La política tiene estos momentos de claridad brutal donde los telegramas cifrados se convierten en titulares a plena luz del día. Lo que sucedió el miércoles en el Congreso de la Nación no fue simplemente una sesión especial ganada por la oposición sobre temas que irritan profundamente al Gobierno: fue el acta de defunción de un acuerdo que, en teoría, articulaba la gobernabilidad desde hace más de un año. Cuando la hermana del Presidente pisó el recinto pasadas las tres y media de la tarde, no venía a celebrar una victoria. Venía a explicar una derrota que se había negociado en los pasillos y que sus propios aliados históricos estaban descubriendo por terceras personas, sin filtro oficial, sin comunicado, sin siquiera un llamado telefónico que les advirtiera: algo cambió en la geometría del poder.
Los números son simples pero hablan de una complejidad política que trasciende las cifras. La sesión especial convocada por Unión por la Patria y otros bloques críticos llegó con la certeza de que tenía los votos necesarios para abrir las puertas del recinto. Dos temas estaban sobre la mesa: políticas vinculadas a personas con discapacidad y cuestiones de endeudamiento, ambas consideradas especialmente sensibles para una administración que ha basado gran parte de su narrativa en la contención del gasto estatal y el ajuste fiscal. El Gobierno enfrentó semanas previas cargadas de intentos frustrados por desactivar el encuentro. Se activaron conversaciones con gobernadores, se movieron fichas en distintos tableros, se esperaba que los propios números libertarios pudieran bloquear un quórum que parecía seguro. Pero la matemática legislativa tiene sus propias reglas, y la oposición contaba con una mayoría que no podía negarse con retórica. Así llegaron los libertarios a una encrucijada: permitir que la sesión se llevara a cabo con su ausencia y perder completamente el control de la narrativa, o participar en el quórum y negociar los términos de lo que se discutiría adentro.
La operación de contención en tiempo real
Karina Milei no fue al Congreso a festejar. Llegó a poco antes de las cuatro de la tarde para hacer lo que su rol le permite: contener a sus propios legisladores, repasar la agenda, procesar lo que había sucedido apenas minutos antes cuando finalizaba la sesión especial. En el despacho de Martín Menem, el subsecretario de Asuntos Institucionales, la recibió un puñado reducido de diputados libertarios, incluyendo a Gabriel Bornaroni, jefe del bloque, y a Romina Diez, legisladora santafesina. Más tarde llegaría Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, que se reuniría con Menem y su equipo para tratar proyectos conectados con la desregulación del mercado de capitales. La escena tenía toda la arquitectura de una operación de daños: coordinación entre el Ejecutivo, presencia de la figura con mayor proximidad al Presidente, encuentros segmentados según temas y niveles jerárquicos. Desde la vocería oficial se insistió posteriormente en que se trataba de las reuniones mensuales habituales que la secretaria general de la Presidencia mantiene con diputados provinciales del bloque libertario, espacios dedicados a cuestiones partidarias y de territorialidad. También señalaron que se había repasado la agenda legislativa con miras a los próximos movimientos, particularmente la presentación de un proyecto sobre Soberanía de Malvinas previsto para la semana siguiente.
Sin embargo, las explicaciones posteriores no podían desmontar la realidad de lo que había ocurrido en el interior del recinto horas antes. Los libertarios habían decidido contribuir al quórum, lo que en términos políticos significa que abandonaron la estrategia de bloqueo pasivo y optaron por una participación activa en un proceso que sabían que perderían. Esa decisión no era un capricho legislativo ni una maniobra menor: era el resultado de una negociación que incluyó, según los reportes que circulaban en los pasillos, un acuerdo con sectores del peronismo para modular los tiempos de debate, limitar los alcances de la sesión y evitar una jornada extensa repleta de reproches políticos que hubiera expuesto aún más la debilidad gubernamental. La moneda de cambio era clara: los libertarios cerraban su boca a cambio de que la oposición cerrara la sesión con la mayor brevedad posible. Un intercambio donde ambos actores ganaban algo pero perdían el control total de la narrativa.
