Mientras el juicio oral más resonante de la década continúa su curso en los tribunales federales porteños, emergen del expediente detalles que perfilan con precisión quirúrgica cómo funcionó la maquinaria contable de un presunto sistema de desviación de fondos. Exfuncionarios técnicos de la ARCA —la antigua AFIP— declararon esta semana sobre sus investigaciones internas en empresas que operaron como contratistas del Estado durante la gestión kirchnerista, revelando patrones de movimientos de dinero que escapaban a toda lógica comercial. Los testimonios constituyen un aporte fundamental para que la justicia penal comprenda, más allá de las declaraciones de arrepentidos y del famoso cuaderno de apuntes de Centeno, cómo circulaban los recursos a través de estructuras empresariales complejas. No se trata simplemente de acusaciones verbales: son análisis de registros, de números, de trazas documentales que permanecían en las arcas del organismo recaudador.

El dinero que no tiene sentido

Uno de los hallazgos más desconcertantes surgió del trabajo realizado por Alfredo Pedro Puyo, contador que trabajaba en el organismo recaudador. Su investigación sobre Electroingeniería —empresa que entre 2003 y 2015 fue una de las más activas en la contratación estatal, bajo el control de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra— reveló algo que pocos especialistas en análisis contable hubieran esperado encontrar. La compañía mantenía en sus cajas más de dos millones de dólares en efectivo durante múltiples períodos fiscales consecutivos, a pesar de que sus estados contables mostraban pérdidas recurrentes. Como señaló Puyo ante el tribunal, se trata de un comportamiento que contradice toda racionalidad empresarial: cuando una sociedad presenta resultados negativos, lo esperable es que reduzca su caja y busque financiamiento externo, no que acumule divisas en efectivo sin justificación aparente.

Este tipo de retenciones de dinero líquido en moneda extranjera, según los especialistas en investigaciones financieras, responden típicamente a patrones conocidos en esquemas de legitimación de fondos ilícitos. La permanencia prolongada del efectivo en los registros contables, sin movimiento hacia inversiones o pagos, sugiere que se trataba de capital cuyo origen o destino requería discreción. Puyo y sus colegas de la AFIP cruzaron esa información con otros datos que habían identificado: transferencias desde Electroingeniería hacia entidades que operaban en el sector mediático, específicamente hacia Radiodifusión del Plata y Televisión Digital Argentina. Según el contador, esos fondos tenían como propósito sostener la operatividad de esas compañías de comunicación, que funcionaban con márgenes deficitarios persistentes. La pregunta que flota en esos registros es directa: ¿por qué una empresa contratista estatal necesitaba financiar canales de televisión y radios?

Las facturas que no corresponden

La investigación se extendió hacia otros territorios igualmente reveladores. Matilde Lanza, colega de Puyo en la AFIP, concentró su atención en empresas como Decavial S.A., vinculada a Marcelino Aznar, donde identificó retiros en efectivo y discrepancias contables que superaban los cinco millones de dólares estadounidenses. Pero el caso que adquirió particular relevancia por sus conexiones temporales fue el de Panedile, la firma del empresario Hugo Alberto Dragonetti, quien luego se convertiría en arrepentido y colaborador judicial. En los archivos del organismo recaudador quedó registrado un movimiento específico: una extracción por ventanilla de 315.000 dólares realizada por Hugo Dragonetti hijo, que Lanza observó que coincidía temporalmente con entregas de efectivo que aparecían documentadas en otros tramos de la investigación. El financista Ernesto Clarens, intermediario entre el círculo empresarial y el matrimonio presidencial, había declarado como arrepentido que Panedile había efectuado un pago de 313.300 dólares. La correspondencia entre esos montos y esas fechas no es casual para quienes saben leer los registros administrativos.

Otro aspecto que ocupó la atención de los técnicos fiscales fue la proliferación de facturas apócrifas —documentos contables falsos— que circulaban entre los proveedores de estas empresas. Lanza realizó cruces de información utilizando la base de datos EPOC de la AFIP, un sistema que concentra los registros de proveedores catalogados como "no confiables", es decir, aquellos que típicamente participan en esquemas de facturación fraudulenta. El propósito detrás de esa maniobra es conocido en los ámbitos de la evasión tributaria: emitir comprobantes que justifiquen gastos ficticios permite reducir la base imponible de ganancias y obtener créditos fiscales por IVA que luego se recuperan en dinero efectivo. En el caso de Scrap Service, una de las empresas pertenecientes al Grupo Techint, los análisis revelaron la circulación de facturas falsas por un volumen aproximado de cuarenta millones de dólares. Las cifras hablan de un sistema sofisticado, no de irregularidades menores.

