La batalla por el control de quién puede comprar tierras rurales en el país acaba de entrar en una nueva fase. Mientras la máxima instancia judicial del Estado se pronunció hace poco más de una semana rechazando un recurso que cuestionaba la desregulación de estas transacciones, sectores de la oposición decidieron no bajar los brazos. Simultáneamente abrieron dos flancos de ataque: uno en los estrados judiciales, donde buscaron frenar la aplicación de la norma mediante una medida cautelar, y otro en el hemiciclo, donde apuestan a reunir suficientes votos para derogar la disposición que removió las restricciones. Lo que está en juego, según plantean los opositores, es la posibilidad de que capital extranjero adquiera extensiones de territorio argentino sin límites legales, una potestad que hasta hace poco tiempo estaba regulada por un marco normativo específico.
La grieta judicial y sus consecuencias políticas
Hace apenas días, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que cambió el escenario completamente. El tribunal rechazó un amparo colectivo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, argumentando que la organización carecía de legitimación procesal para demandar. Esto revirtió un fallo anterior, dictado en marzo de este año por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que sí había reconocido la capacidad de la agrupación para presentar su demanda y había considerado inconstitucional la anulación de la normativa de protección del dominio nacional sobre tierras rurales. Con la revocación de aquella sentencia de marzo, la derogación de la ley volvió a surtir pleno efecto desde el punto de vista legal.
El máximo tribunal aclaró explícitamente que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de la disposición en cuestión ni sobre qué rol debería jugar el Congreso en esta materia. Esta precisión no fue menor: dejaba abierta la puerta para nuevas acciones judiciales y para la actuación del Poder Legislativo. Los magistrados de la Cámara Federal de La Plata, Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, habían reconocido hace ocho meses que la ley de protección de tierras constituía una pieza normativa válida desde el punto de vista constitucional. Esa validación quedó en suspenso tras el fallo de septiembre.
Dos estrategias simultáneas en marcha
Este viernes pasado, dos legisladores decidieron ejecutar una maniobra legal de contención. Miguel Pichetto, quien encabeza la bancada de Encuentro Federal, y Nicolás Massot presentaron ante la justicia una medida cautelar buscando suspender la vigencia del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia emitido a principios de 2023, al menos hasta que el Congreso se expida sobre el tema. La presentación fue radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, bajo la supervisión del juez Enrique Alonso Regueira. En su escrito, los legisladores argumentaron que la actual situación habilita la compra sin restricciones de inmuebles rurales, incluyendo aquellos que lindan con cuerpos de agua de importancia o que se hallan en zonas de frontera, sin que exista cuota nacional, provincial o departamental alguna, ni limitaciones por nacionalidad o superficie.
La fundamentación jurídica que sostuvieron apuntaba a que la tierra rural y los recursos hídricos constituyen activos estratégicos, finitos y no susceptibles de ser reemplazados, por lo que su regulación debe emanar necesariamente del Congreso. Este argumento dialoga con una tradición constitucional que reconoce a los recursos naturales como componentes esenciales de la soberanía estatal. Pichetto explicó públicamente el objetivo de la medida: "Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos compras de tierras por extranjeros". La preocupación que subsume su estrategia apunta a que cada operación comercial que se concrete en el contexto actual podría generar expectativas legítimas de permanencia en manos de quienes las realicen.
En paralelo, la oposición abrió fuego parlamentario. Ya existe una solicitud de sesión especial para el próximo 15 de octubre, con el objetivo explícito de derogar el megadecreto. Los promotores de esta convocatoria pertenecen a bloques diversos: Germán Martínez por Unión por la Patria, el mencionado Pichetto por Encuentro Federal, Martín Lousteau por Provincias Unidas, Myriam Bregman por el Frente de Izquierda, Jorge Fernández por Primero San Luis, Natalia de la Sota por Defendamos Córdoba, y Mónica Frade por la Coalición Cívica. Además, se espera la participación de legisladores de otras agrupaciones, como Marcela Pagano de Coherencia. El desafío matemático es claro: se necesitan 129 diputados para que la sesión tenga quórum y sea válida.
La aritmética electoral en juego
Según cálculos preliminares que realizaron los propios convocantes, los bloques que ya respaldan la iniciativa totalizan alrededor de 122 diputados. Esto significa que necesitan sumar al menos siete votos más. Varios sectores fueron identificados como potencialmente decisivos. Provincias Unidas, el interbloque que responde principalmente a gobernadores de provincias medianas, no ha cerrado filas detrás de la propuesta. Si bien algunos de sus miembros figuran entre los firmantes—los cinco radicales disidentes, Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge—, no hay certeza de que todo el bloque concurra a votar. Otros legisladores de esa agrupación aún deliberan sobre qué postura asumir ante la convocatoria.
