Un proyecto de reforma que naufraga en los estrados
Hace poco más de un año, cuando el nuevo gobierno tomó las riendas del país, incluyó en su megadecreto inicial una norma que permitiría la creación de Sociedades Anónimas Deportivas en el territorio nacional. Se trataba de una medida que buscaba transformar radicalmente la estructura financiera y operativa de las instituciones deportivas, especialmente los clubes de fútbol. Sin embargo, esa iniciativa—presentada como urgente y necesaria en aquel entonces—hoy se encuentra paralizada en los juzgados, a la espera de un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema sobre su legalidad constitucional. Los reveses legales en instancias inferiores han dejado la propuesta en suspenso, evidenciando que aunque el Ejecutivo consideró este cambio como fundamental para la reconstrucción económica del país, los tribunales lo ven con recelo. Lo que cambió en estos meses no es solo el estado jurídico de la medida, sino también la voluntad política de avanzar sobre ella sin dilaciones.
La llegada del Mundial a Estados Unidos, con su despliegue monumental de recursos y la expectativa global que genera, reavivó el entusiasmo de ciertos sectores oficialistas. En los pasillos de la administración pública circulan borradores con una docena de puntos que buscarían darle nueva vida al proyecto, esta vez concentrándose exclusivamente en la industria del fútbol profesional. Un empresario vinculado a la FIFA y con conexiones históricas con el macrismo fue quien acercó esta reformulación a los despachos gubernamentales. Su presencia en los Estados Unidos durante las eliminatorias le permitió no solo presenciar el espectáculo que despliegue la FIFA, sino también participar en encuentros internacionales donde expuso sus tesis sobre cómo potenciar el negocio deportivo argentino a través de nuevas estructuras legales.
Los números y la tentación de un negocio mayor
Según estimaciones que circulan en ciertos círculos empresariales y oficialistas, la industria futbolística podría generar entre tres mil y cuatro mil millones de dólares anuales si se implementaran las reformas estructurales propuestas. Estas cifras funcionan como un imán para los gestores públicos que buscan diversificar las fuentes de ingreso nacional. El paralelo que se traza es sugerente: así como Vaca Muerta representa la esperanza de ingresos energéticos masivos, las Sociedades Anónimas Deportivas serían la puerta para monetizar de manera sistemática la pasión que despiertan los equipos de fútbol. La lógica es que una estructura empresarial moderna proporcionaría garantías legales más robustas para los inversionistas, tanto internacionales como locales, atrayendo capital que hoy se canaliza de formas menos transparentes o se invierte en otras jurisdicciones.
El empresario que impulsa esta iniciativa escribió columnas en medios especializados durante 2023, justo cuando la expectativa sobre un cambio de gobierno crecía. En esos textos exponía la oportunidad que representaba capitalizar el entusiasmo mundial por el fútbol argentino tras su victoria en Qatar. Los títulos de sus artículos reflejaban una narrativa de apertura y transformación: uno comparaba la dolarización del fútbol con cruzar el Mar Rojo, una metáfora bíblica que sugería la salida de una etapa de restricciones hacia una de libertad económica. Estos escritos fueron amplificados en redes sociales por figuras políticas prominentes, generando visibilidad para una idea que, en aquel contexto electoral, podía parecer revolucionaria.
El laberinto legislativo y las prioridades que se desplazan
Una diputada del bloque libertario fue designada para encabezar la batalla legislativa en favor de las Sociedades Anónimas Deportivas. Sin embargo, meses después de ese nombramiento, no existe un proyecto de ley presentado formalmente en el Congreso. Los círculos legislativos indican que, aunque el tema permanece en las agendas internas, no ocupa un lugar prioritario en las discusiones actuales. Las prioridades del gobierno se concentran en otras reformas: la modificación de la estructura del calendario electoral para 2027, los ajustes a la carta orgánica del Banco Central y la sanción de presupuestos para años fiscales próximos. La frustración acerca de las SAD parece disolverse entre debates que aparentemente son considerados más urgentes en términos políticos inmediatos.
Funcionarios consultados sobre el tema adoptaron diferentes posturas. El subsecretario de Deportes se desentiende de la iniciativa, asegurando que corresponde a otra cartera ministerial. Ese desentendimiento, aparentemente casual, revela fracturas en el interior del gobierno respecto de qué tan central es esta reforma. Otros asesores de ministerios relacionados guardaron similares distancias. Aunque uno de los ministros más influyentes en asuntos económicos fue identificado como defensor del proyecto en encuentros privados durante los últimos meses de 2024 y los primeros de 2025, su alejamiento de la causa marca un giro significativo en la dinámica interna. Las razones de este retroceso merecen examen: el respaldo oficial a un inversor extranjero que llegó con promesas de inyectar capital en clubes argentinos resultó problemático cuando emergieron denuncias de estafas contra instituciones de primera línea. Ese fiasco no solo empañó la reputación de los legisladores que lo promovieron, sino que tensionó la relación entre la Casa de Gobierno y la máxima autoridad del fútbol organizado.
