A seis años de los comicios presidenciales, el peronismo argentino transita un crossroads político que condicionará no solo sus posibilidades electorales sino su propia supervivencia como actor unificado en la arena nacional. La segunda mitad de 2024 opera como deadline informal para zanjar diferencias que, de persistir, podrían profundizar la fragmentación interna y debilitar una alternativa de poder frente al Gobierno nacional. Los sectores que integran históricamente este movimiento iniciaron conversaciones cuyo resultado dependerá de tres variables simultáneamente complejas: cómo ensanchar la convocatoria sin perder coherencia identitaria, mediante qué mecanismo dirimir aspiraciones presidenciales y quién será la referencia capaz de ordenar el tablero político de cara a 2027.
Los canales de diálogo permanecen activos, aunque precarios. Un ejemplo reciente ilustra esta dinámica: el contacto entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof para coordinar detalles del homenaje al músico Indio Solari reactivó intercambios que se encontraban obturados por fricciones políticas. Sin pretender que una gestión administrativa resuelva divisiones de fondo, los propios dirigentes peronistas reconocen que cualquier aproximación adquiere peso cuando existe conciencia colectiva sobre los costos electorales de la desunión. Esta realidad moldea tanto las negociaciones como las expectativas: nadie ignora que la confrontación interna funciona como ventaja comparativa para quien actualmente ocupa la Casa Rosada.
Las reglas de juego como espacio de disputa
Uno de los aspectos más sensibles de las negociaciones refiere al mecanismo mediante el cual se seleccionarán las candidaturas peronistas. La ausencia de un liderazgo hegemónico —característica distintiva de este ciclo del movimiento— ha colocado nuevamente en el centro del debate a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. A diferencia de coyunturas previas en que podían visualizarse como mero trámite, hoy funcionan como herramienta política potencialmente crucial para procesar diferencias sin que la competencia termine en cisma abierto. El kirchnerismo defiende con énfasis su mantenimiento, mientras que otros sectores —particularmente el massismo— se muestran dispuestos a explorar modificaciones, aunque cuidándose de no cerrar completamente esa válvula institucional. Este dilema encapsula la tensión fundamental: cómo competir internamente sin destruir el tejido que permite la competencia electoral en términos generales.
Sergio Massa, líder del Frente Renovador, ha asumido un rol protagónico en la búsqueda de puentes entre las distintas vertientes del movimiento. Durante encuentros con intendentes y legisladores de su espacio, insistió en que el objetivo cardinal debe ser el retorno peronista a la gobernanza en 2027, subrayando la necesidad de evitar que la división interna continúe beneficiando al oficialismo. Su consigna de "ir a buscar a todos" refleja una estrategia de maximización de bases que contrasta con perspectivas más restrictivas respecto de quiénes pueden integrar una eventual coalición opositora. Este posicionamiento explica, en parte, su predisposición a discutir modificaciones en el sistema de selección de candidatos, pero rechazando su eliminación directa.
Las líneas rojas del kirchnerismo y los límites de la apertura
La discusión sobre la amplitud de la coalición opositora toca un nerve sensible: hasta dónde puede extenderse la invitación a sectores sin comprometer la identidad o los principios del movimiento. El kirchnerismo ha establecido claramente un límite: no puede haber espacio dentro de una eventual PASO peronista para dirigentes que votaron a favor de iniciativas legislativas promovidas por el Gobierno, particularmente la Ley Bases y la reforma laboral. Este criterio de demarcación afecta directamente a gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuyas bancadas parlamentarias acompañaron estas medidas. Máximo Kirchner fue explícito en una declaración pública: el peronismo "no se puede ir a una PASO con alguien que le votó todo a Milei". Simultáneamente, reconoció la necesidad de que el movimiento se abra, invocando como precedente 2018, cuando diferencias considerables entonces se resolvieron mediante acuerdos entre los principales actores políticos, particularmente entre Kirchner y Massa, en el segundo semestre de ese año.
