La administración nacional transita un camino de equilibrio precario: busca sellar acuerdos con las máximas autoridades provinciales para impulsar transformaciones en el sistema electoral, pero se niega a abandonar su presencia competitiva en territorios donde esos mismos gobernadores ya ejercen el poder. Esta tensión define hoy la estrategia política de la Casa Rosada, que intenta resolver una ecuación compleja: ganar apoyos legislativos sin renunciar al crecimiento territorial de su propia estructura partidaria. Los últimos movimientos diplomáticos en Europa, lejos de suavizar esta postura, la han reforzado.
Durante el encuentro que el presidente Javier Milei sostuvo con 13 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba en el marco de la Argentina Week en París, acompañado por su hermana Karina, el ministro Diego Santilli y funcionarios de su gabinete, se profundizaron esas conversaciones paralelas que el Ejecutivo lleva adelante en las provincias. El viaje europeo sirvió para estrechar vínculos y avanzar en diálogos que ya venían gestándose con anterioridad. Sin embargo, desde la conducción libertaria desmienten categóricamente que esos contactos hayan incluido, en algún momento, la posibilidad de un retiro masivo de candidatos de La Libertad Avanza en distritos gobernados por aliados políticos. Según fuentes cercanas a Karina Milei, ese tema nunca fue materia de negociación seria.
La lógica de la "competitividad controlada"
La Casa Rosada define su enfoque mediante una fórmula que denominan "acuerdos de competitividad", mecanismo que permite flexibilidad según cada contexto territorial. No se trata de una única línea aplicable a toda la geografía nacional, sino de un sistema de definiciones caso por caso, adaptable a circunstancias locales. En algunas jurisdicciones, como Córdoba y Misiones, el oficialismo proyecta presentar candidatos con capacidad de disputa genuina, buscando ocupar espacios de poder local con verdadera intensidad. En otros distritos, la estrategia consiste en mantener presencia mediante figuras de menor gravitación política, sin que ello signifique desaparecer del mapa electoral.
Esta arquitectura permite un escenario donde un mandatario provincial puede enfrentar en las urnas a representantes libertarios en su propio territorio y, simultáneamente, brindar respaldo al Gobierno nacional en materias de reforma legislativa o presupuestaria. Incluso es posible que un gobernador no acompañe la agenda presidencial en el Congreso pero acuerde sobre la próxima contienda presidencial de 2027. La lógica subyacente preserva la batalla por el poder provincial mientras negocia apoyos para iniciativas de alcance nacional. Esa concepción ya estaba siendo elaborada en el entorno presidencial antes de que Milei viajara a París; el desplazamiento europeo funcionó como catalizador que reforzó contactos y permitió profundizar mensajes en conversaciones menos formales.
Las PASO y la Boleta Única: los nudos de la negociación
La reforma política que el Ejecutivo persigue tiene como ejes principales la eliminación o suspensión de las primarias, junto con la introducción de la opción de lista completa en el sistema de Boleta Única. Este último mecanismo permitiría que los votantes seleccionen con una única marca todas las candidaturas de una misma fuerza política, una funcionalidad que el esquema actual —que organiza la oferta por agrupación y por categoría— no contempla. Aunque varios gobernadores demostraban predisposición a acompañar la supresión de las PASO antes incluso de las conversaciones en París, sus posiciones no son homogéneas. El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri expuso públicamente esa diversidad al reconocer que los mandatarios provinciales mantienen posturas variadas sobre el tema y que cada bloque legislativo deberá definir su propio posicionamiento cuando el asunto llegue al recinto.
Desde la perspectiva de la Casa Rosada, esa heterogeneidad confirma que la negociación seguirá siendo bilateral, distrito por distrito, en lugar de materializarse mediante un pacto único y abarcativo con todas las provincias. El mayor obstáculo se concentra en el Senado. El área de estrategia legislativa del Ejecutivo ha determinado que la prioridad inmediata no radica en convocar nuevamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino en asegurar con anticipación los votos de los senadores antes de retomar formalmente el debate. Por ese motivo, no hay planes para una convocatoria inmediata de esa comisión; la intención es prevenir otro cuarto intermedio sin dictamen y llegar a esa instancia con mayor nivel de consenso sobre los elementos centrales de la reforma.
Dentro de esa lógica, el oficialismo mantiene abierta la alternativa de fragmentar el proyecto en distintos componentes. La suspensión de primarias y la incorporación de lista completa en la Boleta Única siguen siendo considerados capítulos prioritarios, mientras que otros aspectos podrían postergarse a una fase posterior si el acuerdo resulta insuficiente. El Presupuesto 2027, en tanto, avanza con mejor ritmo que la reforma electoral, lo que da a la administración la oportunidad de mantener vivos los canales de comunicación con los gobernadores mediante negociaciones sobre inversiones, obras públicas, asuntos fiscales e iniciativas legislativas variadas. La estrategia oficial consiste en ejecutar ambas líneas de manera simultánea: sumar respaldos para modificar el régimen electoral y, a la vez, construir acuerdos políticos sin desmantelar la estructura propia de La Libertad Avanza en territorio.
Karina Milei, Santilli y la división de funciones
La conducción partidaria mantiene clara la división de responsabilidades. Karina Milei y los Menem —la familia política con mayor arraigo territorial dentro de la fuerza libertaria— conservarán el control sobre el armado provincial de La Libertad Avanza, preservando su capacidad de decisión sobre candidaturas y competencias locales. Simultaneamente, Diego Santilli continúa tejiendo relaciones con gobernadores y senadores para convertir los acercamientos sostenidos en París en votos concretos dentro del Congreso. Esta bifurcación de funciones permite que la Casa Rosada se presente ante los mandatarios provinciales como socio de negociación flexible en temas de reforma legislativa, sin que ello implique claudicación en su ambición territorial.
Las implicancias de este enfoque son múltiples. Por un lado, permite al Ejecutivo mantener la ficción de que las negociaciones legislativas son separables de la competencia electoral local, algo que en la práctica resulta difícil de sostener a largo plazo. Por otro, la heterogeneidad de posturas entre gobernadores —reconocida públicamente por algunas autoridades— sugiere que construir acuerdos amplios será una tarea fragmentaria, dependiente de negociaciones individuales que pueden extenderse en el tiempo. La posibilidad de dividir la reforma en componentes prioritarios y postergables es, en ese sentido, una válvula de escape que permite avanzar en algunos puntos aunque el consenso general siga siendo esquivo. El desenlace de estas conversaciones definirá no solo el futuro de las reglas electorales argentinas, sino también el mapa político territorial para los próximos años, con efectos que trascienden los límites de la reforma institucional e impactan directamente en la distribución del poder provincial y nacional.
