La madrugada legislativa del Senado dejó un nuevo capítulo de tensiones internas en la coalición gobernante. La cámara alta convirtió en ley una reforma que redefine quiénes acceden a subsidios en materia de gas natural, eliminando el beneficio automático en regiones que lo disfrutaban desde 2021 y concentrando la ayuda únicamente en zonas de clima extremo. La votación —38 votos a favor, 8 en contra— se produjo con el recinto fracturado: legisladores del peronismo, radicales disidentes y representantes de Moveré Santa Cruz optaron por abandonar sus bancas momentáneamente, una estrategia que, lejos de resultar en un triunfo limpio, expuso las costuras de una mayoría que requiere constantemente negociaciones bilaterales para avanzar en su agenda.

Lo que está en juego trasciende la simple aritmética presupuestaria. Durante los últimos años, la estructura de subsidios al gas natural se había expandido geográficamente bajo el esquema anterior, alcanzando a provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Millones de hogares en estas jurisdicciones se beneficiaban de tarifas subsidiadas que permitían aliviar el impacto del invierno. Con esta ley, ese acceso se restringe drásticamente. El nuevo régimen reserva los beneficios para espacios de verdadera geografía extrema: la Patagonia, Malargüe y la Puna. En otras palabras, se produce una reconfiguración federal que perjudica desproporcionadamente a grandes centros urbanos y regiones con millones de residentes, generando un reordenamiento territorial de los gastos del Estado que no había sido sometido a un proceso de consenso previo.

Las promesas incumplidas del Ejecutivo

Ante la resistencia del arco político, el Gobierno Nacional diseñó una contrapartida: un régimen de Zonas Cálidas que, en teoría, compensaría a los gobernadores del norte del país mediante subsidios a las tarifas eléctricas durante el período estival. Esta promesa buscaba equilibrar la ecuación: si se quitaba ayuda en invierno a provincias del norte y centro, se otorgaría apoyo en verano para enfrentar los picos de consumo eléctrico por aire acondicionado. Sin embargo, la arquitectura de estas Zonas Cálidas permanece en el terreno de lo declarativo. No existe aún una normativa que formalice este compromiso, y múltiples legisladores radicales han comenzado a preparar proyectos propios para blindar a sus provincias ante un posible incumplimiento.

El senador Eduardo Vischi, quien encabeza la bancada radical en la cámara alta, ya elabora una iniciativa similar a la presentada por el diputado Guillermo Agüero en Diputados. La propuesta de Agüero establece una tarifa diferencial que cubriría hasta el 50 por ciento de las facturas de electricidad para compensar el consumo extraordinario derivado de temperaturas extremas, considerando además la realidad de regiones donde el acceso a redes de gas natural sigue siendo limitado. Ambos legisladores han insinuado que estos proyectos se activarían si el Poder Ejecutivo no concreta la compensación prometida. Se trata, en cierto modo, de un seguro legislativo contra un posible incumplimiento.

Las voces críticas dentro de la coalición

Maximiliano Abad, senador bonaerense, expresó su disconformidad con argumentos que apuntan a la geometría variable de los criterios. Señaló que la provincia de Buenos Aires alberga aproximadamente 1,3 millones de hogares distribuidos en 94 municipios, donde residen cerca de 5 millones de personas que quedarían potencialmente desprotegidas. Abad enfatizó que defiende el equilibrio de las cuentas públicas como condición necesaria para la estabilidad económica, pero rechaza trasladar todo el esfuerzo fiscal hacia la población. Para Abad, la decisión resulta arbitraria porque no contempla factores climáticos objetivos ni realidades económicas locales: ciudades costeras como Mar del Plata, Tandil y Necochea registran inviernos severos que justifican subsidios, mientras que se mantienen beneficios en zonas de la Patagonia donde los usuarios más ricos —propietarios de mansiones y establecimientos hoteleros de lujo— también acceden a estas ventajas.

La senadora mendocina Mariana Juri agregó otra dimensión al debate al cuestionar el criterio de focalización utilizado. Juri argumentó que avanzar con esta quita genera mayor inequidad, no menos. Su posición va más allá de la defensa provincial: plantea que cualquier sistema de subsidios debería combinar múltiples variables —zonas geográficas, temporadas climáticas y niveles de ingreso— para evitar transferencias regresivas. Mientras tanto, desde la bancada radical, Gabriela Valenzuela, senadora de Corrientes, justificó la modificación señalando que Argentina es un país grande y diverso, y que la reforma correctamente identifica que los beneficios no deberían otorgarse únicamente por ubicación geográfica, sino también considerando la situación económica de cada hogar. Esta posición refleja cierta tensión interna en el radicalismo: reconoce la necesidad de ajuste fiscal, pero intenta resguardar a provincias del norte mediante la promesa de futuras compensaciones.

El panorama actual sugiere que la reforma de Zonas Frías constituye un triunfo pírrico para el Ejecutivo. Se logró convertir la iniciativa en ley, pero a costa de generar nuevas obligaciones políticas —la implementación de Zonas Cálidas— cuyo incumplimiento podría reactivar conflictividades federales. Los gobernadores provinciales, especialmente los del norte y centro del país, monitorean con atención si estas compensaciones se materializan en los próximos meses. Los legisladores radicales han preparado sus propios instrumentos normativos para ejercer presión si lo consideran necesario. El peronismo, por su parte, mantiene su oposición como posición consistente. Lo que comenzó como una reforma técnica de subsidios terminó exponiendo las fragilidades de una coalición que no logra construir consensos amplios, operando en cambio mediante negociaciones bilaterales, promesas futuras y estrategias de retiro del recinto.

Perspectivas y consecuencias en el mediano plazo

Las implicancias de esta decisión se desplegarán a lo largo de varios escenarios posibles. En el primero, si el Ejecutivo concreta el régimen de Zonas Cálidas con rapidez y envergadura suficiente, podría lograr calmar las aguas y consolidar cierta legitimidad de la reforma. En un segundo escenario, si las promesas se demoran o resultan insuficientes, es probable que los proyectos radicales de Vischi y Agüero avancen, generando nuevas normativas que amplíen nuevamente el universo de beneficiarios. Un tercer horizonte contempla conflictividades entre gobiernos provinciales y la administración nacional, con demandas de presupueto adicional y negociaciones sobre transferencias complementarias. También existe la posibilidad de que usuarios desprotegidos por esta ley presenten amparos judiciales, llevando a la Justicia debates sobre la constitucionalidad de reconfigurar derechos de acceso a servicios públicos de manera abrupta. Las consecuencias electorales en provincias perjudicadas —especialmente Buenos Aires, donde viven millones de potenciales votantes afectados— también forman parte del cálculo político de mediano plazo para todos los actores involucrados.