La timing que genera sospechas
Pasaban apenas veinticuatro horas desde que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitiera un fallo que beneficiaba al gobierno nacional cuando el ministerio de Justicia encendió los motores de una solicitud administrativa poco común. Juan Bautista Mahiques, titular de la cartera, movió los engranajes burocráticos para que Víctor Arturo Pesino pudiera continuar ejerciendo su función como magistrado más allá del límite constitucional que rige para los jueces del país. El operativo fue rápido: casi simultaneáneo a la resolución que desactivó las protecciones legales contra la ley de modernización laboral, el ejecutivo nacional impulsó los trámites que permitirían mantener al juez en funciones cuando llegue junio y cumpla los 75 años que marca el retiro obligatorio.
Este encadenamiento de eventos —el pronunciamiento favorable seguido de inmediato por la promoción administrativa— no pasó desapercibido para distintos sectores de la política nacional. La velocidad con la que se movieron los engranajes del Estado para favorecer la continuidad del magistrado generó un torrente de críticas que ponen el foco en la cercanía temporal entre ambas acciones. Especialistas en derecho administrativo y legisladores cuestionan si existe una correlación entre el voto emitido y la recompensa institucional que vendría después. Las sospechas se multiplican en un contexto donde la independencia judicial y la transparencia en la asignación de cargos forman parte del debate público.
Los números de una jubilación postergada
En el ordenamiento constitucional argentino existe una norma que establece que todo magistrado federal debe dejar su cargo al arribar a los setenta y cinco años de edad, salvo que medie una autorización especial del Presidente de la Nación y una ratificación posterior del Senado. Pesino se aproximaba a ese umbral durante el mes de junio de este año, lo que significaba un retiro prácticamente inevitable si no mediaba una intervención del poder ejecutivo. Sin embargo, el trámite que activó Mahiques abre la posibilidad de que el juez laboral permanezca otros cinco años más en la Sala VIII, extendiendo su magisterio hasta una edad más avanzada, siempre que los senadores nacionales aprueben esta prórroga.
La Constitución prevé esta posibilidad como una excepción al principio general, permitiendo que jueces de reconocida trayectoria o valor institucional puedan seguir desempeñándose más allá de la edad de retiro obligatorio. Sin embargo, la discrecionalidad que otorga esta norma al ejecutivo ha sido históricamente objeto de cuestionamientos, especialmente cuando se utiliza de manera selectiva o en contextos donde medien intereses políticos en juego. En este caso, la elección del gobierno de Milei de impulsar la prórroga de Pesino y no la de otros magistrados de similar antigüedad genera interrogantes sobre los criterios aplicados en la decisión.
Un historial controvertido en materia laboral
La trayectoria judicial de Pesino en la Cámara del Trabajo se caracteriza por posicionamientos que especialistas del derecho laboral califican como inclinados hacia los intereses empresariales. La Sala VIII que integra junto a María Dora González ha ganado la reputación entre abogados y trabajadores de ser la "más patronal" de toda la jurisdicción laboral nacional. Diversos pronunciamientos del magistrado han dejado un rastro que permite identificar una pauta: la tendencia a resolver controversias de manera favorable a los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Un caso particularmente ilustrativo emerge de declaraciones de profesionales del fuero. Un letrado con amplia trayectoria en derecho laboral explicaba con claridad cómo Pesino implementó criterios distintos a los de sus pares al momento de calcular indemnizaciones. Mientras que en las otras nueve salas de la Cámara se aplicaba una fórmula que combinaba el Índice de Precios al Consumidor más un tres por ciento adicional, Pesino optaba por reducir ese monto en un treinta por ciento. Esta discrepancia metodológica redundaba en menores beneficios para los trabajadores que presentaban sus reclamos ante su tribunal. Más allá de estos detalles técnicos, su historial incluye resoluciones de mayor resonancia pública: en 2020 rechazó un pedido de reincorporación de una empleada de la agencia estatal de noticias Télam, y en 2018 suspendió los comicios del gremio de comercio, una de las organizaciones sindicales más grandes del país.
