La trayectoria económica de la familia Moyano en las últimas dos décadas revela un crecimiento patrimonial constante que contrasta de manera notable con las múltiples acusaciones de enriquecimiento ilícito que pesan sobre sus miembros. A pesar de denuncias recurrentes vinculadas a desvío de fondos, lavado de activos y operaciones cuestionables, el patrimonio inmobiliario y los bienes del clan no han dejado de expandirse, consolidando una red de propiedades, empresas y activos que atraviesa distintos rubros de la economía. Este fenómeno cobra particular relevancia en el contexto actual, marcado por una nueva controversia que volvió a posicionar a algunos integrantes de esta dinastía en el debate público.

Un mapa de propiedades en territorio bonaerense

En el partido de Coronel Brandsen, específicamente en el barrio Campos de Roca, la familia Moyano mantiene una presencia inmobiliaria significativa. Según información verificada, al menos tres grandes mansiones y un lote adicional pertenecen al grupo familiar, cada una con extensiones que oscilan entre una hectárea y media y dos hectáreas. Una de estas propiedades está registrada bajo el nombre de Vixey SA, empresa que integra el conglomerado económico del clan. Las restantes dos chacras y el lote más reducido figuran a nombre de Valeria Salerno, hijastra del líder del Sindicato de Camioneros y presidenta de varias de las sociedades que componen el entramado empresarial familiar.

El mantenimiento de estas propiedades representa un gasto considerable para la familia. Tan solo en expensas y gastos comunes, los cuatro inmuebles insumen casi 9 millones de pesos mensuales. A pesar de esta carga financiera, testimonios de residentes del barrio indican que Hugo Moyano y su esposa Liliana Zulet hace tiempo que no ocupan su mansión en esta zona, sugiriendo que el inmueble funciona más como un activo patrimonial que como vivienda habitual. Valeria Salerno, por su parte, sí mantiene presencia activa en su propiedad del mismo barrio.

La afición por los ejemplares de raza frisona

Dentro del predio que Valeria Salerno posee en Campos de Roca se aloja una instalación destinada a la cría y manutención de caballos de pura sangre. Específicamente, cuatro ejemplares de la raza frisona —conocida por su tamaño imponente, crin abundante y su demanda entre propietarios de establecimientos rurales de alto nivel— residen en la chacra. Cada uno de estos animales posee un valor de mercado aproximado de 50.000 dólares estadounidenses, lo que significa que la colección ecuestre de la familia representa una inversión cercana a los 200.000 dólares. Este tipo de adquisición no es casual en estructuras patrimoniales de este tipo: la posesión de caballos de raza fina constituye tanto un símbolo de estatus como una inversión con potencial de revalorización.

La dedicación de Salerno hacia esta afición particular contrasta con el perfil público de otros miembros de la familia. Mientras que ella gestiona empresas y propiedades con aparente regularidad, otros integrantes del núcleo familiar han protagonizado episodios que generaron controversia mediática. De hecho, Valeria se encuentra distanciada de su hermano Facundo Moyano, a quien critica públicamente su estilo de vida nocturno y las presuntas conductas asociadas al consumo de sustancias.

La red empresarial que factura al gremio

El corazón del entramado económico del clan Moyano descansa sobre tres sociedades mercantiles principales: Dixey SA, Iarai SA y Aconra SA. Estas compañías operan en sectores diversos: la primera abarca asesoramiento empresarial, mantenimiento de edificios, confección de ropa de trabajo especializada, programación informática y comercialización de equipos tecnológicos. La segunda se dedica a la prestación de servicios de asistencia sanitaria, mientras que la tercera concentra su actividad en construcción, remodelación y mantenimiento de infraestructura edilicia.

Lo que caracteriza el funcionamiento de estas tres empresas es que, de acuerdo a reiteradas denuncias, el Sindicato de Camioneros y la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) funcionarían como sus únicos clientes. Esta estructura de clientela única genera un circuito económico cerrado en el que fondos originados en la estructura sindical y la obra social se canalizan hacia empresas del mismo grupo familiar. En las nóminas de personal de estas sociedades figuran miembros de la familia Moyano: Jerónimo Moyano, hijo menor de Hugo, y Facundo Moyano, quien aparece registrado como empleado de Aconra SA.

Las tres compañías comparten domicilio legal en Avenida Belgrano 1255, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta dirección no solo funciona como sede registral de las empresas, sino que durante el año 2024 también fue utilizada para inscribir tres fideicomisos. Según denuncias formuladas por legisladores, hacia estos instrumentos financieros se habrían transferido aproximadamente 900 millones de pesos en ese período, movimientos que generan interrogantes respecto a la gestión patrimonial del grupo.

