La remodelación de una vivienda en un barrio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires se transformó en un caso que trascendió largamente los límites de una simple refacción doméstica. Matías Tabar, el profesional responsable de los trabajos realizados en la propiedad de Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, salió a explicar públicamente cómo funcionó todo el mecanismo de contratación, financiamiento y ejecución de una obra cuyo costo final alcanzó los 245 mil dólares. Sus declaraciones revelan un sistema de transacciones económicas que, aunque presenta características comunes en el sector de la construcción residencial, genera interrogantes sobre las responsabilidades de funcionarios públicos que operan dentro de esquemas de economía informal.
El relato de Tabar sitúa el punto de partida en abril de 2024, cuando conoció al actual jefe de Gabinete a través de una gestora inmobiliaria que se desempeña en la zona. Según su testimonio, Adorni buscaba mejorar la propiedad que acababa de adquirir: una casa que, aunque estructuralmente sólida, requería de una modernización estética e integral. La caracterización que hace el contratista es reveladora del tipo de intervención que se realizaría: una "lavadita de cara" destinada a actualizar gustos y espacios, nada que justificara, a priori, presupuestos extraordinarios. Sin embargo, durante el desarrollo de los trabajos, el proyecto inicial mutó considerablemente. Lo que comenzó como un presupuesto acotado de 85 mil dólares, más 9 mil dólares específicamente para la reparación de la zona de pileta, terminó casi triplicándose en su envergadura financiera.
La acumulación de gastos y la ausencia de documentación
Tabar reconoce explícitamente que "cosas se fueron sumando" durante la ejecución del proyecto. Este fenómeno, frecuente en obras residenciales donde los propietarios solicitan incorporaciones, ampliaciones o mejoras sobre la marcha, explica parcialmente la diferencia entre lo presupuestado y lo finalmente erogado. Pero su explicación también deja en evidencia la falta de un control administrativo riguroso: una obra que se demoraba más de lo previsto sin que existiera documentación formal que rastreara cada inversión adicional. El contratista admite con cierta naturalidad que desconocía cuánto terminaría costando efectivamente el trabajo. Esta ausencia de previsión, cuando se maneja a escala de cientos de miles de dólares, sugiere un sistema donde la improvisación y los acuerdos verbales prevalecen sobre mecanismos de control.
La piedra angular de todo el testimonio de Tabar radica en la modalidad de pago. El contratista confirma sin ambages que la totalidad de la transacción se realizó "en efectivo", específicamente en billete estadounidense. Adorni le proporcionaba directamente los dólares, sin que mediara factura, recibo o comprobante alguno. Cuando se le pregunta por qué no giró documentos respaldatorios, Tabar recurre a lo que presenta como una práctica generalizada en el rubro: "Ninguna persona en Argentina que se esté construyendo una casa declara todo". Esta aseveración, aunque probablemente contenga un grano de verdad respecto a comportamientos extendidos en ciertos sectores, simultáneamente ilumina la magnitud del problema. No se trata de pequeños arreglos domésticos financiados parcialmente en negro, sino de operaciones de seis dígares en moneda extranjera completamente fuera del registro fiscal.
La justificación de los costos y la normalización de lo irregular
Ante los cuestionamientos sobre los números finales, Tabar desplega una estrategia discursiva que busca contextualizar los gastos dentro de parámetros "normales" del mercado. Sostiene que la parrilla es "muy linda", que los trabajos de pintura fueron de calidad, que se fabricaron "un montón de muebles" y que el carpintero "trabaja bien y barato". Su caracterización de la casa enfatiza la ausencia de ostentación: no es una mansión tipo Nordelta, sino una "casa prolijita y bien hecha", de dimensiones modestas. Insiste en que fue "una obra sencilla, de muy buen gusto". Esta narrativa apunta a desarticular la percepción de exceso presupuestario presentando los números como correspondientes a trabajos profesionales de valor genuino, no a un despilfarro de recursos.