Las voces que advierten sobre el intercambio
La diputada nacional Myriam Bregman no tardó en expresar públicamente su preocupación ante lo que caracterizó como un esquema de "devolución de favores" orquestado desde el poder ejecutivo. Su comunicado en redes sociales fue contundente: señaló que Pesino emitió su voto favorable a la reforma laboral utilizando una técnica legal para reactivar artículos que se encontraban suspendidos, y que apenas transcurrido un día, el gobierno comenzaba los trámites para asegurar su permanencia en el cargo. Bregman identificó este patrón como sintomático de una corrupción descarada que utilizaría a la magistratura como instrumento para consolidar las políticas mileiistas.
Desde el peronismo legislativo, el senador Mariano Recalde amplificó estas críticas utilizando lenguaje directo. Su caracterización del suceso como "un intercambio obsceno, a la vista de todos" resonó en múltiples espacios políticos. Recalde yuxtapuso ambas realidades: por un lado, un magistrado que vota en línea con los intereses del ejecutivo; por el otro, una sociedad trabajadora que ve reducidos sus derechos en virtud de normativas que consiguen viabilidad judicial gracias a estos pronunciamientos. Para Recalde, el mensaje implícito es claro: la estructura estatal protege a sus propios actores mientras deteriora las conquistas de quienes carecen de poder político para defenderse.
Otras extensiones en la magistratura bajo el mismo esquema
El expediente de Pesino no constituye un caso aislado dentro de la estrategia de personal del ministerio de Justicia. Mahiques también promovió la prórroga de Leopoldo Rago Gallo, un juez federal que se desempeña en San Juan. Lo distintivo de este caso radica en los vínculos que la prensa local ha documentado entre Rago Gallo y Patricia Bullrich, senadora y presidenta del bloque legislativo de La Libertad Avanza en la cámara alta. Durante la administración de Mauricio Macri, cuando Bullrich ocupaba la cartera de Seguridad, Rago Gallo expresó su aprobación pública por las acciones del gobierno en materia de narcotráfico, afirmando que "todo ha cambiado para mejor" bajo el liderazgo de Cambiemos y confirmando mantener contacto directo con la ahora senadora.
Simultáneamente, el gobierno avanzó en la designación de otros magistrados para distintas jurisdicciones federales. El caso de José Eduardo Villena, postulado para integrar los Juzgados Federales de Primera Instancia en Córdoba, presenta un perfil alineado con las prioridades temáticas del oficialismo. Villena participó hace poco en un encuentro sobre falsas acusaciones de violencia de género organizado por la legisladora porteña de La Libertad Avanza Lucía Montenegro. Este patrón de selección de candidatos con conexiones previas con la administración Milei sugiere una política sistemática de construcción de una magistratura afín a los objetivos del ejecutivo nacional.
Las implicancias para la arquitectura institucional
Lo que emerge de este conjunto de hechos trasciende lo anecdótico para instalarse en el terreno de las preocupaciones estructurales sobre el funcionamiento de la república. La rapidez con la que el ministerio de Justicia impulsó la prórroga de Pesino, combinada con la selección estratégica de candidatos judiciales afines al oficialismo, revela un esfuerzo deliberado por rediseñar la composición de la magistratura según criterios que priorizan la alineación política por encima de la meritocracia o la independencia. Este fenómeno erosiona los fundamentos que hacen posible un estado de derecho funcional, donde los juzgados operan como contrapeso al poder ejecutivo y no como su instrumento.
La reforma laboral que Pesino ayudó a activar judicialmente representa uno de los cambios regulatorios más profundos del gobierno Milei en su primer año de gestión. Al eliminar obstáculos legales que frenaban su aplicación, la Sala VIII bajo la dirección de Pesino facilitó la implementación de normas que flexibilizan significativamente las protecciones de los trabajadores. Que el mismo gobierno que se beneficia de estos fallos sea quien promueva la permanencia del magistrado genera un conflicto de intereses evidente que cuestiona la legitimidad democrática de ambas decisiones. La confianza pública en la justicia depende de la percepción de que los jueces actúan conforme a derecho y no conforme a recompensas otorgadas por quienes tienen poder para concederlas.