La Argentina atraviesa un momento paradójico que desconcierta a observadores y analistas. Mientras algunos indicadores macroeconómicos muestran señales de recuperación y se vislumbran cambios productivos de envergadura, simultáneamente se registran caídas aceleradas del empleo, cierres empresariales y una expansión alarmante de la economía informal. Esta contradicción no es accidental ni pasajera: representa el núcleo de una apuesta política cuyas consecuencias todavía están en proceso de definición. Un historiador económico de reconocida trayectoria y perspectiva de largo plazo ha realizado un diagnóstico inquietante sobre esta situación, señalando que el gobierno actual tiene en sus manos una oportunidad histórica pero corre el riesgo cierto de desaprovecharla por ceguera política en la gestión cotidiana. Esa advertencia, lejos de ser un simple comentario, toca el corazón de una tensión que podría redefinir el mapa político nacional en los próximos años.

Dos hallazgos políticos genuinos en medio de la incertidumbre

Desde que asumiera sus funciones hace poco más de un año, el panorama ha comenzado a clarificarse para los observadores que se permiten pensar en plazos históricos. Lo que antes parecía envuelto en bruma ahora adquiere perfiles más nítidos, aunque lejos de estar completamente definido. Existe, sin embargo, algo que emerge con relativa claridad: el actual presidente demuestra ser un político de considerable agudeza táctica, aunque aún no queda probado que posea comprensión profunda de los mecanismos que mueven tanto la economía como la sociedad argentina en su complejidad real.

¿Qué hace que se lo caracterice de "buen político"? La respuesta radica en su capacidad para identificar transformaciones estructurales en curso y convertirlas en activos electorales de valor inmediato. Existen dos fenómenos particularmente relevantes. El primero concierne a un cambio en la geografía productiva nacional que está tomando forma a lo largo de la ruta 40: desde Tierra del Fuego pasando por Catamarca, Jujuy, Salta, hasta llegar a Salta. Este corredor, que abarca Patagonia e incluye provincias del noroeste, está experimentando una transformación cuyas dimensiones reales todavía no se conocen completamente, aunque sin duda existen. Gobiernos anteriores, incluso aquellos que poseían visiones estratégicas, identificaron parcialmente este fenómeno pero fueron incapaces de transformarlo en mensaje político efectivo que generara esperanza colectiva respecto del progreso material. Una expresidenta notó la presencia de grandes depósitos petroleros hace más de una década y realizó ajustes de política energética al respecto, pero nunca logró convertir ese conocimiento en ganancia política visible. Su sucesor directo simplemente no supo qué hacer con esa información potencialmente transformadora.

El segundo elemento estratégico concierne a la recalibración de la relación bilateral con Estados Unidos. Aunque los matices de esa vinculación puedan variar conforme cambien administraciones en Washington, existe una base de algo nuevo que ha quedado establecido. Incluso si las circunstancias políticas estadounidenses giraran hacia direcciones diferentes, o si el liderazgo nacional cambiara de manos, esa modificación en la relación sería probablemente irreversible. También esto representa un logro político considerable: la construcción de esperanza mediante la identificación de algo genuinamente novedoso. Ambos hallazgos tienen un precedente histórico notable: recuerdan la intuición política de Miguel Roca en los primeros años de consolidación nacional, quien vio en el ferrocarril y en la industria frigorífica las posibilidades de un proyecto expansivo extraordinario. Aunque antecesores suyos habían detectado esos mismos elementos, fue Roca quien supo articularlos políticamente, construyendo la hegemonía necesaria para emprender la aventura. El resultado fue inaugurar una era de progreso material sostenido.

La miopía política en la administración de la transición

Pero aquí surge el dilema central. El diagnóstico sobre dónde radica la principal debilidad del gobierno actual es igualmente claro: no en la visión de largo plazo, sino en la incapacidad para gestionar los problemas de corto plazo y en la falta de una estrategia coherente respecto de quiénes serán los ganadores y perdedores de este proceso. Se suele afirmar que la macreconomía está sana, pero ese juicio es incompleto y potencialmente engañoso. La realidad microeconómica, la vida cotidiana en el Gran Buenos Aires y las provincias industriales, el destino de trabajadores que perdieron empleos o que vieron precarizarse sus condiciones laborales: eso no está resuelto. Peor aún, no existe un proyecto claro para hacerlo.

