Durante la primera semana de agosto, el Gobierno sorprendió a sus críticos con un giro pragmático. Después de semanas insistiendo públicamente en la imposibilidad de flexibilizar la política económica sin caer en el populismo, las medidas comenzaron a llegar desde distintas áreas de la administración. El anuncio de un plan de créditos hipotecarios y la iniciativa para elevar el salario básico garantizado en los convenios colectivos revelaron una realidad incómoda: la cúpula del poder era consciente de que la actividad económica necesitaba impulsos específicos, más allá de los discursos sobre disciplina fiscal.
La contradicción entre el discurso y la acción no resulta menor. Hace apenas días, durante la reunión de Gabinete del lunes, el presidente había transmitido un mensaje inequívoco a sus ministros: no habría cambios en la orientación de la política macroeconómica. Repetió la misma línea ante estudiantes secundarios el jueves siguiente. Sin embargo, la realidad política y las cifras de consumo demostraban que algo tenía que ceder. El ministro de Economía comprendió que debía actuar sobre dos frentes simultáneamente: reactivar la demanda sin abandonar los principios ortodoxos que sostenían el equilibrio fiscal, y neutralizar la agenda que la oposición había logrado instalar respecto a los deudores morosos.
La jugada de los créditos y el Fondo de Jubilaciones
El anuncio de los créditos hipotecarios constituyó una operación de múltiples capas. Los bancos recibirían fondos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad —el mecanismo que financia a los jubilados— a tasas atractivas y con plazos extendidos. De esta forma se lograban tres objetivos simultáneamente: impulsar la construcción, un sector que genera empleo masivo; abordar el problema del acceso a la vivienda; y permitir que las instituciones financieras obtuvieran financiamiento de bajo costo. La operación también buscaba cambiar la narrativa pública. La oposición había logrado llevar a las sesiones parlamentarias el tema de la morosidad, y casi consigue 133 votos para instalar un proyecto de protección a los deudores. Ese número, aunque insuficiente para avanzar sobre tablas, advertía sobre la capacidad de los bloques opositores para convocar a sesiones especiales.
Las cifras de morosidad, sin embargo, no presentaban el panorama apocalíptico que algunos sectores querían instalar. Según datos del Banco Central, el indicador de mora alcanzaba el 12,8% de los deudores, cifra que, aunque preocupante, estaba lejos de los picos históricos. Durante la crisis de 2001, la morosidad había superado el 20%, e inclusive en los noventa había alcanzado niveles similares. Estudios privados de economistas independientes corroboraban que desde mayo y junio, el crecimiento de la morosidad se había estabilizado. No obstante, los números absolutos revelaban una realidad incómoda: aproximadamente 6 millones de personas se encontraban en situación de mora. El matiz importante residía en la distribución: mientras la mayoría de los deudores adeudaba montos bajos, solo el 14,5% de los casos concentraba el 73% del monto total prestado. Una particularidad que explicaba por qué el impacto sistémico era limitado, aunque el sufrimiento individual era masivo.
La paradoja del crecimiento desigual
Más allá de las discusiones sobre morosos y consumo, la fotografía de la actividad económica revelaba grietas profundas. El Gobierno tenía razón cuando señalaba que la macroeconomía se mantenía ordenada y que ciertos indicadores mostraban recuperación. Sin embargo, esa recuperación ocurría a velocidades muy distintas según el sector y la región. Mientras que la industria del petróleo y la minería crecía a un ritmo del 15,5% anual, la industria manufacturera apenas avanzaba al 2%. La brecha entre ambas era abismal y reflejaba un proceso de reconfiguración económica en curso, cuyos alcances finales todavía no podían dimensionarse completamente.
En julio, la industria había crecido 1,4% interanual, pero mostró una caída de 0,6% respecto a junio y acumulaba una retracción semestral de 2,2%. Esos números negativos concentrados en el último mes y medio revelaban una desaceleración inquietante. Investigaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina señalaban que el 12% de las industrias con deudas bancarias habían incurrido en mora, mientras que el 47% de las empresas registraba atraso en alguno de sus pagos, ya fueran deudas con bancos, impuestos o proveedores. La industria automotriz y la construcción experimentaban contracciones significativas, mientras que acero, bebidas y alimentos mantenían ritmos de expansión. El textil, en tanto, continuaba en descenso.
El Conurbano bonaerense, región que alojaba a millones de trabajadores dependientes del sector industrial y servicios, permanecía estancado. La capacidad instalada de las fábricas operaba apenas al 60%, indicador que señalaba disponibilidad ociosa importante. Mientras tanto, el sur del país y las provincias de la cordillera emergían como los motores principales de la generación de riqueza, impulsados por la explotación de recursos naturales. La redistribución de esa riqueza hacia otras regiones no se producía de manera automática. El consumo había crecido 2% interanual en julio, pero ese resultado contaba con un factor distorsionante: el cobro del aguinaldo, el gasto del turismo interno durante el mes de las vacaciones de invierno y los gastos asociados al Mundial de fútbol. Si se desestacionalizaban los datos, el panorama se tornaba más modesto. Las ventas en supermercados habían aumentado 4,2% desestacionalizado en julio, pero el primer semestre del año había cerrado con números negativos.
