Mientras el Congreso se resiste a aprobar iniciativas de transformación económica, la Casa Rosada ultima los detalles de un nuevo paquete desregulador que promete remecerlos cimientos de sectores históricos de la economía argentina. El expediente, actualmente bajo revisión en el Poder Ejecutivo a la espera de la rúbrica presidencial, contempla cambios de envergadura en rubros tan diversos como la venta de medicinas, el transporte fluvial, las operaciones inmobiliarias, los arrendamientos rurales, la industria vitivinícola, el comercio de libros, la distribución de gas envasado, el sistema financiero, la traducción pública y el régimen cooperativista. Pero lo verdaderamente disruptivo reside en su petición final: solicitar al Congreso facultades delegadas por seis meses para que el Presidente pueda seguir desregulando por decreto, sin necesidad de tramitar una ley para cada modificación. El movimiento refleja la frustración acumulada ante el bloqueo legislativo de iniciativas previas y representa un intento por esquivar los obstáculos parlamentarios mediante una herramienta constitucional que amplificaría el poder ejecutivo en materia económica.

La arquitectura de este nuevo arsenal regulatorio fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la conducción de Federico Sturzenegger, y surge en un contexto de desgaste político evidente. El oficialismo acumula iniciativas estancadas en las cámaras legislativas por falta de votos suficientes. El paquete sobre propiedad privada, que habilitaría la venta de tierras nacionales a extranjeros y agilizaría desalojos, volvió a postergarse en la última sesión del Senado. El proyecto conocido como "Hojarasca", destinado a eliminar normas que el Gobierno considera obsoletas, tampoco prospera. La nueva Ley General de Sociedades, que introduciría figuras automatizadas vinculadas a blockchain e inteligencia artificial, permanece en suspenso. Ante este panorama de bloqueos sucesivos, la estrategia cambia de dirección: en lugar de insistir con leyes formales, el Ejecutivo busca blindarse con poderes ampliados para actuar sin intermediación parlamentaria durante medio año.

El mecanismo de poder: qué son y cómo funcionarían las facultades delegadas

Las facultades delegadas constituyen una herramienta contemplada en la arquitectura constitucional argentina que permite al Presidente ejercer funciones legislativas durante un plazo determinado y sobre áreas específicas de la administración o en caso de emergencia pública. Se diferencian de los decretos de necesidad y urgencia porque requieren autorización previa del Congreso y están sujetos a controles parlamentarios más estrictos. En este caso, el Poder Ejecutivo propone declarar la emergencia administrativa y de competencia por seis meses, lo que lo habilitaría para modificar o derogar normas que, según su perspectiva, restringen la competencia o generan barreras de entrada en diversos mercados. El esquema incluye el poder de tocar regímenes de precios mínimos o máximos, cupos de producción, beneficios sectoriales, monopolios legales y otras regulaciones que el Gobierno califica como perjudiciales o desactualizadas. A cambio de esta amplitud, el Ejecutivo se comprometería a enviar trimestral al Congreso un informe detallado con las medidas adoptadas durante el período de delegación. El objetivo implícito es acelerar la transformación sin necesidad de impulsar legislaciones individuales para cada cambio, un mecanismo similar al que ya fue solicitado durante la sanción de la Ley Bases, aunque esta vez circunscripto de manera más específica a la agenda de desregulación económica.

Los cambios sectoriales: de medicinas a criptomonedas

Dentro del abanico de reformas propuestas, el capítulo dedicado a medicamentos constituye quizás el más sensible desde la perspectiva del sector farmacéutico. El Gobierno insiste en flexibilizar el régimen de comercialización para permitir que medicamentos de venta libre puedan ser exhibidos en góndolas de supermercados, una práctica actualmente prohibida salvo por un amparo judicial que beneficia a Farmacity. La iniciativa también amplía las posibilidades de venta online con entrega a domicilio, modalidad que ya había sido parcialmente autorizada mediante decreto pero quedó suspendida por medidas cautelares impulsadas por entidades del sector farmacéutico. Al dotar de respaldo legal a estos cambios, el Gobierno espera sortear las barreras judiciales que han frenado su implementación. En materia de libros, la propuesta deroga el régimen de precio uniforme, permitiendo que cada comercio fije libremente el valor de venta de un mismo título y ofrezca descuentos sin las restricciones actuales. Los funcionarios del ministerio sostienen que la medida fomentará la competencia y reducirá costos para consumidores, aunque sectores del mundo editorial cuestionan este diagnóstico. En relación al gas envasado, el Estado abandonaría su participación en la fijación de precios, márgenes de rentabilidad y cupos de producción, limitando su intervención a controles de seguridad técnica.

