En el corazón del juicio que examina el entramado de irregularidades documentadas en los famosos cuadernos del exsecretario de Obras Públicas compareció una pieza clave del rompecabezas: Diana Guterman, una profesional que durante años analizó desde la estructura recaudadora estatal los movimientos financieros de empresas que contrataron con el Estado. Su testimonio de esta semana no se limitó a relatar números; representó la culminación de un trabajo de rastreo que, desde las propias entrañas de la administración tributaria, intentó desentrañar hacia dónde fluían los recursos públicos que salían de las arcas estatales. Lo que emerge de su declaración es un panorama de operaciones que escapaban a lo convencional: transferencias que cruzaban fronteras, compraventa de títulos públicos, retiros en efectivo y obras que nunca comenzaban pese a los pagos anticipados.

El circuito del dinero: cómo se rastrearon las irregularidades

Durante su desempeño como directora del área de Investigación Financiera en la ARCA —la sucesora de la AFIP—, Guterman lideró un proceso de búsqueda que se asemejaba más a una tarea de arqueología financiera que a un mero análisis contable. Su metodología era sistemática: contactaba directamente a las instituciones bancarias que habían operado con las empresas bajo sospecha, solicitaba información de sus bases de datos y, una vez compilados los datos, los elevaba a organismos de control como la Unidad de Información Financiera. Aunque este procedimiento parece meticuloso, su alcance tenía límites claros. Las inspecciones se realizaban de manera interna, sin requerir explicaciones adicionales de las firmas involucradas, un detalle que los abogados defensores de los acusados utilizarían luego para cuestionar la solidez de los hallazgos.

Uno de los expedientes que Guterman presentó ante el tribunal durante la jornada de audiencia se enfocaba en Servicios Vertúa S.A., una empresa ligada a Raúl Víctor Vertúa que había jugado un papel central en la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino. Entre 2014 y 2015, la firma recibió de ENARSA —la empresa estatal de energía— transferencias que alcanzaban los $565 millones. Aquí comenzaba el entramado: según los reportes que confeccionó la contadora, esos fondos fueron utilizados para adquirir títulos de deuda pública que posteriormente se comercializaron mediante operaciones conocidas como "contado con liquidación". Estos mecanismos, típicos del mercado de capitales, permitían que los títulos comprados en pesos se vendieran en dólares a través de operaciones de corto plazo, generando divisas que eran depositadas en cuentas bancarias y luego retiradas en efectivo. El circuito resultaba sospechoso no por cada paso individual —cada uno podría justificarse aisladamente—, sino por la secuencia completa: dinero público que llegaba a una empresa privada, se convertía en títulos, se internacionalizaba y retornaba en efectivo, alejándose de la trazabilidad.

Las calderas que nunca se fabricaron: el caso Fainser

Otro de los casos emblemáticos que ocupó la agenda de Guterman en su trabajo de fiscalización fue el de Fainser, una empresa dedicada a la manufactura de calderas y equipos de funcionamiento termodinámico cuyo titular era Juan Carlos Lascurain, quien antaño ocupara la presidencia de la Unión Industrial Argentina. En 2015, Fainser celebró un acuerdo contractual con la Municipalidad de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, por un monto cercano a los $500 millones. El contrato contemplaba tareas relacionadas con Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la estatal minera regional. Sin embargo, el análisis que la contadora presentó revelaba inconsistencias temporales preocupantes: a fines de 2015, la empresa ya había cobrado $50 millones en concepto de anticipos, distribuidos en tres desembolsos, pero para septiembre de 2017 —dos años después— la obra todavía no había sido iniciada.

Lo particularmente relevante en el caso de Fainser era que, según las conclusiones de Guterman, las tareas adjudicadas no correspondían con el giro habitual de la empresa. Fabricar calderas es una cosa; ejecutar obras de infraestructura minera en una región patagónica es otra completamente distinta. Este desfasaje entre la actividad declarada y el contrato celebrado se convirtió en una bandera roja dentro de los informes que atravesaron múltiples niveles jerárquicos antes de llegar a la UIF. El proceso de validación era riguroso: inspectores, supervisores, jefes de división, jefes de región, subdirectores del área operativa y directores generales de la DGI intervenían en la confección de cada reporte, sellando con su intervención cada nivel de revisión. Ello sugería que las irregularidades detectadas no eran producto de evaluaciones superficiales, sino de análisis que involucraban a profesionales en distintas instancias.

