Durante el invierno, cuando gran parte de Buenos Aires permanece en reposo y los ritmos legislativos se ralentizan, las oficinas del bloque radical en el Senado funcionaron a tiempo completo. En ese contexto de negociaciones paralelas y encuentros de bajo perfil, se gestó un acuerdo que podría alterar significativamente el régimen de propiedad privada en Argentina. La senadora Patricia Bullrich mantuvo su despacho abierto precisamente para avanzar en una iniciativa que toca tres pilares fundamentales: quién puede comprar tierras rurales, cómo se procesan los desalojos, y la gestión de incendios forestales. Lo que parecía cerrado hace semanas volvió a abrirse, revelando las tensiones internas entre diferentes sectores del poder ejecutivo y sus aliados parlamentarios.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada representa uno de los esfuerzos más ambiciosos del gobierno libertario para transformar el marco regulatorio heredado de administraciones anteriores. Sin embargo, su trayecto legislativo ha estado marcado por fricciones constantes, particularmente en torno a un aspecto específico: la Ley de Tierras. El conflicto central gira en torno a cuántas restricciones deben mantener las provincias sobre la venta de suelo rural a ciudadanos extranjeros. La redacción original que impulsaba la Casa Rosada planteaba una derrota total de las limitaciones, permitiendo que inversores del exterior accedieran a propiedades sin mayores trabas. Pero esa visión encontró resistencia inmediata en el radicalismo, que recordó la existencia de normativas previas que establecían límites del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y máximos del 30% para una misma nacionalidad.
Los puntos de quiebre: tierras, extranjeros y límites provinciales
Cuando en julio se convocó a sesión plenaria, Bullrich encabezó una negociación interna con senadores radicales para consensuar una redacción alternativa que otorgara a las provincias un rol protagónico en las decisiones sobre transferencia de tierras rurales. Esa propuesta no cayó bien en el ministerio de Desregulación. Federico Sturzenegger, titular de esa cartera, no solo expresó su desacuerdo a través de comunicaciones privadas, sino que envió representantes al Senado para transmitir un mensaje contundente: si se aprobaba esa versión, el Ejecutivo la vetaría. Esa tensión entre el bloque radical y la Casa Rosada casi genera un quiebre público, pero la historia dio un giro esta semana.
El jueves, Bullrich y Sturzenegger se reunieron durante más de una hora en un encuentro que funcionó como punto de inflexión. Ambos tienen un historial colaborativo que se remonta varios años atrás. Pasaron por gabinetes nacionales en distintas épocas y trabajaron juntos durante la campaña presidencial de 2023. Esa trayectoria compartida facilitó que encontraran un terreno común. Del encuentro emergió un texto negociado que, según interpretó la senadora radical, sintetiza "una diversidad de miradas" sin abandonar la filosofía central del proyecto: distanciarse del esquema de regulación que rige desde hace años. El artículo 25 de la iniciativa acordada ahora reconoce que "cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites", una formulación que respeta la estructura constitucional argentina en materia de poderes locales. Además, cuando se trate de operaciones en zonas de frontera, la operación requerirá autorizaciones tanto de la provincia como del gobierno nacional.
Los números de la aritmética parlamentaria y las incertidumbres que persisten
El oficialismo parte de una base sólida: La Libertad Avanza controla 21 senadores propios. El objetivo es sumar una mayoría de los diez legisladores radicales y los tres del Pro. Más allá de esos bloques parlamentarios, existen legisladores que responden a estructuras provinciales o movimientos propios. La salteña Flavia Royón aparece como una aliada probable, mientras que Beatriz Ávila, que responde a Independencia, ha manifestado prudencia sin cerrar puertas. Lo mismo ocurre con Julieta Corroza, de Neuquinidad, quien simplemente afirmó que "hay que seguir dialogando" ante la complejidad de un proyecto que toca múltiples leyes simultáneamente. Las incógnitas más grandes rodean a los representantes de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, cuyos votos están envueltos en turbulencias políticas locales entre el gobernador Hugo Passalacqua y el exmandatario Carlos Rovira. A eso se suma la movilización de organizaciones ambientalistas misioneras que rechazan la flexibilización de restricciones para extranjeros.
Dentro del propio Senado, grupos como Convicción Federal presentaron una lectura de minoría que rechaza varios puntos del proyecto. Los tres senadores de ese bloque —Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada— plantearon objeciones particularmente intensas respecto de los cambios en materia de desalojos. Para ellos, la iniciativa comete una inequidad fundamental al tratar de manera idéntica a inquilinos que incumplen contratos por dificultades económicas y a quienes ocupan ilegalmente una propiedad. Su propuesta alternativa distingue esos escenarios, preserva mecanismos de defensa efectiva y establece que no puede ejecutarse un desalojo habitacional sin garantizar instancias procesales adecuadas para el demandado. Esa postura refleja la existencia de una grieta interpretativa sobre quién merece protección legal: los propietarios que reclaman recuperar sus bienes o los ocupantes que carecen de recursos.
El calendario legislativo fija el próximo 6 de agosto como fecha de reapertura del debate. Para ese momento, todos los cálculos sobre lealtades, promesas implícitas y presiones políticas deberán cristalizarse en votos concretos. Lo que suceda en esa sesión determinará si el gobierno consigue los números suficientes o si, por el contrario, enfrenta una derrota o un proyecto severamente modificado. Incluso antes de que se produzca esa votación, ya circulan interpretaciones divergentes sobre el significado mismo de la ley. La vicepresidenta Victoria Villarruel, según relatos privados de Bullrich, caracterizó el capítulo sobre tierras como "indignante", una palabra que resume la perplejidad de sectores que esperaban cambios más radicales. El Poder Ejecutivo mantiene el veto como una opción latente si la redacción final no se ajusta a sus estándares mínimos.
Implicancias futuras y perspectivas en disputa
Más allá del resultado que se obtenga el 6 de agosto, la trayectoria de este proyecto refleja dinámicas políticas más profundas. Por un lado, visibiliza las tensiones entre un gobierno que busca desregular y desmantelar marcos normativos previos, y fuerzas parlamentarias que, aunque aliadas, mantienen reservas sobre ciertos aspectos. El radicalismo, históricamente vinculado a la defensa de estructuras federales, encontró en este debate un espacio para reafirmar el rol de las provincias en decisiones sobre territorios. Por otro lado, la cuestión de las tierras en manos extranjeras toca un nervio histórico argentino: la soberanía territorial y la autonomía para decidir sobre los recursos propios. Los antecedentes legislativos de restricciones a la compra de suelo rural por no residentes responden a concepciones de defensa nacional que mantienen vigencia en amplios sectores. Si el proyecto se aprueba tal como está negociado, significará una apertura relativa pero controlada. Si es vetado o modificado significativamente, evidenciará límites al poder ejecutivo dentro de su propia coalición. En cualquier escenario, la Argentina continuará debatiendo quién puede ser propietario de su tierra y bajo qué condiciones, un interrogante que trasciende la legislatura y penetra en concepciones diferentes sobre soberanía, mercado y identidad nacional.
