El entramado de causas judiciales que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino ha experimentado un giro que, lejos de resolver los interrogantes centrales, ha profundizado la fragmentación de las investigaciones y desplazado el epicentro del conflicto hacia territorios menos previsibles. Lo que comenzó como una batalla por definir competencias entre juzgados ha terminado consolidando un esquema donde los máximos dirigentes de la entidad todavía transitan una zona de relativa incertidumbre procesal, mientras en paralelo crece la presión desde una instancia completamente distinta: la justicia norteamericana. Esta configuración crea un escenario complejo donde lo que suceda en los pasillos de un tribunal miamense podría terminar siendo más determinante que cualquier fallo emitido desde Buenos Aires o sus alrededores.
Durante dos meses transcendentales, la maniobra arquitectada por los asesores legales de la AFA fue consumándose sin mayores obstáculos visibles. El objetivo era cristalizar un retorno de la investigación sobre la adquisición de la propiedad ubicada en Pilar —junto con todas las entidades que operaban en su órbita— hacia las manos del juez Adrián González Charvay, magistrado de Campana que desde el inicio del proceso manifestaba su intención de concentrar este tipo de expedientes. "Va a terminar volviendo para acá", era la frase que repetía con regularidad, consciente de que los procedimientos judiciales suelen seguir patrones predecibles cuando existen actores interesados en orientarlos. Los dos meses transcurrieron sin que se produjesen avances de relevancia sustancial en la investigación, aunque sí hubo movimientos institucionales de considerable magnitud detrás de las cámaras.
El primer movimiento: redefinición de competencias
La estrategia comenzó a ejecutarse apenas horas después de que saliera a la luz pública la operación mediante la cual se habrían desviado recursos de la institución futbolística hacia el exterior, utilizando para ello una compañía radicada en Miami denominada TourProdEnter. El 30 de diciembre, último día laborable de aquel año, González Charvay presentó un pedido formal para que el juez Marcelo Aguinsky —quien venía desarrollando gestiones probatorias— fuera excusado del caso. Lo notable de este movimiento radicaba en su inmediatez. La intención declarada era que la revisión de lo actuado quedase bajo jurisdicción de la Cámara Federal de San Martín, una instancia que presuntamente ofrecía mayores garantías para los intereses en juego. Esta maniobra representó la primera victoria en la batalla territorial por la causa.
Una vez consolidado este primer paso, González Charvay inició un proceso de expansión de su propia esfera de actuación. Comenzó a solicitar la incorporación de otros expedientes sensibles que rozaban tangencialmente los intereses de la AFA, creando así un mecanismo de concentración que funcionaba a manera de esponja jurídica, absorbiendo diferentes causas para conformar una estructura procesal integrada. El primer expediente que fue incorporado provenía del juzgado del magistrado Luis Armella, quien había realizado allanamientos en la sede de la institución y en locales relacionados con el empresario Javier Faroni, procedimientos de los cuales emergieron los contratos vinculados a TourProdEnter. De manera paralela, González Charvay también captó la investigación que se desarrollaba en Santiago del Estero, instancia donde el fiscal Pedro Simón había analizado con profundidad el complejo sistema de sociedades vinculadas al tesorero Pablo Toviggino e, incluso, había requerido medidas de carácter más drástico como las detenciones de ambos dirigentes máximos.
La única investigación que escapó al control
Sin embargo, no todo resultó conforme a los planes delineados. Existía una investigación que logró mantenerse fuera del alcance de esta consolidación: la que llevaban adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero ordinario, originada en una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. Este expediente contenía un acervo probatorio de magnitud considerable: más de tres mil páginas que documentaban decenas de transferencias autorizadas por Faroni y su esposa Erica Gillette, material que provenía de información suministrada desde territorio estadounidense. La gravitación de estas pruebas radicaba en que contenían la documentación de base sobre las operaciones financieras cuestionadas, representando así un núcleo probatorio de difícil manipulación por su procedencia foránea.
En junio se produjo un quiebre importante en la trayectoria que hasta ese momento llevaba la causa. La Cámara en lo Penal Económico tomó la decisión de sustraer el expediente de las manos de González Charvay y transferirlo a la jueza María Verónica Straccia, quien a su vez lo delegó en el fiscal Claudio Navas Rial. El fallo que acompañó esta decisión incluía disposiciones específicas ordenando que el traspaso se ejecutase "de manera urgente", y además contenía cuestionamientos severos respecto de la forma en que González Charvay había conducido los primeros seis meses de investigación. Durante ese período inicial, el magistrado de Campana se había limitado a ordenar pericias contables —un procedimiento tradicional utilizado frecuentemente para ganar tiempo— sin que se hubieran adoptado medidas procesales que apuntasen hacia los dirigentes máximos de la AFA ni tampoco se hubiera citado a los presuntos testaferros Luciano Pantano y Ana Conte. Los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio constataron en su resolución que "hasta el momento no se ha avanzado en orden a la situación procesal de imputado alguno, ni se han dispuesto actos procesales que determinen una situación de avance trascendente del proceso".
Simultáneamente, emergió un elemento de considerable importancia: imágenes que vinculaban de forma directa a Toviggino con la propiedad de Pilar y evidencia de supuestos planes para eliminar rastros identificatorios. Ninguna de estas pruebas fue incorporada al expediente, ni tampoco se desarrolló investigación alguna respecto de estos hechos. En cambio, González Charvay actuó con celeridad para anular como elemento probatorio un dispositivo de almacenamiento que contenía la copia del teléfono de Juan Pablo Beacon, quien se desempeñaba como colaborador cercano de Toviggino. Ese dispositivo guardaba mensajes de chat, documentación escrita y grabaciones visuales que mostraban movimiento de efectivo en moneda extranjera. La contradicción era evidente: rapidez para descartar pruebas, lentitud para avanzar sobre los responsables.
