La maquinaria judicial que investiga el entramado de coimas durante las gestiones kirchneristas sacó a la luz un nuevo eslabón en la cadena de intermediarios que operaban sin figurar formalmente en los registros del Estado. Héctor Carreto, empresario constructor, testificó el martes pasado sobre su encuentro con Ernesto Clarens, un personaje que nunca ocupó cargo público alguno pero que funcionaba como articulador clave entre el sector empresarial y el círculo íntimo del matrimonio Kirchner. El relato del constructor abre una ventana a los mecanismos concretos de presión financiera que operaban en la administración estatal, particularmente en los organismos vinculados a obra pública vial, durante más de una década de gobierno. Lo que resulta relevante no es solo el encuentro puntual, sino lo que su fracaso evidencia: la sofisticación de una red donde el dinero fluía, se detenía o se convertía según las necesidades políticas y la capacidad de negociación de cada actor involucrado.

El intermediario que nunca figuraba en nómina

Clarens representa un tipo particular de operador que caracterizó ciertos períodos de la política argentina: individuos sin designación formal en estructuras administrativas, pero con acceso directo a círculos de poder y capacidad de decisión efectiva sobre flujos de recursos. Durante el juicio que investiga las anotaciones de Cuadernos de las Coimas, se ha establecido que este financista funcionó como puente entre constructoras y los Kirchner durante años. Su rol implicaba recolectar fondos de empresarios que necesitaban obras públicas o que ya las tenían adjudicadas, convertir divisas cuando era necesario y entregar el dinero a intermediarios específicos: Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, o José López, secretario de Obras Públicas. Según su propia declaración como arrepentido, Clarens habría gestionado aproximadamente treinta millones de dólares bajo este esquema. Las oficinas desde donde operaba se ubicaban primero en el microcentro porteño y posteriormente en Manuela Sáenz, en Puerto Madero, una zona que se convirtió en epicentro de encuentros entre empresarios, funcionarios y operadores financieros.

Lo singular del caso de Clarens es que su influencia no se limitaba al circuito formal de contrataciones públicas. Según la acusación fiscal, el financista también estuvo vinculado durante años al empresario Lázaro Báez, participando en el nacimiento de Austral Construcciones y gestionando conversiones de fondos a través de entidades como Invernes. Los fiscales sostienen que esta relación evidencia un esquema más amplio de lavado de dinero proveniente de obra pública. El financista, en definitiva, no solo recaudaba sino que también canalizaba, transformaba y distribuía recursos, actuando como válvula de regulación dentro de un sistema donde la falta de liquidez podía convertirse en herramienta de poder político sobre el empresariado.

Cuando el atraso de pagos se convierte en presión política

El testimonio de Carreto reveló un aspecto concreto de cómo operaba la presión sobre constructoras: la demora sistemática en los pagos de obra pública. Héctor Carreto y su socia Marcela Sztenberg, ambos de la constructora Equimac S.A., fueron a reunirse con Clarens recomendados por otro socio fallecido, Eduardo Herbón, porque Vialidad acumulaba atrasos significativos en sus pagos. Aunque Equimac mantenía otros clientes, la situación financiera se había tornado apremiante. El constructor describió la reunión como breve, sin resultados positivos. El único ofrecimiento que recibieron fue descontar certificados, propuesta que los sorprendió negativamente. Según el relato de Carreto, salió del encuentro con las manos vacías, sin lograr destrabar ni un peso de los pagos estatales pendientes.

Este detalle no es menor dentro del contexto más amplio que investigadores y fiscales han reconstruido. Múltiples arrepentidos han coincidido en señalar que congelar o demorar pagos fue, durante el período 2003-2015, uno de los mecanismos preferentes utilizados por funcionarios públicos para ejercer presión sobre empresarios y recaudar fondos de manera coercitiva. Un constructor con obras en Vialidad dependía de esos pagos; si el organismo los detenía, la presión financiera se acumulaba rápidamente. En ese contexto, un intermediario como Clarens ganaba relevancia: podía ofrecer la promesa de desbloquear pagos atrasados a cambio de compensaciones. Que Carreto no obtuviera nada en su reunión señala tanto los límites de ese poder de intermediación como la rigidez que a veces adquiría el sistema de presiones.

La arquitectura de una recaudación sistemática

El funcionamiento de esta red de intermediarios, financistas y operadores públicos y privados no fue improviso ni espontáneo. Requería coordinación entre múltiples actores, conocimiento de las dinámicas de cada organismo estatal, capacidad de acceso a funcionarios clave y, fundamentalmente, mecanismos de coerción o incentivo que permitieran ejercer presión sobre empresarios. La investigación de los Cuadernos de las Coimas ha permitido reconstruir algunos de esos mecanismos: la promesa de adjudicaciones en el futuro, el bloqueo de pagos en el presente, la amenaza de auditorías o inspecciones, la oferta de conversiones de divisas a tasas que beneficiaban a ambas partes. Clarens, en particular, parecía especializado en la última función: manejo de divisas, conversión de pesos a dólares, movilización de fondos.