La batalla por las pruebas y los límites del análisis

El testimonio de Guterman no fue un cierre tranquilo de evidencia presentada sin réplica. Las defensas de los imputados utilizaron su comparecencia para reiterar una posición que habían mantenido consistentemente: como estas fiscalizaciones constituían procedimientos internos que no solicitaban información adicional a las empresas investigadas, las firmas nunca tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos ni de ofrecer explicaciones alternativas para los movimientos cuestionados. Este argumento procesalista, aunque técnico, toca un nervio importante en materia de derecho de defensa: ¿puede condenarse a alguien por irregularidades detectadas en procedimientos que no le permitieron ser escuchado?

La audiencia detonó además una disputa judicial adicional sobre el alcance de las medidas periciales que aún podían producirse. María Valeria Onetto, abogada defensora del empresario Angelo Calcaterra, insistió ante el tribunal en la necesidad de un informe pericial contable exhaustivo. Este peritaje debería dar cuenta del flujo integral de fondos que recibió IECSA S.A., la firma de Calcaterra, a través de contratos de obra pública otorgados por Vialidad. Los números eran colosales: entre 2003 y 2015, Vialidad había adjudicado a IECSA un total de 23 obras por un monto superior a los $2.800 millones. Calcaterra, en su rol de imputado colaborador, ya había reconocido haberle ordenado a Héctor Javier Sánchez Caballero —otro de los acusados— la entrega de fondos en efectivo que oscilaban entre US$100.000 y US$200.000. Sin embargo, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli había rechazado con anterioridad una medida similar. La fiscal Fabiana León se opuso nuevamente a la realización de este peritaje, argumentando que admitirlo abriría un camino sin fin: si cada imputado solicitaba un análisis específico para cada obra bajo escrutinio, la cantidad de prueba se volvería "interminable, inabarcable e inoficiosa".

Este choque entre las estrategias defensivas y las restricciones probatorias plantea un dilema recurrente en los grandes juicios de corrupción. Por un lado, existe el derecho fundamental de los acusados a producir prueba que demuestre su inocencia o, al menos, cuestione los cargos. Por otro, está la necesidad procesal de mantener la eficiencia del juicio y evitar que la acumulación de peritajes paralelos diluya el verdadero núcleo de la controversia. En casos que involucran decenas de operaciones, cientos de millones de pesos y múltiples actores, establecer dónde debe trazarse la línea entre amplitud probatoria y eficiencia judicial es un ejercicio de difícil equilibrio.

Las implicancias de los hallazgos en el contexto más amplio

El testimonio de una contadora que durante años compiló información sobre movimientos sospechosos representa, en términos prácticos, la documentación de un sistema de desvío de fondos que operaba durante la década pasada. Los casos de Servicios Vertúa y Fainser no son anécdotas aisladas, sino ejemplos de un patrón: empresas privadas recibían dinero público, lo movían a través de mercados de capitales o lo mantenían estancado en proyectos nunca ejecutados, y el resultado era la desaparición de recursos que deberían haber financiado infraestructura, servicios o inversión productiva. La presencia de intermediarios, operaciones con divisas, retiros en efectivo y proyectos paralizados sugieren que los fondos públicos estaban siendo canalizados hacia destinos alternativos, posiblemente vinculados con el financiamiento de campañas electorales, enriquecimiento personal o transferencias a estructuras de poder político.

Lo que permanece sin resolución absoluta, al menos hasta el momento, es la pregunta sobre cómo estos movimientos fueron posibles durante tanto tiempo sin mayor obstaculización. ¿Existía tolerancia institucional? ¿Faltaban controles ex ante en lugar de auditorías ex post? ¿Las empresas contratistas gozaban de márgenes de operación que otras no tenían? El hecho de que Guterman y otros funcionarios detectaran irregularidades años después de ocurridas sugiere que los mecanismos de prevención no funcionaban como deberían. La AFIP, organismo que en teoría debería estar atenta a estos movimientos de dinero, solo pudo documentar lo sucedido retrospectivamente, cuando los fondos ya habían sido movilizados.

Las perspectivas sobre las consecuencias de estos hallazgos divergen según la óptica desde la cual se analicen. Para quienes enfatizan la importancia de la rendición de cuentas en asuntos públicos, el testimonio de Guterman y los análisis que presentó constituyen pasos necesarios hacia la identificación de responsables y la prevención de futuros desvíos. Para otros, especialmente desde las defensas legales, la acumulación de peritajes internos sin posibilidad de contra-prueba inmediata plantea dudas sobre la solidez procesal de las acusaciones. Para analistas de políticas públicas, los hechos expuestos subrayan la necesidad de fortalecer sistemas de auditoría preventiva, no solo correctiva. Lo que resulta inequívoco es que el examen de estos movimientos de dinero, aunque tardío, continúa siendo relevante para comprender cómo fluyeron recursos durante un período crítico de la gestión estatal.