La provincia de Buenos Aires enfrenta un escollo administrativo que trasciende lo meramente burocrático: la conformación de las comisiones legislativas quedó incompleta por una razón que resume con precisión la fotografía política actual del peronismo bonaerense. La vicegobernadora Verónica Magario rubricó el pasado jueves la creación de 25 de las 26 comisiones que necesita el Senado provincial, pero dejó deliberadamente sin definir la más crucial de todas, aquella que debe dictaminar sobre los cambios electorales que sacudirán el mapa político de la provincia en los próximos años. Esa ausencia no es capricho administrativo: es el termómetro de una fractura en el seno del movimiento que gobierna, una grieta que corre entre dos visiones irreconciliables sobre cómo debe distribuirse el poder en la estructura legislativa.
Hace meses que el Senado bonaerense funciona en estado de hibernación. Durante todo este año apenas realizó dos sesiones especiales, pero ninguna ordinaria se materializó. Es decir, la legislatura de la provincia más poblada del país prácticamente no legisla. En ese contexto de casi parálisis, la firma del decreto que oficializó las 25 comisiones representó una primera señal, aunque tímida, de movimiento. Sin embargo, en el artículo segundo del documento quedó anotada una cláusula que revela el conflicto de fondo: "Los miembros de la Comisión Permanente de Reforma Política y Régimen Electoral serán designados por decreto complementario". En otras palabras, la más importante de todas las comisiones quedó en el limbo, sin estructura, sin integrantes, sin capacidad de funcionar. El anuncio de una posible sesión ordinaria para el jueves siguiente tampoco se concretó con certeza.
El nudo de la discordia: qué se juega en Reforma Política
Para entender por qué esta comisión específica genera tanta fricción, es necesario dimensionar el catálogo de cambios electorales que cuelgan de su decisión. Los proyectos en carpeta incluyen propuestas que reconfiguran la manera en que los bonaerenses votan: la implementación de la boleta única de papel, mecanismo que simplificaría la emisión del voto pero que también modificaría dinámicas de campaña y financiamiento; la supresión de las PASO, el sistema de primarias abiertas simultáneas que permitía competencias internas entre candidatos del mismo partido; y el restablecimiento de las reelecciones ilimitadas para intendentes, un cambio que afecta directamente los equilibrios de poder territorial. Cada una de estas modificaciones beneficia o perjudica a distintos sectores de la política bonaerense, de ahí que su aprobación o rechazo nunca sea neutral. Las aspiraciones opositoras confluyen con las del oficialismo en esta arena, creando un tablero de ajedrez en el que cada movimiento tiene consecuencias amplificadas.
La disputa explícita es por la presidencia de esa comisión, y ella encarna una tensión más profunda dentro del peronismo: la que enfrenta a los seguidores de Cristina Kirchner con los cercanos al gobernador Axel Kicillof. Según testimonios de legisladores relevados en las semanas previas, esta batalla interna no se resolvió de ningún modo. Un referente de la oposición parlamentaria fue directo en sus palabras: "Sigue trabado lo de Reforma Política. Hay cuestiones por resolver". Otro legislador no identificado con el kicillofismo reforzó la idea: "La pelea es así". El paralelo que trazó un senador peronista también fue elocuente: la Comisión de Asuntos Constitucionales, que La Cámpora —la agrupación cristinista— deseaba presidir, terminó bajo control del massismo. La lógica de esos intercambios revela cómo funciona el reparto de poder: cada sector negocia su participación en espacios clave, y cuando no logra un acuerdo, elige el camino de la obstrucción antes que la derrota.
El contexto de parálisis que caracteriza a las legislaturas bonaerenses
La inmovilidad del Senado no es un fenómeno aislado. La Cámara de Diputados provincial presenta un cuadro todavía más preocupante: sus comisiones jamás fueron conformadas y tampoco realizó sesión ordinaria alguna en lo que va del año. Ambas cámaras disponen de presupuestos considerables para funcionar: la Cámara de Diputados cuenta con $222.800.000.000 para el ejercicio, mientras que el Senado maneja $156.204.115.970. A pesar de esa disponibilidad de recursos, la actividad legislativa es prácticamente nula. La firma del decreto de Magario, aunque parcial, puede interpretarse como un intento de romper ese bloqueo, al menos en la rama senatorial. La inclusión de 25 comisiones cubre areas extensas de la gestión pública: desde Legislación General hasta Obras y Servicios Públicos, pasando por Asuntos Municipales, Descentralización, Industria y Minería, entre otras. Esas 25 comisiones podrían permitir que la maquinaria legislativa avance en diversos temas, pero mientras la Comisión de Reforma Política permanezca sin conformar, los cambios electorales más sensibles quedarán congelados.
El hecho de que Magario haya elegido diferir la constitución de esta comisión mediante un decreto posterior es sintomático. Podría interpretarse como un intento de ganar tiempo, de buscar una salida negociada que no existe, o simplemente de reconocer que la grieta interna del peronismo es demasiado profunda para zanjarla unilateralmente. La vicegobernadora ocupa una posición delicada: aunque formalmente preside el Senado, sus decisiones en materia legislativa están sometidas a las dinámicas de poder que operan tanto dentro como fuera de la institución. Un senador disconforme expresó su malestar indicando: "Fue decisión final de ella", lo que sugiere que Magario tomó la determinación de manera unilateral, posiblemente para evitar elegir un bando dentro de la interna peronista.
A nivel nacional, la reforma electoral ha sido un tema recurrente en la agenda política argentina, especialmente en años electorales. La boleta única de papel, por ejemplo, ha sido promovida desde diferentes espacios políticos con argumentos diversos: algunos la ven como un mecanismo de transparencia y simplificación, mientras que otros la consideran un cambio que puede afectar la organización de campañas costosas. Las PASO, implementadas en 2009, también han sido objeto de debate permanente. Su supresión fue votada por el Congreso Nacional en 2021, pero su reimplementación en algunas provincias mantiene el tema vivo. En Buenos Aires, además, la cuestión de las reelecciones indefinidas de intendentes tiene raíces más profundas aún, vinculadas a la construcción de poder territorial que caracteriza a la política bonaerense desde hace décadas.
Implicancias y escenarios posibles hacia adelante
La parálisis legislativa en Buenos Aires, visible en la ausencia de sesiones ordinarias y en la imposibilidad de conformar una comisión electoral, genera un vacío que puede derivar en múltiples consecuencias. Si la Comisión de Reforma Política no se constituye en los próximos tiempos, los proyectos que aguardan sanción permanecerán congelados, lo que implica que las reglas electorales continuarán siendo las vigentes, al menos hasta que se resuelva la interna peronista. Algunos sectores podrían ver esta demora como favorable a sus intereses, mientras que otros la vivirían como un obstáculo. Por otro lado, la capacidad legislativa de la provincia se ve comprometida en líneas generales: con una sola de las dos cámaras parcialmente operativa y la otra prácticamente inactiva, la provincia enfrenta limitaciones significativas para abordar cuestiones de relevancia institucional. El contexto de presupuestos millonarios asignados a estas legislaturas contrasta claramente con su nulo desempeño, lo que alimenta interrogantes sobre la eficiencia del gasto público en estructuras legislativas que no cumplen su función.
