La administración nacional ingresa en una fase decisiva de negociación territorial. El jefe de Gabinete Diego Santilli ha asumido el rol de articulador de consensos provinciales en torno a dos iniciativas que el Ejecutivo considera centrales para los próximos meses: el presupuesto que regirá los gastos públicos durante 2027 y una eventual reforma al sistema electoral que busca modificar el régimen de las primarias. Las conversaciones, lejos de ser encuentros protocolares, representan una estrategia deliberada de construcción de apoyos legislativos en un contexto donde el oficialismo carece de mayoría propia en ambas cámaras del Congreso.

Durante la jornada de viernes, Santilli mantuvo sendas reuniones en la sede del poder ejecutivo con Marcelo Orrego, quien gobierna San Juan, y Alfredo Cornejo, a cargo de Mendoza. Apenas el día anterior había completado un encuentro similar con Leandro Zdero, gobernador de Chaco. Estos encuentros no responden a una mecánica casual ni a cortesías propias del vínculo Nación-provincias. Responden, en cambio, a una arquitectura política trazada desde la mesa coordinada por Karina Milei y el propio Santilli, donde se decidió vincular de manera estratégica el debate presupuestario con las negociaciones sobre reforma electoral. En cada reunión, el funcionario repasa la agenda parlamentaria que el Gobierno busca impulsar en las próximas semanas, enfatizando la urgencia y relevancia de ambos temas.

El costo político de las primarias y la búsqueda de un nuevo sistema

La cuestión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias —conocidas por su sigla PASO— se ha convertido en un punto de fricción importante dentro de la coalición oficialista. La administración estima que el sistema de primarias le demanda al erario público aproximadamente 250 millones de dólares en cada proceso electoral en el que se implementan. Desde esta perspectiva, cualquier mecanismo que permita suspender o eliminar esas instancias representaría un ahorro significativo, además de lo que el Gobierno considera una racionalización del proceso electoral. Sin embargo, la ruta legislativa para concretar este cambio no es directa. El proyecto de reforma electoral requiere alcanzar mayoría absoluta en ambas cámaras, lo que no solo implica sumar votos, sino también convencer a sectores escépticos dentro y fuera de la coalición.

Tanto el PRO como la Unión Cívica Radical han manifestado su rechazo a una eliminación lisa y llana del sistema de primarias. Esta posición generó que desde la Casa Rosada se comenzara a evaluar alternativas, siendo la suspensión una opción que permitiría avanzar sin la confrontación que desataría una derogación completa. Leandro Zdero ya expresó su apoyo a esta vía, alineándose además con una decisión que la provincia de Chaco adoptó recientemente. Otros mandatarios como Raúl Jalil, quien lidera Catamarca, han respaldado públicamente la idea de eliminar las PASO, aunque con la condición de que medie un acuerdo político más amplio que le otorgue legitimidad al cambio. Estas posiciones no son menores: los gobernadores controlan senadores propios y tienen capacidad de influencia sobre sus representantes en Diputados, razón por la cual su respaldo se vuelve imprescindible.

Divisiones internas y la estrategia de vincular dos debates

Las conversaciones en la Casa Rosada también revelan tensiones internas que vienen gestándose hace varias semanas. Dentro del oficialismo conviven dos perspectivas respecto del calendario legislativo. Un sector creía que la reforma electoral podría votarse a finales de agosto, considerando que había vientos a favor y que el momento era propicio. Otro sector, más cauto, advertía que el proyecto aún se encontraba en estadios muy tempranos de construcción de consenso y que lanzarlo sin garantías de aprobación sería un acto de ingenuidad política. Esta divergencia no es un detalle: refleja desacuerdos sobre la viabilidad legislativa y el costo político de cada iniciativa. La decisión de la mesa política de atar el Presupuesto 2027 con la estrategia de reforma electoral buscó, en parte, resolver esta tensión unificando objetivos. Si los gobernadores respaldan ambas iniciativas, se reduce la vulnerabilidad del Gobierno ante rechazos parlamentarios.

La senadora Patricia Bullrich, quien preside el bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta, fue directo al diagnosticar la realidad: reconoció públicamente que el Gobierno aún no cuenta con los votos necesarios para avanzar. Además, advirtió que el esquema de "colectoras"—una modalidad electoral que permite agrupar votos de candidatos de diferentes partidos dentro de una misma boleta—deforma el sistema y genera distorsiones que preocupan incluso a sectores dialoguistas de la oposición. Esta posición de Bullrich es significativa porque proviene de quien lidera el bloque oficialista en el Senado, la cámara donde precisamente se debatirá la reforma electoral. Su advertencia sobre la falta de votos no es un lamento: es una llamada de atención sobre la magnitud del desafío legislativo.

Las reuniones de Santilli tomaron nuevo impulso después de que el Senado votara, el jueves previo, sobre una cuestión diferente pero igualmente simbólica: la modificación del régimen de subsidios para la Zona Fría. El oficialismo logró aprobar la medida con 38 votos a favor y apenas 8 en contra. La composición de esos 38 votos es reveladora del mapa político que el Gobierno está tejiendo. Incluyeron los votos de La Libertad Avanza y del PRO, pero también los de tres senadores radicales —Flavio Fama de Catamarca, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela de Corrientes—. Pero el análisis se vuelve más completo cuando se observa que la aprobación incluyó también a senadores de bloques provinciales estrechamente vinculados con gobernadores: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut por Misiones, Julieta Corroza por Neuquén, Beatriz Ávila por Tucumán, Carolina Moisés por Jujuy, Flavia Royón por Salta, Edith Terenzi por Chubut y Carlos Espínola por Corrientes. Incluso dos peronistas, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, acompañaron la iniciativa. Esta votación funcionó como laboratorio de viabilidad: demostró que bajo ciertos incentivos y negociaciones, es posible construir coaliciones amplias que crucen líneas partidarias.

El Presupuesto 2027 será debatido a partir de principios de octubre en la Cámara de Diputados, mientras que la reforma electoral seguirá su marcha en el Senado. Ambos debates ocurrirán en paralelo, lo que probablemente intensificará las negociaciones provinciales. El Gobierno tiene claro que los gobernadores son actores imprescindibles en esta ecuación: controlan territorios, manejan presupuestos propios que pueden verse afectados por decisiones nacionales, y sobre todo, tienen capacidad de presión sobre sus legisladores. La dinámica que se está tejiendo refleja una realidad perdurable en Argentina: cualquier administración nacional que carezca de mayoría legislativa debe construir coaliciones territoriales como fundamento de su gobernabilidad. La intensidad de estas negociaciones sugiere que tanto el Gobierno como los mandatarios provinciales están evaluando qué pueden obtener a cambio de sus apoyos. Para unos, puede tratarse de obras de infraestructura, mayores transferencias de fondos o flexibilidad en requisitos regulatorios. Para otros, la aprobación de iniciativas provinciales o el reconocimiento de liderazgos en el interior del país. Estos intercambios, aunque legítimos en la práctica política, condicionan la arquitectura de decisiones públicas y moldean la manera en que se asignan recursos y se diseñan políticas.