La iniciativa oficial sobre propiedad privada transita un camino de concesiones estratégicas en el Senado, donde el Gobierno aceptó desistir de tocaciones al Registro Nacional de Barrios Populares luego de enfrentar una coalición de resistencias que incluye desde sectores de la iglesia católica hasta legisladores de la oposición. Sin embargo, este retroceso parcial no detiene el avance de una reforma estructural que redefiniría aspectos fundamentales del régimen de expropiaciones, desalojos y títulos de propiedad en el país. Lo que está en juego trasciende los barrios populares: se trata de un reordenamiento profundo de cómo Argentina concibe la seguridad jurídica sobre la tierra, con implicancias que se extenderán hacia el mercado inmobiliario, las ocupaciones y los derechos de posesión.
Durante las jornadas de audiencias públicas convocadas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado, los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez, que presiden ambas instancias, recibieron testimonios contradictorios sobre los alcances del proyecto. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, expuso los fundamentos de una reforma que busca fortalecer lo que desde el Ejecutivo denominan seguridad jurídica. Frente a él compareció Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata, quien articuló desde la tribuna eclesiástica preocupaciones sobre el destino de millones de familias que habitan en asentamientos precarios. La intervención del prelado no fue meramente declarativa: cuestionó directamente que ciertas modificaciones propuestas resultarían en un retroceso para poblaciones en situación de vulnerabilidad, particularmente respecto a lo que disponía la Ley 27.453.
Esa normativa, sancionada durante la administración Macri en octubre de 2018, estableció un mecanismo de regularización dominial para barrios populares con miras a integración socio urbana. La ley creó el RENABAP, un registro que identifica y clasifica territorios donde residen más de cinco millones de argentinos. Su lógica principal residía en suspender desalojos por una década y generar condiciones de seguridad de tenencia para familias que llevaban décadas habitando esos espacios sin títulos de propiedad. Desde el Gobierno actual se argumenta que esa ley fracasó en su objetivo principal: tras siete años de vigencia, apenas el 0,08 por ciento de esas familias logró obtener titulación privada sobre sus lotes. Ese porcentaje prácticamente nulo refleja, según la visión oficial, la ineficacia del esquema anterior. Lo que la Casa Rosada quería hacer era justamente desmantelar ese mecanismo y delegarlo a provincias y municipios, eliminando además la protección contra desalojos que la ley garantizaba.
La reacción que frenó el avance más radical
La bancada de Convicción Federal, liderada por la senadora jujeña Carolina Moisés, vicepresidenta del Senado, planteó un rechazo categórico a cualquier modificación del RENABAP. Su postura fue inequívoca: caracterizó el proyecto como una amenaza para la integración socio urbana y denunció que, bajo la apariencia de regularización, se habilitaría un régimen de desalojos masivos operados de manera encubierta. Moisés argumentó que ignorar la realidad de más de cinco millones de argentinos que viven en estos contextos representaba una ceguera política peligrosa. Su propuesta alternativa introdujo distinciones legales relevantes: no es lo mismo, planteó, un intruso que un ocupante de larga data, y por tanto no pueden aplicarse los mismos plazos para resolver ambas situaciones. Además, sugirió límites estrictos y protecciones especiales para menores de edad y adultos mayores en cualquier proceso de desalojo.
A esa postura se sumaron legisladores de Unión Cívica Radical, varios de los cuales recordaban que habían formado parte de Cambiemos, la coalición gobernante cuando se sancionó la Ley 27.453. Mauricio Macri y su bancada en el Senado, representada por Martín Goerling Lara, también se opusieron desde el inicio. La paradoja política resulta significativa: el PRO, que ocho años atrás impulsó esa ley a través de Carolina Stanley, entonces ministra de Desarrollo Social, ahora se resistía a su demolición. La confluencia de rechazos —la iglesia, sectores de la UCR, el PRO, Convicción Federal— ejerció presión suficiente como para que el Gobierno cediera en ese punto específico. El RENABAP se mantendría intacto, al menos en esta versión del proyecto que avanza hacia dictamen.
Lo que sí se modifica: una reforma más amplia del código de propiedad
Sin embargo, la aceptación de esa derrota parcial no significa paralización de la iniciativa general. El proyecto mantiene modificaciones sustanciales en otras áreas que resultan, probablemente, más profundas que la reforma al RENABAP. El Código Civil y Comercial sería alterado en aspectos medulares. El régimen de expropiaciones, piedra angular de los derechos de propiedad en cualquier democracia, experimentaría una redefinición crucial: las indemnizaciones se limitarían exclusivamente al valor de mercado y daños directos acreditados, eliminando la posibilidad de compensar ganancias especulativas o valores afectivos que las jurisprudencias tradicionales permitían. Esto significa, en términos prácticos, que un propietario que pierda una tierra por expropiación recibiría menos dinero que lo que actualmente contempla la ley.
