El mecanismo previsto en la Constitución Nacional para gestionar el retiro obligatorio de magistrados que cumplen 75 años se ha convertido, bajo la administración actual, en una herramienta de ingeniería política sin velos. La Carta Magna establece desde 1994 un sistema que parecía equilibrado: los jueces cesan automáticamente al alcanzar esa edad, pero el Presidente puede solicitar una prórroga con aprobación del Senado. Lo que en teoría funciona como un filtro de continuidad basado en mérito se practica ahora como un instrumento de discreción pura, donde la permanencia de unos magistrados y la salida de otros responden a lógicas de alineamiento político antes que a cualquier criterio institucional objetivo.

Frente a consultas directas sobre por qué aplicó criterios tan dispares en casos prácticamente simultáneos, funcionarios de la cartera de Justicia no esquivaron la respuesta: la discrecionalidad es inherente a las facultades presidenciales. Así, sin ambages, reconocieron públicamente que el Ejecutivo no se rige por principios uniformes sino por conveniencia política en cada caso. Esta admisión resulta particularmente reveladora porque legitima lo que, en cualquier democracia madura, suele ocultarse bajo justificaciones técnicas o de idoneidad profesional. Aquí, el poder político renuncia incluso al eufemismo.

Tres jueces, tres destinos distintos: la cartografía de la discrecionalidad

Los casos de Martín Irurzun, Carlos Mahiques y Víctor Pesino funcionan como espejos que revelan cómo opera este sistema de selección política disfrazado de normalidad administrativa. Los tres magistrados enfrentaban la misma situación: aproximarse o haber alcanzado el límite de edad de 75 años. Sin embargo, sus trayectorias institucionales posteriores resultaron radicalmente diferentes, exponiendo los verdaderos criterios de decisión del Gobierno.

Irurzun, integrante de la Cámara Federal desde 1994 y presidente de su Sala II durante décadas, acumulaba el capital político más peligroso para cualquier administración: una trayectoria de independencia judicial consolidada. Su curriculum como magistrado incluía señales frecuentes de resistencia ante presiones del poder ejecutivo, una característica que en tiempos de transformación institucional agresiva representa un obstáculo incómodo. El Gobierno decidió no enviar su pliego al Senado para su reconfirmación. En su lugar, convocó a concurso público para designar nuevos miembros en la Cámara Federal porteña, abriendo la posibilidad de colocar nombres más afines a los objetivos de la gestión. Los candidatos propuestos incluyen a Pablo Yadarola, cercano a círculos gubernamentales, y Pablo Bertuzzi, quien ya se desempeña en el tribunal. El pretexto de la edad ocultaba mal una decisión política: desmantelar una estructura judicial que había demostrado independencia.

El contraste con Carlos Mahiques no podría ser más nítido. Mahiques padre, quien cumple 75 años el 1° de noviembre, recibió tratamiento de urgencia. Su renovación para la Cámara de Casación Penal se impulsó con varios meses de anticipación, sin esperar a que se aproximara su fecha de jubilación. El Poder Ejecutivo movió los engranajes administrativos con precisión quirúrgica: la Comisión de Acuerdos dictaminó en abril, el Senado votó en mayo por 58 votos a favor y 11 en contra, y el decreto 367/2026 lo aseguró en el cargo hasta 2031. El beneficiario es padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien lidera la reorganización del Poder Judicial. El Gobierno argumentó que el envío del pliego ocurrió antes de que el ministro asumiera su cargo, un tecnicismo que no altera la conclusión evidente: la máquina estatal funcionó sin fricciones para garantizar la continuidad de un magistrado vinculado familiarmente al poder.

Las señales que hablan más que las palabras oficiales

Víctor Pesino, camarista laboral, encarna una tercera versión de esta misma película. Su pliego de renovación se incluyó en el Boletín Oficial un día después de que firmara una resolución con efecto suspensivo sobre una apelación contra la ley de reforma laboral impulsada por Milei. Esa decisión reactivó efectivamente la reforma, que estaba bloqueada por una medida cautelar de la CGT. Pesino explicó ante el Senado que no existía vinculación entre su voto y su renovación, que los plazos desmentiían cualquier transacción. Sin embargo, admitió simultáneamente que se había reunido con el ministro Mahiques antes de emitir su fallo, encuentro en el cual se le informó que su proceso de reconfirmación avanzaría sin demoras. El Senado le otorgó cinco años adicionales en el cargo hace apenas una semana, en un contexto donde ya enfrentaba el plazo límite del 27 de julio para no jubilarse. Las coordinaciones temporales sugieren una lógica transaccional más allá de lo que las palabras públicas reconocen.

En apenas cuatro meses y medio desde que Mahiques asumió como ministro de Justicia, el Gobierno logró remodelar la estructura de la Justicia Federal de modo comparable a lo que Mauricio Macri consiguió en un período significativamente más largo. Durante el macrismo, cuando Mahiques era viceministro, impulsó propuestas para más de un centenar de jueces. Ahora, en 150 días, ha alcanzado cifras similares. Esta velocidad y intensidad en la transformación no son casuales: reflejan una estrategia deliberada de sustituir magistrados cuyas trayectorias muestran independencia por otros cuya lealtad institucional se alinea mejor con los objetivos del Ejecutivo. La Cámara Federal porteña, tribunal crucial que resuelve la confirmación o el desestimamiento de causas de corrupción, se convierte así en el epicentro de una batalla por el control de la narrativa judicial.

El mecanismo constitucional de límite de edad, pensado originalmente como un equilibrio entre renovación generacional y protección de magistrados probos, se ha transformado en un instrumento de selección política. Cada juez que se aproxima a los 75 años ingresa en una zona de incertidumbre donde su futuro institucional depende no de su desempeño o trayectoria, sino de cálculos políticos opacos y decisiones ejecutivas que no requieren justificación pública. El Presidente, formalmente, posee la atribución constitucional para tomar estas decisiones. Pero cuando la discrecionalidad se ejerce sin criterios visibles más allá de la conveniencia política inmediata, la estructura de pesos y contrapesos que sostiene a las democracias constitucionales se debilita.

Las implicancias de un Poder Judicial moldeable

Las consecuencias de esta dinámica se proyectan más allá del corto plazo. Un Poder Judicial cuya composición responde primordialmente a decisiones ejecutivas discrecionales tiende a perder gradualmente la capacidad de funcionar como contrapeso institucional. Los magistrados que saben que su permanencia depende de agradar al poder ejecutivo enfrentan incentivos implícitos para modular sus decisiones. Quienes, como Irurzun, han demostrado independencia histórica, pueden ser expulsados sin necesidad de justificación formal. Quienes, como Pesino, facilitan políticas del Ejecutivo, pueden contar con renovaciones expeditas. Esta mecánica no requiere órdenes explícitas ni coimas: funciona como un sistema de presiones y señales que reorientan gradualmente las prioridades institucionales.

Desde perspectivas que enfatizan la gobernanza ejecutiva, podría argumentarse que los presidentes deben contar con capacidad de decisión en materia de composición judicial, que la rigidez en estos temas obstaculiza reformas necesarias y que los mecanismos de control legislativo a través del Senado proporcionan filtros adecuados. Desde posiciones que priorizan la independencia judicial, por el contrario, este tipo de prácticas socavan la separación de poderes y generan dudas sistemáticas sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales en asuntos que involucren al poder ejecutivo. Ambas perspectivas seguirán tensionándose mientras no existan criterios públicos, predecibles y despersonalizados para aplicar estos mecanismos de renovación judicial.