El silencio que traiciona a los aliados
Pro y la Unión Cívica Radical despertaron a una realidad que nadie les había comunicado de antemano. Hasta la noche anterior a la sesión, la estrategia coordinada era que los bloques que respaldaban al Gobierno mantendrían una postura de no acompañamiento: no irían al recinto, no darían quórum, dejarían que la oposición cargara con el peso de convocar legisladores suficientes. Era un plan comunicado, acordado, conversado. Pero cuando Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro, y Pamela Verasay, titular del bloque radical, llegaron al Congreso a último momento para corroborar que efectivamente sus propios números no estaban siendo requeridos, se enteraron de que el Gobierno había decidido cambiar de juego sin avisarles.
Los radicales fueron los únicos que mantuvieron una posición consistente: no avalaron la sesión, no dieron quórum, se mantuvieron alejados del recinto. Pro, por su parte, además de no participar en el quórum, marcó una diferencia sustancial con el Gobierno en el contenido de lo que se estaba debatiendo respecto a políticas para personas con discapacidad, exigiendo públicamente que el Ejecutivo presentara un calendario claro de pagos a los prestadores de servicios. No era una crítica menor: era un punto donde Pro exponía que el Gobierno estaba cediendo ante demandas sin contar con los recursos fiscales para implementarlas de manera ordenada. Un legislador de la UCR lo expresó con toda crudeza: "Que explique el oficialismo por qué acordó con la oposición y resignó hablar del costo fiscal de los proyectos". La pregunta encerraba un reproche mucho más profundo: los aliados querían saber por qué se había tomado una decisión de esa magnitud sin incluirlos en la conversación, sin siquiera extenderles la cortesía de una comunicación previa.
Lo que sucedió en las horas siguientes fue la manifestación de una fractura que llevaba tiempo formándose pero que recién ahora saltaba a la vista con nitidez. Pro y la UCR no eran simplemente aliados táticos que acompañaban al Gobierno en cada votación: eran socios que supuestamente tenían voz en las decisiones estratégicas. La maniobra del miércoles, sin embargo, reveló que esa supuesta asociación era más superficial de lo que sus dirigentes creían. El Gobierno había negociado sin ellos, había pactado sin consultarlos, había tomado decisiones sobre asuntos legislativos importantes sin siquiera darles tiempo para procesar la información y decidir su propia postura. Era como si descubrieran que asistían a reuniones de directorio en las que se tomaban decisiones en otras salas, a puerta cerrada, sin su presencia.
En las semanas y meses anteriores, la estrategia gubernamental había estado orientada a evitar exactamente esto: permitir que la oposición ganara votaciones importantes. El Gobierno sabía que cada derrota parlamentaria se transformaba en un símbolo de debilidad, un precedente que empoderaba a sus críticos, una grieta en la narrativa de control que los libertarios intentaban mantener. Por eso se había insistido tanto en desactivar la sesión, en negociar con gobernadores, en activar todos los mecanismos disponibles para bloquear un encuentro que finalmente sería inevitable. Cuando eso no funcionó, cuando los números no cerraron de la manera esperada, la administración optó por cambiar de táctica: si no podía evitar la derrota, al menos podía controlar sus alcances, negociando con la oposición para una sesión breve y ordenada en lugar de una maratón política donde sus debilidades quedarían expuestas de manera más dramática.
Las consecuencias de esta serie de decisiones se despliegan en varios planos simultáneamente. Por un lado, está la cuestión de la gobernabilidad legislativa: un Gobierno que pretende gobernar durante cuatro años necesita aliados confiables, bloques que sepan que serán consultados antes de cambios estratégicos importantes. La erosión de esa confianza, incluso si es parcial, genera incertidumbre sobre cuál será el comportamiento futuro de Pro y la UCR en votaciones críticas. ¿Volverán automáticamente a acompañar al Gobierno, o buscarán negociar sus propios términos en cada decisión importante? Por otro lado, existe la dimensión de la credibilidad del Ejecutivo frente a sus propios bloques de apoyo: si el Gobierno puede cambiar de estrategia sin avisar a sus aliados, ¿qué garantías tienen esos aliados de que las decisiones que se comunican públicamente son realmente las que se implementarán? Finalmente, hay una pregunta más amplia sobre la arquitectura misma del acuerdo político que sustenta al Gobierno: si sus socios históricos se enteran por terceros de decisiones que los afectan directamente, ¿es realmente viable mantener una coalición de gobernabilidad estable?
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