Respecto a desalojos, la reforma también introduce cambios significativos. Las ocupaciones temporarias no podrían extenderse más allá de sesenta días, una limitación mucho más restrictiva que los marcos anteriores. Los mecanismos judiciales para desalojos serían modificados con criterios más rigurosos sobre qué constituye ocupación legítima de tierra. Además, el proyecto elimina restricciones que hoy pesan sobre la compra de tierras por parte de extranjeros, liberalizando así el mercado de suelo. Introduce también cambios en la Ley de Manejo del Fuego, particularmente en lo relativo a cambios de uso del suelo en tierras que sufrieron incendios. La prohibición de transferencia de dominio sin pago íntegro también forma parte del paquete: nadie podría adquirir una propiedad sin desembolsar el valor total de la operación, lo que puede impactar en esquemas de financiamiento existentes.
Desde la óptica gubernamental, este entramado de modificaciones persigue un objetivo declarado: reforzar lo que denominan seguridad jurídica sobre la propiedad privada. El argumento subyacente es que Argentina necesita reglas más claras, más predecibles, que no dejen espacios para interpretaciones que beneficien a ocupantes o que generen fricciones entre propietarios y el Estado. El ministro Sturzenegger encarna esa visión: una Argentina donde la propiedad esté protegida de interferencias estatales excesivas, donde los títulos sean incuestionables y donde los derechos reales tengan prevalencia sobre otros ordenamientos. En ese marco, las ocupaciones y los desalojos deben resolverse con celeridad, sin que mecanismos sociales o protecciones especiales dilaten los procesos.
Contexto histórico y disputas de fondo
Conviene recordar que Argentina ha transitado, históricamente, tensiones profundas respecto a la propiedad. Desde la distribución de tierras en el siglo diecinueve hasta los movimientos de ocupación del siglo veinte y veintiuno, la cuestión del acceso a la tierra ha sido un punto de fricción política constante. La Ley 27.453, sancionada bajo Macri, representaba un intento de canalizar esas tensiones mediante mecanismos de regularización: reconocer situaciones de facto, crear vías para que ocupantes históricos accedieran a titulación, todo bajo el paraguas de una lógica de integración urbana. Que apenas el 0,08 por ciento de familias haya logrado obtener títulos sugiere que el sistema de regularización operó con baja eficacia, pero también plantea interrogantes sobre si la solución es revertir esas protecciones o mejorar su implementación.
Lo que está en disputa en el Senado es, fundamentalmente, quién carga con la vulnerabilidad ante cambios de régimen jurídico. Si un propietario pierda una expropiación, recibirá menos compensación bajo la nueva ley. Si un ocupante de larga data debe desalojar, tendrá sesenta días máximo para abandonar. Si tierras incendiadas cambiarán de uso, los requisitos serán menos restrictivos. En cada caso, hay ganadores y perdedores. El Gobierno busca beneficiar a propietarios fácticos, a inversores, a una concepción de mercado donde las trabas regulatorias sean mínimas. La oposición y los actores que frenaron el RENABAP buscan proteger a quienes han vivido décadas en espacios precarios, argumentando que la seguridad jurídica no puede construirse sobre la vulneración de derechos de poblaciones que carecen de recursos para litigar.
El proyecto que avanza en el Senado, con el RENABAP salvaguardado pero el resto de la reforma intacta, representa un equilibrio inestable. Las concesiones del Gobierno en materia de barrios populares pueden interpretarse como muestra de pragmatismo legislativo, pero también como señal de que sectores de su propia coalición de apoyo —especialmente PRO— no acompañan la totalidad de la iniciativa. Qué sucederá una vez que el Senado dictamine, cómo responderá la Cámara de Diputados, si habrá nuevas negociaciones o si la iniciativa se congelará, son preguntas que permanecen abiertas. Lo que es seguro es que las transformaciones en el régimen de expropiaciones, desalojos y títulos de propiedad, aunque no toquen directamente el RENABAP, tendrán consecuencias extendidas sobre cómo funciona el mercado de tierras, cómo se resuelven conflictos por ocupación y qué grado de protección tendrán poblaciones en situación de fragilidad económica frente a cambios jurídicos impulsados desde el Ejecutivo.
