La pesquisa judicial que rodea la trayectoria patrimonial del funcionario ejecutivo Manuel Adorni ingresa en una nueva fase de indagatorias. Este lunes, ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, comparecerá Matías Tabar, quien se desempeña como contratista responsable de las reformas realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, situado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. La citación fijada para las 11 de la mañana en los Tribunales de Comodoro Py marca un paso significativo en los intentos de la justicia federal por esclarecer de dónde provienen los recursos monetarios que el funcionario ha invertido en bienes inmuebles durante los últimos meses.
Tabar, integrante del grupo empresario Alta Arquitectura, será sometido a declaración indagatoria respecto de las labores de restauración y modernización ejecutadas en la vivienda campestre que Adorni adquirió junto a su pareja, Bettina Angeletti, hacia fines del año pasado. El interrogatorio se concentrará en establecer tanto el alcance técnico de las intervenciones realizadas como los valores económicos que se trasladaron para llevar adelante estas tareas de ampliación y renovación. Hasta el momento, la información disponible no permite precisar con exactitud el importe total desembolsado o comprometido para estas refacciones, un dato que la investigación considera fundamental para reconstruir el flujo de dinero del funcionario.
Las declaraciones del funcionario y sus movimientos patrimoniales
En sus recientes intervenciones públicas, Adorni se pronunció categóricamente sobre su situación financiera, negando cualquier acumulación irregular de bienes y manifestando su capacidad de explicar la procedencia de los fondos invertidos. Sostuvo que cuenta con justificación documentada para más de cien mil dólares que ya ha erogado y otros trescientos treinta y cinco mil que debe cancelar antes de noviembre, cantidad que destinó exclusivamente a la adquisición y mejora de inmuebles. Sin embargo, la brecha entre los ingresos que el funcionario declaró y el volumen de gastos detectados por los magistrados constituye el núcleo de las sospechas que motivan la presente investigación.
De acuerdo con los registros que obran en el expediente, Adorni consignó percepciones mensuales de tres millones quinientos mil pesos hasta el año anterior, cifra que posteriormente fue incrementada a siete millones de pesos. No obstante, el contraste con los desembolsos identificados por la justicia plantea un interrogante de considerable envergadura: los egresos registrados aparentarían superar significativamente los montos declarados como entrada periódica de recursos. Esta discrepancia constituye la razón central por la cual la pesquisa se orienta a reconstruir con precisión la evolución del patrimonio del funcionario durante el período bajo análisis.
Las próximas declaraciones y el seguimiento de los movimientos de dinero
La estrategia investigativa diseñada por Pollicita contempla además la comparecencia, para el miércoles venidero, de Leandro Miano, quien se desempeña como hijastro de Claudia Sbabo, una de las personas a las que Adorni le debe fondos en concepto de deuda. Miano mantiene además una asociación empresarial con Pablo Martín Feijoo, hijo de la otra acreedora vinculada al caso, quien actuó como mediador en la operación de compraventa del departamento en el que actualmente reside Adorni en la zona de Caballito. Para esta declaración, el fiscal dispuso que Miano comparezca portando su teléfono celular, así como documentación diversa que incluya recibos, comprobantes de pago y cualquier evidencia relacionada con las erogaciones derivadas de expensas comunitarias y trabajos de reforma efectuados en el inmueble caballerino. A través de estos requisitos, la justicia persigue reconstruir minuciosamente los caminos por los cuales transitó el dinero y verificar si los pagos se adecuaron a los montos y procedimientos que el funcionario expuso ante los investigadores.
Un elemento que requiere especial atención en el análisis de esta causa radica en el desfasaje temporal entre la celebración de la operación inmobiliaria y su inscripción en los registros municipales correspondientes. La escritura de la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz fue suscrita ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster el 15 de noviembre de 2024. Sin embargo, y pese al tiempo transcurrido desde entonces, el cambio en la titularidad de la propiedad aún no ha sido registrado en las bases de datos del municipio bonaerense. Conforme a la documentación oficial que ya está en poder de Pollicita, la propiedad continúa apareciendo bajo el nombre de Juan Ernesto Cosentino, quien fuera el titular anterior. Esta demora en la actualización de los registros municipales plantea interrogantes sobre los procedimientos seguidos y abre nuevas líneas de investigación respecto de cómo se ejecutó formalmente la transferencia de dominio.
La causa tramita bajo la responsabilidad del juez federal Ariel Lijoy y la dirección fiscal de Pollicita, quien ha solicitado información a múltiples organismos a fin de completar el cuadro investigativo. Entre las medidas cautelares adoptadas figuran requisitorias dirigidas a registros de propiedad inmueble, archivos de registración de vehículos automotores y organismos financieros para acceder a datos sobre movimientos monetarios. Esta multiplicidad de frentes de investigación responde a la intención de construir un relato factico sólido que permita determinar si existe o no una correspondencia entre los fondos declarados por el funcionario y los bienes que ha adquirido o mejorado durante el período que abarca la pesquisa. La complejidad que reviste la tarea de reconstruir flujos financieros contemporáneos, sumada a las dificultades propias de las transacciones inmobiliarias, explica la extensión temporal que caractiza a este tipo de procesos judiciales.
Las declaraciones que se recopilarán en los próximos días proporcionarán elementos adicionales para que los magistrados y el fiscal federal puedan formarse un criterio más acabado respecto de la naturaleza de las operaciones económicas realizadas. Dependiendo de lo que emerja de estos interrogatorios y de la documentación que se aporte, la investigación podría bifurcarse hacia nuevas direcciones o bien consolidarse en torno a determinadas conclusiones. Los diferentes actores involucrados en la cadena de operaciones—desde contratistas hasta mediadores comerciales y escribanos—constituyen eslabones fundamentales en la reconstrucción de cómo se originaron, circularon y aplicaron los recursos financieros cuya procedencia ahora examina la justicia federal.
