La tormenta mediática alrededor de la adquisición y reforma de una propiedad en un barrio privado de la zona norte genera nuevas aristas en el caso que investiga al funcionario principal de la Casa Rosada. Matías Tabar, el profesional responsable de coordinar y ejecutar la obra en el inmueble ubicado en el country Indio Cuá, decidió romper su silencio y presentar su versión de los hechos, cuestionando los números que circulan en la investigación y rechazando explícitamente las sugerencias de operaciones clandestinas o movimientos de efectivo sospechosos.
El dato central que emerge de las declaraciones del contratista apunta hacia una defensa frontal de los montos invertidos. Según Tabar, la suma total desembolsada alcanzó los 245.000 dólares estadounidenses, cifra que, lejos de ser extraordinaria, responde a los costos reales del mercado inmobiliario y de construcción en momentos de significativa volatilidad cambiaria. Esta afirmación representa un contraste notable con los cuestionamientos sobre presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el funcionario, toda vez que introduce un argumento económico: los precios de materiales y servicios en la construcción oscilan considerablemente según el contexto macroeconómico, y hace dos o tres años —período en que se desarrolló la obra— el panorama era radicalmente distinto al actual.
La cadena de pagos y el rol del intermediario
Tabar fue categórico al desmenuzar la estructura de costos. Explicó que su intervención inicial consistió en evaluar el proyecto y presentar un presupuesto inicial de 94.000 dólares, monto que el funcionario aceptó de inmediato. A partir de ese momento, la obra se desarrolló de manera convencional en el rubro: se presentaban necesidades adicionales durante la ejecución, se solicitaban modificaciones y ampliaciones que naturalmente impactaban en el costo final. Sus honorarios como coordinador y gestor alcanzaron los 20.000 dólares, lo que sitúa su participación económica en un nivel coherente con el tipo de labor realizada.
Aquí emerge un punto que el profesional enfatizó con determinación: la diferencia sustancial entre lo que él cobró directamente por sus servicios y la cifra final que terminó costando la totalidad de la obra. Esta distinción no es menor. En la industria de la construcción, es práctica habitual que un intermediario o coordinador maneje presupuestos globales que incluyen múltiples proveedores, sub-contratistas y proveedores de materiales. El presupuesto inicial actúa como piso estimativo, pero las adiciones que surgen durante la ejecución —cambios de especificaciones, mejoras solicitadas por el propietario, ajustes técnicos— generan variaciones al alza. Tabar indicó que en ningún momento se produjeron transacciones turbias o entregas de efectivo en las formas caricaturescas que a veces pueblan el imaginario público: bolsos repletos de billetes o cajas de zapatos llenas de moneda de curso legal.
El contexto macroeconómico como factor determinante
Un elemento que atraviesa toda la argumentación del contratista apunta hacia la realidad económica de aquel período. Hace dos años, la situación del mercado de divisas en Argentina presentaba características muy distintas a las de hoy. El dólar manejaba cotizaciones diferentes, la inflación era proyectada con otros parámetros, y los costos de construcción reflejaban aquella coyuntura. Tabar subrayó que recibió los pagos en dólares billete, decisión que —según su interpretación— respondía al contexto de entonces y representaba una forma que los constructores utilizan para resguardarse ante volatilidades monetarias. Esta práctica, lejos de indicar irregularidad, forma parte del toolkit habitual de profesionales del sector que operan en economías dolarizadas o con alta dolarización de facto.
El maestro de obra también hizo una observación que toca un nervio sensible en el debate público argentino. Señaló que la impresión que quedó flotando en el ambiente sugiere que únicamente él y el funcionario investigado evadieron obligaciones impositivas, lo cual, en sus palabras, resulta una interpretación sesgada de lo que representan las operaciones en una obra de esta envergadura. Su señalamiento implícito apunta a que, en un ecosistema de construcción con actores múltiples —proveedores, sub-contratistas, transportistas, profesionales especializados—, las dinámicas de pago en efectivo y en dólares no constituyen anomalías sino prácticas extendidas. De hecho, hace uno o dos años y medio, esa era la norma en buena parte del mercado informal y semiformal de la construcción argentina.
Respecto a la dimensión personal del vínculo, Tabar fue inequívoco: considera que existe una amistad genuina entre ambos y que la relación se mantuvo en buenos términos hasta el punto en que los problemas legales e institucionales irrumpieron. Para el contratista, la política no representa un interés central en su vida profesional, y su perspectiva sobre el funcionario se ancla en lo que describe como cualidades personales: honestidad, integridad familiar, y una trayectoria que, según su apreciación, permitirá demostrar la legitimidad de las operaciones realizadas. Esta declaración, aunque cuenta con el sesgo obvio de proceder de un actor directamente involucrado, introduce una dimensión relacional que trasciende los números y se adentra en evaluaciones subjetivas sobre carácter.
Las consecuencias que podría desplegar esta presentación pública de Tabar se despliegan en múltiples direcciones. Por un lado, su testimonio aporta elementos que podrían fortalecer la posición defensiva del funcionario: ofrece una explicación alternativa para los montos invertidos, contextualiza las operaciones en dólares dentro de las prácticas sectoriales de entonces, y cuestiona la premisa de que los números resulten anómalamente altos. Por el otro lado, las autoridades investigadoras podrían someter su narrativa a escrutinio detallado: verificar si efectivamente los costos son congruentes con proyectos similares, examinar los detalles de cada transacción, y evaluar si la estructura de pagos responde a patrones de legitimidad o a esquemas diseñados para difuminar trazabilidad. La promesa de Tabar de aportar, en días recientes, un detalle pormenorizado de costos será crucial para dirimir estas cuestiones. Mientras tanto, su intervención pública marca un punto de inflexión en la narrativa del caso: de una investigación que avanzaba con versiones fragmentarias y especulaciones, pasa a contar con un relato articulado que, al menos desde la óptica de quien lo presenta, reivindica la normalidad de las operaciones y sitúa los números en perspectiva.
