Una cascada de reuniones en la Casa Rosada marca el ritmo político de estos días: tres encuentros simultáneamente agendados para una misma jornada revelan la urgencia con la que el Ejecutivo busca destrabarse en uno de sus proyectos legislativos más complejos. La reforma electoral, anclada en las conversaciones hace semanas sin avances concretos, requiere del Gobierno un cambio de tácticas que apunte directamente a los despachos provinciales. El ministro del Interior actúa como negociador en jefe, desplegando una estrategia de construcción de consensos que trasciende las sesiones parlamentarias: cada reunión es un movimiento calculado para medir fuerzas reales, explorar márgenes de flexibilidad y, fundamentalmente, presionar a los bloques que frenan el expediente.
Los encuentros previstos para el próximo martes trazan un mapa político revelador. Primero llegará el mandatario chaqueño; después, en horas de la tarde, su par sanjuanino; finalmente, ya sobre el cierre del día laboral, se recibirá al fueguino. Tres provincias, tres espacios políticos distintos, tres vértices de una negociación que busca tejer una mayoría imposible desde el piso legislativo tradicional. La mecánica de estos encuentros nunca es casual: la Casa Rosada utiliza estas citas para transmitir dos mensajes simultáneamente. Hacia adentro, muestra que trabaja sin descanso. Hacia afuera, comunica que el proyecto avanza a pesar de los obstáculos. Pero entre líneas, algo más importante ocurre: cada gobernador que traspone las puertas de la residencia presidencial se lleva consigo un mensaje implícito sobre lo que el Gobierno está dispuesto a negociar, qué demandas de infraestructura o financiamiento podrían resolverse en el corto plazo, dónde están los límites reales de la flexibilidad oficial.
El nudo gordiano de las primarias
Hace meses que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias funcionan como el escollo central que impide avanzar. El Gobierno propone su eliminación directa, una posición que encuentra resistencias inesperadas entre actores que, en teoría, podrían ser aliados. Algunos gobernadores, particularmente aquellos que gobiernan sobre territorios donde el sistema de primarias representa un equilibrio político delicado, rehúyen comprometerse públicamente con una postura terminante. La cuestión tiene aristas que van más allá de lo ideológico: eliminar las PASO implica modificar reglas de juego interno en muchas provincias, afecta poder territoriales establecidos, genera fricciones con estructuras locales que llevan años funcionando bajo esas reglas.
Entre Ríos ya envió una señal: su gobernador expresó respaldo a la eliminación. Catamarca, a través de declaraciones posteriores a su reunión con el ministro, señaló que "las internas deben resolverse dentro de los partidos", una fórmula que el Gobierno interpretó como favorable, aunque deliberadamente ambigua. Neuquén y Salta mantienen canales de comunicación abiertos, pero sin declaraciones públicas comprometedoras. La geografía política es intrincada: el Gobierno necesita sumar votos en diputados, no aplausos en las provincias. Pero los votos en diputados muchas veces responden a lo que los gobernadores indican en sus territorios. De allí la importancia de esta ronda de negociaciones que apenas comienza.
El desafío de incorporar a los opositores
La inclusión de Tierra del Fuego en la agenda de este martes constituye un movimiento político de significación especial. El mandatario fueguino ha mantenido una distancia notable respecto de la Casa Rosada desde el inicio de la gestión actual, representa un sector opositor que no forma parte del núcleo de alianzas gubernamentales. Invitarlo a negociar en forma directa simboliza un giro en la estrategia del Ejecutivo: si no puede construir la reforma con los amigos, intenta construirla con los que hasta ahora han sido adversarios. Esta apertura refleja también la realidad de los números parlamentarios: sin una coalición más amplia, difícilmente se logre el quórum calificado que muchos analistas consideran necesario para una iniciativa de esta envergadura.
El radicalismo, por su parte, ha presentado una alternativa que busca saldar la grieta: convertir las PASO en un mecanismo optativo en lugar de eliminarlas de facto. Esta propuesta plantea un esquema intermedio que podría resultar palatable para distintas posiciones: quienes deseen usarlas tendrían la opción; quienes prefieran dirimir sus diferencias internas por otros medios podrían hacerlo. El Gobierno comienza a evaluar si esta fórmula de compromiso podría destrabar las negociaciones sin abandonar completamente su objetivo original. Los encuentros de estos días funcionarán, en parte, como medidores de temperatura: ¿cuán firme es la demanda de los bloques dialoguistas por mantener o modificar las PASO? ¿Dónde están los puntos de ruptura irreversible?
Más allá del debate sobre primarias, la reforma electoral que el Gobierno propone contiene otras modificaciones de relevancia. La incorporación de un casillero en la Boleta Única Papel para votar listas completas simplificaría el proceso de votación y evitaría fragmentación de votos. El proyecto de Ficha Limpia, aunque mencionado en el paquete reformista, responde a una lógica distinta y genera sus propias controversias. Los cambios en financiamiento de partidos tocan, directamente, las arcas y los modelos de funcionamiento de casi todas las fuerzas políticas. Cada uno de estos componentes genera coaliciones y fracturas distintas, lo que complica la posibilidad de un acuerdo global.
Las negociaciones que ahora se aceleran ocurren en un contexto donde la Casa Rosada también intenta fortalecer lazos con las provincias mediante la atención de demandas de infraestructura, obras públicas y asignación de recursos. Estas conversaciones paralelas, aunque aparentemente desvinculadas de la reforma electoral, funcionan como oxígeno político para los gobernadores: regresar a sus territorios con promesas de inversión facilita explicar a sus bases por qué decidieron acompañar iniciativas que podrían afectar sus estructuras internas. La política subnacional opera bajo lógicas propias, donde los beneficios concretos y visibles en el territorio pesan tanto como las definiciones ideológicas o programáticas.
Incertidumbre en el horizonte legislativo
La velocidad que el Gobierno imprime a estas negociaciones refleja una cierta urgencia, pero también revela que el proyecto sigue lejos de ser una realidad legislativa. Sin consensos claros sobre el punto neurálgico de las PASO, sin certeza sobre los apoyos parlamentarios reales, la reforma electoral permanece en un estado de fluidez. Los encuentros de martes pueden marcar un quiebre o simplemente confirmar lo que ya se sospecha: que la construcción de mayorías para cambios tan sensibles en materia electoral requiere tiempos más prolongados, negociaciones más profundas o, eventualmente, un rediseño más radical de lo que se pretende lograr.
Los posibles desarrollos que esta intensificación de negociaciones podría generar en el corto plazo permiten múltiples escenarios. Si el Gobierno logra obtener señales claras de apoyo de la mayoría de gobernadores, podría acelerar su envío al Congreso, esperando que los mandatarios territoriales ejerzan presión sobre sus diputados. Si, por el contrario, la ronda de reuniones confirma que existen fracturas insalvables sobre temas como las PASO, el Ejecutivo deberá evaluar si introduce modificaciones sustanciales al proyecto original o si opta por esperar condiciones políticas más favorables. Asimismo, la incorporación de opositores como Tierra del Fuego en estas conversaciones podría abrir la puerta a que otros actores políticos, hasta ahora más distantes, busquen también participar de la negociación, ampliando el abanico de posibilidades pero también multiplicando los puntos de fricción. La estrategia de marcha acelerada que el Gobierno despliega puede apurar el proceso legislativo o, paradójicamente, generar más complejidad si las señales que reciba en estos encuentros resultan contradictorias o insuficientemente claras para proceder con garantías.