Presencia en la capital: departamentos y control de empresas

Más allá de Coronel Brandsen, la familia Moyano mantiene una presencia estratégica en la Ciudad de Buenos Aires. En el edificio ubicado en la intersección de avenida Montes de Oca y Uspallata, el clan controla al menos cuatro pisos. Hugo Moyano reside actualmente en uno de estos departamentos. El mismo inmueble funciona, además, como domicilio fiscal de algunas de las empresas del grupo, consolidando la concentración de estructuras empresariales y patrimoniales en espacios controlados por la familia.

En cuanto a la gestión ejecutiva de las sociedades, los registros comerciales muestran un patrón de alternancia en las posiciones de máxima responsabilidad. Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, ha ejercido la presidencia de estas compañías en distintos períodos, como lo han hecho también Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, quien aparece registrado de manera variable como presidente, vicepresidente o director según la compañía y el momento considerado. Esta rotación de cargos, aunque formalmente legal, permite distribuir responsabilidades y visibilidad pública de manera estratégica dentro del grupo familiar.

Tensiones internas y sucesión del poder gremial

Dentro del clan existen fracturas importantes que trascienden lo meramente económico. El distanciamiento entre hermanos es notable: Pablo Moyano continúa siendo identificado como el principal heredero político y gremial del liderazgo de Hugo Moyano dentro de la estructura sindical camionera. Sin embargo, la relación entre Pablo y Facundo atraviesa un período de fuerte alejamiento, y según informaciones disponibles, hace tiempo que ambos no mantienen diálogo significativo.

Este fraccionamiento familiar adquiere importancia política porque refleja posibles divisiones en la conducción de la organización sindical más poderosa del transporte de cargas en Argentina. Históricamente, el Sindicato de Camioneros ha funcionado como una estructura de poder económico y político de considerable influencia, y la sucesión de su liderazgo nunca es un asunto puramente administrativo. Las tensiones intrafamiliares, por lo tanto, pueden proyectarse hacia la dinámica gremial futura.

Los números de la obra social: ingresos, gastos y deficiencias

La Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) recibe mensualmente 4.750 millones de pesos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, girados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Estas transferencias constituyen una fuente de financiamiento significativa para la prestación de servicios de salud a afiliados. Sin embargo, la institución registra un déficit aproximado de 60.000 millones de pesos, lo que indica un desequilibrio estructural importante entre ingresos y gastos.

En este contexto, los servicios contratados a las tres empresas del grupo Moyano representan un rubro de gastos relevante cuya magnitud exacta no ha sido totalmente divulgada públicamente. La cadena de transacciones —dinero del Fondo Solidario a la obra social, dinero de la obra social a las empresas privadas, y presuntamente desde estas compañías hacia patrimonios personales a través de mecanismos como los fideicomisos— constituye un circuito que ha generado escrutinio legal y periodístico a lo largo de los años.

La estructura descrita permite que fondos originados en contribuciones de trabajadores afiliados y aportes del sistema de salud formal se canalicen hacia empresas de propiedad familiar, creando un mecanismo de transferencia de recursos que algunos sectores cuestionan como incompatible con los principios de gestión pública y de obras sociales. La existencia de un déficit operativo simultáneo con la expansión patrimonial de actores involucrados en la provisión de servicios genera, naturalmente, preguntas sobre la eficiencia en la asignación de recursos.

Implicancias y proyecciones hacia adelante

Los hechos documentados sobre la estructura patrimonial, empresarial y económica del clan Moyano abren distintas líneas de análisis sobre sus posibles consecuencias en el mediano y largo plazo. Por un lado, si las investigaciones y denuncias existentes llegaran a resultados concretos en términos judiciales, podrían afectar significativamente la capacidad operativa de este entramado de empresas y bienes. Por otro lado, la consolidación de este patrimonio —independientemente de cómo haya sido generado— representa un poder económico que influye sobre estructuras sindicales y de salud de magnitud nacional. La cuestión de cómo estas dinámicas se resuelven tendrá implicancias tanto para la administración de recursos en el sector de transporte como para la gobernanza de las instituciones de seguridad social. Las tensiones internas en el clan también pueden modificar la configuración de liderazgos futuros dentro de la organización sindical, con efectos que trascienden lo familiar para incidir en negociaciones laborales, políticas de transporte y poder gremial en Argentina. El seguimiento de estos procesos sigue siendo central para entender dinámicas de concentración de poder económico en estructuras sindicales.