La resistencia que no cede y el poder que se concentra
La dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino mantiene una postura unificada contra cualquier avance de las Sociedades Anónimas Deportivas. Esta unidad entre presidentes de clubes es notable porque en la historia institucional del fútbol argentino, lograr consensos de esa amplitud resulta excepcional. El presidente de la AFA se ha posicionado como el articulador de esa resistencia, apelando a argumentos que van desde la preservación del carácter social de las instituciones hasta la defensa de su autonomía frente a lógicas puramente mercantilistas. El empresario que promueve la reforma reconoce públicamente este enfrentamiento, no solo ante tribunales sino también en foros internacionales donde expone su disputa con las autoridades futbolísticas.
La paradoja es que, simultáneamente a la batalla sobre las estructuras empresariales, existe otra contienda judicial que enfrenta al gobierno con los dirigentes deportivos. Se trata de investigaciones sobre presuntas prácticas de evasión tributaria que habrían generado perjuicios por aproximadamente diecinueve mil millones de pesos. Algunos de los principales dirigentes de la AFA se encuentran procesados en esas causas. Existe además un expediente que investiga si propietarios de inmuebles de lujo actuaron como testaferros de la institución, un expediente que ha transitado por una cantidad inusitada de magistrados en un lapso breve, sin que se haya producido aún ningún procesamiento. Estas dilaciones generan especulaciones sobre posibles vínculos entre la administración de justicia y las autoridades del fútbol.
El cálculo político en tiempos de gloria deportiva
El presidente de la AFA parece confiar en que el éxito del seleccionado nacional en la cancha constituiría un escudo protector frente a las acusaciones judiciales. Esa hipótesis se basa en la premisa de que la legitimidad derivada de los logros deportivos—y la popularidad que generan—pueden influir en cálculos políticos y judiciales. Las apariciones públicas de la máxima autoridad futbolística, particularmente en redes sociales, adoptan un tono desafiante y seguro. Su presencia en eventos internacionales como espectador privilegiado del torneo mundialista en territorio estadounidense amplifica esa proyección de poder y confianza. La estrategia parece combinar la capitalización de la gloria deportiva con la gestión de sus propios problemas legales a través de la influencia política que ejerce en distintos niveles.
Lo que frecuentemente se subestima es que la autoridad del fútbol argentino ha expandido su poder más allá del espacio deportivo. Ocupó posiciones en organismos de gobernanza ambiental vinculados al manejo de residuos en la región metropolitana, lo que le proporcionó acceso a intendentes y gobiernos locales. Sus orígenes familiares lo conectan con estructuras sindicales influyentes, y su trayectoria combina roles en la administración pública con iniciativas empresariales. Esa acumulación de capital político, social y económico lo convierte en un actor de significación más amplia que sus funciones estrictamente deportivas. Su nombre comenzó a circular en ámbitos políticos como potencial candidato a cargos ejecutivos en la provincia más poblada del país, respaldado por alianzas con gobernadores y caciques del conurbano.
Las consecuencias de aplazar lo urgente
El aplazamiento de la iniciativa sobre Sociedades Anónimas Deportivas presenta varias implicancias simultáneas que merecen consideración. Por un lado, quienes la promueven mantienen abierta la posibilidad de retomar el debate cuando el contexto político permita una confrontación menos riesgosa con la autoridad futbolística. Sugieren que próximamente podría presentarse un proyecto de ley enfocado exclusivamente en el sector de fútbol profesional, aunque reconocen que no hay señales inmediatas de que esto ocurra. Por otro lado, la AFA consolida su capacidad de resistencia y su posición como actor indispensable en negociaciones sobre la estructura del deporte nacional. La unidad que logró entre clubes representa un poder que el gobierno prefiere no provocar abiertamente, especialmente cuando la selección nacional participa en competencias internacionales que movilizan la atención colectiva.
La decisión de no avanzar ahora sobre las SAD, expresada por fuentes oficiales a través de la máxima discreción, revela cálculos donde prevalece la prudencia táctica sobre la urgencia ideológica. Ello contrasta con la inclusión original de la medida en un decreto catalogado como de necesidad y urgencia, lo que sugiere que las prioridades se reestructuraron conforme avanzó la gestión. El contexto internacional favorable—con un mundial en curso que exhibe la capacidad mercantil del fútbol moderno—funcionaría como inspiración pero no como catalizador de una acción inmediata. La pasividad legislativa, entonces, no representa desinterés sino cálculo de oportunidad política, dejando la puerta abierta para retomar la discusión cuando las condiciones cambien. Qué tan permanente sea este aplazamiento, y si el gobierno eventualmente se atreva a impulsar una reforma que enfrente la resistencia unificada del fútbol organizado, son preguntas cuyas respuestas dependerán de dinámicas que exceden el deporte y tocan aspectos centrales de la distribución del poder político en Argentina.
