Adrián González Charvay, magistrado con jurisdicción en Campana, finalmente se quedará con uno de los expedientes más complejos que enfrenta actualmente el sistema de justicia argentino: la investigación sobre la propiedad inmueble ubicada en Pilar que, según las pesquisas, habría servido como centro de operaciones para maniobras que involucraban a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino. El fallo de la Cámara de Casación, rubricado por Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, cierra una batalla judicial que se extendió durante meses y que enfrentó posiciones irreconciliables sobre dónde debía tramitarse la causa. La decisión representa un punto de inflexión en una investigación que comenzó con alcance limitado pero que hoy abarca operaciones financieras transnacionales, movimientos de fondos millonarios y una red empresarial que trascendía ampliamente los límites de la propiedad misma.
Lo singular del desenlace radica en que la resolución de Casación va contracorriente respecto de lo que había dictaminado la Cámara en lo Penal Económico, el tribunal especializado que la propia Casación había designado para resolver la cuestión. Además, todos los fiscales que han participado en las distintas etapas de la investigación se han manifestado en sentido opuesto a la radicación en Campana. Este conjunto de factores ha generado interrogantes sobre los criterios que pesaron en la decisión de los camaristas y ha intensificado el escrutinio público sobre el expediente. Antes de que González Charvay asuma plenamente las riendas, el expediente deberá transitar por la Cámara de San Martín, trámite que se perfila como meramente formal.
El pulso entre magistrados y jurisdicciones
La trayectoria de González Charvay en el Poder Judicial revela a un magistrado caracterizado por su actitud proactiva en la búsqueda de ampliar su ámbito de competencia, particularmente en asuntos que trascienden el territorio estricto de su juzgado. En el caso de la quinta de Pilar, el juez no solo presentó un pedido de inhibitoria dirigido al colega que originalmente llevaba la causa, sino que además pujó con persistencia por incorporar otras investigaciones conexas que se tramitaban en distintos fueros. Esta conducta tensionó el sistema de distribución de causas y provocó fricciones entre colegas del Poder Judicial. Los dueños formales del predio, Luciano Pantano y su madre Ana Conte, personas jubilada una de ellas y monotributista la otra, encontraron en González Charvay un magistrado dispuesto a acoger sus planteos sobre la necesidad de radicar el expediente en Campana, donde supuestamente debería tramitarse por razones de territorialidad.
El alineamiento entre el juez y los intereses de los investigados no pasó desapercibido para observadores del sistema judicial. Pantano y Conte actuaron como propietarios legales del inmueble, aunque según las investigaciones funcionarían como testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y figura cercana al presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia. La presunta operación de pantalla habría sido diseñada para distanciar la propiedad de quienes efectivamente controlaban los recursos que permitieron su adquisición y mantenimiento. González Charvay fundó su posición en dos argumentos principales: primero, el derecho del juez natural conforme a la territorialidad, ya que la quinta está ubicada físicamente dentro de su jurisdicción; segundo, la necesidad de evitar un bifurcamiento procesal que generara múltiples juzgamientos sobre los mismos hechos. Sin embargo, estos razonamientos fueron rebatidos por quienes señalaban que la complejidad intrínseca del expediente excedía largamente la cuestión de dónde estuviera construido el edificio.
Una investigación que creció más allá de sus límites originales
Lo que comenzó como una investigación relativamente acotada sobre la titularidad y procedencia de una propiedad derivó en un entramado investigativo de dimensiones considerables. El expediente incorporó análisis sobre TourProdEnter, la empresa comercial vinculada a Javier Faroni que actúa como agente de negocios de la AFA a nivel internacional. Esta entidad cobra el 30 por ciento de los ingresos que genera la entidad deportiva en el extranjero, lo que la posiciona como potencial nexo de una ingeniería financiera destinada a canalizar recursos hacia operaciones no registradas en los libros de la AFA. La investigación también se extendió a las transacciones giradas por la organización deportiva hacia un conjunto de sociedades vinculadas a Toviggino, movimientos que alcanzaban cifras millonarias según los registros que los fiscales pudieron constatar. Paralelamente, existe otro expediente originado en Santiago del Estero en el que Pedro Simón, fiscal de esa jurisdicción, solicitó la detención tanto de Tapia como de Toviggino, argumentando que existían indicios de que fondos de la AFA habían sido desviados mediante operaciones con esas sociedades pantalla.