Lo particularmente significativo del testimonio es la confirmación de que toda la cadena de proveedores, contratistas y trabajadores operaba dentro de la informalidad. "Acá todo el mundo trabaja en negro", asegura Tabar, aunque inmediatamente aclara: "No quiere decir que esté bien". Esta coletilla es importante porque reconoce simultáneamente la generalización de la práctica y su carácter problemático. El contratista se describe a sí mismo como "intermediario" entre Adorni y los distintos profesionales que intervenían en la obra. Su rol consistía en articular demandas, negociar precios (en ocasiones logrando rebajas) e ir escalando el proyecto conforme surgían nuevas necesidades. En cuanto a la relación interpersonal con el funcionario, Tabar afirma haber mantenido un trato "normal", destacando que convivió con la familia de Adorni durante "dos años", trabajando continuamente en beneficio de su satisfacción.
Las declaraciones de Tabar también abordan el aspecto de las presiones políticas y mediáticas que enfrentó tras la exposición pública del caso. Menciona llamadas que le hizo Adorni antes de que fuera a declarar, aunque aclara no haberse sentido presionado. Refiere el dolor causado por la estigmatización pública: carteles en la calle acusándolo de "chorro" y "delincuente", el sufrimiento de su familia, particularmente de su padre e hijos. Relata además que el presidente Javier Milei lo trató públicamente de "kirchnerista", calificativo que lo "shockeó" pero que dice haber superado mediante reflexión, recordando que "es una persona demasiado inteligente" y merecedora del voto que él le otorgó. Esta postura de Tabar refleja una cierta resignación ante lo que percibe como los riesgos inevitables de verse envuelto en un caso de visibilidad política.
Inconsistencias sistémicas y transparencia declarativa
Cuando se le consulta si los pagos en negro de Adorni contradicen los postulados de transparencia que el Gobierno pregona, Tabar responde eludiendo una crítica directa. Sugiere que Adorni no tenía intención de "dañar al país" y que su comportamiento respondería a "poca experiencia" en manejar cargos públicos de relevancia. Afirma que "estar expuesto en un lugar poderoso te lleva a que te busquen todo y termina en una catástrofe". Así, el contratista reinterpreta el escándalo no como resultado de prácticas deliberadamente irregulares, sino como consecuencia inevitable de la visibilidad asociada a funciones gubernamentales. Argumenta que "por una pavada termina desencadenando en un despelote nacional". Esta perspectiva merita análisis: trasforma lo que podrían considerarse incumplimientos de normas de transparencia en meros accidentes de exposición mediática.
El testimonio de Matías Tabar ofrece un cuadro complejo sobre cómo operan ciertos segmentos de la economía argentina, particularmente en el rubro construcción residencial privada. Expone una realidad donde transacciones de magnitud considerable transitan completamente fuera de los circuitos formales de fiscalización estatal, donde la documentación brilla por su ausencia y donde funcionarios públicos participan de estos mecanismos sin que exista aparente conciencia de contradicción con sus responsabilidades institucionales. Simultáneamente, el relato de Tabar humaniza la experiencia del contratista y cuestiona las dinámicas de exposición pública y castigo social que generan estos casos cuando salen a la luz. Las implicancias varían según la perspectiva desde la cual se analice: para quienes priorizan la formalización de la economía y la equidad tributaria, el caso ilustra un problema sistémico de evasión masiva; para otros, el énfasis recae en cómo funcionarios experimentados en roles públicos pueden verse atrapados por prácticas sectoriales generalizadas. Lo cierto es que la obra de 245 mil dólares ejecutada completamente en negro, a través de cadenas de subcontratistas también informales, durante el período en que su contratante ocupaba una posición de responsabilidad en el ejecutivo nacional, permanecerá como referencia de las tensiones irresueltas entre la informalidad económica actual y los estándares de transparencia que se predican desde la función pública.