Un proceso de transformación económica radical, lo que los economistas denominan "destrucción creativa", genera inevitablemente sectores ganadores y sectores perdedores. Los primeros obtienen oportunidades nuevas, acceso a mercados renovados, posibilidades de acumulación. Los segundos ven desaparecer empleos, cerrarse fábricas, evaporarse formas de vida que sus familias sostenían desde generaciones. La pregunta política crucial no es si existirán perdedores —los habrá fatalmente—, sino qué se hará con ellos. ¿Se les ofrecerá una transición viable o se los abandonará a su suerte con la esperanza de que sus hijos algún día puedan beneficiarse de las nuevas oportunidades? No se trata de un debate moral sobre crueldad o compasión, sino de un cálculo político duro: descuidar a los perdedores no es una crueldad, es un error estratégico de envergadura. Los gobiernos que logran capitalizar transformaciones estructurales son aquellos que consiguen integrar al sector que se ve desplazado, ofreciéndole al menos una ruta viable hacia condiciones de vida sostenibles.

Un estudio reciente de relevancia académica sugiere que una transición de este tipo podría implicar el desplazamiento de aproximadamente cuatro millones de personas desde aglomeraciones urbanas como el Gran Buenos Aires hacia provincias patagónicas y del noroeste. El horizonte temporal propuesto para esta migración masiva es el año 2050. Esto plantea una cuestión elemental: ¿es políticamente viable pedir a millones de ciudadanos que esperen tres décadas para que las promesas de progreso se materialicen? ¿Es realista esperar que los trabajadores del conurbano, quienes alguna vez formaron la base del industrialismo argentino, permanezcan en una suerte de limbo económico durante esa extensión de tiempo? El tejido democrático argentino tiene características propias que lo hacen especialmente sensible a estas dinámicas. No existe una tolerancia histórica elevada hacia la derrota política. Por eso mismo, mientras persista una mayoría de población excluida del proyecto de transformación, permanecerá latente el riesgo de que esa mayoría impugne todo el proceso de cambio, poniendo en peligro su viabilidad misma.

El enigma de la moneda y la vulnerabilidad del esquema

Existe otro problema microeconómico que debería provocar inquietud profunda en cualquier autoridad responsable de la conducción macroeconómica: el comportamiento del ahorro en economía dolarizada. Los sectores con capacidad de acumulación —la clase media alta y el segmento de mayores ingresos— continúan comprando dólares con terquedad notable. Esta conducta persiste a pesar de los cambios en el contexto macroeconómico, a pesar de los mensajes sobre normalización y a pesar de los intentos por anclar expectativas. La pregunta que esto genera es incómoda: ¿toda la riqueza generada por los nuevos patrones productivos y por la apertura comercial está siendo capturada por estos sectores mediante la acumulación de divisas extranjeras? ¿O existe una verdadera recomposición patrimonial dentro del país? Aún no hay respuesta definitiva, pero si la primera opción fuera correcta, estaríamos frente a una debilidad estructural profunda del esquema económico actual. El tipo de cambio mantiene una fortaleza que no parece justificada por los fundamentos, al menos no los que sustentan dinámicas de largo plazo. Otros gobiernos han incurrido en el mismo error: afirmar que la riqueza llegará en el futuro cercano, que la productividad aumentará y que eso permitirá sostener una moneda fuerte. Perón lo dijo. Martínez de Hoz lo dijo. Menem lo dijo. Macri lo dijo. Milei también lo dice. Es una unanimidad argentina que trasciende las ideologías. La diferencia metodológica entre unos y otros es principalmente instrumental, no conceptual.

Un tipo de cambio más elevado, más cercano a los límites que el propio gobierno ha establecido, podría representar oxígeno económico para las provincias que están siendo desindustrializadas. Permitiría que actividades de servicios sean más viables, que pequeños emprendimientos tengan margen para subsistir. Eso ofrecería a los sectores desplazados no una promesa a treinta años plazo, sino una posibilidad tangible de inserción económica en el presente. La ironía es que tal medida podría resultar políticamente determinante: habría posibilitado la incorporación de perdedores a los márgenes de la coalición gobernante, o al menos la reducción de su potencial de impugnación. Sin embargo, el gobierno no parece creer en esa posibilidad o considera que los costos de implementarla son superiores a los beneficios que reportaría.

