamente comunicados.
Implicancias y proyecciones en el corto plazo
Los aconteceres de esta semana revelan un Gobierno enfrentado a presiones contradictorias. Por un lado, necesita mantener una disciplina fiscal rigurosa para consolidar los avances en la desaceleración inflacionaria y demostrar que su programa económico produce resultados tangibles. Por el otro lado, esa misma disciplina lo obliga a limitar su capacidad de distribución de fondos, justamente en el momento en que más necesita fortalecer los apoyos políticos en territorios provinciales y en el Congreso. El Poder Judicial emerge como la arena donde el Gobierno aún posee márgenes para distribuir recursos y favores, compensando así la austeridad aplicada a otras áreas.
La coyuntura que se abre es de alto riesgo político. Si los indicadores económicos de mayo se consolidan y la recaudación continúa mejorando, el Gobierno podría justificar ante la opinión pública que el recorte era inevitable y que está produciendo resultados. Pero si la recuperación no se materializa en el corto plazo, la acumulación de costos sociales derivados del ajuste fiscal podría transformar la paciencia social inédita que ha caracterizado el comportamiento electoral en su contra. Los ejemplos regionales de presidentes de derecha enfrentados a contextos recesivos prolongados no son alentadores. El impacto sobre sectores específicamente sensibles, desde programas de alfabetización hasta iniciativas de prevención oncológica, trasciende lo presupuestario para convertirse en un factor de vulnerabilidad social que, aunque no ha generado revuelta popular hasta ahora, permanece latente como potencial riesgo político. Las dinámicas territoriales en provincias aliadas también constituyen un factor de incertidumbre: aunque mantienen formalmente su apoyo, la reducción de fondos de transferencia podría erosionar las bases de esas coaliciones en el mediano plazo, especialmente si no son compensadas mediante otros mecanismos de negociación que el Gobierno aún no ha clarificado completamente.