El regreso inevitable y las maniobras de Casación
El pronóstico que González Charvay había expresado se cumplió, al menos parcialmente. La Cámara de Casación, a través de los votos de Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, determinó que la Cámara Federal de San Martín debería ser quien definiese finalmente la competencia territorial. Esta decisión representaba, según análisis de abogados que siguen estas causas, un mecanismo mediante el cual los tribunales superiores se eludían a sí mismos de responsabilidades concretas. Ya en mayo anterior, cuando la Cámara en lo Penal Económico había fallado adversamente a los intereses de González Charvay, el máximo tribunal penal tampoco había intervenido de manera definitiva, delegando nuevamente a la Cámara en lo Penal Económico. Ese fallo anterior había sido emitido por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y el mismo Borinsky, con dos magistrados que se habían excusado durante el trámite. En esta oportunidad, Barroetaveña continuó participando a pesar de sus vínculos históricos documentados con la AFA, un aspecto que algunos observadores consideraban relevante para evaluar posibles conflictos de interés.
La sucesión de decisiones judiciales configuraba un patrón donde la responsabilidad de definir cuestiones sustanciales se trasladaba de un tribunal a otro sin que ninguno assumiese un rol de cierre definitivo. Mientras tanto, los abogados nucleados alrededor de Tapia y Toviggino dirigían su atención creciente hacia un frente que permanecía menos visible para el debate público local: el proceso que se llevaba adelante en Miami. Aunque nunca lo manifestasen de manera abierta, la inquietud respecto a lo que ocurría en los tribunales estadounidenses superaba cuantitativamente la preocupación por las resoluciones que pudieran emitirse desde las distintas cámaras porteñas o del conurbano.
Miami: el verdadero escenario de incertidumbre
La investigación que se desarrollaba en territorio norteamericano se caracterizaba por mantener un nivel de confidencialidad extremadamente riguroso, especialmente después de que se produjo la filtración pública de una citación a un testigo que no se presentó a declarar. La divulgación de este documento —denominado "subpoena" en la terminología estadounidense— provocó, según versiones que circulaban en ámbitos judiciales, un "profundo malestar" entre los fiscales encargados de la pesquisa. La consecuencia inmediata fue el requerimiento de "confidencialidad extrema" dirigido a todas las personas que hubiesen sido contactadas hasta ese momento. La estrategia perseguida por los investigadores era avanzar de manera discreta, lejos de los reflectores mediáticos.
En este contexto de hermetismo, cobraba cada vez mayor fuerza una versión respecto a la identidad del testigo X: Leandro Petersen, quien se desempeñaba como responsable comercial y de marketing en la AFA. Petersen negaba públicamente cualquier conexión con la citación, pero poco después presentó su renuncia al cargo y días más tarde circularon imágenes suyas junto al entrenador Lionel Scaloni en territorio español. Simultáneamente, desde tribunales miamenses trascendía que los abogados de Petersen estarían desarrollando negociaciones con la Fiscalía estadounidense para alcanzar algún tipo de acuerdo. Si tales negociaciones derivasen en un pacto que implicase cooperación con los investigadores, la posición de Tapia y Toviggino se vería considerablemente deteriorada.
El Departamento de Justicia estadounidense perseguía establecer si se habían cometido múltiples ilícitos bajo jurisdicción de Estados Unidos, incluyendo operaciones de lavado de activos mediante presunto fraude ejecutado a través del sistema bancario norteamericano, con la intención de desviar fondos de la AFA hacia terceros mediante contratos presuntamente irregulares y facturación apócrifa. Todos estos contratos habían transitado por las manos de Petersen, lo que lo convertía en una pieza central del rompecabezas investigativo desde la perspectiva estadounidense.
El telón de fondo político y las perspectivas abiertas
El Gobierno nacional había mantenido durante el período analizado una postura de aparente desinterés respecto a estos conflictos legales que potencialmente podían reconfigurar la estructura de poder dentro de la entidad futbolística más importante del país. Sin embargo, los propios actores involucrados eran conscientes de que la definición última de estos procesos no dependería únicamente de resoluciones judiciales, sino que estaría condicionada por decisiones que se tomasen en esferas políticas. Esto quedaba ilustrado en los comentarios que circulaban en ámbitos cercanos a la quinta presidencial durante los allanamientos realizados en enero: "Vos quedate tranquilo, que el año que viene volvemos y todo se acomoda".
La coexistencia de múltiples frentes—la dispersión de investigaciones en territorio argentino, la presión creciente desde Miami, y la dimensión política que subyace a todas estas dinámicas—configura un cuadro donde la incertidumbre permanece como denominador común. El retorno de la causa a Campana, tal como había sido previsto, no necesariamente implica una resolución acelerada de los interrogantes de fondo. La investigación en Miami, en cambio, opera bajo lógicas distintas: instituciones estadounidenses cuentan con herramientas de compulsión diferentes, testigos potenciales como Petersen que pueden negociar acuerdos de cooperación, y documentación financiera que es más difícil de cuestionar dado su origen en sistemas bancarios regulados internacionalmente. Estas diferencias estructurales sugieren que mientras la justicia argentina continúe girando en sus propios círculos procedimentales, el verdadero punto de quiebre podría materializarse a cinco mil kilómetros de distancia, en un contexto donde la capacidad de los actores locales para influir sobre el curso de los eventos es significativamente menor.
