Cuando el apellido genera poder en dos esferas simultáneamente

Un vehículo de última generación estacionado en los pasillos del Congreso de la Nación no hubiese generado más que curiosidad si no fuese porque su propietario ocupa un cargo legislativo que, según acusaciones formalizadas ante la justicia, lo habría posicionado estratégicamente para beneficiar empresas sanitarias familiares. Manuel Quintar, diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, se encuentra en el centro de una investigación que desentraña presuntos mecanismos de canalización de recursos públicos hacia prestadores privados vinculados a su círculo cercano en Jujuy. La cuestión central no reside simplemente en la ostentación de un automóvil de importación estadounidense, sino en lo que ese gesto representa: la supuesta convivencia entre funciones públicas y patrimonios privados en crecimiento acelerado, un fenómeno que replica patrones históricos de la política argentina donde los límites entre lo público y lo privado frecuentemente se desdibujan.

La denuncia presentada ante instancias judicales federales en la provincia norteña por Facundo Pérez Ernst constituye apenas el punta del iceberg de una trama que involucra a funcionarios del aparato estatal nacional, sociedades mercantiles de diversos tipos y una estructura familiar cuyo pasado empresarial en el rubro sanitario se remonta a décadas. El caso se encuentra bajo la órbita de la fiscalía local de Federico Zurueta, aunque aún permanece en estadios preliminares de investigación. Conforme a lo informado por fuentes con acceso a los expedientes, se han ordenado múltiples diligencias de naturaleza económica y patrimonial tendientes a esclarecer los vínculos entre entidades comerciales y organismos estatales, algunas de ellas ya cumplimentadas mientras otras continúan en desarrollo.

Un entramado de negocios bajo administración de la familia

La arquitectura empresarial que circunda a Quintar en el ámbito sanitario jujeño no constituye un fenómeno reciente. Su raigambre se extiende hacia la década de 1990, momento en que su padre y un tío médico fundaron un establecimiento asistencial que originalmente llevaba el apellido familiar: Sanatorio Quintar. Décadas después, el cambio de denominación social al de Clínica Los Lapachos en el año 2012 no alteraría sustancialmente la estructura de control de la institución, que continúa siendo un activo central de su patrimonio declarado. El cambio de razón social occurrió en un contexto signado por litigios laborales, denuncias de práctica médica negligente y complicaciones financieras que llevaron al establecimiento a atravesar múltiples reestructuraciones empresariales. Observadores de la política provincial han caracterizado estas operaciones como mecanismos destinados a preservar la viabilidad operativa mientras se evitaban obligaciones de naturaleza laboral o patrimonial.

Junto a este establecimiento central, la órbita de negocios de Quintar se expande hacia otras entidades: la Clínica San Francisco, registrada a nombre de su esposa Natalia Castillo Aurane, y la Cooperativa de Profesionales de la Salud, constituida originalmente en 2003 aunque reactivada durante 2024 con nuevas autoridades. En esta última institución aparece como apoderada una prima del legislador, Analía Quintar. La acusación sostiene que estas entidades habrían obtenido habilitaciones, autorizaciones y canalizaciones de prestaciones a través del organismo estatal de cobertura para jubilados durante la gestión de Evaristo Bautista, director del PAMI en la jurisdicción provincial. Aunque Quintar niega formalmente cualquier vínculo entre Bautista y sus empresas, caracterizándolo como un profesional contador de amplias funciones asesoras en la provincia, la denuncia específica sugiere que tales negaciones no se corresponderían con el patrón de decisiones administrativas documentadas.

Un segundo personaje de relevancia en esta estructura es Roque Pereyra, quien desempeña actualmente funciones como titular de la cartera migratoria en Jujuy. Pereyra actúa simultáneamente como apoderado legal de la Clínica San Francisco y como socio del legislador en un estudio jurídico denominado Quintar y Asociados. Esta multiplicidad de funciones —derivar decisiones administrativas en materia de salud mientras se actúa como representante legal de entidades beneficiadas y socio profesional del mismo funcionario— configura lo que la acusación tipifica como un esquema de direccionamiento de recursos estatales. Hasta el momento, las medidas de prueba ordenadas por la fiscalía continúan en fase de cumplimiento, sin que se haya procedido aún a la formalización de la investigación según los protocolos que rige el sistema acusatorio vigente en Jujuy.

