Cuando un funcionario de economía utiliza la palabra "reactivación", está admitiendo implícitamente aquello que su gobierno había prometido que nunca ocurriría. Luis Caputo, titular de la cartera económica, pronunció esa expresión clave hace poco al justificar una decisión del Banco Central que flexibiliza el uso de los depósitos en moneda extranjera que resguardan los bancos del país. La medida es técnicamente menor, pero el vocablo es mayúsculo: confirma que la actividad económica está deprimida, que los sectores productivos tradicionales languidecen y que el aparato estatal percibe esta realidad con la claridad que otorga el impacto directo en sus arcas. No se trata de un desliz casual, sino del reflejo de una tensión que recorre toda la estructura del poder ejecutivo y que comienza a generar grietas en la coalición gobernante.

La paradoja del dólar y la restricción prudente

El banco central, bajo la conducción de Santiago Bausili, autorizó a las entidades financieras a destinar hasta un 15 por ciento de sus depósitos en dólares para otorgar préstamos a empresas que no generan divisas de exportación. Hasta ese momento, la normativa solo permitía financiar a los agentes económicos que aportaban esos dólares. El cambio representa una apertura calculada, un intento por inyectar liquidez en sectores que permanecen estancados sin incurrir en riesgos sistémicos. Caputo y Bausili, que trabajan en conjunto desde sus tiempos como socios en el sector privado, construyeron una barrera de protección: los bancos que decidan utilizar esta facultad deben respaldar esos créditos con mayor capital propio que en otras operaciones, lo que genera un costo para la entidad que desalienta el uso masivo de este instrumento.

La cautela refleja una obsesión histórica. Argentina vivió en 2001 una debacle cambiaria y financiera que marcó las políticas monetarias de las décadas siguientes. La posibilidad de una corrida bancaria, de depositantes que retiran sus dólares porque sospechan que ya fueron prestados, permanece como una amenaza latente en la mente de los gestores de la economía. Por eso la decisión del BCRA se envuelve en capas de restricción. No es una puerta abierta sino una rendija, y quien la cruce lo hace bajo vigilancia. Sin embargo, que el ministro de Economía deba salir a explicar públicamente una medida que fue adoptada por la autoridad monetaria revela algo incómodo: la autonomía del banco central, considerada sagrada por la ideología liberal, se relativiza cuando se necesita comunicar un mensaje que el gobierno quiere que la ciudadanía escuche.

Cuando los números blancos revelan grietas negras

El verdadero drama no está en los depósitos ni en la flexibilización normativa. Está en lo que esa flexibilización delata: la caída de la recaudación fiscal. El impuesto al valor agregado y el gravamen sobre los cheques están descendiendo, fenómeno que se replica en todas las provincias. En la ciudad de Buenos Aires, bajo la administración de Jorge Macri, los ingresos brutos bajaron un diez por ciento respecto al año anterior. La alarma no es silenciosa; es evidente para cualquiera que vea el goteo diario de fondos que llega a los gobiernos provinciales desde las cuentas del Banco Nacional.

El Fondo Monetario Internacional, en su informe más reciente sobre la situación argentina, publicó un párrafo que elogiaba la prudencia fiscal del gobierno: un superávit primario federal del 1,4 por ciento del PBI en 2025, que permitió un superávit de caja del 0,2 por ciento. Pero inmediatamente agregó una nota al pie de página que desmentía sutilmente al párrafo anterior. Si se contabilizaran de manera convencional los intereses correspondientes a los bonos cupón cero —actualmente registrados "por debajo de la línea"—, el resultado global sería un déficit de aproximadamente 0,8 por ciento del PBI. El FMI, obligado por sus propios procedimientos técnicos a publicar esta aclaración, prefirió enterrarla en una nota. No quería contradecir públicamente al gobierno de Javier Milei respecto de su vaca sagrada: la estabilidad fiscal. Pero la realidad, incluso en letra pequeña, permanece: hay déficit cuando se miran los números sin trucos contables.