La cuestión judicial rodea como una sombra todas estas negociaciones. La condena a Cristina Kirchner y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos atraviesan el tejido peronista, influyendo en cómo cada sector imagina el futuro institucional y la distribución de poder. El sector kirchnerista ha profundizado la campaña "Cristina Libre" y mantiene públicamente la consigna de que la expresidenta debe ser candidata en 2027, especulándose incluso sobre mecanismos de fórmulas presidenciales que, tras posibles revisiones de la Justicia Electoral, permitirían su participación indirecta. Este debate cruza también la relación entre Kirchner y Kicillof: el gobernador bonaerense, sometido a cuestionamientos por su relativa quietud respecto del tema judicial, publicó un comunicado describiendo la condena como "arbitraria" y "desprovista de pruebas", afirmando que Cristina Kirchner es "inocente y continúa injustamente detenida". Este posicionamiento forma parte de una negociación política más amplia que incluye la participación de sectores moderados en actos de movilización como el banderazo convocado para reclamar por la liberación de la expresidenta.
Los precandidatos en movimiento y las vertientes federales
Aunque las negociaciones por la unidad aún están en curso, varios dirigentes ya comenzaron a posicionarse explícitamente para la carrera presidencial. Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, fue de los primeros en exteriorizar aspiraciones presidenciales, buscando consolidarse como referencia del peronismo federal. Su participación en el Foro de Economías Regionales realizado en Santiago del Estero, junto a Jalil, Juan Manzur, Guillermo Andrada y Eduardo "Wado" de Pedro, volvió a mostrar la existencia de puentes entre gobernadores, aunque ambos lados negaron que se tratase de un acuerdo electoral de carácter cerrado. En paralelo, Miguel Ángel Pichetto ha venido recorriendo el territorio nacional para construir una alternativa amplia dentro del universo peronista, enfatizando la necesidad de ampliar la base política opositora más allá de sus fronteras tradicionales. Esta multiplicidad de aspirantes genera complejidades adicionales: sin una figura de consenso capaz de ordenar al movimiento, el riesgo de que cada uno de estos dirigentes utilice mecanismos internos como trampolines personales aumenta significativamente.
Las conversaciones abiertas en estos meses buscan resolver tres incógnitas que aún no tienen respuesta consensuada. Primero, los límites precisos de quién puede integrarse a una eventual coalición opositora y bajo qué condiciones. Segundo, el mecanismo específico mediante el cual se elegirán los candidatos: mantener, suspender o rediseñar las PASO. Tercero, y quizás más fundamental, quién será el liderazgo político capaz de ordenar la estrategia colectiva hacia 2027. Cada una de estas variables se retroalimenta: una decisión sobre candidatos afecta el alcance de la convocatoria, que a su vez influye en quién podría emerger como conductor del proceso. El calendario político aprieta: la segunda mitad de 2024 operará como divisoria entre la posibilidad de construir una alternativa de gobierno viable o un peronismo fracturado en múltiples fragmentos, cada uno persiguiendo senderos propios hacia una elección que, de no existir coalición clara, resultaría enormemente vulnerable.
Las implicancias de cómo el peronismo resuelva estas tensiones trascienden los límites del movimiento mismo. Un peronismo unificado alrededor de una estrategia clara representa un actor político de magnitud nacional capaz de disputar el poder mediante una propuesta coherente. Por el contrario, una fragmentación profunda distribuiría fuerzas opositoras de manera que ninguna resultaría suficientemente robusta para imponer una alternativa clara de gobierno. Este escenario beneficiaría, por lógica matemática, a quien actualmente retiene la iniciativa institucional. Las negociaciones en curso, aunque protagonizadas por dirigentes peronistas, tendrán efectos que exceden ampliamente su geografía política e impactarán en la configuración general del mapa electoral argentino durante años.