Las oscilaciones patrimoniales y la aceleración de bienes de alto valor

El análisis de las declaraciones juradas patrimoniales de Quintar revela dinámicas de acumulación que merecen atención. Al iniciar sus funciones legislativas en 2023, reportó activos por aproximadamente $4,1 millones. Hacia el cierre del mismo año, esa cifra se multiplicó notoriamente, alcanzando $252 millones, propulsado fundamentalmente por la revaluación de su participación accionaria del 33% en Servicios Profesionales de Salud SRL, que saltó de $500.000 a más de $225 millones. Durante ese período inicial también incorporó a su patrimonio declarado un motocicleta eléctrica de marca Husqvarna valuada en $300.000 aproximadamente, además de mantener una cartera vehicular que incluía unidades de gama media-alta como una Volkswagen Amarok y una Mercedes Benz ML 320. El efectivo disponible declarado rondaba los $1,8 millones.

Durante 2024, el patrón de fluctuaciones patrimoniales persiste aunque con variaciones significativas. El ejercicio inició con activos que superaban los $511 millones, pero cerró con un total declarado de $231 millones, principalmente por correcciones a la baja en la valuación de su participación societaria y por la inclusión de algunos bienes —incluyendo su residencia y el vehículo Amarok— con valor cero en el documento final. Sin embargo, durante ese mismo período incorporó nuevos bienes de considerables valores unitarios: un furgón Toyota Hiace Wagon tasado en $34 millones y una motocicleta eléctrica marca Stark Varg por más de $33 millones. Posteriormente, y ya en 2025, suma a su flota un vehículo Tesla Cybertruk importado desde territorio estadounidense, cuya valuación según allegados del legislador rondaría los US$126.000 más aproximadamente US$5.000 en concepto de traslado marítimo desde Miami. Estas incorporaciones sucesivas de bienes de tecnología de punta y valores elevados ocurren en paralelo a las denuncias sobre presunto direccionamiento de recursos públicos, generando interrogantes sobre las fuentes de financiamiento de tales adquisiciones.

Sospechas en el sector sanitario privado provincial

Actores del mercado sanitario privado jujeño han manifestado en los últimos meses un creciente malestar respecto de los mecanismos de autorización y pago de prestaciones durante la actual administración. Según versiones provenientes de empresarios del sector, existen diferencias sustanciales en los techos de cobertura otorgados a distintas instituciones para estudios clínicos y diagnósticos por imágenes, mecanismos diseñados teóricamente para prevenir sobrefacturación mediante servicios inexistentes o simulados. Conforme a lo relatado por estos actores, mientras que establecimientos competidores enfrentaban límites estrictos para facturación de estudios diagnósticos, una proporción significativa de prestaciones que excedían esos montos terminaba siendo canalizada hacia la Clínica Los Lapachos, el establecimiento históricamente vinculado a la familia del legislador. Esta concentración selectiva de derivaciones habría generado asimetrías competitivas que favoreceríamos el patrimonio del diputado en detrimento de otras instituciones operando bajo reglas aparentemente más restrictivas.

Un episodio adicional que alimentó las sospechas fue registrado a comienzos de 2025, en el contexto de auditorías masivas impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron convocados para revalidar sus prestaciones precisamente en las instalaciones de la Clínica Los Lapachos. La simultaneidad resulta problemática desde ópticas de gobernanza pública: la misma administración nacional que impulsa auditorías sobre supuestas irregularidades en pensiones por discapacidad deriva esos procesos de verificación hacia una institución sanitaria vinculada a uno de sus propios funcionarios legislativos. Aunque Quintar sostiene que su establecimiento opera conforme a los mismos parámetros que el resto de los prestadores autorizados, el patrón descrito sugiere una diferencia de trato que requeriría explicación.

