Las disputas por el control territorial y la definición de alianzas para los comicios de 2027 comienzan a tomar forma en la Casa Rosada, aunque de una manera radicalmente distinta a la que algunos gobernadores esperaban. La administración nacional ha dejado clara su intención de no subordinarse a una coalición general con los mandatarios provinciales, aun cuando necesite sus votos en el Congreso para impulsar reformas legislativas fundamentales. Esta posición marca una línea divisoria entre lo que el Gobierno está dispuesto a negociar en materia de gobernabilidad y aquello que considera no negociable: el comando político y electoral de La Libertad Avanza. La decisión tiene implicancias que trascienden lo meramente táctico y proyecta una visión particular sobre cómo debe estructurarse la competencia política en los próximos años.
Desde el centro del poder ejecutivo circulan mensajes precisos sobre cómo funcionarán las conversaciones de aquí en adelante. Las autoridades subrayan que cada provincia será tratada como un escenario singular, donde convergen múltiples variables: la cantidad de legisladores que cada gobernador puede aportar al Congreso, su capacidad territorial real, y lo que el oficialismo considere conveniente en términos estratégicos. No existe, según esta lógica, un acuerdo tipo que sirva para todas las jurisdicciones. Esto representa un giro respecto a las expectativas que tenían algunos mandatarios dialoguistas, quienes imaginaban que el ascenso de Diego Santilli al cargo de jefe de Gabinete podía traducirse en pactos electorales más amplios y sistemáticos. La Casa Rosada, sin embargo, prefiere mantener márgenes de maniobra amplios en lugar de comprometerse con esquemas cerrados que limiten su capacidad de decisión.
Las reformas como moneda de negociación, pero sin blindaje electoral
En Balcarce 50 existen claras prioridades legislativas para los próximos meses. El Gobierno desea que los gobernadores acompañen la sanción de una nueva reforma electoral, la aprobación del Presupuesto para 2027, y un conjunto de medidas destinadas a mantener en pie el programa económico hasta marzo de ese año. En este terreno, el Ejecutivo sí ofrece una postura de diálogo general y alineamiento. Pero aquí surge la distinción crucial que los funcionarios repiten constantemente: los acuerdos en materia legislativa no implican automáticamente que el oficialismo renuncie a competir electoralmente en esos mismos distritos. Tampoco significa que deba abstenerse de presentar diferencias públicas con los mandatarios locales cuando la estrategia política lo justifique. Esta separación entre cooperación institucional y competencia electoral es, para la Casa Rosada, fundamental.
La herramienta de las colectoras o listas compartidas representa, en esta ecuación, un mecanismo acotado y específico. El Gobierno explica que fue diseñado para la elección presidencial y funciona bajo la boleta de Javier Milei y La Libertad Avanza. Algunos gobernadores que carecen de candidato presidencial podrían utilizar esta estructura para que sus candidatos legislativos viajen en la boleta libertaria. Pero esa posibilidad no exonera al oficialismo de disputar las gobernaciones provinciales ni de mantener su propio aparato competitivo en territorios donde considere que tiene posibilidades reales. En otras palabras: que un mandatario aliado cuelgue candidatos de la boleta presidencial no significa que La Libertad Avanza vaya a retirarse de la competencia local o entregar su control territorial. La lógica es la de obtener beneficios mutuos sin renunciar a la autonomía estratégica.
Córdoba y Santa Fe: dos modelos de negociación desigual
Los ejemplos concretos que circulan desde el Ejecutivo revelan cómo operaría este sistema caso por caso. En Córdoba, la Casa Rosada ha decidido que La Libertad Avanza competirá con candidatos propios en la carrera por la gobernación, siendo Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, quien encabezaría esa lista. Esta determinación se sostiene incluso cuando el Gobierno reconoce que podría necesitar acuerdos legislativos con el peronismo cordobés para poder avanzar en reformas fundamentales. El mensaje que envía es claro: la gobernabilidad no necesariamente implica retirar candidatos ni abandonar la competencia. Se puede negociar legislativamente mientras se disputa electoralmente en el mismo territorio. Esa tensión convive en la estrategia oficial sin considerarse contradictoria.
El caso de Santa Fe presenta un panorama diferente y muestra que las decisiones no responden a un molde único. En esta provincia, los escenarios que se describen desde Balcarce 50 sugieren que lo más probable es que La Libertad Avanza no dispute la gobernación. En su lugar, Romina Diez encabezaría la lista de senadores, lo que permitiría que el oficialismo tenga presencia en la boleta pero sin confrontar directamente por el control provincial. Esta definición aún no se encuentra cerrada, pero ejemplifica el criterio que el Gobierno pretende imponer: acuerdos selectivos y estratégicos, no un patrón nacional uniforme. Junto a Chaco, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Santa Fe forma parte de la categoría de provincias donde el entendimiento con aliados ya luce más avanzado. Sin embargo, incluso en estos casos, la Casa Rosada subraya que no habrá un diseño único ni una fórmula que se replique automáticamente.
