Después de más de dos décadas de debates, postergaciones y promesas políticas sin concretar, el Gobierno nacional ejecutó en apenas cinco jornadas una de las operaciones penitenciarias de mayor envergadura realizada en territorio bonaerense. El traslado masivo de detenidos desde la histórica cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII en Marcos Paz marca un quiebre en una saga administrativa que atravesó gobiernos de distinto signo ideológico. Lo que cambia no es únicamente la geografía carcelaria: el desalojo de la prisión abre interrogantes sobre el uso futuro de un terreno de 48.000 metros cuadrados ubicado en territorio porteño, factor que enlaza consideraciones de urbanismo, memoria histórica y negociación política entre la Nación y la Ciudad.
Una mudanza que sorprendió por su velocidad
Los números del operativo hablan por sí solos. Durante el primer día —un domingo de octubre— 326 internos fueron trasladados desde Devoto hacia el nuevo establecimiento. Al cuarto día, la cifra ascendía a 1.193 personas, superando el 79,5% de la población alojada. Para finalizar, el movimiento completo de la primera etapa involucró 1.400 detenidos, representando más del 90% del total de reclusos que ocupaban la cárcel porteña. La coordinación operativa descansó sobre un dispositivo sin precedentes: mil funcionarios del Servicio Penitenciario Federal trabajaron articuladamente con 600 efectivos provenientes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la PSA. El monitoreo tecnológico no fue menor. Cada detenido portaba una pulsera con código QR que permitía rastrear su trayecto desde la salida de Devoto hasta el ingreso a Marcos Paz, mientras que los vehículos fueron monitoreados simultáneamente por frecuencia radial y ubicación satelital.
Lo notable de esta rapidez reside en su contraste histórico. Durante años, funcionarios de distintas administraciones habían argumentado que la mudanza de tal magnitud era operativamente inviable o, cuando menos, extremadamente complicada. La ejecución sin motines, fugas o incidentes mayores desbarató esa narrativa. La ministra de Seguridad nacional caracterizó retrospectivamente la velocidad alcanzada como "increíble", reconociendo que durante lustros escuchó justificaciones sobre la imposibilidad de la tarea. El nuevo complejo, construido en el municipio de Marcos Paz, posee capacidad para 2.232 detenidos distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad donde fue alojada la población trasladada.
El acto de gobierno y sus protagonistas
La conferencia de prensa convocada en las instalaciones de la cárcel vieja reunió a funcionarios de distintos niveles y espacios. La secretaria General de la Presidencia encabezó el evento, aprovechando para elevar su visibilidad pública tras semanas de bajo perfil mediático. Su intervención enfatizó dimensiones territoriales y afectivas: mencionó su propia residencia histórica en el barrio de Devoto, conectando su biografía personal con la relevancia que el espacio posee para los vecinos de la zona. El discurso se estructuró alrededor de la devolución de territorio urbano a la comunidad y la concreción de una meta política largamente postergada.
Junto a ella participaron la ministra de Seguridad nacional, quien subrayó aspectos técnicos y la coordinación lograda entre jurisdicciones; el jefe de Gabinete, que caracterizó el evento como un "cambio histórico"; y representantes del oficialismo legislativo porteño. Todos enfatizaron la coordinación entre Nación y Ciudad como factor determinante del éxito operativo, destacando explícitamente la voluntad política y la capacidad técnica desplegada. La ministra de Seguridad sumó a su evaluación referencias al mejoramiento de condiciones carcelarias para los reclusos y a la modificación de realidades sanitarias dentro del viejo establecimiento.
Un cierre que tardó dos décadas en concretarse
El acuerdo inicial para cerrar Devoto no es reciente. El 12 de marzo de 2018 fue suscrito un convenio entre la Nación y la Ciudad cuando gobernaban Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. En aquel entonces, el cronograma preveía finalizar las obras en Marcos Paz y ejecutar la mudanza durante 2020. La realidad administrativa se distanció de esa previsión. Los años transcurrieron sin que el proceso avanzara significativamente, acumulándose gobiernos y administraciones mientras la cárcel porteña seguía operando. No fue hasta principios de octubre del año en curso que la secretaria presidencial, el jefe de Gabinete, la ministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño suscribieron el acta de recepción provisoria del nuevo complejo, desbloqueando así el inicio de los traslados.
Aún quedan detenidos en Devoto. Según la ministra de Seguridad, antes de que se produzca una visita papal a la cárcel permanecerán entre 60 y 80 internos, tras lo cual se completará el traslado definitivo. La fecha exacta del cierre total no está establecida, aunque se contempla que ocurra durante los últimos meses de este año o a comienzos de 2027. El Servicio Penitenciario Federal aseguró que el proceso restante avanzará de manera gradual, bajo máximo control operativo.
Lo que viene: territorio, memoria y negociación política
Con la cárcel en vías de desocupación, la agenda pasa de lo operativo a lo político-legislativo. El terreno donde funcionó Devoto permanece en propiedad del Estado nacional, pero su futuro depende de decisiones que involucran la Ciudad de Buenos Aires. La Legislatura porteña deberá aprobar la rezonificación del predio de más de 48.000 metros cuadrados. El convenio de 2018 establece una distribución específica: el 65% del terreno debe destinarse a espacio público, mientras que el 35% restante será para desarrollos habitacionales. Adicionalmente, existe un compromiso de crear un espacio de memoria dedicado a la masacre del Pabellón Séptimo, suceso traumático ocurrido en 1978 dentro de esos mismos muros.
La compensación económica para la Ciudad por su participación en la inversión en Marcos Paz permanece en detalles técnicos aún sin definición. Se contempla un mecanismo financiero e inmobiliario operado bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), pero sus características específicas y montos involucrados no han sido comunicados públicamente. Este aspecto probablemente será objeto de negociación durante los próximos meses, en la medida que la Legislatura porteña considere las propuestas que lleguen desde la Nación.
Implicancias y perspectivas abiertas
El cierre de Devoto representa un punto de inflexión en términos de política carcelaria y gestión de territorio urbano en la región metropolitana. Desde perspectivas focalizadas en seguridad ciudadana, el operativo exitoso demuestra viabilidad técnica para mudanzas de gran escala con mínimos riesgos. Desde el ángulo del urbanismo porteño, el vaciamiento de una instalación penitenciaria abre posibilidades de reconfiguración de una zona que ha sido marcada por la presencia carcelaria durante generaciones. Para actores vinculados a derechos humanos, el espacio de memoria comprometido requiere seguimiento para asegurar que efectivamente se materialice como un lugar de reflexión sobre episodios represivos. La negociación política sobre el destino del predio, el financiamiento de su reconversión y los beneficiarios de posibles desarrollos inmobiliarios probablemente generará debates en torno a intereses contrapuestos respecto al uso del territorio. Las próximas semanas mostrarán cómo transcurre el debate legislativo y qué consensos se alcanzan sobre una zona urbana que, después de más de un siglo de funcionar como cárcel, comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia.