González Charvay también intentó concentrar bajo su control ese segundo expediente, generando un nuevo conflicto de competencia. El magistrado solicitó al juez Diego Amarante, que llevaba esa causa en el fuero penal económico, que se inhibiera argumentando que en su juzgado tramitaba un caso similar. La maniobra no fue accidental: responde a una pauta que González Charvay repite frecuentemente en su labor cotidiana, particularmente en causas de narcotráfico, materia en la cual ha construido una reputación de magistrado riguroso y efectivo. Uno de sus expedientes más resonantes fue la investigación denominada "Bobinas Blancas", que en 2021 concluyó con sentencias contra integrantes de una organización delictiva transnacional que utilizaba bobinas de acero especialmente preparadas para transportar cocaína. Para ese caso, González Charvay ordenó allanamientos en múltiples localidades, incluyendo la terminal portuaria de Zárate, con resultados que ganaron visibilidad pública.
Un magistrado con peso político en su distrito
La trayectoria de González Charvay no se circunscribe únicamente al ámbito del narcotráfico. En el terreno de las decisiones con impacto político, el juez ha demostrado una disposición a intervenir en materias que trascienden lo estrictamente judicial. En noviembre del año anterior, procesó al exfuncionario bonaerense Jorge D'Onofrio, quien se desempeñaba como ministro de Transporte de la provincia y mantenía cercanía con Sergio Massa, excandidat presidencial y referente político del Frente Renovador. La acusación contra D'Onofrio giró en torno a presunto lavado de activos, y González Charvay dictó un embargo por 350 millones de pesos. Con anterioridad, el magistrado procesó y elevó a juicio oral a Nicolás Ducoté, quien se desempeñaba como intendente de Pilar bajo la bandera de Pro. La acusación incluía irregularidades en la suscripción de convenios para obras en barrios como Monterrey y Peruzzotti, así como en un programa de microcréditos para reparación de viviendas. Desde entonces, la trayectoria política de Ducoté experimentó un quiebre notable. Su sucesor en la intendencia, Federico Achával, aparentemente se benefició de decisiones judiciales emanadas de González Charvay, incluyendo una que permitió a la municipalidad cobrar sus tasas municipales integradas en la misma factura que servicios como luz y gas, en contraposición a lo que el gobierno nacional había decidido en materia de política tributaria.
La circulación de González Charvay por temas tan diversos, su disposición a resolver conflictos de competencia en su favor y su capacidad para tomar decisiones con proyección política generan un contexto complejo alrededor de su asunción en la causa de la quinta de Pilar. La puerta que facilitó su ingreso en este expediente se abrió cuando el juez Leopoldo Bruglia, integrante de la Cámara Federal, ordenó que la causa fuera trasladada de Comodoro Py a la Cámara en lo Penal Económico. En esa oportunidad, Bruglia señaló que el nuevo magistrado a cargo del caso debía considerar la posibilidad de que el expediente fuera enviado a Campana, opción que hasta ese momento no figuraba en el horizonte de posibilidades. González Charvay y los dueños formales de la propiedad captaron esa ventana interpretativa y la aprovecharon para impulsar el planteo que finalmente prosperó.
Argumentos enfrentados sobre competencia y especialización
La Cámara en lo Penal Económico sostuvo argumentos diametralmente opuestos a los que prevalecieron en la decisión de Casación. Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio señalaron que la investigación no podía caracterizarse únicamente por la ubicación del inmueble, puesto que el objeto de la causa se insertaba dentro de una trama sustancialmente más amplia que abarcaba posibles operaciones de blanqueo de capitales y desviación de fondos. El expediente presentaba, según ese tribunal, una complejidad que excedía los parámetros de una causa de propiedad territorial. Además, los camaristas dedicaron párrafos específicos a lo que calificaron como el ritmo pausado del expediente: "Hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso", consignaron. Esta observación sugería que la radicación en Campana no garantizaría aceleración en el tratamiento del caso.