Además de los acuerdos formales con colectoras, el Gobierno mantiene viva la idea de los llamados "acuerdos de competitividad". Este concepto es tan flexible como amplio, e incluye múltiples variables que van desde la presentación de candidatos menos competitivos en ciertos distritos, hasta un despliegue limitado de campaña, una presencia territorial de baja intensidad, o simplemente coordinación legislativa con gobernadores sin que exista una alianza formal. Estos arreglos no necesariamente implican listas comunes en todas las categorías electorales, sino más bien un entendimiento tácito sobre dónde competir, dónde ceder espacio, y dónde colaborar. Para la Casa Rosada, esta flexibilidad es precisamente lo que permite adaptarse a cada contexto sin renunciar a la capacidad de decisión central.
La reforma electoral como condición previa y marco temporal
Un factor crítico que atraviesa todas estas negociaciones es la reforma electoral que el Gobierno busca impulsar. En los despachos oficiales se repite constantemente que ningún acuerdo electoral será cerrado antes de que ese proyecto avance significativamente. La eliminación o suspensión de las PASO sigue siendo la prioridad de la mesa política y condiciona toda la estrategia de alianzas. Esta reforma no es meramente un objetivo legislativo más, sino que funciona como precondición y marco temporal para toda la arquitectura de negociaciones provinciales. El Gobierno espera que esta reforma sea aprobada antes de agosto, según sus cálculos actuales, lo que permitiría entonces acelerar las definiciones sobre alianzas electorales.
La ecuación es compleja porque busca resolver dos problemas simultáneamente. Por un lado, el Ejecutivo necesita los votos de gobernadores para modificar las reglas de juego electoral. Por el otro, requiere ordenar su armado nacional sin depender de una coalición tradicional que lo subordine. Estas dos demandas están en tensión permanente. La reforma electoral es, en este contexto, tanto una herramienta de negociación como un objetivo en sí mismo. Si el Gobierno logra cambiar las reglas de juego, sus márgenes de maniobra para el armado de 2027 se expandirían considerablemente.
En la Casa Rosada creen que la candidatura presidencial libertaria será el principal activo para atraer aliados. Santilli y Eduardo "Lule" Menem quedaron encargados de conducir estas negociaciones con los mandatarios. El primero, en su nuevo rol de jefe de Gabinete, debe recomponer los vínculos con las provincias y sumar apoyos para las reformas. El segundo, como armador de la estructura de Karina Milei, busca preservar el control del sello libertario y evitar que los acuerdos territoriales diluyan la conducción nacional de La Libertad Avanza. Ambas funciones son necesarias pero también generan dinámicas potencialmente conflictivas: mientras uno negocia para obtener votos legislativos, el otro cuida que esa negociación no termine licuando la marca política libertaria.
La continuidad respecto a 2025 y el rol de la polarización
La Casa Rosada reconoce abiertamente que la tensión entre gobernabilidad y armado electoral será una característica permanente de los próximos meses. No es un problema a resolver de una vez, sino una dinámica que deberá navegarse constantemente. El antecedente que miran es lo ocurrido en 2025: competir con sello propio en la mayoría de las provincias, reservando los acuerdos solo para aquellos distritos donde existiera un beneficio concreto y mensurable. Esta experiencia informará la estrategia para 2027, profundizando una lógica de selectividad sobre coaliciones amplias.
Existe además en el oficialismo una convicción de que Milei puede enviar señales de moderación mientras negocia reformas, pero que la campaña de 2027 volverá a apoyarse sustancialmente en la polarización con el kirchnerismo y el "modelo anterior". En ese marco, el Gobierno no descarta competir contra mandatarios con los que, simultáneamente, intenta cerrar acuerdos legislativos. Esta capacidad de mantener estas dos lógicas funcionando en paralelo es vista como un fortaleza, no como una contradicción. Desde la perspectiva oficial, la confrontación con figuras peronistas o críticas del Gobierno puede ser perfectamente compatible con negociaciones pragmáticas en el Congreso con gobernadores aliados.
La definición final sobre todas estas cuestiones quedará para después de que la reforma electoral sea sancionada. Hasta ese momento, el Gobierno intentará sostener lo que internamente reconocen como un "equilibrio inestable": mostrar una fotografía de diálogo y apertura hacia los gobernadores, blindar el programa económico en el Congreso con sus votos, pero evitando que ese acercamiento se convierta en una coalición que le quite a La Libertad Avanza el control de su propio armado y le subordine estratégicamente a estructuras territoriales.
Perspectivas sobre las implicancias futuras
Las consecuencias de esta estrategia de negociaciones selectivas y sin moldes únicos son múltiples y operan en distintos niveles. Por una parte, algunos gobernadores aliados podrían sentir que el Ejecutivo nacional no valida suficientemente sus esfuerzos legislativos con beneficios electorales concretos, lo que podría afectar su disposición a cooperar en futuras votaciones. Por otra, esta arquitectura de acuerdos puntuales sin coalición general podría permitir al Gobierno conservar márgenes amplios de maniobra y preservar la capacidad de decisión sobre su propio destino electoral. Los impactos variarán según cada territorio y cada mandatario, dependiendo de cómo interprete las intenciones oficiales y de si obtiene o no los beneficios específicos que negocia. La reforma electoral será determinante: si llega a aprobarse antes de agosto, los tiempos se acelerarán y la presión sobre gobernadores para cerrar definiciones aumentará. Si no, la incertidumbre podría prolongarse y generar comportamientos más impredecibles entre los mandatarios provinciales. El equilibrio que el Gobierno intenta mantener es, por definición, frágil y requiere de ajustes constantes según cómo evolucione tanto la dinámica legislativa como las propias negociaciones territoriales en los meses que vienen.