Lo que el testimonio de Carreto deja implícito es que ni todos los empresarios lograban acceso directo a los canales de poder, ni todos los intermediarios tenían la misma capacidad de resolver problemas. El constructor tuvo que ser derivado por un socio fallecido hacia Clarens; es decir, contaba con una recomendación, un contacto previo. Aun así, la reunión no produjo solución alguna. Esto sugiere tanto la complejidad de la red como sus limitaciones: no era una máquina perfecta, sino un entramado donde algunos actores tenían poder real y otros solo simulaban tenerlo, donde algunos encuentros producían resultados y otros no, donde la corrupción sistémica convivía con la incertidumbre y la frustración de quienes intentaban navegar sus reglas.

Los arrepentidos y la reconstrucción del sistema

El avance en los conocimientos sobre esta estructura ha dependido en gran medida de las declaraciones de arrepentidos que operaron dentro de ella. Clarens mismo, aunque en marzo eligió no declarar durante el juicio oral y se remitió a sus dichos anteriores ante la investigación dirigida por el fiscal Carlos Stornelli, ya había reconocido años antes su rol en la recaudación de fondos. Otros empresarios, funcionarios y operadores también han cooperado con la justicia, permitiendo que se teja una narrativa cada vez más completa sobre cómo funcionaba el sistema. El fiscal Nicolás Codromaz, que condujo el interrogatorio de Carreto, incluso advirtió al testigo que podía negarse a declarar para evitar autoincriminarse, aunque el constructor decidió continuar sin problemas, enfatizando que nada había ganado de su encuentro con el financista.

Los arrepentidos representan una fuente problemática pero valiosa: son actores que formaron parte de la estructura que ahora denuncian, lo que genera preguntas sobre sus motivaciones reales (¿cooperación genuina o estrategia de reducción de pena?), pero también proporciona información de primera mano sobre operaciones que de otra manera permanecerían en la penumbra. En el caso de Clarens, su reconocimiento de haber recaudado treinta millones de dólares equivale a una confesión de participación en un esquema de considerable magnitud, incluso si luego decidió limitarse a sus declaraciones previas durante el proceso oral.

Testimonios paralelos y el mapa completo del sistema

El mismo martes en que Carreto brindó su testimonio, el exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo también comparecio ante el tribunal. Randazzo aseguró desconocer las dinámicas específicas del área de Transporte antes de 2012, cuando asumió responsabilidad tras la tragedia de Once. Este testimonio, en aparente contraste con el de Carreto, ilustra una característica que recorre toda la investigación: la compartimentalización del conocimiento dentro del aparato estatal. Mientras que intermediarios como Clarens parecían tener una visión más integral de cómo operaban los circuitos de presión y recaudación, funcionarios dentro de áreas específicas podían alegar desconocimiento de dinámicas que iban más allá de su jurisdicción inmediata o de períodos anteriores a su gestión.

Ambos testimonios, considerados en conjunto, refuerzan un patrón que emerge del juicio: la existencia de estructuras paralelas de toma de decisiones y circulación de fondos que funcionaban independientemente de, o complementariamente a, los canales formales. Clarens no tenía poder para adjudicar obras ni ejecutar presupuestos, pero sí para facilitar encuentros, gestionar conversiones de divisas y, aparentemente, negociar plazos de pago. Randazzo, como funcionario formal, podía ignorar esos circuitos o, alternativamente, participar en ellos sin dejar registro en documentación oficial.

Implicancias y perspectivas sobre lo que está por venir

A medida que el juicio avanza y nuevos testimonios se incorporan, la imagen del sistema de coimas durante 2003-2015 gana precisión. Sin embargo, quedan preguntas abiertas cuya respuesta determinará el alcance real de las condenadas y sus efectos políticos y sociales posteriores. En primer lugar, está el tema de la responsabilidad diferenciada: ¿operadores como Clarens deben ser considerados con igual culpabilidad que funcionarios públicos que ejercían autoridad estatal, o su rol de intermediarios modifica esa ecuación? En segundo lugar, la cuestión de los empresarios: ¿fueron víctimas de extorsión estatal o participantes activos en un esquema del cual sacaban beneficio? El testimonio de Carreto sugiere ambas cosas: su empresa tenía contratos con el Estado (beneficio), pero también enfrentaba presiones sistemáticas para pagar (extorsión). En tercer lugar, existe el interrogante sobre la institucionalidad: ¿cómo un sistema de presión y recaudación de esta magnitud operó durante más de una década sin controles internos más efectivos? Finalmente, está la cuestión de las consecuencias políticas de las condenas esperadas: ¿afectarán solo a operadores específicos o tendrán repercusiones más amplias sobre figuras de poder que, aunque no comparezcan como acusadas formalmente, aparecen en los relatos como beneficiarios finales del sistema? Las respuestas a estos interrogantes dependerán tanto de cómo continúe desarrollándose el juicio como de cómo la sociedad argentina procese y asimile, en los años venideros, los alcances de lo que se está revelando en estas audiencias.