Desde la Justicia de Campana y desde el propio González Charvay se argumentó que la concentración de causas es una práctica habitual y cotidiana en el fuero, especialmente en materia de narcotráfico, donde el magistrado ha ganado reconocimiento por su labor. Desde esa perspectiva, la visibilidad que adquirió este movimiento en el expediente de la quinta de Pilar obedece simplemente a la exposición mediática y política del caso, no a que represente algo extraordinario en términos de práctica judicial. Los voceros de ese posicionamiento sostuvieron que si la concentración de expedientes es aceptada sin cuestionamiento en otras materias, no existe razón para rechazarla en este caso. Sin embargo, críticos señalaban que la exposición pública del expediente, lejos de ser un factor secundario, revela precisamente los riesgos que conlleva concentrar en un único magistrado investigaciones que involucran figuras de relevancia política y empresarial.
El contenido de la investigación y las medidas en curso
Más allá de los debates sobre competencia territorial, el contenido material del expediente presenta aristas que explican por qué ha generado tanta atención. González Charvay ordenó un peritaje contable que se encuentra en manos de expertos de la Corte Suprema y cuyo resultado se anticipa como determinante para el devenir de la investigación. El juez solicitó que se identificara si los ingresos que la AFA percibió desde 2019 ingresaron efectivamente en sus tesorería o si en el trayecto experimentaron desvíos. Paralelamente, se encargó un análisis específico sobre el porcentaje cobrado por TourProdEnter en su rol de agente comercial, con el propósito de evaluar si esos porcentajes se alinean con lo que establece la práctica comercial internacional o si constituyen un mecanismo para extraer fondos de la organización deportiva. El estudio pericial abarca también las transferencias recibidas por Real Central, la firma de la que son titulares Pantano y Conte, así como la colección vehicular localizada en la quinta, integrada por 50 vehículos, entre ellos una Ferrari, varios BMW, Audi y modelos de alta gama que no guardan proporción con los ingresos declarados por los propietarios formales.
Desde la actual administración del expediente, a cargo de la jueza Verónica Straccia en carácter de subrogante hasta fin de año, se heredaron estas medidas. La investigación se perfila como un proceso que requerirá tiempo considerable para generar conclusiones sólidas. Un funcionario judicial que ha seguido de cerca el proceso relativizó las especulaciones sobre rapidez en el avance: "No van seis años, van seis meses de investigación", expresó, aludiendo a que los tiempos de la justicia suelen ser más extensos que lo que anticipa la percepción pública. Sin embargo, la transferencia del expediente a González Charvay introduce una variable nueva en ese cronograma, cuya incidencia dependerá de las prioridades que el magistrado asigne y de su ritmo de trabajo en una causa que ya acumula complejidades procesales considerables.
Implicancias y perspectivas del cambio de competencia
La resolución de la Cámara de Casación genera un conjunto de escenarios posibles cuyas consecuencias trascienden el ámbito estrictamente judicial. Por un lado, la concentración del expediente en González Charvay podría acelerar procesos si el magistrado decide priorizar la causa y desplegar una gestión activa. La experiencia del juez en expedientes complejos y su disposición a tomar decisiones de alcance sugieren que no descartaría medidas de envergadura. Por otro lado, existe la posibilidad de que el cambio de competencia genere retrasos derivados de la necesidad de que González Charvay se familiarice con la totalidad de los antecedentes y reconstruya el itinerario del expediente bajo su nueva conducción. Asimismo, la decisión abre interrogantes sobre los criterios que predominaron en la Cámara de Casación al resolver de manera opuesta a lo que indicaban la justicia especializada y los dictámenes fiscales. Estos interrogantes tienen relevancia no solo para este expediente sino para la confianza general en los procesos de distribución de competencias. La situación también presenta implicancias para la relación entre la AFA y el sistema de justicia, máxime considerando que las operaciones investigadas involucran a la máxima autoridad deportiva del país y generan cuestionamientos sobre la integridad de los mecanismos de administración de fondos en organizaciones de envergadura nacional.
