A poco más de año y medio para que León XIV pise suelo argentino entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, ya se perfila uno de esos conflictos diplomáticos que parecen menores en la superficie pero que desencadenan tensiones profundas en las estructuras del poder. La Conferencia Episcopal Argentina, mediante su máximo dirigente Marcelo Colombo, acercó una propuesta aparentemente sencilla: que los expresidentes de la Nación sean convocados a participar en los eventos centrales de la visita pontificia. Lo que suena protocolar en términos vaticanos se convierte en un quebradero de cabeza administrativo para Javier Milei, quien debe navegar entre la cortesía institucional, las lealtades políticas internas y una realidad judicial que complica cualquier gestión relacionada con ciertos nombres.
El asunto llegó al escritorio del canciller Pablo Quirno hace semanas, cuando Colombo elevó formalmente la iniciativa eclesiástica. La respuesta inicial fue tan contundente como tajante: rechazó de plano la invitación a los expresidentes. Sin embargo, lo que parecía zanjado resurgió cuando la propuesta fue trasladada a la órbita de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien actuó con una dosis mayor de pragmatismo político. En lugar de confirmar la negativa de Quirno, la funcionaria derivó el asunto hacia su asesora Mara Gorini, dejando una puerta entreabierta que muchos interpretan como un cambio de rumbo, aunque discreto. "No fue un 'no' como el de Quirno", observan analistas de las negociaciones en curso. Esta oscilación entre ministerios revela fisuras en la arquitectura ejecutiva frente a cómo gestionar la presencia de figuras del pasado político nacional.
La incómoda lista de quiénes participarían
Si la Iglesia lograra su cometido, el acto en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner) se convertiría en un encuentro sin precedentes recientes. La plataforma reuniría autoridades actuales, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, sociedad civil y cuerpo diplomático, pero también a personajes que el Gobierno preferiría mantener fuera de la escena pública: Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Isabel Perón (quien reside en España desde 2007), Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá, quien gobernó apenas siete días en la convulsión de 2001. Algunos de estos nombres generan indiferencia política; otros, en cambio, actúan como detonadores de tensiones nunca del todo resueltas en la coalición gobernante.
El nudo gordiano se concentra en la figura de Cristina Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su domicilio de San José 1111 luego de su condena por corrupción en la causa Vialidad, un proceso que sigue generando controversias en torno a su legitimidad y motivaciones políticas. Una asistencia de Kirchner a cualquier acto oficialista requeriría autorización judicial previa, una solicitud que abriría un proceso público donde se ventilarían nuevamente los detalles de su situación legal. Como señalaron analistas cercanos al kirchnerismo: "Cristina debería pedirle permiso a la justicia. No sé si eso la expone innecesariamente". La expresidenta, hasta el momento, ha mantenido absoluto silencio sobre su eventual participación en la visita papal. Aunque públicamente luce un crucifijo como colgante en sus acciones cotidianas registradas en redes sociales, no ha trascendido declaración alguna respecto de este dilema vaticano.
Los grises del protocolo y la jurisdicción administrativa
La complejidad jurídica se entrelaza con ambigüedades protocolaresque dejan espacio para la maniobra política. Según precisaron fuentes eclesiásticas consultadas, existe una distinción clara en quién decide quién entra dónde durante una visita papal. Para el encuentro en la Cancillería con representantes de otros cultos, los acuerdos se suscriben directamente entre la Iglesia y la cartera externa. Sin embargo, para los eventos en la Casa Rosada, el Palacio Libertad y los actos en aeropuertos, la invitación es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional. En cambio, "en las misas multitudinarias de Buenos Aires, Córdoba y Luján puede participar quien quiera", aclaran desde la estructura eclesiástica. Esta última afirmación abre una ventanilla alternativa: los expresidentes podrían asistir a la misa en la Basílica de Luján sin necesidad de invitación formal, participando como fieles comunes. El intendente Leonardo Boto, hombre de origen cristinista pero en buen término con el gobernador Axel Kicillof, podría facilitar esa alternativa institucional.
Voceros pontificios han subrayado que no existe protocolo vaticano que ordene invitar a expresidentes a las actividades de una visita apostólica. "Una cosa es que los inviten a una misa en el Monumento a los Españoles, otra cosa es un acto en Córdoba o en Luján", puntualizó una fuente eclesiástica reconociendo que la inclusión de expresidentes sería una decisión soberana de cada país, un gesto de magnanimidad política más que una exigencia del Vaticano. Esta claridad, paradójicamente, pone más presión sobre Milei: no hay excusa externa que lo obligue, pero tampoco hay obstáculo que lo impida si así lo decide. La pelota está completamente en su cancha.
Mientras el Gobierno mantiene un silencio ensordecedor sobre esta negociación, la Iglesia ha elevado su voz en otros registros. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció un diagnóstico desgarrador: "El Papa León se va a encontrar con una Argentina en crisis y dividida, un país donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día". Por su parte, Colombo —quien aún espera ser recibido por Milei conforme a la costumbre protocolaria que nunca se concretó— advirtió sobre la realidad social: "La crisis socioeconómica actual no solo profundiza la indigencia, sino que está arrastrando a la pobreza a sectores de la clase media que antes no recurrían a la asistencia". Estos pronunciamientos trascienden la cuestión de quién está o no invitado; prefiguran el tenor de un encuentro donde las tensiones internas del país serán inevitablemente parte de la conversación.
Implicancias y bifurcaciones de una decisión política
La decisión que Milei deberá tomar en los próximos meses abre múltiples escenarios con consecuencias desproporcionadas respecto a su apariencia administrativa. Si opta por invitar a los expresidentes, se arriesga a legitimar simbólicamente gobiernos que su discurso político ha criticado severamente, además de conceder a Kirchner una plataforma pública mientras atraviesa su proceso judicial, lo que podría interpretarse como un reconocimiento de su rango institucional independientemente de sus cargos. Si rechaza la propuesta eclesiástica, podría enfrentar críticas de sectores que valoraría haber mantenido la unidad institucional frente a una personalidad de la magnitud de un papa, además de alterar la relación con una Iglesia que ya ha demostrado disposición a cuestionar aspectos de su gestión económica y social. Si elige la vía intermedia —permitir que asistan como fieles en actos abiertos sin invitación oficial— estaría diluyendo responsabilidad pero también podría ser interpretado como un ardid que satisface a nadie.
Lo que sí es previsible es que cuando León XIV pise el territorio argentino dentro de diecinueve meses, la Argentina que lo reciba habrá transitado nuevas vicisitudes políticas, judiciales y económicas que podrían haber modificado estas dinámicas. La geometría del poder es cambiante. Lo que hoy se ve como un conflicto insoluble podría reconfigurarse según cómo evolucionen las variables macroeconómicas, las disputas judiciales en curso y el equilibrio de fuerzas dentro de la coalición gobernante. Lo único seguro es que, sea cuál fuere la resolución tomada, los expresidentes argentinos continuarán siendo esos jarrones chinos de los que nadie quiere deshacerse pero cuya presencia siempre genera incomodidad, más aún cuando se sitúan bajo el reflector de una ocasión histórica de magnitud internacional.