El salario garantizado como alternativa
Más allá de los créditos hipotecarios, el Gobierno buscó instalar otra medida con menor visibilidad pero potencial impacto distributivo: la propuesta de elevar el salario básico garantizado en los convenios colectivos. El titular de la Secretaría de Empleo sugirió un piso de $1.070.000 para ser debatido entre gremios y empresarios. Esta herramienta presentaba una particularidad que la diferenciaba del Salario Mínimo Vital y Móvil: carecía de impacto inflacionario directo ni generaba presión fiscal. Mientras que cualquier aumento del SMVM afectaba automáticamente el cálculo de jubilaciones para el 82% de los beneficiarios y otros conceptos presupuestarios, el salario garantizado solo regía en los sectores y empresas que lo pactaban. Tampoco impulsaba de forma automática aumentos en cascada del resto de los salarios, que continuaban ajustándose a un ritmo aproximado del 2% mensual.
Estos movimientos simultáneos del Ejecutivo respondían a una lógica política clara: mantener la narrativa de ortodoxia económica mientras introducía palancas de reactivación orientadas específicamente a sectores golpeados. El episodio parlamentario de mitad de semana había funcionado como catalizador. Los diputados aprobaron con 144 votos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y con 139 votos el proyecto de Inocencia Fiscal II, consolidando victorias legislativas para el Gobierno. Pero la demostración de que la oposición, con apoyo de aliados oficialistas, podía reunir 133 votos para instalar un proyecto de protección a morosos funcionó como una señal de alerta. Aunque ese número no alcanzaba para obligar el tratamiento sobre tablas, sí revelaba capacidad para convocar a sesiones especiales en temas de agenda social que resonaban en la población.
Durante esos mismos días, el presidente buscó recuperar protagonismo después de semanas de menor visibilidad pública. En julio había permanecido en Olivos sin concurrir a la Casa Rosada. La semana anterior había realizado tres apariciones limitadas. Pero en los últimos siete días del período reseñado multiplicó sus actividades: dirigió la reunión de Gabinete el lunes, recibió bloques de diputados y senadores libertarios el martes, y participó en la celebración de la media sanción de la reforma al Banco Central el miércoles. Su actividad en redes sociales se intensificó. El mensaje que intentaba transmitir era de control de la situación y capacidad de liderazgo.
Perspectivas en disputa sobre la salida
La pregunta central que flotaba en el ambiente político resultaba esquiva: ¿existía verdaderamente una crisis social de magnitudes considerables, o la oposición intentaba instalar ese relato para desgastar al Gobierno? La respuesta probablemente contenía elementos de ambas interpretaciones. Six millones de personas en situación de mora constituía un número importante, pero los estudios disponibles demostraban que buena parte de esa mora correspondía a deudas de bajo monto. Simultáneamente, más de 15 millones de personas habían accedido a créditos a través de distintos mecanismos, lo que indicaba que el sistema financiero seguía otorgando financiamiento. El Banco Central disponía de herramientas y recursos suficientes para vigilar la evolución del dólar y las tasas de interés, algo que había demostrado recientemente al inyectar liquidez cuando las tasas se encarecían y luego pulsar para evitar que el tipo de cambio se disparara.
Sin embargo, la realidad mostraba que esa recuperación económica acontecía dentro de un marco de desigualdad territorial y sectorial creciente. La geografía de la producción se reordenaba, con ganancias concentradas en regiones mineras y petroleras del sur. Los sectores tradicionales enfrentaban dificultades en mantener niveles de actividad y empleo. El impacto de un plan de créditos hipotecarios podría generar expectativas positivas en la construcción y dinamizar empleos en esa cadena productiva, pero por sí mismo resultaría insuficiente para motorizar la totalidad de la economía. Respecto al salario garantizado, su discusión en los convenios colectivos podría mejorar ingresos en sectores específicos, aunque el efecto sobre el agregado dependería de qué proporción de trabajadores quedara alcanzada por esos incrementos.
Los próximos meses dirían si estas medidas lograban revertir la desaceleración incipiente en la actividad industrial, si la construcción recuperaba ritmo de inversión y ocupación, y si el consumo consolidaba una tendencia alcista o volvía a mostrar debilidad. Simultáneamente, la arena política continuaría su movimiento: la reforma electoral con Ficha Limpia seguiría siendo debatida en el Senado, la oposición mantendría la presión sobre temas distributivos y sociales, y el Gobierno buscaría demostrar que el modelo ortodoxo podía convivir con medidas de estímulo selectivo sin abandonar sus principios fundamentales. La reconfiguración geopolítica y económica del país continuaría desplegándose, moldeada por decisiones de inversión privada, dinámicas internacionales de commodities y capacidad de política pública para influir en esos procesos.
