Un funcionario bajo escrutinio

Durante sus años en la función pública, Manuel Adorni acumuló compromisos financieros que superan los US$800.000, una cifra que genera una brecha considerable con respecto a su capacidad de ingresos declarados durante el mismo período. Este desfase económico ha derivado en una investigación judicial que busca desentrañar cómo fue posible que un servidor público con remuneraciones limitadas pudiera afrontar tan amplios gastos en viviendas, viajes internacionales y refacciones de propiedades. Los interrogantes sobre la procedencia de esos fondos constituyen el eje central de una pesquisa que avanza con el levantamiento de secretos fiscales y bancarios, intentando establecer conexiones entre lo declarado, lo gastado y lo adquirido.

El escenario que se abre es particularmente delicado por tratarse de alguien en posiciones de responsabilidad dentro del Gobierno Nacional. La cronología de los hechos revela un crecimiento patrimonial que comenzó apenas tres meses después de asumir como portavoz presidencial, lo que ha despertado la atención de magistrados que buscan verificar si existe correspondencia legítima entre ingresos y egresos. Este tipo de investigaciones son frecuentes en Argentina cuando existe sospecha de enriquecimiento irregular, aunque en este caso el factor que causa mayor interés es la velocidad y magnitud con la cual se concretaron las transacciones en un lapso relativamente breve.

Congelamiento salarial y explosión de gastos

Durante gran parte de su gestión como vocero de la presidencia, el salario bruto de Adorni se mantuvo congelado en $3,5 millones, cifra que traducida a divisas internacionales representaba poco menos de US$5.000 mensuales. Recién en enero de 2026, mediante un decreto presidencial, su remuneración fue elevada a $7,1 millones, lo que significó un aumento considerable pero que llegaba tardíamente cuando ya se habían concretado la mayoría de las operaciones económicas que ahora son objeto de análisis. Este desfase temporal entre ingresos limitados y gastos exponenciales constituye el primer problema que enfrenta la defensa del funcionario, ya que matemáticamente resulta imposible financiar con esos montos lo que la justicia ha documentado.

El desglose de lo que se conoce hasta ahora presenta un panorama fragmentado en diferentes rubros. En primer lugar, se registraron pagos ya realizados por US$245.000 en concepto de refacciones a cargo de un contratista que realizó trabajos en una de las propiedades adquiridas. A esto se suman operaciones inmobiliarias que sumaron US$185.000, incluyendo la compra de una vivienda en un country por US$120.000, más US$60.000 distribuidos entre seña de un departamento en Caballito y cancelación parcial de una primera hipoteca, junto a US$5.000 correspondientes al ingreso al complejo cerrado. Adicionalmente, se documentaron US$27.658 en viajes al exterior y US$6.000 en un viaje a Bariloche, lo que demuestra un patrón de gastos recreativos que también contribuyó a erosionar cualquier capacidad de ahorro que pudiera haberse generado con ingresos tan reducidos.

Transacciones que no cierran: el viaje al Caribe sin fondos declarados

Uno de los episodios que ha generado mayor perplejidad entre los investigadores es el viaje a Aruba que el funcionario realizó junto a su familia el 29 de diciembre de 2024. Los pasajes aéreos en primera clase fueron abonados en efectivo, con un costo de US$1.450 cada uno para un total de US$5.800, mientras que la estadía en destino sumó otros US$8.674. Lo problemático del asunto reside en que, según su propia declaración patrimonial del cierre de 2024, Adorni poseía únicamente US$48.720 entre efectivo y una cuenta en el exterior. Este viaje, más otros gastos realizados en las mismas fechas, consumiría US$25.754 más de lo que había declarado poseer, generando un déficit de fondos de difícil explicación. La Dirección Nacional de Migraciones, por su parte, registraba destinos diferentes al real: figuraba un vuelo hacia Perú en la salida y otro desde Ecuador en el retorno, información que solo fue verificada por la fiscalía investigadora en abril del año en curso.