La reubicación como castigo silencioso

Existe un fenómeno que emergió de los testimonios de los contadores y que merecería mayor atención en los análisis sobre cómo operan las instituciones públicas bajo presión política. Lanza fue trasladada en 2020 desde su puesto de supervisora en el área de grandes contribuyentes hacia una dirección regional, después de haber realizado sus investigaciones sobre estas empresas. María Marta Criscuolo, otra contadora que prestó declaración en el juicio, experimentó una trayectoria similar: fue reubicada tras señalar anomalías en los registros contables. Este patrón de desplazamientos administrativos, aunque reviste la apariencia de movimientos organizacionales rutinarios, funciona en los hechos como un mecanismo de desaliento. No se trata de despidos explícitos que pudieran generar conflictividad gremial, sino de cambios de destino que alejan al funcionario de sus responsabilidades previas, de sus equipos de trabajo, de sus líneas de investigación. Es una forma de castigo que permanece en los márgenes de la legalidad pero que comunica un mensaje claro: quienes sigan profundizando en estas anomalías enfrentarán consecuencias en sus carreras administrativas.

Los testimonios que estos técnicos brindaron al tribunal constituyen un acto de valentía institucional tardía. Criscuolo, por ejemplo, reveló detalles sobre cómo fondos relacionados con Iecsa, empresa vinculada a Angelo Calcaterra, fueron derivados mediante intermediarios financieros en Nueva York hacia la Banca Privada de Andorra, un destino que en los registros de investigaciones internacionales sobre lavado de activos aparece con recurrencia. "Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa", sostuvo Criscuolo ante el tribunal, una frase que contiene toda la frustración de una investigadora cuyos límites fueron trazados por otros.

El rol auxiliar de la técnica en la persecución penal

El bloque de testimonios técnicos que prestó declaración responde a una solicitud específica de la fiscalía: aportar la perspectiva contable y administrativa a un juicio cuyas acusaciones se basan en múltiples capas de prueba. Más allá de Puyo y Lanza, Marcelo Pablo Costa —contador, abogado y exdirectivo de la AFIP durante la administración Macri— y Jimena de la Torre —exsubdirectora general de Coordinación Técnico Institucional de la AFIP y exjefa de Gabinete de Leandro Cuccioli— explicaron ante el tribunal los mecanismos mediante los cuales el organismo recaudador interactúa con el poder judicial cuando este solicita investigaciones. El proceso implica que técnicos especializados desempeñen funciones de peritos, auxiliares de la justicia que describen información contenida en registros que escapan al conocimiento público. Como repitió Lanza ante los abogados defensores: "Fuimos auxiliares de la Justicia y lo que hicimos fue describir información". La frase es de una precisión notable: los contadores no interpretaban, no acusaban, simplemente exteriorizaban lo que los números decían.

Las implicaciones de un sistema que permanece a la sombra

Los hallazgos contables que emergieron del trabajo de estos técnicos ofrecen una visión que trasciende las figuras individuales o los nombres de empresarios específicos. Revelan la existencia de estructuras operacionales complejas que permitieron que flujos de dinero de origen público circularan a través de múltiples entidades privadas, acumulándose en efectivo, reemitiéndose hacia medios de comunicación, transformándose en facturas falsas y finalmente llegando a jurisdicciones financieras de baja tributación. El hecho de que sistemas como la base EPOC de la AFIP —que cataloga proveedores no confiables— hayan registrado movimientos de esa magnitud durante años sugiere que o bien los controles no funcionaban, o bien existían disposiciones que impedían que funcionaran. Las reubicaciones administrativas de quienes detectaban estas anomalías apuntan en esa segunda dirección. Esto no constituye necesariamente una acusación a individuos específicos de la administración pública, sino un retrato de cómo instituciones pueden ser capturadas o paralizadas cuando presiones políticas desalientan la profundización de ciertos investigaciones.

El conjunto de testimonios técnicos que ha desfilado por el tribunal en las últimas semanas representa el esfuerzo por reconstruir, a través de la contabilidad, una verdad que permanece registrada en documentos: cuánto dinero se movió, hacia dónde fue, qué mecanismos se utilizaron para hacerlo. Los números no mienten, aunque a menudo su interpretación permanece oculta o es desalentada. Estos contadores, algunos de ellos pagando un precio en sus carreras administrativas, decidieron que ante un tribunal de justicia esa información debía ser explicitada. Las consecuencias de sus testimonios se desplegarán en los próximos meses: la fiscalía dispondrá de un mapa técnico detallado de cómo operó el sistema; los defensores tendrán la oportunidad de cuestionar metodologías y conclusiones; el tribunal deberá ponderar si esos registros contables corroboran o no las acusaciones más amplias del caso. Lo que permanece sin resolverse es una pregunta más profunda: qué cambios institucionales son necesarios para que en el futuro los técnicos que detecten anomalías no vean sus carreras interrumpidas, y para que los sistemas de control funcionen sin necesidad de pedidos judiciales específicos.