El gobierno incurrió en una contradicción que define gran parte de su dilema actual. Prometió que vendría una época dorada de 18 meses de crecimiento económico espectacular. Ahora, menos de un año después, reconoce que hace falta "reactivar" la economía. La diferencia semántica es brutal. Reactivar implica que algo funcionaba antes y dejó de funcionar. Es la palabra de quien diagnostica aletargamiento, no de quien proclama despegue. Y ese diagnóstico no nace de la observación de indicadores técnicos sino de la presión fiscal inmediata: Caputo ve que la caja merma, que los impuestos no llegan como antes, y esa realidad lo obliga a actuar y, por ende, a admitir lo que hasta hace poco negaba.

El círculo vicioso del ajuste sin salida

La lógica que el gobierno persiguió para controlar la inflación fue simple: enfriar la economía. Reducir el consumo, contraer el crédito, bajar salarios en términos reales. Funcionó parcialmente para desacelerar los precios, pero generó una trampa de la cual es difícil escapar. Conforme la actividad se desacelera, los ingresos fiscales caen. Una economía más fría es una economía que consume menos, y quién consume menos paga menos impuestos. El superávit fiscal, que es el faro del gobierno, se convierte en un horizonte que se aleja constantemente.

Los salarios reales están comprimidos. Los aumentos han sido moderados deliberadamente para evitar una carrera de precios que reavive la inflación. El peso de los servicios públicos, que bajo la administración anterior rondaba el seis por ciento del salario promedio, ahora asciende al quince por ciento. Servicios que antes se subsidiaban y generaban déficit público ahora cobran tarifa plena, lo cual reduce el poder adquisitivo real de las familias. Hay, además, un problema que los técnicos observan con preocupación aunque los números macroeconómicos no lo reflejen plenamente: el endeudamiento de las familias. Muchas personas contrajeron deudas que ahora no pueden pagar, especialmente aquellas que se endeudaron con prestamistas informales o directamente con usureros, un fenómeno que se concentra en el conurbano bonaerense y en sectores de baja formalización laboral.

Pero hay otra razón, ideológica y estructural, por la cual la recaudación cae mientras la actividad se ralentiza. El gobierno persigue una política económica de "dos velocidades". Ciertos sectores son estimulados activamente a través del RIGI, un régimen de inversión que les quita impuestos: minería, petróleo, gas. Recientemente se anunció un "súper RIGI" para el sector tecnológico. Estos rubros reciben apoyo estatal explícito, lo cual contradice el dogma liberal de no intervención. Sin embargo, son precisamente los sectores que menos incidencia tienen sobre la recaudación de impuestos ligados al consumo interno. El IVA y el Impuesto al Cheque provienen mayoritariamente de la construcción, la industria manufacturera, el comercio minorista. Esos sectores, que generan el grueso de los ingresos fiscales, no son estimulados por el gobierno; por el contrario, están abandonados a la lógica del mercado. El resultado es un diseño de política económica que promueve sectores que poco contribuyen a la caja del estado mientras deja retraerse aquellos de los cuales más depende.

La evasión como lazo de retroalimentación negativa

Un fenómeno adicional amplifica la crisis de recaudación: lo que puede llamarse "inocencia fiscal permanente". El gobierno, como varios de sus predecesores, ofrece constantemente blanqueos de deuda. Quien debe impuestos sabe que, si espera un poco, llegará un nuevo perdón o un nuevo plan de pagos que reduce sustancialmente la obligación. Este mensaje, reproducido una y otra vez, alienta la evasión. ¿Para qué pagar hoy si es probable que la deuda se condone o se reduzca mañana? La evasión fiscal ha aumentado considerablemente.

El fenómeno se manifiesta en una brecha creciente entre el consumo y la recaudación de IVA. Cuando crece el consumo, el IVA no sube proporcionalmente; cuando cae el consumo, el IVA baja más aún. Esa diferencia es precisamente donde se aloja la evasión. Y esa evasión, que beneficia a empresas y particulares, le cuesta directamente al estado. Le cuesta a Caputo, que ve menguar sus ingresos, pero también a cada gobernador provincial, porque el IVA es un impuesto coparticipable. Las provincias reciben diariamente, a través de cuentas bancarias, el flujo de recaudación. Si ese flujo mengua, menguan sus arcas también.