Este incidente particular ilustra de manera cristalina los dilemas que enfrenta la investigación. Si Adorni no poseía los dólares declarados, ¿de dónde obtuvieron los fondos para un viaje de esa envergadura? Las posibilidades son limitadas: o sus registros patrimoniales son incompletos, o accedió a dinero cuyo origen aún no ha sido establecido. Esta interrogante se replica a lo largo de toda la cadena de transacciones, generando una especie de efecto acumulativo donde cada operación nueva alimenta más dudas sobre la anterior. Los US$30.000 utilizados para la compra del departamento de Caballito, sumados a otros US$30.000 para cancelación parcial de la primera hipoteca, superaban ampliamente lo que Adorni había declarado tener disponible antes de partir hacia el Caribe.

Una red de financiamiento no convencional

Lo particularmente inusual del patrón de endeudamiento de Adorni es que evitó sistemáticamente los canales tradicionales de crédito bancario. La primera hipoteca sobre el country de Indio Cua, por ejemplo, fue contraída con dos mujeres policías por un monto de US$100.000 al 11% anual, quienes fueron presentadas al funcionario a través de una escribana. Esta operación fue rechazada inicialmente por el vendedor original, Juan Ernesto Cosentino, quien declaró que Adorni le había ofrecido pagar solamente US$20.000 en efectivo más una hipoteca sobre el departamento de Asamblea, propuesta que fue rechazada antes de que se alcanzara el acuerdo final de US$120.000.

El patrón se repitió con la segunda hipoteca sobre el departamento de Caballito, que fue estructurada de una manera que merece atención especial. El inmueble había sido publicado originalmente en US$375.000 según información de la martillera que lo ofrecía, pero fue adquirido en mayo de 2025 por US$200.000 a través de la compra a nombre de dos jubiladas: Beatriz Viegas, madre de un desarrollador inmobiliario, y Claudia Sbabo. Ambas declararon que desconocían al funcionario y que la operación fue conducida por Pablo Martín Feijoo, quien tenía el plan inicial de refaccionar y revender la propiedad en US$345.000. Sin embargo, cuando Adorni manifestó que solo disponía de US$30.000, se renegociaron los términos: se escrituró en US$230.000 con US$30.000 al contado y US$200.000 financiados mediante hipoteca sin intereses en doce cuotas. Por fuera de la escritura pública, Feijoo admitió haber acordado un pago adicional de US$65.000 aún no cancelado, lo que eleva el precio real de la operación a US$295.000, considerablemente menor al valor estimado de US$345.000.

Las acreedoras de ambas hipotecas pertenecen a un perfil muy específico: retiradas de fuerzas de seguridad y jubiladas del sistema de pensiones. Esta arquitectura financiera no bancaria es, en sí misma, un elemento que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores, quienes buscan establecer si existieron conexiones previas o arreglos específicos que facilitaran estos financiamientos.

Refacciones que superan el valor de la propiedad

Otra característica desconcertante del patrón de gastos de Adorni es la magnitud de las inversiones realizadas en mejoras sobre propiedades. En el caso del country Indio Cua, el contratista Matías Tabar declaró ante la justicia que Adorni le abonó US$245.000 en efectivo por trabajos de remodelación, incluyendo cambio de pisos, revestimiento de paredes, construcción de pileta y cascada en el jardín. La particularidad radica en que esta inversión en mejoras representaba más del doble del precio de compra de la propiedad, que fue de US$120.000. A esto se sumó el pago de US$5.000 por el ingreso al country, llegando a un desembolso total de US$250.000 en efectivo para una vivienda que costó US$120.000.

Estas cifras resultan atípicas incluso en contextos donde se busca mejorar la calidad de una propiedad. Generalmente, los propietarios invierten entre un 20% y un 30% del valor de compra en mejoras sustanciales. En este caso, la inversión en refacciones superó ampliamente estos parámetros, lo que también genera interrogantes sobre si existieron otros motivos para los gastos más allá de la simple mejora estética o funcional de la vivienda.

Omisiones en declaraciones juradas y cambios posteriores

Un aspecto que ha adquirido relevancia en la investigación es el hecho de que Adorni omitió incluir el country Indio Cua en el anexo reservado de su declaración jurada de 2024 presentada ante la Oficina Anticorrupción, información que fue agregada recién cuando la pesquisa judicial ya estaba en marcha. De manera similar, la declaración patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti, fue presentada incompleta, siendo actualizada posteriormente cuando los investigadores ya habían iniciado su trabajo. Estos cambios tardíos en las declaraciones juradas generan cuestionamientos adicionales sobre la intención de transparencia en la presentación de información al Estado.