En el terreno financiero, la propuesta introduce cambios sustanciales en los regímenes de prendas y warrants, con énfasis en la digitalización de garantías. De particular relevancia resulta la habilitación expresa de activos virtuales, especialmente criptomonedas, como garantía para obligaciones financieras. El proyecto también incorpora contratos inteligentes y firmas digitales, creando un registro federal unificado que permitiría consultar todas las garantías constituidas en el territorio nacional. Asimismo, digitaliza los certificados de depósito y warrants utilizados por el sector productivo. Desde la Casa Rosada argumentan que estas reformas facilitarán el acceso al crédito y reducirán costos administrativos, aunque expertos financieros advierten sobre riesgos vinculados con la volatilidad de los activos virtuales cuando se utilizan como respaldo de obligaciones.

El sector agropecuario también recibiría transformaciones profundas. El anteproyecto deroga la ley de arrendamientos rurales, que establece plazos mínimos y otras condiciones obligatorias para el alquiler de campos. De aprobarse, propietarios y productores podrían acordar libremente duración, precio y modalidad de pago, aunque los contratos vigentes mantendrían sus condiciones hasta vencimiento. En navegación fluvial, el Gobierno busca reflotar parcialmente los cambios incluidos en el decreto 340/2025, rechazado por el Congreso, que habilitaba mayor apertura del transporte de cabotaje a embarcaciones extranjeras. La propuesta permite que buques foráneos realicen cabotaje interno mediante permisos temporarios y establece un esquema progresivo de incorporación de tripulación argentina según permanencia en territorio. En lo inmobiliario, la reforma elimina la obligatoriedad del título universitario y matrícula profesional para ejercer como corredor o martillero público, argumentando que constituyen barreras de entrada que encarecen operaciones. Esta medida permitiría que cualquier persona intermedie en transacciones inmobiliarias.

Otras modificaciones de menor envergadura pero igual trascendencia afectan sectores específicos. El Instituto Nacional de Vitivinicultura dejaría de controlar etapas del proceso de elaboración para concentrarse únicamente en verificar autenticidad y aptitud del producto final, mientras que la Corporación Vitivinícola Argentina sería disuelta y sus funciones transferidas al INV. En materia de traducción pública, se elimina la obligación general de presentar traducciones realizadas por traductores matriculados ante la administración nacional, quedando la exigencia reservada a casos específicos. Finalmente, para las cooperativas se establece que aquellas con excedentes superiores a 500 millones de pesos anuales deberán pagar impuesto a las ganancias, eliminando la exención plena que actualmente ostentan.

Los nudos de resistencia: por qué el Congreso frenó anteriores iniciativas

El contexto político que rodea estas propuestas explica la estrategia ejecutiva de buscar facultades delegadas. El oficialismo no dispone de mayorías propias ni de coaliciones estables en ambas cámaras que garanticen la aprobación de reformas de este calado. Bloques opositores, gobiernos provinciales y sectores empresariales específicos han cerrado filas contra iniciativas previas. El paquete sobre propiedad privada, por ejemplo, generó resistencias incluso dentro de provincias gobernadas por el mismo partido del Presidente. El proyecto "Hojarasca" enfrentó cuestionamientos por su amplitud y vaguedad. La nueva Ley General de Sociedades tropezó con preocupaciones sobre incorporación de tecnologías poco reguladas. En este escenario de fragmentación parlamentaria, la solicitud de facultades delegadas representa un cambio de táctica: en lugar de convencer legisladores uno a uno, se busca obtener autorización para actuar sin intermediación legislativa durante seis meses, confiando en que los cambios ya implementados generen consensos posteriores o resulten irreversibles.

Las implicancias de este movimiento trascienden lo meramente procedimentalista. De prosperar, otorgaría al Poder Ejecutivo una capacidad inédita para reconfigurar regímenes económicos complejos sin necesidad de negociar con una legislatura fragmentada. Diferentes actores políticos y sociales interpretarán esta iniciativa según sus propias posiciones. Sectores que apoyan la desregulación verán en ella la oportunidad de avanzar finalmente con transformaciones que consideran imprescindibles para mejorar competitividad y reducir costos. Quienes cuestionan estas políticas alertarán sobre riesgos de concentración de poder y sobre efectos potencialmente perjudiciales en empleo, acceso a medicinas, competencia real en mercados oligopolizados y derechos de pequeños productores. Las provincias, por su parte, evaluarán cómo estas reformas afectan sus economías locales y sus capacidades de regulación territorial. El mercado financiero probablemente reaccione positivamente ante la perspectiva de reformas, mientras que sindicatos, pequeños y medianos empresarios, y organizaciones de consumidores expresarán reservas sobre consecuencias no previstas de cambios tan amplios y simultáneos.