El sistema judicial porteño dio un paso determinante en una causa que involucra a uno de los dirigentes políticos más combativos del país. La Cámara Federal confirmó en las últimas horas el procesamiento de Juan Grabois por su participación en la ocupación del Instituto Nacional Juan Domingo Perón ocurrida hace varios meses, acercando irremediablemente al referente del Frente Patria Grande hacia un juicio oral donde deberá enfrentar cargos por usurpación y resistencia a la autoridad. Este acontecimiento marca un punto de inflexión en el expediente y abre interrogantes sobre los alcances de la protesta política en Argentina y los límites que la magistratura establece para las acciones de resistencia civil.
El tribunal integrado por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola no solamente ratificó la resolución del magistrado Sebastián Ramos de primera instancia, sino que además mantuvo vigente una medida cautelar que prohíbe a Grabois disponer de bienes por un monto de cinco millones de pesos. Esta decisión opera como un blindaje patrimonial mientras avanza la investigación y representa una de las herramientas más agresivas que el derecho procesal permite para garantizar potenciales reparaciones civiles. La confirmación de la imputación transforma el escenario jurídico alrededor del episodio que sacudió a la zona de Recoleta durante el invierno de 2025.
Los hechos que derivaron en la ocupación
El suceso que ahora ocupa a los estrados federales se remonta a junio de 2025, cuando un conjunto de personas —identificadas como exempleados del organismo acompañados por dirigentes políticos— ingresó en el edificio ubicado en la calle Austria para expresar rechazo ante lo que consideraban un acto de clausura injustificado. La estrategia de acceso resultó peculiar: los ocupantes utilizaron "Un Café con Perón", un local gastronómico colindante, que mantenía comunicación directa con la sede a través de una puerta interna. De esta manera evitaron una entrada frontal que hubiera sido más evidente. Entre los participantes figuraron, además del dirigente imputado, Victoria Frey, legisladora de la Ciudad, y Natalia Zaracho, diputada nacional. La ocupación respondía a cuestionamientos sobre el cierre de la institución, los despidos de trabajadores y rumores acerca de una eventual comercialización del terreno.
La intervención de fuerzas de seguridad no tardó en llegar. Efectivos de la Policía Federal y dependencias de la administración local se desplegaron en el lugar y concretaron el desalojo en cuestión de horas. Durante esa operación, Grabois fue detenido en medio de enfrentamientos con los agentes. El dirigente fue puesto a disposición de la justicia, aunque recuperó su libertad poco después de quedar en poder de la autoridad judicial. Al abandonar las dependencias donde fue alojado, caracterizó lo ocurrido como un acto persecutorio y cuestionó severamente la decisión gubernamental de disolver el Instituto.
La defensa y el análisis judicial de primera instancia
Durante los trámites iniciales, la estrategia legal de Grabois sostuvo una posición específica: el imputado habría concurrido al edificio únicamente en su carácter de abogado patrocinante de la cooperativa responsable de administrar el café adyacente. Esta argumentación buscaba reducir su rol a una comparecencia profesional, desvinculándolo de cualquier liderazgo en la ocupación. Sin embargo, el magistrado de primera instancia rechazó esa presentación. Ramos consideró que la prueba documental y testimonial incorporada al expediente demostraba no solo la permanencia de Grabois dentro del inmueble, sino también su participación activa en los eventos que configuraban la toma. El juez identificó elementos que indicaban un nivel de intervención que iba más allá de una mera consultoría legal.
La querella que impulsó inicialmente la investigación provino del Ministerio de Capital Humano bajo la dirección de Sandra Pettovello. Esa cartera gubernamental fundamentó la clausura del Instituto argumentando que su operatoria demandaba recursos financieros excesivos y que su acervo histórico sería preservado mediante su traslado a otras instituciones de rango estatal, como la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación. La presentación de la denuncia transformó el episodio callejero en un conflicto judicial que ahora atraviesa múltiples estadios procesales.
Obstáculos y recursos pendientes en la Corte Suprema
El itinerario de este caso presenta complejidades adicionales que trasciendan la confirmación reciente. Existe un expediente vinculado que permanece en consideración ante la Corte Suprema desde noviembre del año anterior, donde la defensa de Grabois interpuso un recurso extraordinario cuya finalidad es impedir que órganos judiciales accedan al contenido de un teléfono celular que fue secuestrado al momento de la aprehensión. Este punto evidencia tensiones clásicas entre investigación penal y derechos de privacidad, un dilema que ha ocupado repetidamente a la máxima instancia judicial argentina durante la última década. La resolución de esa cuestión podría impactar significativamente en los elementos de prueba disponibles para la acusación en el próximo juicio oral.
Inmediatamente después de conocerse la confirmación del procesamiento, Grabois emitió un comunicado através de plataformas digitales que no dejó lugar a ambigüedades respecto a su interpretación de lo sucedido. El dirigente empleó lenguaje confrontacional para caracterizar al poder judicial, refiriéndose a integrantes de la magistratura con términos que aludían a corrupción sistemática. Argumentó que la decisión judicial llegó con una celeridad sospechosa y cuestionó uno de los agravantes que la sentencia incluyó: el tribunal alegó su condición de funcionario público al momento de los hechos, dato que Grabois rechazó sosteniendo que no ocupaba ese cargo durante la protesta en el Instituto Perón. El tono de su descargo enfatizó la idea de persecución política y llamó a la militancia a proseguir con su confrontación contra lo que describió como un "modelo de miseria planificada". Su mensaje final combinó frustración con una reafirmación de propósito combativo.
La confluencia de estos elementos —la confirmación de la imputación por parte de una corte colegiada, la mantención de medidas cautelares económicas, el procesamiento pendiente en la Corte Suprema y la respuesta política del acusado— configura un escenario que trasciende lo meramente judicial. La trayectoria de este caso incidirá en la manera en que futuros movimientos sociales y ocupaciones de espacios públicos sean tratados por los órganos encargados de administrar justicia. Tanto quienes consideran que la magistratura protege el orden institucional como quienes ven en estas decisiones un brazo represivo del ejecutivo nacional encontrarán en esta causa argumentos para reforzar sus respectivas perspectivas. Lo cierto es que el avance hacia un juicio oral abierto y público permitirá que sean examinadas públicamente las pruebas, los testimonios y los fundamentos legales que sustentan cada una de las acusaciones formuladas.