Una trayectoria política de giros estratégicos

Quintar no se presenta simplemente como empresario sanitario que incursionó en política, sino como actor con un itinerario político que refleja cálculos estratégicos alineados con las coyunturas del sistema político nacional. En 2021, participó en las listas de candidatos del Frente de Todos en Jujuy, bajo el impulso de Rubén Rivarola, entonces titular de la estructura partidaria peronista provincial. Aunque quedó próximo a obtener una banca en la Legislatura provincial, nunca ocupó posiciones relevantes dentro de la estructura del Partido Justicialista más allá de su reconocimiento como vinculado al sector empresario sanitario. Con el ascenso de Javier Milei y la configuración de La Libertad Avanza como fuerza política nacional emergente, recalculó su posicionamiento. Se incorporó a la estructura libertaria y logró un lugar en las listas de diputados nacionales mediante respaldos de operadores territoriales como Carlos Kikuchi y Eduardo "Lule" Menem, identificado como colaborador cercano de Karina Milei. El actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a su respaldo cuando el Tesla generó revuelo en los pasillos parlamentarios, afirmando que el legislador "puede manejar el auto que quiera" y negando la existencia de malestar interno. El mismo Milei amplificó el mensaje de respaldo a través de redes sociales.

Cuando se le consulta sobre estos giros de alineamiento, Quintar responde de forma directa: "Me fui del PJ cuando me di cuenta de lo que eran". La caracterización es sintética pero cargada de significación política. Sugiere una ruptura ideológica que se alinea con los discursos libertarios de crítica al Estado. Sin embargo, el patrón de sus acciones como empresario —la utilización de reestructuraciones empresariales para evadir obligaciones, la canalización de prestaciones públicas hacia sus propias entidades— sugiere una pragmática más cercana a la maximización de oportunidades que a principios doctrinarios sobre reducción estatal. Su hermana, Alba Quintar, también circula en espacios libertarios salteños, aunque generó fracciones dentro de esa coalición al apoyar candidaturas paralelas a la línea oficial. Tras las elecciones, terminó siendo incorporada al gobierno salteño en funciones relacionadas a políticas sobre consumos problemáticos.

Implicancias y proyecciones hacia adelante

El conjunto de hechos documentados en la denuncia y las circunstancias que rodean a Quintar plantea interrogantes sobre cómo se articulan las funciones públicas legislativas con los intereses empresariales privados en Argentina, particularmente en provincias donde las estructuras de poder político y económico mantienen vínculos históricos. La investigación fiscal en curso y las medidas probatorias ordenadas determinarán si existe base suficiente para formalizar la causa y avanzar hacia etapas procesales que eventual permitirían esclarecer si efectivamente operaron mecanismos de direccionamiento de recursos. Desde perspectivas institucionales, la situación evidencia tanto la relevancia de mecanismos de transparencia patrimonial —que permiten documentar adquisiciones de bienes de alto valor— como las limitaciones de tales instrumentos cuando no van acompañados de investigaciones que vinculen flujos de recursos con decisiones administrativas específicas. Desde ópticas de gobernanza sanitaria, la supuesta concentración de prestaciones en establecimientos particulares mientras se ejercen funciones públicas sobre el sistema de cobertura replica problemas conocidos en la administración de fondos de salud en distintas jurisdicciones. Desde planteamientos sobre conflictos de intereses, la multiplicidad de roles que ocupan actores como Pereyra —funcionario, apoderado legal, socio profesional— ejemplifica la porosidad de límites que debería separar decisiones en materia de asignación de recursos públicos respecto de posiciones donde existen intereses privados en juego. Los resultados de la investigación definirán no sólo la situación particular de Quintar, sino también qué precedentes sienta respecto de cómo se procesan en el futuro denuncias de características similares.