Argentina Federal emerge como otro foco de atención política. Este bloque, integrado principalmente por diputados que responden a los gobernadores de Misiones y Salta, podría resultar determinante. Los misioneros Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz ya manifestaron disponibilidad para otorgar quórum el 15 de octubre. Su motivación trasciende la cuestión de tierras: también los moviliza la inclusión de dos temas adicionales en la convocatoria, a saber, la emergencia vinculada a discapacidad y el desendeudamiento de familias. Sin embargo, estos legisladores aguardarán orientaciones de su gobernador, Hugo Passalacqua. En el caso de los diputados salteños del mismo bloque—Bernardo Biella, Yolanda Vega y Pablo Outes—, el panorama es más incierto. Ellos adoptarán una posición más cauta y esperarán el regreso de su gobernador, Gustavo Sáenz, quien se encuentra actualmente viajando en Francia acompañando al Presidente.
Proyectos legislativos y movilización callejera
Más allá de la sesión especial convocada, han surgido iniciativas legislativas que buscan cristalizar distintos enfoques sobre el problema. Agustín Rossi, diputado nacional por Unión por la Patria y exministro de Defensa durante administraciones anteriores, presentó un proyecto de ley orientado a prohibir la extranjerización de tierras. En una declaración pública, Rossi planteó que la derogación de las protecciones constituye una forma de entrega de bienes no renovables como el territorio y la ciudadanía nacional. Mencionó que con un capital de trescientos cincuenta mil dólares un ciudadano extranjero podría adquirir costas, lagos o propiedades en zonas fronterizas sin necesidad de cuota previa ni autorización especial, lo que a su juicio pone en riesgo tanto el acceso a la nacionalidad argentina como la integridad territorial del país.
En la Cámara de Senadores, los legisladores justicialistasJosé Mayans, Juliana Di Tullio y Fernando Salino presentaron un proyecto que apunta directamente a derogar el artículo 154 del decreto, con la intención de restituir la plena vigencia de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Su fundamentación enfatiza que la defensa del territorio nacional constituye un requisito sine qua non para preservar la soberanía estatal. Este proyecto genera, a su vez, un debate constitucional más profundo: qué mecanismo es el adecuado para revisar las decisiones tomadas mediante decretos de necesidad y urgencia. Ricardo Gil Lavedra, exdirector del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, explicó que aunque la Ley 26.122 que regula estos decretos plantea un control político que requiere aceptarlos o rechazarlos en su integralidad, nada impide que el Congreso sancione posteriormente una ley que derogue parcialmente un megadecreto. Esta posibilidad abre un camino juridico que no depende del voto unificado sobre el decreto mismo.
En el plano de la movilización política callejera, Maximiliano Ferraro, legislador de la Coalición Cívica, convocó a una concentración frente al Congreso para el 15 de octubre con consignas que apuntan contra la desregulación. Su llamado enfatiza la idea de soberanía nacional y la preocupación por la venta de recursos nacionales. Ferraro utilizó una formulación directa: "Del dicho al hecho. Mientras hablan de soberanía nacional, derogan la Ley de Tierras para vender la Argentina. Nuestras tierras. Nuestros recursos. Nuestro futuro".
Antecedentes normativos y el contexto de la regulación perdida
Para comprender el alcance de lo que está en discusión, resulta útil recordar qué régimen normativo fue derogado. La Ley de Tierras Rurales fue sancionada en diciembre de 2011 tras varios años de debate parlamentario. Establecía limitaciones claras: el porcentaje de tierras rurales en manos de extranjeros no podía superar el quince por ciento del total nacional, un mismo límite que se replicaba a nivel provincial y departamental. Además, cada propietario extranjero individual se hallaba limitado a la tenencia de mil hectáreas en la zona núcleo, con ajustes según la ubicación geográfica. La norma también incluía prohibiciones específicas: vedaba la compra de inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua permanentes de envergadura, una restricción que buscaba proteger recursos estratégicos como lagos y ríos importantes.
La derogación de esta ley, consumada a través del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia emitido a inicios de 2023, eliminó cada una de esas protecciones. Así, desde ese momento, un inversor extranjero puede adquirir, teóricamente, extensiones ilimitadas de territorio argentino, incluyendo propiedades ribereñas en zonas de frontera o cercanas a cuerpos de agua de importancia, sin necesidad de aprobación previa ni cuota alguna. La magnitud del cambio regulatorio es significativa.
Implicancias y perspectivas futuras
Los próximos días determinarán si la oposición logra articular suficientemente sus votos para abrir la sesión especial del 15 de octubre y, posteriormente, si consigue los números necesarios para derogar el decreto. El desenlace de esta batalla legislativa posee múltiples implicancias. Desde una perspectiva, los sectores que impulsan la derogación consideran que la protección del territorio nacional contra la adquisición irrestricta por capitales extranjeros constituye un asunto de soberanía nacional. Desde otra óptica, quienes defienden la medida derogadora argumentarían que la apertura a inversión extranjera en tierras genera oportunidades económicas, dinamiza mercados, atrae capital y promueve emprendimientos que generan empleo. La resolución de esta tensión dependerá no solo de las votaciones parlamentarias y los fallos judiciales, sino también de cómo se desarrolle el debate público en torno a qué modelo de país se desea construir, qué rol deben jugar los recursos naturales no renovables en la estrategia de desarrollo nacional, y cuál es el equilibrio adecuado entre apertura económica e identidad territorial.