El crecimiento patrimonial documentado durante 2024 y lo que va de 2025 incluye también la incorporación de una camioneta modelo 2021 en marzo de 2024, apenas tres meses después de que Adorni asumiera como portavoz presidencial. El matrimonio indicó que la adquisición fue financiada mediante "venta de activos" sin precisar cuáles fueron esos activos. El valor de mercado del vehículo, según su estado y kilometraje, oscila entre US$20.000 y US$30.000, lo que nuevamente presenta la cuestión sobre si ese dinero provenía de liquidaciones previas documentadas o de otras fuentes.

Gastos corrientes que erosionan el presupuesto

Más allá de las adquisiciones y refacciones, existen gastos corrientes que pesan significativamente sobre la economía del funcionario. Las expensas del departamento de Asamblea alcanzan los $500.000 mensuales, mientras que las de la propiedad en Indio Cua rondan los $700.000 mensuales. A esto se agregan impuestos, mantenimiento de seis propiedades en total, patente y seguro de la camioneta, educación de dos hijos menores y servicios diversos. La central de deudores del Banco Central de la República Argentina mostró que las deudas mensuales de Adorni en el Banco Galicia superaron los $10 millones, mientras que las de su esposa alcanzaron los $15 millones. Estos montos revelan un nivel de endeudamiento recurrente que sugiere dificultades para afrontar los compromisos de largo plazo que ha asumido.

Un episodio adicional en la cronología de gastos fue el viaje familiar a Bariloche en junio de 2024, realizado a través de Aerolíneas Argentinas por $1.737.432, con alojamiento de cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort Golf-Spa que ascendió a $4.931.993,97 más $2.435.344 en excursiones y comidas, totalizando $9.104.769,97. Lo notable es que la familia regresó sin pagar nada en ese momento, siendo la deuda cancelada tres meses después desde una cuenta bancaria. En ese período, Adorni era vocero con ingresos menores a tres millones de pesos netos, mientras que su esposa era monotributista en una categoría baja, lo que hace interrogativo cómo accedieron al efectivo para cancelar posteriormente una deuda de casi nueve millones de pesos argentinos.

Viajes en contextos oficiales y privados

Otro capítulo de interés para la investigación involucra viajes realizados en contextos que no quedan completamente claros. En febrero de este año, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. El costo del viaje de ida fue US$4.830, facturado por AlphaCentauri a la productora Imhouse, perteneciente a Grandio, mientras que el retorno costó US$3.000. La causa originaria que derivó en mayor escrutinio sobre estos viajes fue la inclusión de Angeletti en la comitiva oficial que viajó a Nueva York en marzo durante la Argentina Week, cuyo pasaje de retorno costó US$5.154,55 y fue financiado por la administración pública.

Este tipo de desplazamientos genera interrogantes sobre la distinción entre gastos personales y aquellos que podrían considerarse asociados a funciones oficiales, particularmente cuando involucran a familiares y personas de ámbitos mediáticos, lo que añade complejidad al análisis de cómo se financiaron y cuál fue su propósito específico.

Perspectivas futuras y posibles escenarios

La investigación que lleva adelante la fiscalía continúa en fase de recolección de testimonios y análisis de documentación, con los secretos fiscales y bancarios levantados para permitir acceso a registros financieros más detallados. Los investigadores buscan establecer si existe correspondencia lógica entre los ingresos que Adorni ha declarado, el nivel de gastos que ha realizado, y el incremento patrimonial documentado semana a semana. Este ejercicio de verificación es fundamental para determinar si las discrepancias observadas pueden ser explicadas mediante mecanismos legítimos o si por el contrario sugieren movimiento de fondos de origen no declarado.

Las posibilidades que se abren en términos de conclusiones finales abarcan un espectro amplio. Por un lado, existe la posibilidad de que existan ingresos complementarios no formales que nunca fueron