Las grietas en la coalición gobernante

La caída fiscal no es solo un problema macroeconómico sino político. Diego Santilli, jefe de gabinete, fue designado específicamente para manejar la relación con los gobernadores, lo cual es equivalente a manejar la relación con el Congreso, porque los gobernadores son poderosos actores legislativos. Ahora Santilli percibe un malestar creciente en los mandatarios provinciales. Ven cómo caen sus ingresos coparticipables, y además descubren que el gobierno nacional se apropia de fondos que por ley deberían girarles. Un caso documentado refiere a los fondos destinados al mantenimiento de rutas: había un billón y medio de pesos destinado a ese fin, y el Ejecutivo se quedó con dos tercios. Una diputada provincial denunció penalmente esta decisión.

Este malestar fiscal se traduce en dificultades parlamentarias. El gobierno no logra sacar todas las leyes que quiere. Hay derrotas. Oficialistas en el Congreso comienzan a pensar que la actividad legislativa será baja porque las mayorías no vendrán fácilmente. Los gobernadores, algunos de los cuales son de partidos aliados, ven que sus recursos menguan mientras el Ejecutivo caprichosamente retiene fondos que les corresponden.

Pero hay un factor que amplifica aún más la tensión política: la viabilidad de la reelección de Milei. Hace seis meses parecía asegurada, especialmente después del triunfo electoral de 2023. Ahora, conforme la economía desacelera, las encuestas comienzan a insinuar que la reelección podría no ocurrir. Y cuando los gobernadores perciben que el presidente podría ser debilitado en las próximas elecciones, su incentivo a permanecer unidos disminuye.

El espacio intermedio y la demanda de una tercera opción

Las encuestas revelan un fenómeno político novedoso. Una consultora dirigida por Federico Aurelio preguntó si los votantes considerarían apoyar una opción política que no fuera libertaria ni kirchnerista. Un 14,6 por ciento respondió "seguramente sí", mientras que un 40,7 por ciento dijo que podría hacerlo. En total, 55,3 por ciento estaría abierto a una tercera vía. Aurelio profundizó en el perfil de este universo y encontró que se trata de personas que activamente buscan algo diferente. No son indecisos pasivos sino actores políticos que rechazaban tanto a Milei como a Cristina Kirchner.

Cuando se preguntó directamente por intención de voto, los números fueron: 29,8 por ciento para el mileísmo, 26,9 por ciento para el kirchnerismo en sentido amplio, 8 por ciento para la izquierda, y 22,7 por ciento para una opción intermedia. El problema para la tercera opción es que 22,7 por ciento no alcanza para salir segundo en una primera vuelta e ingresar al ballotaje. Sin embargo, hay un consenso entre analistas de que si Milei no gana en primera vuelta, le resultará muy difícil ganar una segunda. Quien salga segundo podría absorber buena parte del 66 por ciento que desea "el cambio".

¿Cuál es el problema de esta tercera opción? Su propia diversidad. Aurelio descubrió que las personas que rechazarían tanto a Milei como al kirchnerismo no piensan igual. Comparten ciertos denominadores comunes: la preservación del equilibrio fiscal, la estabilidad económica, el rechazo a la alta inflación y al despilfarro. Temen una crisis cambiaria. Pero más allá de eso, sus visiones divergen. Lo que los une negativamente —lo que rechazan— es más fuerte que lo que los une positivamente.

Aurelio señala que la clave para captar este universo está más en las características del candidato que en la ideología. Porque los miembros de este 55 por ciento piensan cosas muy variadas. No necesitan propuestas específicas sofisticadas; necesitan garantías básicas: estabilidad económica, seriedad institucional. Es decir, lo opuesto a lo que prometía Milei en su retorica revolucionaria.

Otra encuesta, realizada por Pulsar bajo la dirección de Augusto Costa, institución dependiente de la Universidad de Buenos Aires, aporta datos complementarios. En 2023, un 37 por ciento de los encuestados decía que no votaría a ningún partido político. En 2024 ese número bajó al 25 por ciento. Pero en 2025 subió al 30 por ciento, y actualmente alcanza el 42 por ciento. La alienación política crece. Mientras tanto, Juntos por el Cambio sufrió un derrumbe de identificación: pasó de 26 por ciento en 2023 a apenas 8 por ciento en la actualidad. El peronismo se mantiene relativamente estable. La Libertad Avanza perdió de