La indagación sobre la trayectoria patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni entró en una nueva fase de profundización. El fiscal federal Gerardo Pollicita ha dispuesto un conjunto exhaustivo de medidas probatorias dirigidas a verificar la coherencia entre aquello que el funcionario ha declarado ante organismos fiscales, los ajustes realizados posteriormente en esos registros y las justificaciones que ha esgrimido públicamente respecto al origen y evolución de sus bienes. Esta escalada investigativa marca un punto de quiebre en el proceso, transformando un interrogatorio documental en un relevamiento multidimensional que abarca desde organismos recaudadores hasta plataformas de activos digitales.
Las primeras líneas de indagación: declaraciones juradas y patrimonio formal
El punto de partida de las nuevas diligencias se centra en obtener de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre las presentaciones fiscales de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El requerimiento tiene un plazo perentorio: las autoridades deben reportar en 72 horas si alguno de los dos presentó declaraciones juradas originales o rectificaciones abarcando los períodos 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, esos documentos deberán ser remitidos de inmediato a la fiscalía. Esta medida adquiere relevancia particular considerando que Adorni ya ha realizado correcciones públicas en sus declaraciones previas, lo que sugiere que pudiera haber inconsistencias o emisiones en los registros iniciales que ahora busca subsanar.
Complementariamente, se ha ordenado que las declaraciones patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos mismos ejercicios sean integradas al análisis que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Esta estructura administrativa especializada en reconstrucciones patrimoniales fungirá como centro de procesamiento de toda la información, permitiendo un análisis comparativo de los datos reportados versus su evolución declarada en documentos posteriores.
El rastro de las inversiones digitales: Bitcoin y el análisis histórico de cotizaciones
Un aspecto que ha concentrado la atención fiscal corresponde a los activos digitales. Adorni ha reportado participación en criptomonedas, por lo cual Pollicita encargó a la DAFI la elaboración de un informe técnico especializado. El documento debe mapear la evolución histórica de la cotización del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad. Esta información servirá como parámetro de referencia para evaluar si la progresión patrimonial del jefe de Gabinete resulta coherente con los movimientos de precios que experimentó ese activo en los períodos considerados. Un Bitcoin cotizaba alrededor de $100 en 2013, mientras que ha alcanzado valores superiores a los $90.000 en momentos recientes, lo que implica una variabilidad extrema que puede explicar o desmentir ganancias reportadas.
Vinculado a esto, se requirió información a la plataforma Lemon Cash, que registra la apertura de una cuenta a nombre del funcionario en diciembre de 2020. El fiscal solicitó ampliar temporalmente el relevamiento hasta ese año para obtener un panorama más preciso de cómo se movió el patrimonio digital desde esa fecha. Los datos que arroje esta plataforma —depósitos, retiros, conversiones, saldos en diferentes momentos— permitirán contrastar la realidad operativa de esas inversiones con lo declarado en términos de ingresos y patrimonio acumulado.
La reconstrucción de ingresos: la búsqueda del origen del dinero
Un eje fundamental de la investigación apunta a determinar de dónde provienen los recursos que Adorni y Angeletti han invertido. Para ello, el fiscal requirió a la ANSES que remita la historia laboral completa de ambos desde 2012 hasta la actualidad. El requerimiento es exhaustivo: debe incluir empleadores registrados, altas y bajas en el sistema, remuneraciones declaradas, aportes previsionales, actividades como monotributistas o autónomos, y cualquier otro dato que permita mapear los ingresos formales. Esta medida es crucial porque establece un piso de recursos documentados contra el cual se puede confrontar la evolución patrimonial reportada. Si las inversiones en criptomonedas o la acumulación de bienes superan significativamente lo que se puede explicar por ingresos formales, la discrepancia adquiere relevancia investigativa.
La herencia familiar: un nudo de atención
Durante sus explicaciones públicas, Adorni mencionó la existencia de una herencia familiar como parte de la justificación para explicar su patrimonio. El fiscal decidió investigar este aspecto solicitando información al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata, donde tramita el expediente sucesorio de su padre, Jorge Adorni. Los requerimientos apuntan a obtener detalles sobre los bienes integrados al proceso hereditario, la existencia de dinero en efectivo, tenencias en moneda extranjera, cuentas bancarias, títulos, activos virtuales, y cualquier otra clase de bien que haya formado parte de la sucesión. Además, se solicita información sobre posibles cesiones de derechos hereditarios o transferencias patrimoniales que pudieran haber ocurrido. Esta indagación busca verificar si la herencia constituye una explicación plausible para parte del patrimonio o si, por el contrario, su magnitud no se corresponde con lo que aparecería en los registros sucesorios.
El monitoreo de declaraciones públicas: internet como fuente de contradicción
Pollicita encomendó a la División Antifraude de la Policía Federal un relevamiento exhaustivo de fuentes abiertas que abarque desde 2013 hasta la actualidad. El objetivo es identificar todas las manifestaciones públicas que Adorni y su esposa hayan realizado respecto a criptomonedas, billeteras virtuales, Bitcoin, inversiones financieras, patrimonio y trayectoria laboral. Este rastreo alcanza redes sociales, entrevistas televisivas y radiales, podcasts, notas periodísticas, videos y cualquier otra fuente pública disponible. La lógica detrás de esta medida es elemental: si alguien ha realizado declaraciones públicas sobre sus inversiones o su patrimonio en un momento determinado, esas afirmaciones pueden confrontarse con la información que luego reporta ante organismos de control. Las contradicciones, omisiones o cambios de narrativa pueden adquirir importancia en la evaluación global de la consistencia de su relato.
Las implicancias de una investigación multidimensional
El conjunto de medidas dispuestas por Pollicita refleja una aproximación que trasciende el análisis tradicional de documentación contable. Al involucrar fuentes como plataformas de criptomonedas, bases de datos laborales, sucesiones familiares y registros públicos de internet, la investigación se despliega en múltiples dimensiones simultáneamente. Esto aumenta exponencialmente la posibilidad de identificar inconsistencias o explicar discrepancias, pero también extiende considerablemente los tiempos y la complejidad del proceso. Los organismos requeridos deberán coordinar la información, y los datos que arrojen tendrán que ser procesados, analizados y cotejados por especialistas.
Desde la perspectiva de quienes defienden la profundización de investigaciones sobre patrimonio de funcionarios, estas medidas representan un ejemplo de escrutinio riguroso sobre la evolución de bienes de personas en cargos públicos. Desde otra perspectiva, podría argumentarse que la extensión de los requerimientos y la multiplicidad de frentes investigativos generan un proceso de indagación que, por su amplitud, puede resultar desproporcionado. Lo cierto es que las próximas semanas determinarán si la información que arroje este relevamiento multidimensional genera indicios que justifiquen continuar la investigación o si, por el contrario, permite despejar las dudas sobre la consistencia patrimonial del jefe de Gabinete.