La velocidad como reflejo de vulnerabilidad política

En toda la historia política argentina desde 1800 hasta el presente existe un patrón recurrente caracterizado por la alternancia entre demora y prisa. Demora en el desarrollo material resultante de pérdidas territoriales iniciales, demora ocasionada por guerras civiles internas, demora derivada de conflictos entre poderes regionales. En contraste, cuando se abren ventanas de oportunidad política, cuando los obstáculos parecen despejarse temporalmente, la velocidad de acción se vuelve frenética. El presidente actual encarna de manera notoria esta dinámica. Es un hombre apurado porque sabe —como saben todos los gobernantes en sistemas políticos caudillistas— que la derrota no es tolerada, que la ventana de oportunidad puede cerrarse. Es el reflejo del que construyó poder en 1946, cuando la prisa le permitió en tres años realizar transformaciones que otros países tardaban décadas en completar. Es el reflejo del que vio tasas de crecimiento económico que otros miraban con pasmo y decidió que no podía reducir el ritmo aunque fuera mínimamente. Milei frena ocasionalmente en las curvas cuando lo convencen de la necesidad de negociación legislativa, pero su tendencia natural es no frenar. Su dogmatismo en materia económica, su aproximación monofisal a cómo funciona una economía y una sociedad, lo lleva a rechazar las herramientas de pacto y de integración territorial que fueron cruciales en procesos anteriores. Mientras Buenos Aires permanezca como el actor dejado de lado, como el componente que absorbe todos los costos sin recibir compensación política visible, permanecerá latente una fragmentación del territorio político que puede derivar en crisis.

El precedente que acecha: la lección de las reformas sin compasión

Existe una anécdota reveladora que circula en círculos de política comparada. Un reformista estructural europeo que transformó profundamente su país clausurando astilleros y cerrando industrias se encontró años después con un trabajador de esos sectores que le dijo, mansamente: "desde que usted hizo esas reformas, nunca volví a conseguir trabajo". La respuesta emocional de ese reformista fue cercana al llanto: reconoció la humanidad en aquella pregunta, la injusticia relativa de quien carga con el peso de la transformación sin beneficiarse de ella. No parece probable que el actual presidente argentino tenga una respuesta similar ante la misma pregunta. La ausencia de esa capacidad emocional, de esa empatía performativa o auténtica, es frecuentemente caracterizada como maldad o impiedad. Pero es más preciso llamarla como lo que es: miopía política. Es la incapacidad para ver que un gobernante que transforma debe también compensar, debe también integrar, debe ofrecer una narrativa que incluya a quienes pierden. Sin eso, la transformación es vulnerable, y los beneficios que produce pueden ser capturados por otros actores políticos en el futuro.

El futuro abierto y sus múltiples sendas posibles

El presidente tiene una oportunidad histórica genuina. Eso es innegable. Ha identificado cambios estructurales que sus antecesores vieron parcialmente pero no supieron o no pudieron aprovechar. Ha construido una relación bilateral renovada con la principal potencia mundial. Ha creado, en el plano discursivo y parcialmente en el institucional, un esquema que es reconocible internacionalmente, que cesa de ser particularista y se vuelve comparable con experiencias de otros países. En ese sentido, la Argentina bajo su liderazgo no es ya un enigma incomprensible para observadores externos. Es una democracia que implementa reformas, aunque más no sea en línea general. Sin embargo, esa misma oportunidad puede ser desaprovechada. Puede ser que los beneficios de la transformación sean capturados por una minoría mientras la mayoría desplazada impugne el proceso. Puede ser que, cuando llegue el próximo ciclo electoral, los votantes castiguen la indolencia ante el sufrimiento de corto plazo. Puede ser que otro actor político, con mayor sensibilidad hacia los perdedores, logre capitalizar lo que este gobierno ha construido. La historia argentina ofrece precedentes: un gobernante ve la oportunidad, la convierte en proyecto político, pero otro cosecha los frutos cuando aprende a gobernar también para quienes están fuera. Si eso ocurre, no será culpa del azar. Será culpa de las decisiones tomadas, o no tomadas, en estos años decisivos donde todo aún está por escribirse.